Aníbal Delgado Fiallos
Si los cinco funcionarios judiciales destituidos en San Pedro Sula cometieron alguna falta al asistir a las marchas de los camisas rojas, la misma cometieron otros que asistieron a las marchas de los camisas blancas.
Que la Justicia castigue con severidad a unos y soslaye la acción de otros tiene el sello del sectarismo, la marca de la represión, la evidencia más clara de la descomposición institucional y es más repugnante que la carga brutal de la Policía o la simulación de los agentes del despotismo.
Los sucesos del 28 de junio pasado precipitaron al país en el caos político y social; el golpe de Estado desencajó a medio mundo, la frustración latente en miles de compatriotas encontró condiciones para estallar con violencia y un sistema político débil y contradictorio, incapaz de dar fluidez a los conflictos generados en su seno, desató la crisis política más grande de la historia republicana.
Los partidos políticos con padecimientos de tisis mortal, extenuados en su voluntad de pensar, sin lecturas que pudieran habilitarlos para entender los procesos que se dan en el mundo contemporáneo, fueron incapaces de dar una conducción acertada, y así el desconcierto, el no saber qué hacer ni hacia dónde marchar, el sentir que muchas certezas se estaban derrumbando, hizo que mucha gente buscara formas de expresión de la más diversa naturaleza.
¿Quién que no tuviera una migaja de preocupación honesta por el destino de la patria no pudo experimentar aquella turbación, esta búsqueda?
Los funcionarios del Estado, con excepción de los involucrados en la acción golpista, estaban tan anonadados como todos; así unos tomaron el camino de la movilización blanca, otros el de la roja, según fueran sus visiones del fenómeno que se producía, y sería tonto etiquetar a unos como buenos y a otros como malos.
No es el picapleitos sectario sin las luces que brinda el estudio riguroso del Derecho quien debe examinar la conducta del funcionario judicial honesto que en esos momentos trágicos actuó conforme los dictados de su conciencia, sean cuales hayan sido las filas donde se ubicó; es el jurista sensato que sabe dónde se encuentran los equilibrios delicados entre la Justicia y el Derecho.
El colmo de todo esto es la existencia de una nota de una autoridad administrativa del Poder Judicial, la Oficina de Personal, en la que excita a los empleados de esa rama a que concurran a “las marchas por la paz”, como se conocieron las acciones masivas que organizaron los compatriotas que vistieron camisas blancas; ¿no configura esto un delito de abuso de autoridad que sí debe castigarse?
LA CEIBA.- El analista político Joaquín Baldemar Alvarado presentará la noche del viernes en el Banco Central en La Ceiba su primer ensayo literario sobre el golpe de Estado en Honduras intitulado "Honduras: entre la rebelión y la utopía".
Tegucigalpa, 13 de mayo de 2010. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI), pidió hoy al gobierno de Honduras, la reincorporación de los jueces despedidos por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, situación que pone en entredicho la “independencia judicial”, alegada por la misma Corte.
