Corte sectaria

Editorial de Diario Tiempo

Lo que la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha concluido en su informe sobre "La Administración de Justicia, la Independencia del Poder Judicial y la Profesión Legal en Honduras" no sorprende a nadie en nuestro país, como tampoco sorprende que el resultado de esta importante investigación resbale y que hasta ahora no anime a la rectificación.

No obstante, este informe de la CIJ es trascendental porque denota la preocupación en el ámbito de la comunidad mundial de juristas por lo que sucede en nuestro país, habida cuenta de que la politización —o, mejor dicho, el sectarismo en el vientre del Poder Judicial— pudre la base del orden, la seguridad y la convivencia en la sociedad hondureña.

Esto es, a nuestro entender, la confirmación de la gravedad de la crisis política, que hizo ver la punta del "iceberg" con el golpe de Estado 28-J, de la que fue partícipe la Corte Suprema de Justicia. La continuidad de esta situación da pie a la indicación de la CIJ en el sentido de que "la vuelta a la legalidad democrática exige depurar la responsabilidad de los autores (del golpe), sin perjuicio de otras medidas necesarias para la reconciliación como elemento de convivencia".

Al pasar revista sobre los diversos acontecimientos relacionados con la impartición de justicia, el comportamiento del comisionado nacional para la defensa de los derechos humanos, la situación de los derechos humanos en Honduras, el rol de la sociedad civil y las ONG's y el elevado índice de impunidad, la CIJ no puede menos que demandar un cambio de actitud.

"El Estado de Honduras debe hacer todos los esfuerzos a su alcance para investigar los casos de femicidios, asesinatos de abogados, amenazas contra los operadores de justicia, asesinatos de periodistas, acciones contra los defensores de los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales... "Sin embargo, aún resta un largo camino por recorrer y es necesario que las instituciones del Estado den muestras concretas".

La Comisión Internacional de Juristas observa que en Honduras la administración de justicia, la independencia del Poder Judicial y la profesión legal "se ven afectados por el partidismo político que impregna a un alto número de actores de los poderes públicos", a pesar de que "se han producido positivos cambios normativos".

Hay mucha verdad en esta conclusión, pero también cabe señalar que el mayor daño del "partidismo político", que nosotros identificamos como "sectarismo político", tiene que ver con la ausencia de valores —o la marcada presencia de antivalores— en la escogencia de los funcionarios públicos, sobre todo en los cargos de más alta responsabilidad, tanto en la administración de Justicia como en los demás Poderes del Estado.

Es lógica y necesaria, entonces, esa indicación sobre la contaminación sectaria-partidista en el Poder Judicial, y la innegable consecuencia de que allí está el meollo de la crisis política hondureña —y de su solución—, puesto que, como lo ha planteado la CIJ, con el rompimiento del orden constitucional en 2009 "vino a agravar la situación".

También es digna de la mayor atención el apunte de la CIJ respecto a que el Estado de Honduras debe tener presente que es parte del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: Tiempo.hn