Luis Sosa, dirigente del Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP) defiende la afiliación al ALBA y rechaza los intentos del régimen de facto de derogar el tratado.
Fuente: dickema - Youtube.com
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Luis Sosa, dirigente del Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP) defiende la afiliación al ALBA y rechaza los intentos del régimen de facto de derogar el tratado.
Fuente: dickema - Youtube.com
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a) La soberanía educativa.- La educación no puede ser simplemente un objeto que se vende y se compra; no puede ser que la educación de calidad sea un privilegio de aquellos que tengan con qué pagar. La cultura es un patrimonio de la humanidad, del pueblo, y éste debe ejercer su plena soberanía sobre la misma. Es imprescindible emprender una educación igualitaria en calidad y cantidad para todos; no más educación privilegiada para los cuadros de la reacción.
b) La soberanía energética.- El pueblo debe tener la primera voz en asuntos de importancia estratégica de la nación. No más tráfico de dinero entre las clases dominantes a costa del pueblo. Los recursos que sirven para fines de energía, y los hidrocarburos deben ser propiedad del pueblo hondureño, y este derecho debe ser irrenunciable e intransferible. Se debe terminar con la privatización. Que los mercaderes sean verdaderamente productivos si quieren un lugar en la sociedad hondureña.
c) Soberanía sobre los servicios clave como el agua y las comunicaciones.- El control de éstos es potestad del pueblo; y éste debe decidir sobre su futuro; y bajo ninguna circunstancia puede ser negociado con empresa privada alguna.
presiones externas, principalmente de España, en referencia a sus esfuerzos por superar la crisis política derivada del golpe de Estado del 28 de junio pasado.
virtualpresidente electo Porfirio Lobo, quien asumirá en esa fecha, adelantó el embajador estadunidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens.
Nosotros obviamente reconocimos la calidad de la elección que ocurrió el 29 de noviembre, que fue libre y transparente y hubo un mandato muy claro para don Porfirio Lobo, dijo Llorens a la radioemisora HRN, mientras la mayoría de los países latinoamericanos reclaman la dimisión de Micheletti como paso previo para dar su eventual reconocimiento a un gobierno de Lobo.
Apoyamos todo lo que (Lobo) está haciendo, apoyamos su esfuerzo para fortalecer la democracia en Honduras y crear las condiciones para iniciar la reconciliación nacionaltras el golpe militar –contra el presidente Manuel Zelaya, refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa–, subrayó el diplomático.
Nosotros estamos enfocados en el futuro y apoyamos al presidente electo, apoyamos sus declaraciones y ahí vamos a estar.
fue muy generoso, vino por presiones internacionales, especialmente de España, no del pueblo sino del gobierno, en relación a su visita en que se entrevistó con él, con Zelaya y con Lobo.
un ápice de sentimientohacia su país pese a que
esta nación ha sido respetuosa con ellos.
farsala decisión de la fiscalía de enjuiciar a la cúpula militar por abuso de autoridad y expatriación ilegal del mandatario.
Primero los acusan mediante requerimientos judiciales y después les dan el perdón con la amnistía, denunció el dirigente frentista Rafael Alegría.
Desde que se anunció el año pasado que Bogotá y Washington suscribirían un convenio para permitir el uso de bases colombianas por parte de militares estadounidenses, algunas de las relaciones internacionales clave de Venezuela están de cabeza.
Hacía rato que el presidente Hugo Chávez parecía haber clausurado el período de prueba en el que tenía a su homólogo estadounidense, Barack Obama; en diciembre pasado ya le "olía a azufre", según dijo en la cumbre de Copenhague.
En cuanto a su par colombiano, Álvaro Uribe, ya es difícil recordar cuándo fue la última vez en que Chávez lo llamó "hermano", para comenzar a calificarlo de "desgraciado".
El caso ha traído a la escena a un tercer actor en forma inesperada: Holanda, país al que el gobierno venezolano acusa de contribuir a supuestos planes de Estados Unidos para amenazar la estabilidad de su gobierno, a través de bases ubicadas en Aruba y Curazao.
Los gobiernos de Holanda y Aruba han negado tal cosa e insisten en que las bases son parte de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Pero Venezuela no está satisfecha con la explicación. Este martes, el vicepresidente Ramón Carrizalez señaló que su gobierno tiene pruebas de un sobrevuelo ilegal de EE.UU., que partió de Aruba y pasó sobre territorio venezolano en mayo pasado.
Horas después, el canal internacional impulsado por Venezuela, Telesur, publicó una transcripción de la conversación entre el piloto y la torre de control, en la que el primero admitió estar volando una nave militar estadounidense sin permiso sobre territorio venezolano. "Sí señor, yo estaba por error, no estaba consciente de volar este espacio aéreo, así que yo regreso a Curazao", fue la explicación del piloto a la torre.
Pero la política estadounidense de utilizar espacios en América Latina para operaciones militares no es nueva, y es más amplia de lo que parece a primera vista.
Abarcan las llamadas "Localidades Operativas" y el uso de otras instalaciones a través de convenios especiales.
LOCALIDADES OPERATIVAS
A su cargo se encuentra el llamado Comando Sur (Southcom), con base en Florida.
Bajo su supervisión funciona el que es, quizás, el centro de operaciones más antiguo de EE.UU. en la región: la de Guantánamo, en Cuba.
Se trata propiamente una base estadounidense, en terrenos otorgados en arrendamiento perenne en 1903 y como resultado de la guerra hispano-cubana.
Después se cuentan tres "Localidades Operativas":
-Aruba: en el aeropuerto Internacional Reina Beatrix, a través de un convenio de diez años firmado en 2000. Se utiliza para vuelos de combate del narcotráfico y otras operaciones.
-Curazao: en el aeropuerto Internacional de Hato, y bajo el mismo acuerdo (firmado con Holanda) que el anterior. "Provee una respuesta rápida y efectiva a las operaciones en la zona del sur, que incluye la Península de la Guajira en Colombia y Venezuela y buena parte de la zona de tránsito"
-El Salvador: en el aeropuerto Internacional de Comalapa. "Extiende significativamente el alcance de la detección y monitereo de aviones en los corredores de droga del Pacífico Oriental, donde más de la mitad de las drogas se dirigen hacia Estados Unidos", de acuerdo con el sitio del Southcom.
USO DE BASES
EE.UU. tuvo "Localidades Operativas" en Panamá hasta 1999 y en Manta, Ecuador, hasta el año pasado. Precisamente, el fin del acuerdo de cooperación para Manta fue lo que llevó a Washington a ampliar sus convenios con Colombia en un número de bases militares de ese país.
Según han declarado funcionarios del gobierno colombiano, no se trata de "bases estadounidenses" en su territorio, sino de acuerdos que permiten el uso de unas siete instalaciones militares de propiedad colombiana por parte de efectivos estadounidenses.
Bajo este esquema opera también la base aérea Soto Cano, en Palmerola, Honduras.
Es la sede de la llamada "Joint Task Force Bravo" estadounidense. Su misión oficial es "apoyar y conducir operaciones conjuntas y combinadas entre agencias, para ampliar la cooperación regional en iniciativas de seguridad y apoyar el desarrollo democrático".
De acuerdo con la venezolana Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), EE.UU. utiliza las bases de Iquitos y Nanay en Perú, Liberia en Costa Rica y Estigarribia en Paraguay. No hay mención de ellas en el sitio del Comando Sur.
En el caso paraguayo, hay un comunicado en la página web de la embajada de EE.UU. en Asunción que niega un "falso mito" que data de 2005, sobre la presencia de militares estadounidenses o la instalación de una base en su territorio.
En cuanto a Vieques, en Puerto Rico, que también menciona la oficial ABN, fue la sede del Southcom hasta que en 2003 salió de la isla, tras años de actos de desobediencia civil por parte de los habitantes, que resentían el impacto ambiental y de salud de las actividades militares que ahí se llevaban a cabo.
HISTORIA Y ESTRATEGIA
¿Cómo se explica este esquema de despliegue en suelo latinoamericano? La página web del Southcom declara que su responsabilidad es "proveer planes de contingencia, operaciones y cooperación en materia de seguridad para América Central y del Sur, el Caribe, Cuba, y la protección de los recursos militares de EE.UU. en estas zonas".
"Muchas de esas bases tienen que ver con el entrenamiento del Ejército en América Latina y la lucha contra el narcotráfico", le dijo a BBC Mundo Daniel Eriksson, del centro de análisis político Diálogo Interamericano, con sede en Washington.
Venezuela y algunos de sus aliados en la región no lo ven así. Para ellos se trata de una estrategia para facilitar operaciones militares estadounidenses dirigidas a desestabilizar o incluso acabar con los "procesos revolucionarios" del subcontinente.
Eriksson opina que EE.UU. tiene sus prioridades en otra parte. "En la región, el país más importante en materia de seguridad es México. Compartimos una frontera de 2.000 millas y ese país está involucrado en una lucha contra organizaciones criminales que pueden tener aspectos muy profundos en EE.UU.", señaló.
"Claro que existe una capacidad militar que Estados Unidos puede usar de otra manera, pero su principal objeto es manejar amenazas contra el narcotráfico. El resto es especulativo del gobierno venezolano", añadió el analista.
En cuanto a Colombia, lo explica por el papel que ha jugado Washington en la lucha contra los grupos ilegales y el narcotráfico en la nación que preside Álvaro Uribe.
Más allá de eso, ¿cómo se explica entonces la existencia de bases en sitios como El Salvador? Eriksson lo atribuye a razones históricas. "Era muy importante en la Guerra Fría. Generalmente después de que EE.UU. abre una base en otro país, por razones de inercia burocrática muchas veces se queda ahí por años", indicó.
Fuente: losandes.com.pe
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