Clodomiro Castilla Ospino, (50 años) propietario y director de la revista El Pulso del Tiempo en Montería, provincia de Córdoba, fue asesinado el pasado viernes 19 de marzo, frente a su vivienda en la Urbanización El Puente, y a escasos metros de un puesto policial. Es el primer periodista asesinado este año. En 2009, seis periodistas fueron asesinados en Colombia, según el Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés).
Castilla Ospino tenía asignado desde el pasado año una custodia policial por las amenazas de muerte recibidas, pero la misma había sido suspendida días atrás a pedido de la víctima, según explicó su esposa.
Según la poco información difundida, el periodista había realizados denuncias sobre irregularidades administrativas, y en el 2008 fue testigo en la Corte Suprema de Justicia, en investigaciones relacionadas con los casos de la parapolítica, es decir, el vínculos de políticos oficialistas con el paramilitarismo y el narcotráfico.
El presidente Alvaro Uribe aseguró que protege la libertad de prensa y ofreció una recompensa de casi 20 mil dólares para que entregue información que conduzca a la captura de los sicarios.
El crimen en tanto apenas motivó la reacción formal de Periodistas Sin Fronteras y casi marginal de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que si cuestionó a Cuba y Venezuela muy agriamente.
Periodistas Sin Fronteras emitió un comunicado recordando que Castilla Ospino “era un periodista que corría un gran riesgo en una de las regiones más peligrosas del continente para los periodistas". Al tiempo que “solicita” explicación de porque no contaba con protección, estima que "esta tragedia tiene lugar en medio de un tenso contexto electoral, marcado por nuevos casos de 'parapolítica', que demuestran la profunda infiltración de los paramilitares al interior de la clase dirigente".
Para la SIP lo peor es Cuba y Venezuela
En tanto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), integrada por los propietarios de los medios de comunicación, apenas mencionó el crimen de Castilla en el contexto regional. Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP dijo que los medios de comunicación y periodistas de América Latina son víctimas de “la peor ola de violencia de los último años”, con el asesinato de 12 comunicadores desde noviembre pasado. Seis periodistas fueron asesinados en México, y otros seis están secuestrados. Tres comunicadores han sido asesinados además en Honduras, uno en Brasil y ahora otro en Colombia.
Pero, según la SIP, lo más grave pasa en Venezuela y Cuba. Para subrayar esta realidad, concedió el “Gran Premio Chapultepec” al director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Por Simón Rodríguez
Al conceder el premio por "su destacada labor en defensa de la libertad de expresión y los principios de la Declaración de Chapultepec", la SIP recordó que Vivanco fue expulsado de Venezuela el pasado año tras presentar un controvertido informe sobre la situación de los derechos humanos en ese país. Vivanco criticó severamente al gobierno de Caracas. "Desde el año 2004 el sistema judicial de Venezuela es un apéndice del ejecutivo" del presidente Hugo Chávez, señaló.
La SIP a su vez presentó un informe en que sostiene que la libertad de prensa y de expresión en Venezuela sigue en franco deterioro y "la prensa independiente de Venezuela enfrenta un inminente peligro de colapsar y desaparecer ante el sabotaje económico del gobierno de Chávez".
Fuente: www.aporrea.org
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Castilla Ospino tenía asignado desde el pasado año una custodia policial por las amenazas de muerte recibidas, pero la misma había sido suspendida días atrás a pedido de la víctima, según explicó su esposa.
Según la poco información difundida, el periodista había realizados denuncias sobre irregularidades administrativas, y en el 2008 fue testigo en la Corte Suprema de Justicia, en investigaciones relacionadas con los casos de la parapolítica, es decir, el vínculos de políticos oficialistas con el paramilitarismo y el narcotráfico.
El presidente Alvaro Uribe aseguró que protege la libertad de prensa y ofreció una recompensa de casi 20 mil dólares para que entregue información que conduzca a la captura de los sicarios.
El crimen en tanto apenas motivó la reacción formal de Periodistas Sin Fronteras y casi marginal de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que si cuestionó a Cuba y Venezuela muy agriamente.
Periodistas Sin Fronteras emitió un comunicado recordando que Castilla Ospino “era un periodista que corría un gran riesgo en una de las regiones más peligrosas del continente para los periodistas". Al tiempo que “solicita” explicación de porque no contaba con protección, estima que "esta tragedia tiene lugar en medio de un tenso contexto electoral, marcado por nuevos casos de 'parapolítica', que demuestran la profunda infiltración de los paramilitares al interior de la clase dirigente".
Para la SIP lo peor es Cuba y Venezuela
En tanto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), integrada por los propietarios de los medios de comunicación, apenas mencionó el crimen de Castilla en el contexto regional. Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP dijo que los medios de comunicación y periodistas de América Latina son víctimas de “la peor ola de violencia de los último años”, con el asesinato de 12 comunicadores desde noviembre pasado. Seis periodistas fueron asesinados en México, y otros seis están secuestrados. Tres comunicadores han sido asesinados además en Honduras, uno en Brasil y ahora otro en Colombia.
Pero, según la SIP, lo más grave pasa en Venezuela y Cuba. Para subrayar esta realidad, concedió el “Gran Premio Chapultepec” al director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Por Simón Rodríguez
Al conceder el premio por "su destacada labor en defensa de la libertad de expresión y los principios de la Declaración de Chapultepec", la SIP recordó que Vivanco fue expulsado de Venezuela el pasado año tras presentar un controvertido informe sobre la situación de los derechos humanos en ese país. Vivanco criticó severamente al gobierno de Caracas. "Desde el año 2004 el sistema judicial de Venezuela es un apéndice del ejecutivo" del presidente Hugo Chávez, señaló.
La SIP a su vez presentó un informe en que sostiene que la libertad de prensa y de expresión en Venezuela sigue en franco deterioro y "la prensa independiente de Venezuela enfrenta un inminente peligro de colapsar y desaparecer ante el sabotaje económico del gobierno de Chávez".
Fuente: www.aporrea.org
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