Surgimiento de la narcoactividad en Honduras
Colaboración de la periodista Thelma Mejía
En 1978, con el asesinato de los esposos Mario y Mary Ferrari, el país ya era mencionado como punto de escala en el tráfico de drogas del sur al norte de América, al tiempo que se conocían los nombres de militares vinculados al ilícito negocio.
Según los registros periodísticos de esa época, pareciera que el narcotráfico surgió en el país vinculado con los señores de uniforme, que en ese momento ejercían el poder de facto en la Nación.
Los esposos Ferrari fueron encontrados muertos en un pozo de malacate (artesiano) el 15 de junio de 1978, en la finca San Jorge, en lo que es hoy día la populosa colonia capitalina Cerro Grande.
Su hallazgo se produjo seis meses después de haber desaparecido, convirtiéndose su caso en uno de los mayores escándalos que afrontó el régimen militar del fallecido general Juan Alberto Melgar Castro.
Los esposos Ferrari habían querido aparecer en el país como simples comerciantes, que atendían un centro cervecero, cuyas instalaciones eran propiedad del, entonces, Director de la Penitenciaría Central, coronel Ramón Reyes Sánchez, con quien los vinculaba una estrecha amistad.
De acuerdo con la información de la policía, los Ferrari eran traficantes de droga, sobre todo cocaína, además de tener vínculos con el tráfico de armas y esmeraldas, junto al capo hondureño Ramón Matta Ballesteros.
En una declaración de prensa, el padre de Mario Ferrari, Luis Ferrari, dijo sin tapujos que contar la historia de su hijo era darlo por muerto.
Diario Tiempo, uno de los periódicos más beligerantes de la época, fue el medio que vinculó el secuestro y asesinato de los Ferrari con las drogas y los militares, lo que le valió fuertes censuras y presiones, en un afán por intimidar a su cuerpo de redacción.
Por el asesinato de los Ferrari, se capturó a cuatro personas que operaban como una banda dedicada al tráfico de droga. Entre ellos se encontraba el ex sargento militar, Dimas Reyes y el colaborador de lapolicía Raúl Matta, entre otros.
El sargento Reyes estaba asignado al G-2 del ejército o inteligencia militar. En ese cuerpo militar, se presume que fue planificada la muerte del matrimonio Ferrari. Raúl Matta realizó el servicio militar en el ejército de Estados Unidos, de donde fue expulsado bajo la acusación de utilizar el uniforme para asaltar tiendas. (Diario Tiempo, 2 de marzo de 1978).
También fue deportado de México, por estar vinculado a las drogas, y colaboró en Honduras con el Departamento de Investigación Nacional (DIN) o policía secreta, disuelta hace cuatro años, en el departamento de Narcóticos.
Relacionado con este caso, se mencionó el nombre de Juan Ramón Matta Ballesteros, como jefe de un grupo dedicado al narcotráfico y autor intelectual del asesinato del matrimonio Ferrari.
Matta Ballesteros fue capturado en abril de 1988, por agentes de la DEA de los Estados Unidos y el ejército de Honduras, y enviado a Washington, donde se encuentra condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico y por su vinculación con el asesinato del agente antidrogas Enrique Camarena, torturado y ejecutado en México, en 1984.
En esa época del secuestro y asesinato de los Ferrari, la implicación de los uniformados en el negocio era tan evidente, que el señor Luis Ferrari, padre de Marito, como cariñosamente le decían, alertaba sobre el asunto.
En una carta enviada al Diario Tiempo, indicaba: …algunos señores de alto rango militar están comprometidos con mi hijo en el contrabando de cocaína, negocio que proporciona buenas ganancias que compartía con los que ahora son responsables de la desaparición de mi hijo y su esposa…
En rueda de prensa, sostenida el 9 de marzo de 1978, los militares sostenían que, desde hacía algún tiempo, Honduras había sido colocada en el primer plano en el tráfico internacional de drogas.
No se trata de algo pequeño, sino de una mafia que maneja dos o tres mil millones de dólares, y por lo tanto están dispuestos a llegar a cualquier extremo para proteger este gigantesco negocio ilícito, dijo el general Policarpo Paz García, jefe del gremio armado.
Se dice que hay varios laboratorios en el país, pero hasta el momento no se ha localizado ninguno, afirmaba el general Paz, quien afirmaba que la droga procedía de Colombia.
En la jerga de los uniformados se habla de una Honduras-Conection, que tiene que ver con el narcotráfico, cuya primera avanzada fueron los esposos Mario y Mary Ferrari.
Como parte de la Honduras-Conection, comienzan a aflorar los nombres de varios uniformados, entre ellos el coronel Leónidas Torres Arias, jefe de inteligencia militar; el coronel Ramón Reyes Sánchez, director de la PC; el teniente coronel Juan Angel Barahona, jefe de la Interpol; el también coronel, Armando Calidonio; y el oficial Carlos Coello.
A Barahona se le acusó de haber recibido dinero de la mafia para permitir la salida rumbo a Colombia del narcotraficante, Ramón Matta, en los días que se cometió el asesinato de los Ferrari.
Barahona, negó rotundamente estas acusaciones y comenzó a soltar fragmentos de una historia que aún no se conoce claramente; afirmó que, tras el asesinato de los Ferrari, había gente de muchas estrellas, una alusión popular que identifica a los oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas.
Sostuvo que el general Policarpo Paz García, jefe de las Fuerzas Armadas, tenía en su poder grabaciones y documentos que probaban la implicación de los oficiales en el narcotráfico, pero éstos nunca salieron a la luz pública.
Ante estas explosivas declaraciones del oficial, los militares indicaron que investigarían el caso, el cual estaría bajo la responsabilidad de la Comisión de Alto Nivel nombrada para esclarecer el paradero de los Ferrari.
Una vez fueron encontrados los cuerpos de los esposos Ferrari, sobre los cuales echaron cientos de toneladas de cal, la Comisión de Alto Nivel sólo implicó en el asesinato a Dimas Reyes y Raúl Mata, liberando de culpa o sospecha a cualquier uniformado. Raúl Mata, salió a mediados de este año de prisión, tras cumplir una condena de más de diez años.
En una cadena nacional de radio y televisión, difundida el 26 de junio de 1978, las Fuerzas Armadas de Honduras indicaron que ningún oficial en servicio está involucrado en el crimen de los Ferrari, ni en el tráfico de drogas.
Los fragmentos más importantes de la cadena, resaltaron que ningún oficial en servicio dentro del instituto armado ha estado involucrado en los crímenes de tráfico de drogas y estupefacientes, en el caso de los esposos Ferrari González, ni en los hechos de sangre sobre lo que profesamente ha informado la prensa nacional en uso irrestricto de la libertad de expresión que garantiza el régimen de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, reconoció que algunos miembros de las Fuerzas Armadas pudieron haber cometido irregularidades en el desempeño de sus funciones, por acción o por omisión, dando así por cerrado uno de los capítulos más dolorosos en la historia del crimen y narcotráfico en Honduras.
Al momento de realizar la investigación, trascendió que una de las muchas causas que originaron posteriormente el golpe de Estado contra el general Juan Alberto Melgar Castro, fue la determinación de éste de desenmascarar a los militares narcos, en un afán por limpiar la imagen del gremio armado.
En los archivos de la DEA, y de acuerdo a retazos de información desclasificada entregada al periodista estadounidense Jeremías Bigwood, en los meses de junio y julio de 1997, ese organismo norteamericano señala al general Policarpo Paz García como un jefe de Estado que llegó al salón de la fama en Honduras tras el golpe de Estado a Juan Alberto Melgar Castro y por tener fuertes tendencias a la corrupción.
Asimismo, la DEA dio información parcial de los militares Juan Blas Salazar, Gustavo Alvarez Martínez, José Abdenego Bueso Rosa, Guillermo Pinel Cálix, Humberto Regalado Hernández, Rigoberto Regalado Lara y Thomas Said Speer, como sospechosos de estar en el asunto de la drogas o bajo su influencia.
Todos estos militares han formado parte de las alta cúpulas del ejército. El coronel Pinel Cálix, actual inspector general de las Fuerzas Armadas, fue señalado en un artículo de The Miami Herald, de Estados Unidos, de formar parte de un grupo de oficiales que complotaron contra el presidente hondureño Carlos Roberto Reina.
Cálix, junto a un grupo de cubanos exiliados encabezados por el presunto contrabandista de armas Mario Delamico, habría fraguado los dos atentados que en 1994 y 1995 sufrió el presidente Reina, según el rotativo.
Los móviles de la alianza serían el malestar de los castrense hondureños por sentir restado su poder y el rechazo de los cubanos en el exilio al acercamiento que el régimen de Reina mostraba hacia el gobierno de La Habana.
Si bien los militares han negado las acusaciones y amenazan con demandar por especulaciones al periodista Juan Tamayo, del Herald, el asunto evidencia la fragilidad de las relaciones entre civiles y militares en el país, que, en el caso del narcotráfico, se traduce en silencio.
Para el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODEH, Ramón Custodio, el grado de penetración del narcotráfico en el país se implantó desde un principio, al más alto nivel, puesto que entró en ese juego el entonces jefe de la inteligencia militar, o G-2, coronel Leónidas Torres Arias.
Custodio sostiene que Torres permeó las altas esferas de las Fuerzas Armadas; desde entonces, podemos decir que la extensión del narcotráfico ha sido por una capilaridad invertida, de la cúpula, hasta las raíces; está enraizada en la sociedad hondureña con una serie de connotaciones.
Antes era simplemente puente de paso, luego vino la etapa de consumo como parte de los nuevos hábitos de los nuevos ricos y de la alta sociedad, pero luego pasó, del pago en dólares por los servicios prestados, a un pago en especie, porque ya había un mercado interno para la coca y hemos avanzado ahora en la parte del lavado de dólares y la narcopolítica.
Como país de tránsito, Honduras es vulnerable por sus extensas fronteras marítimas y terrestres, sus limitados controles aduaneros, bajos salarios de sus oficiales, la existencia de una indeterminada cantidad de pistas clandestinas y la poca capacidad de la Fuerza Naval, una rama de las Fuerzas Armadas, para patrullar e interceptar los barcos que transportan drogas, dada la falta de embarcaciones y combustible.
La Fuerza de Seguridad Pública, FSP, que realizaba las labores de policía, contaba con unos siete mil efectivos, mal armados y con deficientes sistemas de transporte y comunicaciones, que le impiden eficacia para combatir el narcotráfico.
Esta Fuerza tiene una Dirección Nacional Antidrogas, DNA, que cuenta con agentes especializados y un escuadrón canino, que han permitido una serie de incautaciones, particularmente en los puestos aduaneros fronterizos con Nicaragua.
La FSP se convertirá, en los próximos ocho meses, en la nueva Policía Nacional Civil de Honduras, cuando todas sus estructuras, militarizadas aún, den paso a una depuración y a un organismo civil de seguridad preventiva. La acción es parte del proceso de desmilitarización del país.
El Ministerio Público, fundado en 1994, creó la Fiscalía Especial contra el Narcotráfico, que el 17 de junio de 1996 se convirtió en la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico.
Carlos Sosa Coello, diputado socialdemócrata al Congreso Nacional y ex-vicepresidente del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, manifiesta que Honduras es un país de tránsito, almacenamiento y desviación de productos químicos, y lavado de dinero. Según el legislador, no existe evidencia de gran producción y el consumo se mantiene a niveles moderados.
De acuerdo con investigaciones realizadas, incluida la consulta a fuentes civiles y militares encargadas de combatir la droga, el impacto de la narcoactividad en Honduras está adquiriendo niveles alarmantes, cuya magnitud no se refleja en los decomisos de la droga.
Para el analista político Víctor Meza, del Centro de Documentación de Honduras, estas formas de esparcimiento, a escala nacional, no descartan la existencia de minicárteles de la droga, porque Honduras pasó de ser puente de los narcos, a constituirse en un depósito de estupefacientes.
Todos los países que se convierten en sitio de depósito, más temprano que tarde, ven surgir de minicárteles regionales o de grupos locales distribuidores de droga, que entran en competencia entre sí, por el control de territorios o por el acceso a fuentes distribuidoras de la droga en grandes cantidades o al por mayor, dijo Meza.
Uno de los puntos donde es más evidente la narcoactividad, es la región norte del país, sobre todo las Islas de la Bahía, una zona que se presta mucho para este tipo de actividad por ser un punto importante de confluencia turística, sin vigilancia policial. Gran parte del tráfico de droga, que viene por las rutas marítimas, desemboca en las Islas de la Bahía
El noventa por ciento de la flota pesquera hondureña está concentrada en Islas de la Bahía y regiones adyacentes. Muchos pescadores de mariscos y langostas han acostumbrado canjear parte de sus productos por droga que viene de Colombia, particularmente de la Isla de San Andrés. Las operaciones de canje de la droga se realizan en alta mar.
Según Meza, el pescador regresa sin langosta pero con mucha droga a las Islas de la Bahía. Esta droga empieza a ser utilizada como moneda de pago. En la medida que la droga se utilice para pagar en especie los servicios del traficante local, se producen esos flujos pequeños, pero a la vez importantes, de droga que circula dentro del territorio nacional, estimulando el consumo local.
Otra fase importante a señalar en el caso de la narcoactividad en Honduras, es la que se refiere al país como productor. Se puede ser productor de drogas menores, o país procesador de drogas mayores. La sospecha es que existen laboratorios de droga; extremo que no se ha comprobado.
En Honduras sólo se produce marihuana, ya que se han detectado plantaciones en el norte del departamento de Francisco Morazán, y en los de Yoro y Olancho, ubicados en el norte y el oriente del país, respectivamente.
En 1989, el ejército realizó un operativo en el norteño departamento de Colón; pero, curiosamente, hubo un gran incendio en lo que se supone fue una acción de último momento para borrar la evidencia de cultivos o posibles laboratorios móviles de droga.
De acuerdo con los organismos de lucha antidroga, la marihuana se cultiva para consumo interno y, en parte, para la exportación hacia los Estados Unidos.
En el norte del departamento de Morazán, en la región central, se registra, por cuestiones ecológicas, un decaimiento de la actividad agrícola. Varios campesinos, por los bajos precios de los granos básicos y estimulados por narcotraficantes, optaron por realizar cultivos de marihuana en vez de maíz, arroz y frijol, los productos básicos que conforman la dieta alimentaria del hondureño.
En Cortés, Yoro, Comayagua, Colón y Olancho, con tierras fértiles, el cultivo de marihuana tiene fines estrictamente comerciales.
La Comisión Legislativa contra el Narcotráfico sostiene que los campesinos son inducidos a dedicarse al cultivo de marihuana, para obtener ingresos superiores a los generados por sus cultivos tradicionales, generalmente granos básicos.
Durante 1995 hubo ocho operaciones policiales, en las que se decomisaron y destruyeron plantas de marihuana. La más significativa de ellas, fue la incautación y quema de 84 mil 346 plantas de marihuana; pero no hubo detenidos, ya que las personas dedicadas a esta labor huyeron del lugar.
En 1996 las operaciones policiales efectuadas se incrementaron sustancialmente y revelaron que hubo un aumento de actividad de los cultivadores de marihuana.
Entre 1995 y 1996, hubo un decomiso de siete mil libras de marihuana en Morazán, y, de menor grado, en las ciudades de Siguatepeque, Tela y La Ceiba, en la zona central y norte del país. También se registró la destrucción de más de tres millones de plantas, en el mismo período.
Las autoridades hondureñas sospechan que, en alta mar, en el Océano Atlántico, hay trueque de droga por langosta y camarón. De tal manera que la droga es vendida en el mercado local, particularmente en las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Tela y Cortés, en la zona norte, donde opera el mayor flujo de turistas extranjeros, en su mayoría estadounidenses, en hoteles de cinco estrellas ubicados en las playas.
Las características geográficas del país, con costas en ambos océanos, extensas fronteras terrestres, la existencia de grandes zonas vírgenes y factores de carácter político y económico, así como los tratados de integración con América Central, propician este incremento del narcotráfico.
De acuerdo con el CEINCO, un centro de información de las Fuerzas Armadas, una de las zonas de trasiego de droga con características especiales es la región de La Mosquitia, donde la población, en su mayoría, apoya, participa y cubre esta actividad, dado los altos niveles de pobreza y falta de empleo.
Las formas de transporte son generalmente mixtas, ya que la droga puede ser transportada desde América del Sur, especialmente Colombia; lanzada al mar, recogida en la playa por cómplices, transportada por medios fluviales o aéreos, para luego ser enviada por tierra a Guatemala o, por medios marítimos y aéreos, hacia Islas de la Bahía u otras partes de la región.
Algunos individuos de origen colombiano, sospechosos de ser narcotraficantes, están comprando propiedades en los departamentos de Gracias a Dios, Colón y en toda la zona del litoral atlántico hondureño.
Una vez establecidas en el sector, éstas personas de inmediato crean grandes redes de información, lo que les permite saber de inmediato la presencia de extraños o de autoridades en la zona.
Durante la pasada década, dados los conflictos internos en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, hubo una gran afluencia de tropas extranjeras a Honduras, hecho que estimuló el uso del territorio hondureño para el trasiego de drogas del sur al norte de América.
La incautación de drogas revela que hay una intensificación del uso del territorio hondureño para el trasiego de cocaína, ya que en los años anteriores el promedio no pasaba de mil kilos.
Las zonas más sensibles en América Central son el Tapón de Darién, donde había producción de coca ya sembrada, se dice que vinculada con la guerrilla colombiana; Guanacaste, en Costa Rica, donde hay pistas privadas; el litoral atlántico de Nicaragua, donde viven los misquitos; el litoral atlántico de Honduras y sus Islas de la Bahía; el litoral atlántico y los departamentos del Petén y Retalhuleu, en Guatemala; y Banco Chinchorro, frente a Belice.
Los cárteles de la droga conocen como la palma de la mano estas zonas y hay un gran respeto por su uso, según afirman las autoridades hondureñas de lucha contra la narcoactividad.
El único débil es el departamento financiero, porque es el evidente. Hay evidencias de bandas que trabajan para los narcotraficantes, pero sus relaciones son de subordinación y cierta autonomía en la ejecución del trabajo.
Cuando la presencia del narcotráfico se evidenció en el país, a fines de los setenta, empezó a mencionarse el nombre de militares implicados en el negocio. Según publicación de la revista El Parcial, de Alemania, Honduras emergía como el área más nueva en el tráfico de cocaína a Estados Unidos.
Un boletín del Centro de Documentación de Honduras, de marzo de 1990, indica que la Operación Causa Justa impulsada por la administración del entonces presidente George Bush, contra el narcotráfico en Panamá, dio un salto de rana a Honduras.
Oficiales norteamericanos saben, desde hace varios años, que militares hondureños de alto rango han enviado, o servido de embudo, toneladas de cocaína a Estados Unidos, señala el informe titulado Los hilos del Narcotráfico.` Para el portavoz de las Fuerzas Armadas, coronel Mario David Villanueva, la vinculación de los militares al narcotráfico ha sido en casos aislados y no como política institucional. Villanueva comenta que la lucha contra el narcotráfico debe ser frontal, en la que deben participar todos y tomar el asunto como un problema real que enfrenta el Estado.
El narcotráfico, según las Fuerzas Armadas de Honduras, no tiene fronteras y su presencia es tan fuerte que se percibe cuando aparecen nuevos ricos de la noche a la mañana, en momentos en que la sociedad vive una grave crisis.
Villanueva no descarta la posibilidad de que existan pequeños cárteles en el cuerpo armado: no se puede descartar, dice, por el simple hecho de que somos seres humanos, estamos en un país con una posición privilegiada para esta actividad ilícita. Lo que sí podría decir es que podría ser la excepción en este momento y no la norma.
Por este motivo, grupos humanitarios y analistas estiman que la lucha contra las drogas sólo será efectiva si se desmilitariza la sociedad y se resta poder a los uniformados.
Los analistas apuntan que la lucha contra el narcotráfico la deben emprender los policías civiles, agentes del Ministerio Público o Fiscalía del Estado, en la medida que el tema de la narcoactividad es un punto obligado, y no teórico como hasta ahora, en la agenda nacional.
A la par de estas preocupaciones, lógicas y coherentes con la realidad del país, otro dato que preocupa a los estudiosos de la narcoactividad y las autoridades enfrascadas en su lucha, es el aparente uso de territorio nacional para el lavado de divisas procedentes de la droga.
De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el mayor signo del proceso de lavado de dinero es el hecho de grandes cantidades en manos de personas cada vez de menor edad. Hay jóvenes de entre 20 y 25 años que son millonarios. Es circulante en manos de personas que no tienen activos fijos, sólo dinero cuya procedencia no se puede justificar fácilmente.
Cada vez se producen más vinculaciones del sistema con lugares donde se producen operaciones financieras de dudosa reputación, como las Bahamas y Panamá. Hay, además de los bancos, empresas que realizan operaciones comerciales directas.
En Honduras, se lava dinero procedente del narcotráfico y de la corrupción, fortunas masivas que aparecen de la noche a la mañana, según un informe en poder del Consejo Nacional contra el Narcotráfico.
Las actividades económicas más utilizadas para lavar dinero son el turismo, las casas de cambio, los correos rápidos, la construcción, la compra de bienes raíces, la industria, el deporte profesional, los supermercados y las tiendas grandes.
En 1995 se aprobó la Ley de Banca y Finanzas, que contempla la superintendencia de bancos, asociaciones de ahorro y crédito, financieras, aseguradoras y casas de cambio, y tiene amplias facultades para revisar el funcionamiento de estas instituciones.
También la Asociación de Instituciones Bancarias discute en el Congreso Nacional una ley contra el lavado de activos, con el fin de suspender el secreto bancario en operaciones vinculadas al narcotráfico.
En Tegucigalpa, nadie está obligado a declarar el origen del dinero que deposita en los bancos. Una nueva ley establecerá un formulario donde se indique la procedencia de depósitos superiores a 3 mil 500 dólares. Pero esto aún no se aprueba en el Congreso, que, hábilmente, ha dado largas al engavetar el proyecto.
El Fiscal General del Estado, Edmundo Orellana, declaró que el secreto bancario, como está regulado en Honduras, se presta para el lavado de dinero. Cualquier persona puede llegar a un banco y depositar una gran suma de dinero y nadie le pregunta donde lo obtuvo, porque no hay ninguna obligación de hacerlo, salvo pagar el impuesto sobre la renta.
No obstante, uno de los principales obstáculos detectados por las autoridades y grupos humanitarios en la lucha contra el narcotráfico, es la inmunidad parlamentaria y política que gozan algunos funcionarios, especialmente del Poder Legislativo.
La Fiscalía del Estado sostiene que la inmunidad es para ellos el principal dolor de cabeza en la lucha contra las drogas, pues existen evidencias de que en algunos carros del Congreso Nacional se trafica con estupefacientes, se hacen grandes operaciones, pero no pueden hacer nada porque las personas que los conducen gozan de inmunidad.
Honduras se apresta a elegir, este 30 de noviembre, un nuevo presidente, diputados y alcaldes por un período de cuatro años. Si bien el proceso entró a su fase final, ninguno de los cinco aspirantes a la presidencia menciona el tema de la narcoactividad y su combate.
Los comentarios en voz baja, de sectores intelectuales, analistas y políticos, radican en la conformación de fuerzas del próximo Congreso, que lleva en sus planillas de candidatos para diputados a unas cuarenta personas señalas por presuntos actos corruptos, en tanto otros son mencionados por asuntos relacionados con drogas.
Cuando las denuncias de tráfico de influencia en el poder judicial son enormes, al afirmarse que algunos políticos influyen para torcer la ley, y mientras los Magistrados de la Corte de Justicia sean nombrados por el Congreso, como sucede actualmente, la independencia de poderes y la aplicación de justicia son remotos, lo que tiene que ver con el tráfico de drogas.
Fuente: hondurascorrupta.com
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