Tegucigalpa. 10 Julio de 2010. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), difundió un avance de su informe “Masacran un sueño”, sobre violaciones a derechos humanos en el golpe de Estado en Honduras.
Revela el Codeh que los militares asaltaron la casa presidencial y a medios de comunicación imparciales, pero después “desistieron del control institucional y optaron por ejecutar un plan B”, presionados por una “impresionante movilización popular” contra el Golpe, que irrumpió el 28 de junio de 2009, y la atención de los medios internacionales.
El Informe denuncia que militares y policías utilizaron “instrumentos ilegales, como palos, cadenas metálicas, tubos de hierro, las culatas de los fusiles, piedras, pedazos de barriles plásticos y de metal como escudos protectores”.
Para “infundir temor” entre la población y obtener información de las víctimas, “exhibidas como trofeos de guerra”, los militares y policías aplicaron tortura sicológica, y tortura física “en partes del cuerpo que alojan órganos vitales, golpeaban las mujeres en sus glúteos y órgano genital, el vientre, entre otros”.
El documento acusa que policías y militares violaron el derecho a la libertad; y a los detenidos les rosearon gas pimienta y otros químicos en las bartolinas. “De manera premeditada, destruyeron vehículos y hurtaron cámaras, celulares, equipos de sonido y otros objetos de valor, que no devolvieron a los dueños”.
Los allanamientos se hicieron con ruptura de puertas, lanzamiento de bombas lacrimógenas, dentro y en áreas vecinas a las viviendas; los manifestantes refugiados en casas, eran sacados con violencia. Los fiscales de Ministerio Publico fueron indiferentes y no actuaron ante la arbitrariedad policial y militar ejecutada.
El sistema judicial “respondía a la lógica del Golpe, los jueces ejecutores esperaban que los jefes de estaciones policiales liberaran a los detenidos. Los amparos eran respondidos por la Corte cuando ya el efecto de la acción había desaparecido”, establece el análisis del Codeh.
Aduce el Informe que “Las ficciones jurídicas contra Zelaya se fabricaron después que [él] fue secuestrado y expulsado del país”; y que, se crearon falsos juicios contra defensores de derechos humanos.
El Codeh cuestiona que el Comisionado de Derechos Humanos (Conadeh), el Ministerio Público y el Poder Judicial, toleraron se publicaran varios decretos con “la pretendida intención de legitimar la agresión”.
Fuente: ResistenciaHonduras.net
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