ACCION URGENTE
Estado de Honduras discrimina a víctimas de la DEA
El Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH, expresa su total
repudio y extrema preocupación por el abandono del Estado de Honduras a las
víctimas de la Drug Enforcement Administration DEA y de sus agentes de
seguridad, como resultado del operativo antidrogas, efectuado el 11 de mayo de
2012 en la comunidad de Paptalaya, en Ahuas, Departamento de Gracias a
Dios.
El
ataque fue dirigido a civiles desarmados que viajaban por el rio Patuca, dejando
como consecuencia 16 familias afectadas: cuatro personas muertas entre estas dos
mujeres embarazadas y un niño de 14 años; cuatro heridos, uno de ellos también
niño de 14 años, tres viviendas allanadas, tres víctimas de tratos crueles
inhumanos y degradantes, y 10 niños huérfanos.
El operativo
ejecutado por una fuerza multinacional, que de acuerdo al Ministro hondureño de
Defensa Marlon Pascua no integró las Fuerzas Armadas nacionales[1], ha tenido un costo humano
muy alto para la población de Ahuas, y para la sociedad hondureña.
El Cofadeh hace un
urgente llamado a la comunidad internacional de Derechos Humanos y al mundo
democrático, a actuar enérgicamente para impedir que a las víctimas se les
violenten nuevamente sus derechos.
La indiferencia o
cobardía de las autoridades estatales para enfrentar las consecuencias de sus
actos fuera de la ley ha provocado que las personas que resultaron heridas no
hayan recibido hasta ahora la atención médica adecuada y sus parientes sean
criminalizados por difundir la denuncia.
El niño WILMER
LUCAS WALTER (14) y el joven LUCIO ADAN NELSON QUEEN (22), que viajaban en el Pipante tiroteado por la DEA y Agentes
hondureños, se encuentran hospitalizados desde el 11 de mayo en centros
hospitalarios regionales y aún no han sido intervenidos quirúrgicamente como la
gravedad de sus heridas lo requieren.
Wilmer
corre el riesgo de perder su mano izquierda por negligencia en la falta de
atención y Lucio se está infectando y debilitando, en espera de una
intervención ortopédica en su brazo derecho.
En medio de la
llamada “guerra contra el narcotráfico”, las principales víctimas son pobladores
indígenas misquitos, entre ellos, niños y mujeres; el responsable principal de
estos gravísimos hechos es el Estado.
No obstante, el
ejecutivo del régimen actual, Porfirio Lobo Sosa, no ha brindado un informe
oficial de lo sucedido el 11 de mayo, por el contrario manifestó su ignorancia
sobre los hechos en rueda de prensa el viernes 1 de junio en casa Presidencial e
ironizó con comentarios discriminatorios contra la población Indígena Misquita.
Lobo no solamente pone en duda lo ocurrido y sus fatales resultados, sino
también insinúa en forma irresponsable que los pobladores atacados son
narcotraficantes por navegar el Río Patuca en horas de la madrugada, cuando esta
zona carece de transporte público, y los pobladores viajan por el agua huyendo
al sol al carecer de puentes y carreteras en un territorio abandonado por el
Estado.
Estados Unidos, el
segundo Estado involucrado, también evade responsabilidad. Lisa Kubiske[2], su Embajadora en
Tegucigalpa, ha declarado que el equipo de la DEA que actuó en la Mosquitia lo
hizo en defensa propia y porque, además, era su deber en la lucha contra el
tráfico de drogas. Aun cuando su gobierno ni el de Porfirio Lobo han realizado
una investigación seria y profunda de los hechos del 11 de mayo, la diplomática
prejuzgó.
Ahuas se encuentra
militarizada, la población y las familias dolientes intimidadas. No es casual
el racismo y la discriminación hacia las víctimas del 11 de mayo, en este caso
se inscribe el rechazo estatal hacia los pueblos indígenas como una forma de
negar su capacidad y derechos que se convierte históricamente en exclusión
social.
En consecuencia, el
Cofadeh solicita a la comunidad internacional y nacional:
Exigir al Estado de
Honduras que tome las medidas necesarias para proteger y garantizar la vida de
los sobrevivientes.
Exigir
que Wilmer
Lucas Walter (14) y
el joven
Lucio
Adan Nelson Queen
reciban el tratamiento adecuado con la celeridad que el caso amerita en los
hospitales del Estado, pues su situación ahora es tan grave como invisibilizada;
requiere de voluntad política para resolverla.
Exhortar a ambos
gobiernos a investigar en forma imparcial y exhaustiva los hechos del 11 de mayo
de 2012, que desemboque tanto en la sanción de los responsables, nacionales y
extranjeros, materiales e intelectuales conforme a derecho, como en la
reparación integral de los daños.
Una investigación
expedita, eficiente, independiente e imparcial respecto de la violación a los
derechos de las personas detenidas y especialmente respecto de la tortura
infringida, la cual debe incluir:
· ¿Quién estaba a cargo del operativo?
· ¿Cuál fue la línea de mando?
· ¿Cuáles fueron los lineamientos de las agentes estatales
de Honduras y EE.UU acerca del uso de la fuerza, y en particular sobre el uso de
sus armas de guerra?
· ¿Quién dio la orden de abrir fuego y con qué
criterios?
Recordarle al Estado de
Honduras su obligación de promover y hacer respetar los derechos y obligaciones
contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha
ratificado, lo que incluye derechos de primera y segunda generación. Además, de
los derechos especiales de los pueblos indígenas
Favor dirigir
sus llamamientos a:
Porfirio Lobo
Sosa
Casa
Presidencial
Tel (504)
2221-4558,
2221-4560, 2221-4562
Fax (504) 2290-5000, 2221-4545
Mail: info@presidencia.gob.hn
Juan Orlando Hernández
Congreso Nacional
Tel (504) 2269-3181
Fax 2269-3000
Jorge Alberto Rivera Avilés
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Tel (504) 2269-3000 2269-3069 2269-3981
Luis
Alberto Rubí
Fiscal
General de la República.
Fax (504) 2221-5667
Tel (504) 2221-5670 221-3099
Mail: lrubi@mp.hn
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