La participación de Honduras en la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) podrá ser denunciada por parte del Ejecutivo de facto, para lo cual el congreso nacional ha dado su autorización, de igual manera que aprobó la inclusión de nuestro país en la ALBA en el gobierno constitucional derrocado.
Esta decisión del Legislativo, efectuada prácticamente sin cumplir los tres debates reglamentarios, fue rechazada por los diputados liberales que se opusieron al golpe de Estado del 28 de junio/09 perpetrado con la destitución ilegal del presidente Zelaya Rosales, lo mismo que por los diputados de Unificación Democrática y del Pinu-SD.
Una vez publicado el decreto del congreso nacional en el diario oficial La Gaceta, la secretaría de Relaciones Exteriores de facto, por orden del jefe de Estado de facto Micheletti, haría la denuncia ante la Presidencia de la ALBA, cuyo titular es el presidente de Venezuela, la que surtiría efecto al ser conocida por la asamblea de la organización bolivariana.
Por lo que podemos apreciar en torno a este asunto, se pone en evidencia la ignorancia del régimen de facto —incluyendo a los diputados del golpe—, cuya actuación es del todo visceral y consecuencia de su aberración ideológica. Nuestra participación en la ALBA en ningún momento ha implicado compromisos de naturaleza militar ni de seguridad, como tampoco menoscabo de la soberanía e integridad política del Estado de Honduras.
En contraste, la finalidad y los resultados prácticos de la adhesión de Honduras a la ALBA son todos, sin excepción, para beneficio de la población hondureña, especialmente de la gente pobre, mediante la financiación ciertamente gratuita de programas educativos, de salud, de vivienda y para el desarrollo agropecuario, que significan inversiones de cientos de millones de dólares.
Como ejemplo de la ignorancia en el Legislativo, está la declaración del vicepresidente Ramón Velásquez Nazar cuando concluye: “La denuncia de ese tratado sólo lo podía hacer Venezuela y no Honduras, y ese país rompió relaciones con Honduras. De hecho, ese convenio está denunciado”.
En primer lugar, el vicepresidente del congreso nacional, Velásquez Nazar, no sabe que la adhesión de Honduras a la ALBA no es un “tratado” sino una Declaración Conjunta, en la que no hay —ni puede haber— acuerdo comercial, en el caso de la ALBA. No es cierto, asimismo, que Venezuela ha roto relaciones diplomáticas con Honduras, ni viceversa.
Es falso, además, que “la denuncia de ese tratado sólo lo podía hacer Venezuela y no Honduras”, sencillamente porque tal modalidad chocaría con el principio de la igualdad de los Estados entre sí. Y es mentira, por lo tanto, que Venezuela, “de hecho”, ha denunciado ese convenio. Estas explicaciones son importantes para que los hondureños estemos conscientes de la forma en que se cuecen las habas en el congreso nacional, en régimen de facto.
Queda en el aire, como se dice, lo que ha sucedido con la donación de los tractores para apoyar el desarrollo agropecuario con la participación campesina, los 100 millones de dólares donados para el Fondo de Vivienda Popular, los 100 millones de dólares para el financiamiento de BANADESA, la Operación Milagro para devolverles la vista a miles de ciegos, los programas educativos (Yo Sí Puedo), etcétera.
¿Devolverá el gobierno de facto ese dinero? ¿Ya consiguió Micheletti y su gobierno de facto mejores condiciones de apoyo con su adhesión a la Alternativa de la Ultraderecha Cubano-Americana-Venezolana para la Desgracia de los Pueblos de Nuestra América?
Esta decisión del Legislativo, efectuada prácticamente sin cumplir los tres debates reglamentarios, fue rechazada por los diputados liberales que se opusieron al golpe de Estado del 28 de junio/09 perpetrado con la destitución ilegal del presidente Zelaya Rosales, lo mismo que por los diputados de Unificación Democrática y del Pinu-SD.
Una vez publicado el decreto del congreso nacional en el diario oficial La Gaceta, la secretaría de Relaciones Exteriores de facto, por orden del jefe de Estado de facto Micheletti, haría la denuncia ante la Presidencia de la ALBA, cuyo titular es el presidente de Venezuela, la que surtiría efecto al ser conocida por la asamblea de la organización bolivariana.
Por lo que podemos apreciar en torno a este asunto, se pone en evidencia la ignorancia del régimen de facto —incluyendo a los diputados del golpe—, cuya actuación es del todo visceral y consecuencia de su aberración ideológica. Nuestra participación en la ALBA en ningún momento ha implicado compromisos de naturaleza militar ni de seguridad, como tampoco menoscabo de la soberanía e integridad política del Estado de Honduras.
En contraste, la finalidad y los resultados prácticos de la adhesión de Honduras a la ALBA son todos, sin excepción, para beneficio de la población hondureña, especialmente de la gente pobre, mediante la financiación ciertamente gratuita de programas educativos, de salud, de vivienda y para el desarrollo agropecuario, que significan inversiones de cientos de millones de dólares.
Como ejemplo de la ignorancia en el Legislativo, está la declaración del vicepresidente Ramón Velásquez Nazar cuando concluye: “La denuncia de ese tratado sólo lo podía hacer Venezuela y no Honduras, y ese país rompió relaciones con Honduras. De hecho, ese convenio está denunciado”.
En primer lugar, el vicepresidente del congreso nacional, Velásquez Nazar, no sabe que la adhesión de Honduras a la ALBA no es un “tratado” sino una Declaración Conjunta, en la que no hay —ni puede haber— acuerdo comercial, en el caso de la ALBA. No es cierto, asimismo, que Venezuela ha roto relaciones diplomáticas con Honduras, ni viceversa.
Es falso, además, que “la denuncia de ese tratado sólo lo podía hacer Venezuela y no Honduras”, sencillamente porque tal modalidad chocaría con el principio de la igualdad de los Estados entre sí. Y es mentira, por lo tanto, que Venezuela, “de hecho”, ha denunciado ese convenio. Estas explicaciones son importantes para que los hondureños estemos conscientes de la forma en que se cuecen las habas en el congreso nacional, en régimen de facto.
Queda en el aire, como se dice, lo que ha sucedido con la donación de los tractores para apoyar el desarrollo agropecuario con la participación campesina, los 100 millones de dólares donados para el Fondo de Vivienda Popular, los 100 millones de dólares para el financiamiento de BANADESA, la Operación Milagro para devolverles la vista a miles de ciegos, los programas educativos (Yo Sí Puedo), etcétera.
¿Devolverá el gobierno de facto ese dinero? ¿Ya consiguió Micheletti y su gobierno de facto mejores condiciones de apoyo con su adhesión a la Alternativa de la Ultraderecha Cubano-Americana-Venezolana para la Desgracia de los Pueblos de Nuestra América?
Fuente: Tiempo.hn
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