Common Dreams/The Nation
Traducido del inglés para Rebelión por Germán
Leyens
|
Desde 2009, sin que lo hayan
advertido los medios internacionales, el gobierno golpista de Honduras ha estado
colaborando con acaudalados terratenientes en una violenta represión contra
pequeños agricultores que luchan por sus derechos a la tierra en el valle Aguán,
en la región nororiental del país. Más de 46 campesinos han sido asesinados o
han desaparecido. Los grupos de derechos humanos acusan de que muchos de los
asesinatos han sido perpetrados por el ejército privado de guardias de seguridad
empleados por Miguel Facussé, magnate de los biocombustibles. Los guardias de
Facussé trabajan en estrecha colaboración con los militares y la policía
hondureña, que reciben un generoso financiamiento de EE.UU. para librar la
guerra contra la droga en la región.
Nuevos cables de WikiLeaks revelan ahora que la embajada de EE.UU. en
Honduras –y por lo tanto el Departamento de Estado– ha sabido desde 2004 que
Miguel Facussé es un importador de cocaína. En otras palabras, la “narcoguerra”
de EE.UU. se utiliza para, entrenar y apoyar la guerra de un conocido
narcotraficante contra los campesinos.
Miguel Facussé Barjum, es según la embajada “el empresario más rico y más
poderoso del país”, uno de los “pesos pesados políticos” del país. El New
York Times lo describió recientemente como “el octogenario patriarca de una
del puñado de familias que controlan gran parte de la economía de Honduras”. El
sobrino de Facussé, Carlos Flores Facussé, fue presidente de Honduras de 1998 a
2002. La corporación Dinant de Miguel Facussé es un importante productor de
aceite de palma, comida chatarra, y otros productos agrícolas. Fue uno de los
partidarios clave del golpe militar que derrocó al presidente democráticamente
elegido Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.
La base del poder de Miguel Facussé se encuentra en el bajo Valle del Aguán,
donde los campesinos se establecieron originalmente en los años setenta como
parte de una estrategia de reforma agraria del gobierno hondureño que alentó
cientos de exitosas cooperativas y colectivos campesinos en la región. Desde
1992, sin embargo, los nuevos gobiernos neoliberales comenzaron a promover la
transferencia de sus tierras a elites acaudaladas, que se apresuraron a
aprovechar el apoyo estatal para intimidar y obligar a los campesinos a vender
sus tierras, y en algunos casos para adquirir tierras mediante un fraude
evidente. Facussé, de lejos el mayor beneficiario de esas políticas estatales,
ahora reivindica por lo menos 8.900 hectáreas en el bajo Aguán, por lo menos un
quinto de toda la zona, y en gran parte la ha plantado con palmas africanas para
un imperio de biocombustible en plena expansión.
Mientras tanto, los niveles de vida de los campesinos de la región han bajado
dramáticamente. En diciembre de 2009 miles de campesinos organizados comenzaron
a realizar recuperaciones colectivas de tierras en el bajo Aguán que según ellos
les fueron robadas, o prometidas legalmente por el gobierno a través de previos
acuerdos o edictos.
Los esfuerzos de los campesinos han sido enfrentados con rápidas y brutales
represalias. Según el Comité de Familias de Detenidos y Desaparecidos de
Honduras (COFADEH), un grupo independiente altamente respetado de derechos
humanos, por lo menos 44 personas han sido asesinadas, 16 solo el verano pasado.
Las víctimas incluyen a dirigentes de grupos como el Movimiento Unificado de
Campesinos de Aguán (MUCA), que participa en tomas de tierras, pero también a
miembros de comunidades estables que han estado en el lugar durante décadas,
como Guadalupe Carney, Rigores o Prieta, cuyos residente creían que tenían
títulos seguros de propiedad de sus tierras. Según una declaración de Human
Rights Watch en la que pide una investigación, nadie ha sido arrestado o
enjuiciado por alguno de esos asesinatos.
Muchos de estos asesinatos y ataques se han atribuido a guardias privados de
seguridad de Miguel Facussé, así como a sus asociados. Los sicarios van de civil
o con uniformes del Grupo Dinant y se dice que son entre 200 y 300. El propio
Facussé admite que el 15 de noviembre de 2010 sus guardias mataron a tiros a
cinco campesinos del MUCA en la comunidad El Tumbador. Un informe de julio de
2011 sobre las matanzas de campesinos en el Aguán de una misión investigadora
del Consejo Mundial de Iglesias, Foodfirst Information and Action Network (FIAN)
International, y otros grupos internacionales, señala: “En todos los casos,
según testigos y miembros de los movimientos de campesinos, los guardias de
seguridad que trabajan para Miguel Facussé y René Morales están considerados los
protagonistas primordiales”, incluso en las muertes de tres miembros del MUCA el
17 de agosto de 2010.
Los supuestos asesinatos y ataques armados de guardias de Facussé continúan.
El 5 de octubre, se informa de que los guardias de seguridad de Facussé atacaron
a tiros e hirieron gravemente a dos miembros del MUCA en la comunidad campesina
San Isidro, según FIAN. El 11 de octubre en La Aurora, informan FIAN y otros
grupos de derechos humanos, por lo menos seis guardias de seguridad de tierras
reivindicadas por la Corporación Dinant de Facussé, junto a policías y fuerzas
militares, mataron a tiros a Santos Serfino Zelaya Ruiz, de 33 años, y abrieron
fuego contra 15 mujeres que repartían sal, quienes se ocultaron durante horas
entre las palmas.
El 8 de enero de 2011, el activista opositor y periodista Juan Chinchilla fue
secuestrado en el valle Aguán, torturado e interrogado. Escapó después de dos
días e informó en una entrevista que sus secuestradores “llevaban casi todos
uniformes del ejército, la policía y de guardias privados de Miguel
Facussé”.
Grupos de derechos humanos de todo el mundo han denunciado los ataques de
Facussé a los campesinos hondureños. El 8 de abril, el banco alemán de
desarrollo DEG (Deutsche Investitions und Entwicklungselleschaft mbH), anuló un
préstamo de 20 millones de dólares a Dinant después de investigar la situación.
Una semana después EDF, una importante corporación energética francesa, anunció
que anulaba sus planes de comprar créditos de carbono a Dinant.
Facussé ha respondido agresivamente en su defensa con anuncios de página
completa. También demandó hace poco por difamación al obispo de Honduras Luis
Alfonso Santos y a Andrés Pavon, presidente del conocido Comité para la Defensa
de Los Derechos Humanos (CODEH).
En tándem con los asesinatos y desapariciones de activistas individuales, la
policía y los militares hondureños han lanzado, durante el último año y medio,
sucesivas olas de represión contra comunidades campesinas completas, tanto
asentadas en nuevos sitios ocupados como en otras estables con un estatus legal
a largo plazo. El 15 de diciembre de 2010, entre 500 y 1.000 policías y
militares rodearon la pequeña localidad campesina de Guadalupe Carney con
francotiradores y helicópteros y realizaron allanamientos casa por casa en busca
de supuestas armas, que nunca encontraron. Los soldados se quedaron acampados en
el centro del pueblo desde entonces. En abril de 2010, 2.000 policías y
militares hondureños ocuparon todo Valle del bajo Aguán, controlando el acceso e
intimidando a los residentes.
La situación ha empeorado desde mayo, y sigue escalando. Cinco guardias de
seguridad, un policía, y otros cinco, además de 16 campesinos, han muerto. La
región está nuevamente ocupada por 1.000 soldados en una operación militar
llamada Xatruch II, que apunta a combatir guerrilleros armados, de cuya
existencia no existe ninguna evidencia. Tampoco se ha presentado evidencia que
vincule a los campesinos con las otras muertes.
En general, la ocupación y represión del bajo Aguán ha llegado a proporciones
aterradoras. “Con la militarización Xatruch II tratan de convertir nuestra zona
en Iraq”, acusan COFADEH y el MUCA. “Nuestros asentamientos están sometidos a un
continuo estado de sitio”.
El 24 de junio, solo con una hora de advertencia, la policía quemó casi toda
la comunidad de Rigores de más de 100 casas, de diez años de antigüedad, y
aplanó sus tres iglesias y su escuela de siete aulas. Los residentes comenzaron
a reconstruir sus casas con carpas y palos, pero entre el 16 y 18 de septiembre,
como respuesta a la muerte de un policía cercano, la policía irrumpió en el
pueblo, agarrando y deteniendo gente al azar, incluidos niños. Uno de ellos era
un niño de 16 años que ha testificado que los policías le pusieron una bolsa
sobre la cabeza, lo rociaron con gasolina y amenazaron con matarlo. El 20 de
septiembre policías y militares desalojaron exitosamente a todos los que
quedaban en la comunidad.
Numerosos testigos presenciales y grupos de derechos humanos informan de que
los guardias privados de Facussé, policías y militares, participaron en conjunto
en esos violentos desalojos y las muertes asociadas con ellos: en El Tumbador el
15 de noviembre de 2010; en Guadalupe Carney el 15 de diciembre de 2010; en
Rigores el 24 de junio de 2011; y en La Aurora el 11 de octubre, donde las
mujeres se ocultaron entre los árboles, así como en el secuestro de Chinchilla.
El pasado 15 de agosto, informa COFADEH, los guardias de Facussé junto con
policías y miembros de las fuerzas armadas atacaron brutalmente a los campesinos
en la plantación de palmas africanas conocida como Finca Panamá.
Según Rights Action, un grupo de derechos humanos basado en Washington DC y
Toronto, “informa de que militares, policías y fuerzas privadas de seguridad
intercambiaron uniformes según el contexto, para movilizarse en conjunto en
patrulleros policiales y coches que pertenecen a compañías privadas de seguridad
empleadas por los dueños de plantaciones de palmas africanas”. COFADEH concluye
diciendo: “La relación entre los militares y los guardias privados de seguridad
demuestra claramente que los guardias de seguridad actúan como fuerzas
paramilitares”.
En los últimos dos años desde el golpe, el financiamiento por EE.UU. de los
militares y policías hondureños ha aumentado drásticamente. EE.UU. ha asignado
45 millones de dólares en nuevos fondos para la construcción militar, incluida
la expansión de la Base Soto de la Fuerza Aérea en Palmerola, operada en
conjunto (con suministro ahora de drones estadounidenses) y ha abierto
tres nuevas bases militares. El financiamiento de la policía y de los militares,
casi 10 millones de dólares en 2011, aumentó drásticamente en junio con 40
millones más según la nueva Iniciativa Regional Centroamericana de 200 millones
de dólares, supuestamente para combatir el narcotráfico en Centroamérica, que,
ciertamente, es flagrante, peligroso y creciente en Honduras bajo el gobierno
posterior al golpe de Lobos, especialmente en el Aguán.
Las operaciones militares hondureñas en el valle del bajo Aguán, incluidas
operaciones conjuntas con guardias de Facussé, se benefician de estos fondos,
así como de un entrenamiento especial. En verano de este año 70 miembros del
Batallón Quince de Honduras recibieron un entrenamiento especial de 33 días de
los rangers estadounidenses. Según la Red de Solidaridad con Honduras,
miembros del grupo Xatruch de Fuerzas Especiales en el valle Aguán, confirmaron
en una reunión en septiembre “que habían recibido entrenamiento en operaciones
especiales de militares de EE.UU., que incluyó entrenamiento de francotiradores
y antiterrorismo”. Testigos presenciales informaron a Rights Action de que
también vieron a rangers estadounidenses entrenando a guardias de
seguridad de Facussé.
Últimamente, el 6 de octubre, miembros de la Operación Xatruch II,
capturaron, detuvieron sin acusaciones y torturaron a Walter Nelin Sabillón
Yanos, miembro del MUCA, según informes de FIAN. Sabillón les declaró que
mientras estaba detenido en la comisaría Tocoa, las autoridades lo golpearon, le
colocaron repetidamente un capuchón en la cabeza y le aplicaron tres veces
choques eléctricos en las manos, el abdomen y la boca mientras lo interrogaban
sobre el movimiento campesino.
El 17 de septiembre llamé a la comisaría Tocoa para preguntar por la
situación de mñas de 30 campesinos que habían sido reunidos y detenidos.
“Díganle que matamos a todos los campesinos”, dijo riendo el oficial, y colgó. A
una colega que llamó poco después le dijeron que trataban a los detenidos “como
perros”. “¿Los están torturando?” –preguntó. “Espero que así sea” –respondió el
oficial.
Cables publicados el 30 de septiembre por Wikileaks aclararon aún más
el papel de los militares de EE.UU. y del Departamento de Estado en el conflicto
del valle Aguán. Un cable del 19 de marzo de 2004 de la embajada de EE.UU. en
Tegucigalpa, titulado “Avión con droga quemado en destacada propiedad hondureña”
informa de que “un conocido vuelo de tráfico de droga con un embarque de 1.000
kilos de cocaína de Colombia… aterrizó exitosamente el 14 de marzo en la
propiedad privada de Miguel Facussé”. Según el autor del cable, el embajador
Larry Palmer, las fuentes informaron a la policía de que “el alijo se descargó
en un convoy de vehículos protegido por casi 30 hombres armados”. Vieron como
quemaban el avión y sus restos enterrados posteriormente por un
“buldócer/cargadora frontal”.
Palmer escribe que “la propiedad de Facussé está fuertemente protegida y la
posibilidad de que los individuos hayan podido acceder a la propiedad, sin
autorización, utilizado la pista de aterrizaje es cuestionable”. Una fuente
“afirmó que Facussé estuba presente en la propiedad cuando tuvo lugar el
incidente”.
El embajador Palmer también informó de que “este incidente marca la tercera
vez en los últimos quince meses en la que se han vinculado narcotraficantes con
la propiedad del señor Facussé”. En un cable subsiguiente del 31 de marzo de
2004, Palmer señaló la confiscación de “aproximadamente 700 kilos de cocaína”
por las autoridades hondureñas y transmitió su opinión de que la droga podría
haber provenido del avión quemado en la propiedad de Facussé.
El 22 de febrero de 2009 –cuatro meses antes del golpe– El Heraldo, un
periódico derechista de Tegucigalpa, informó de que, según un funcionario de la
oficina antinarcóticos del gobierno hondureño, un avión Cessna con 1.400 kilos
de cocaína se había encontrado en Farallones, al este del valle Aguán en el
departamento de Colón, “en una pista de aterrizaje que según nuestra información
pertenece a Miguel Facussé”. Parece seguro presumir que la embajada de EE.UU.
lee El Heraldo a diario y cuidadosamente.
Otros cables publicados por WikiLeaks establecen que funcionarios de
la embajada se reunieron con Miguel Facussé en junio de 2006 y el 7 de
septiembre de 2009, diez semanas después del golpe, y que la embajada almorzó
con Facussé y Rafael Callejas, otro de los poderosos respaldos del gobierno
golpista.
Una nueva embajadora estadounidense, Lisa Kubiske, llegó a Honduras en agosto
de este año. Es experta en biocombustibles, el centro del imperio de palmas
africanas de Miguel Facussé.
¿Qué quiere decir todo esto, entonces? Primero, la embajada de EE.UU. se
reunió por lo menos dos veces con un conocido y destacado narcotraficante.
Segundo, sabía que respaldó el golpe mientras se desarrollaba, como si fuera
solo un “destacado empresario”.
Tercero, y lo más importante, EE.UU. financia y entrena a militares y
policías hondureños que realizan operaciones conjuntas con los guardias de
seguridad de un conocido narcotraficante, para reprimir violentamente a un
movimiento campesino por cuenta de las dudosas reivindicaciones de Facussé de
vastas áreas del valle Aguán, a fin de fortalecer su imperio de palmas
africanas.
El actual presidente hondureño, Porfirio Lobo, estuvo en Washington durante
la primera semana de octubre. Pregonó su compromiso con la defensa de los
derechos humanos y la lucha contra la droga, con plena aprobación del presidente
Obama. En realidad, ambos aseguran la cobertura y el apoyo a una guerra contra
campesinos empobrecidos, para promover los intereses económicos del hombre más
rico y poderoso de Honduras.
Copyright © 2011 The Nation
Dana Frank es profesora de Historia en la Universidad de California,
Santa Cruz, y autora de Bananeras: Women Transforming the Banana Unions of
Latin America que se concentra en Honduras, y de Buy American: The Untold
Story of Economic Nationalism. Actualmente escribe un libro sobre la
intervención de AFL-CIO durante la guerra fría en el movimiento sindical
hondureño.
rCR
