Juan Moreno
A un poco más de un año de haberse perpetrado el golpe de Estado en Honduras, este país continúa sufriendo las consecuencias de semejante atentado a la democracia. A menudo, en los medios hablados y escritos se han vertido opiniones que no reflejan la realidad de un acto y una situación condenable desde todos los puntos de vista.
El ejemplo más reciente de lo que afirmo lo encontramos en la opinión editorial de La Nación del domingo 4 de julio, que lamenta el continuado aislamiento del gobierno espurio del señor Porfirio Lobo Sosa y critica al grupo de países sudamericanos que han continuado desconociendo el estado de hecho prevaleciente en el país centroamericano. El editorial esgrime el argumento de que no hay razón para el aislamiento del actual gobierno hondureño, porque es resultado de un proceso electoral que ya había sido convocado por el ex presidente Zelaya Rosales antes del golpe del 28 de junio de 2009. El editorialista evita referirse a las condiciones anormales y abusivas a los derechos ciudadanos en que se desarrolló el proceso electoral. Las ciudadanas y los ciudadanos bien informados saben que aquellas elecciones se realizaron a la medida y conveniencia de políticos corruptos infiltrados en los tres poderes del Estado, bajo la tutela de diez familias oligarcas y con la protección de la abusiva acción de su brazo armado: las Fuerzas Armadas.
Las anteriores no son aseveraciones antojadizas de mi parte. Allí están las listas de decenas de asesinados, encarcelados, garroteados, exiliados, perseguidos, hostigados, amenazados, desplazados; testimoniando todos la ignominia de una dictadura blanqueada con la bendición de gobiernos que se proclaman defensores de las mejores tradiciones democráticas como los de Estados Unidos y Costa Rica. Hay una Plataforma integrada por organismos defensores de los derechos humanos en Honduras en cuyas oficinas se pueden verificar los desmanes cometidos por la dictadura de Micheletti y su heredero, el gobierno del señor Lobo Sosa. Es más, los organismos internacionales de derechos humanos han comprobado y denunciado públicamente los crímenes cometidos en Honduras contra ciudadanos y ciudadanas cuyo único “delito” es luchar por medios pacíficos por un país más justo.
Los costarricenses y los latinoamericanos en general no deben olvidar que, en Honduras, la estructura golpista continúa controlando las instituciones del Estado, sobra decirlo, de manera ilegítima. Y más que el aislamiento internacional, hay que destacar que son los ciudadanos y ciudadanas, en cerca de un setenta por ciento, quienes aíslan a un gobierno que ellos no eligieron el 29 de noviembre de 2009. Bastaría una visita de tres días al país de Morazán para probar esta afirmación.
Que no le quepa duda a nadie: los hondureños, hombres y mujeres, libran una batalla histórica por el imperio de la democracia auténtica, ésa que surge del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Es esa democracia: participativa, creativa, solidaria e incluyente, por la que los hondureños luchan dentro de la Resistencia, no la democracia egoísta de los políticos inescrupulosos, taimadamente infiltrados en los partidos tradicionales y en los tres poderes del Estado. La mejor prueba de esa lucha es el espíritu de resistencia democrática prevaleciente en todos los ámbitos del territorio hondureño.
Los hondureños han vivido la experiencia de varios golpes de Estado a través de su historia, pero ninguno ha sido tan condenado, tan rechazado y tan combatido como el que impuso un orden de cosas que todavía sigue usurpando la institucionalidad hondureña. Como ha dicho el poeta hondureño Candelario Reyes García en una entrevista reciente: “los hondureños sintieron que, más que un golpe al presidente Zelaya Rosales, el del 28 de junio fue un golpe directo a ellos y su condición de pueblo digno, delito de lesa humanidad que no debe quedar impune; ahora los golpistas se enfrentan a las consecuencias y el país entero se debate en la peor crisis de su historia”.
Que nadie lo dude: la lucha por la democracia auténtica y por la justicia social ha dado un importante salto cualitativo en Honduras, iniciado con las medidas de justicia social tomadas por el gobierno del ex presidente Zelaya Rosales y con el protagonismo anti-golpista y prodemocrático del setenta por ciento de los hondureños, que se organizan en cada barrio, en cada colonia residencial, en cada alameda, en cada aldea, pueblo y caserío, y lo hacen con la mira bien puesta en la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente Popular para la refundación del país sobre bases más justas para todos y todas sin excepción. Y todo ello por medios pacíficos y al riesgo de sufrir la acción abusiva de los organismos represivos. El espíritu de resistencia por una auténtica democracia vibra en Honduras más fuerte y más prometedor que nunca, con la fuerza arrolladora acumulada en el Frente Nacional de Resistencia Popular. Es con esta y por esta realidad que el gobierno espurio de don Porfirio Lobo está enfrentado y aislado.
Fuente: Vos el soberano
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