Las comisiones de la verdad, son organismos de investigación creados -según se afirma- para ayudar a las sociedades que han vivido graves situaciones de violencia política o guerra interna, a que puedan enfrentarse críticamente con su pasado. Se busca a través de ellas, conocer las causas de la violencia, identificar los elementos y autores que provocaron los conflictos, investigar los hechos de violación de los derechos humanos y demás leyes, y al final establecer responsabilidades jurídicas.
Para que una comisión de la verdad tenga éxito, además de la participación de los distintos órganos de derechos humanos, personas e instituciones involucradas, se requiere de un amplio apoyo popular en el cual deben de participar los partidos políticos, las iglesias, las academias, sindicatos, campesinos, empresarios y demás organizaciones hoy conocidas como Sociedad Civil, y además tener plena autonomía para desarrollar sus actividades.
Existen opiniones divididas sobre el tiempo en que deben de realizarse. Algunos opinan que hay que dejar pasar un tiempo prudencial para obtener más profundas y completas investigaciones y observar resultados positivos o negativos de lo ocurrido. Otros -en cambio- mantienen la convicción que es mejor actuar en el periodo inmediatamente posterior a los hechos, para llegar más fácilmente al conocimiento de la verdad, poder contactar a todos los autores y revisar la actuación de las instituciones involucradas.
LA SINGULAR COMISION DE LA VERDAD DE HONDURAS
A diferencia de otras comisiones de la verdad como las de Chile, Argentina, El Salvador y Perú, cada una con sus particulares motivaciones, la Comisión de Honduras surge de la presión internacional, teniendo su inicio en la propuesta del presidente Arias de Costa Rica, en el Acuerdo Tegucigalpa-San José. En la reunión llevada a cabo en Tegucigalpa, como prolongación o segunda fase de la primera, no se tomó en cuenta la existencia de esta Comisión.
No obstante ello, el actual gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el Decreto Ejecutivo firmado por el presidente Porfirio Lobo Sosa, para que los miembros de esta comisión investiguen lo ocurrido antes, durante y después de los acontecimientos del 28 de junio del año pasado, que destituyeron a don Manuel Zelaya Rosales de la Presidencia de la República dando lugar al gobierno interino presidido por don Roberto Micheletti Bain y posteriormente a la celebración de elecciones siendo estas unas de las más concurridas de la historia política del país.
La comisión la integran el vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, el diplomático canadiense Michael Kergin, la ex presidenta de la Corte Suprema de Perú, María Amadilia Zavala Valladares, y por Honduras Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma y el ex rector de la misma, Dr. Jorge Omar Casco, acompañados por el sociólogo hondureño Sergio Membreño con funciones de Secretario. Se contará con apoyo logístico de la OEA, de otros organismos nacionales e internacionales y el financiamiento de Suecia, España, Estados Unidos, Canadá, de la OEA (?), y posiblemente del Japón.
UNA RESERVA DE DIEZ AÑOS
Llama la atención lo anunciado por el doctor Stein, que de acuerdo con el artículo 14 del Decreto que le da vida a la Comisión, sus miembros quedan facultados para resguardar la información que consideren “confidencial y especial”, la que pasaría en custodia de una entidad internacional por diez años, para luego ser entregada a los archivos y medios nacionales para su divulgación.
Lo que no me agrada es que se sugiera a la OEA para que resguardar esta información tan delicada, porque según Stein considera que la OEA es muy profesional para resguardarla y que está capacitada para ello.
Mejor sería pensar en la ONU, en la Biblioteca del Congreso en Washington, o en el Archivo de Centroamérica de Guatemala que no en la OEA por ser parte involucrada en varios de los acontecimientos ocurridos.
NO SE METERAN CON REFORMAS CONSTITUCIONALES
Según el coordinador Stein, la comisión no se involucrará en el asunto de reformas constitucionales, porque según ellos se les ha informado que la Constitución nuestra se puede reformar excepto en siete artículos de todos conocidos. Tampoco les convendría hacerlo puesto que sus conclusiones y recomendaciones no son vinculantes y provocarían reacciones de todo tipo.
Además, el gobierno de Honduras a través de su canciller, don Mario Canahuati, ha declarado la total independencia que tendrán los miembros de la comisión para sus actuaciones y actividades.
CONCLUSIONES
Nos bastaría que al final, esta Comisión de la Verdad concluya con declaraciones y recomendaciones que tengan un impacto restaurador de la paz social, que será mejor que buscar soluciones parciales, que solamente nos competen a los hondureños.
Que este esfuerzo, y esta última condición exigida por algunos países de la comunidad internacional hayan sido suficientes para demostrar la buena voluntad del gobierno del presidente Lobo Sosa, por mantener la paz y la unidad del pueblo hondureño y recuperar el tiempo perdido colocando a Honduras en el sitial que le corresponde como país, promotor histórico de la integración y unidad de la región centroamericana.
Fuente: Tiempo.hn
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