Por German Reyes
La denuncia la hace la Plataforma de Derechos Humanos, ente que agrupa a diversas organizaciones hondureñas, las que afirmaron en una conferencia de prensa que, “Se han recrudecido las amenazas por todos los medios contra los activistas sociales y defensores de derechos humanos que han recibido mensajes electrónicos firmados con las siglas “CAM”, cuyo significado es: Comando Álvarez Martínez, identidad ya utilizada en actos de terrorismo de Estado”.
El tema violaciones a derechos humanos, particularmente los acaecidos en su mayoría, a partir del golpe de Estado del 28 de junio, es un tema que enfrenta la apatía de los grupos de poder, incluyendo entre estos, los medios de comunicación que desde la fecha en mención, han erigido un cerco mediático y ocultado, cifras, abusos, violaciones y asesinatos. Todos los hechos se minimizan o ni siquiera se publican.
En rueda de prensa realizada en la sede del Centro para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT), la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras condenó las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas policiales y militares del país.
Retrotrajeron en el tiempo, como desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, los actos de protesta se vieron fortalecidos con la asunción al poder de Roberto Micheletti, gobernante de facto que asumió el poder y optó por criminalizar las diversas acciones de manifestación de la población y utilizó al ejército y a la policía para reprimir a sus opositores
La Plata forma de Derechos Humanos, integrada por el Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación –C.P.T.R.T-, el Comité de Detenidos-desaparecidos de Honduras –COFEDEH-, FIAN de Honduras, el Comité de Derechos de Honduras –CODEH-, entre otros, afirmó que las violaciones a los derechos humanos cometidas por los órganos de seguridad del Estado, continúan vigentes con el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
Las organizaciones de la Plataforma citaron como casos, fuera de la represión a líderes y defensoras de Derechos Humanos, el caos que se suscitó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el pasado 3 de agosto y la represión a los estudiantes, los asesinatos contra varios miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) y los ataques en contra del magisterio en la Universidad Pedagógica Nacional y intimidación y violación de los derechos humanos que sufren los vecinos de la Isla de Zacate Grande en sur del país.
Gilberto Ríos, director de la organización humanitaria FIAN, asegura que las violaciones van más allá del asesinato, la persecución y la tortura.
“Las violaciones también van con el impedimento a que la población tenga acceso a la alimentación. Tal es el caso del los movimientos campesinos del Aguan, tal es el caso de los campesinos del zacate Grande en el sur, quienes han sido agredidos no solo físicamente si no que también se les ha impedido hasta el acceso al mar y a otras fuentes de empleo”.
Recordó que hace dos años los vecinos de Zacate Grande fueron acusados de dañar el ambiente, pero ¿quién ha dañado más el ambiente que Miguel Facussé?, se preguntó, para luego añadir: precisamente por haber dañado al ambiente años atrás, el mismo Banco Mundial, suspendido el crédito para este empresario, dedujo Ríos.
Afirmó, que la Plataforma, considera que las violaciones de derechos humanos han superado la primera generación. “Hay violación a los derechos económicos, sociales y culturales y por eso nosotros no reconocemos al régimen de Porfirio Lobo Sosa”, expresó. Asimismo dijo que el propósito del golpe de Estado sigue en la mente de quienes en este momento conducen el aparato gubernamental y acusó a la mayoría de los medios de comunicación de mantenerse al lado de quienes lo propinaron.
A criterio de defensor de derechos humanos, el gobierno y el grupo de empresarios que lo respaldan tienen como meta el saqueo del Estado, para lo cual mantienen una maquinaria dispuesta a reprimir a quien se oponga a sus intereses.”En este momento se apoderan de los ríos, de las mejores tierras y de las finanzas del país”, afirmó.
Impiden labor de abogados
Otro de los tópicos que se abordó en la conferencia, es la obstaculización que hace el gobierno en la defensa de las personas que resultan aprehendidas en las manifestaciones. Fernando Soto Orellana de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y miembro del cuerpo de abogados de la Resistencia, asegura que la Policía Nacional impide el trabajo de los profesionales del Derecho que buscan la liberación de los manifestantes. detenidos.
Expresó que el viernes anterior después de la represión sufrida por los maestros, él se presentó al Comando Regional número 7 (CORE 7) con el propósito de gestionar la liberación de los manifestantes detenidos por la policía y, “ahí se nos negó la entrada a las celdas y a la sala de curación de medicina forense, situación que representa una ausencia de garantías y una violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen actual”. El profesional del derecho lamentó que el Colegio de Abogados no hace nada para corregir los atropellos que sufren sus agremiados.
Violaciones a la libertad de expresión
Honduras, un país donde la opinión pública es controlada por un pequeño grupo de empresarios y políticos que a la vez son funcionarios de gobierno, se caracteriza por el irrespeto a la libertad de opinión y de prensa.
Después del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya Rosales de la presidencia de la República, muchos periodistas que no apoyaron el hecho fueron víctimas de represión de parte de sus jefes inmediatos, mientras otros tuvieron que soportar detenciones ilegales, golpes y persecución.de parte de la policía y el ejército. Hasta cierre temporal de medios de comunicación hubo.
Solo en los últimos ocho meses nueve periodistas y un locutor de radio fueron acribillados mientras salían de sus puestos de trabajo, otros en embocadas. Hasta hoy las autoridades encargadas de la investigación de los crímenes no dan muestras de haber realizado su trabajo, mismo que concluya con la identificación, procesamiento judicial y encarcelamiento de los responsables.
De ese escenario, ni los periodistas internacionales se salva. El doctor Juan Almendares Bonilla, Coordinador del CPTRT y miembro de la Plataforma de derechos Humanos de Honduras, denunció que el periodista Dick Emanuelson y su esposa, la Camarógrafa Miriam Hueso, están siendo víctimas de amenazas y que sus vidas corren peligro.
“Estos cuerpos represivos están aliados con sicarios internacionales que están intimidando atemorizando y torturando al sector periodístico, que es la conciencia crítica de la sociedad en la defensa de los derechos humanos”, sentenció Almendares Bonilla.
Por la difícil situación que atraviesa el pueblo hondureño, muchos periodistas y líderes del movimiento social, fueron favorecidos con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, las recomendaciones del organismo internacional, no causaron valor ni efecto en el país. Siguen en indefensión total.
“En el caso nuestro, no hemos pedido medidas cautelares porque no queremos que nos protejan los órganos represivos del Estado. Sin embargo, estas medidas son importantes en el marco internacional porque se demuestra que también se atenta contra quienes tienen medidas cautelares”, afirmó del Coordinador del CPTRT.
Almendares Bonilla, asevera que es importante hacer gestiones de medidas cautelares porque está comprendido en el marco del derecho nacional e internacional y está bien que se sigan haciendo, pero hasta este momento el aparato represivo del Estado no ha respetado las medidas cautelares”, puntualizó.
Fuente. http://suramericapress.com
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