miércoles, 17 de febrero de 2010

Las rebautizadas criaturas de la CIA

por Ronnie Huete

Las criaturas han estudiado detenidamente el manual de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para desestabilizar el movimiento social o progresista que surge con mayor fuerza al pasar de los años en nuestra Latinoamérica.

Como bien lo cito el ex presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt cuando su gobierno creó el ejercito de la Republica Dominicana en 1924 y escogió como comandante al ex sargento de la infantería de marina norteamericana Rafael Leónidas Trujillo a quien el presidente Roosevelt caracterizó con los siguientes términos: “Trujillo es un hijo de perra, pero es nuestro hijo”. Y quien lidero la dictadura militar en Republica Dominicana por más de treinta años, para luego ser asesinado por quienes le habian ofecido el poder. Esto, según las investigaciones de la publicación titulada: la CIA contra America Latina.

Volviendo a las criaturas, cuyas características se asemejan a las mencionadas por este ex presidente Roosevelt ya están dispuestos a seguir ejecutando en conjunto una desenfrenada represión contra el pueblo de Honduras, específicamente con la militancia pacifica del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

Estos hijos de la CIA han firmado recientemente un plan para combatir el narcotráfico. En la corta visita que realizó a Honduras el presidente de Colombia Álvaro Uribe quien firmó una declaración con su anfitrión el mandatario de facto Porfirio Lobo Sosa en el que se destaca en que ambos países trabajaran en la materia de seguridad y narcotráfico.

Ambas declaraciones fueron firmadas sin hacer remembranza de que en Colombia en varias décadas ha sido uno de las principales naciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado sin que haya existido un declive de estos problemas sociales que mantienen a una fuerte población de colombianos viviendo en el exterior. De igual forma a Porfirio Lobo Sosa cuando fue presidente del poder Legislativo 2002-2006 no logró mermar la delincuencia que el mismo promovía a través de la prensa fascista junto al entonces secretario de Seguridad Oscar Álvarez, quien de nuevo retorno a su cargo.

Estos pactos llevan a la conclusión que los mandatos de la CIA siempre deben de realizarse de forma oficial y diplomática, pero la puesta en marcha en los mismos recrudece el estado de derecho de vivir haciendo uso de la libertad de expresión y pensamiento y el irrespeto a la vida, como el reciente asesinato del sindicalista Julio López afiliado al Sindicato de Trabajadores del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SITRASANAA) y el reciente ataque que recibió el artista hondureño Hermes Reyes, ambos militantes activos del FNRP entre otros casos que van describiendo el manual que la CIA brindo a sus criaturas “presidenciables” Álvaro Uribe y Porfirio Lobo Sosa.

La resurrección de los agentes infiltrados de la CIA dentro del movimiento popular, trasnacionales, gobierno de facto, centros religiosos, instituciones de enseñanza media y superior, entre otras herramientas tecnológicas conocidas como redes sociales, hilvanan los funestos intereses de debilitar las grandes movilizaciones que se efectúan en Honduras a través del FNRP.

Sin embargo el miedo de la inteligencia asesina que caracteriza a Estados Unidos para preservar su hegemonía imperialista tiene presente que la crisis que sufre actualmente el capitalismo los ha llevado a fortalecer el financiamiento de los agentes secretos de la CIA mediante la infiltración sigilosa como siempre lo han realizado para respaldar dictaduras como la que se vive en Honduras a través de la continuación del impuesto Porfirio Lobo.

Ante este panorama el FNRP y el pueblo no organizado disponen abrazar la libertad de frente al enemigo con los nuevos asesinos aprendices de la CIA, quienes ya están operando con la mayor rapidez posible, pero para esto es muy importante la permanente vigilancia de los derechos humanos internacionales, ya que el proceso de lucha en Honduras es totalmente pacifico.

Aunque la represión ya esta sistematizada y selectiva como lo explican los organismos no gubernamentales de derechos humanos en Honduras, es importante que la comunidad internacional que defienden los derechos humanos deben de acercarse a la nación centroamericana con el objetivo de enjuiciar a los enemigos de la patria que están financiando el sicariato y demás formas de aniquilación contra todo aquel que se opone a vivir bajo una dictadura fascista, puesto que el temor de la burguesía hondureña y sus amos transnacionales radica a lo que se viene, ya que la liberación de la patria es un hecho histórico indetenible.

Por tal motivo los países que legitiman un gobierno de facto son amantes del fascismo. Es de urgencia que los organismos de derechos humanos establezcan un sitio de operaciones en Honduras con el propósito de registrar la desenfrenada represión e investigaciones que puedan fortalecer las pruebas de los futuros enjuiciamientos de los culpables de lamentables hechos.

Ya la historia en el resto de la región Latinoamericana nos puede dar la experiencia de lo que sucede cuando se vive en un régimen dictatorial, como el de la actual criatura de la CIA, Porfirio Lobo Sosa.

CEJIL pide condiciones mínimas para el establecimiento de un mecanismo de búsqueda de la verdad en Honduras

Cejil señala que la Comisión de la Verdad debe ser autónoma, independiente y profesional
Ante los apresurados pasos por establecer una Comisión de la Verdad en Honduras y cumplir, según el criterio de las autoridades estatales, con el Acuerdo Guaymuras/San José, CEJIL considera que deben generarse algunas condiciones mínimas para iniciar un proceso de búsqueda de la verdad real en este país que incluya principalmente la investigación de las miles de violaciones de derechos humanos que fueron constatadas por diversos órganos en particular por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dado que han existido más de 30 comisiones de la verdad en el mundo, es posible identificar las buenas prácticas y principios básicos para la conformación de una instancia que pueda responder a las expectativas de la sociedad y de las víctimas.

En tal sentido, la Comisión de la Verdad debe ser autónoma, independiente, y profesional; no debe tener restricciones para avanzar sus tareas; contar con los medios humanos, económicos y jurídicos para llevar a cabo con éxito su mandato; y sus hallazgos deben tener algunas consecuencias al interior de Honduras (por ejemplo, el establecimiento de medidas de reparación adecuada, la expresa voluntad política de adelantar reformas estructurales para prevenir la repetición de los hechos, y el inicio de investigaciones que tiendan a sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos).

Entre otras funciones, el trabajo de una Comisión de Verdad debe contribuir para: i) el esclarecimiento de los hechos; ii) el reconocimiento moral y ético de las víctimas de violaciones de derechos humanos; y iii) la presentación de recomendaciones políticas que garanticen la no repetición de las violaciones de derechos humanos.

Por su trascendencia, y la importancia de la legitimación de la herramienta y del proceso mismo, el diseño, establecimiento, implementación y posterior evaluación se debería hacer en amplias consultas con la sociedad civil organizada y las víctimas. Para tales procesos, es fundamental contar con el tiempo adecuado con el fin de que se garantice un trabajo a conciencia, que retome todos los factores necesarios para que tal Comisión lleve a cabo de la mejor manera sus funciones.

Finalmente, el Estado debe analizar las conclusiones y recomendaciones de los informes de la Comisión de la Verdad y responder formalmente a ellas. En tal sentido, debe prever mecanismos que puedan implementar tales recomendaciones. Para tales efectos, es recomendable la creación de una institución de seguimiento a la implementación de los trabajos de la Comisión de la Verdad, a fin de atender las necesidades de las víctimas y para poder dar respuesta a cualquier cuestión pendiente en relación con este tema.

En el caso de Honduras, este reto es importante en virtud de que muchos de los funcionarios involucrados en el golpe de Estado aún se encuentran en funciones, o bien, forman parte de los grupos de poder involucrados en la toma de decisiones, situación que podría impedir que las recomendaciones de una Comisión de la Verdad se hagan realidad.

CEJIL considera que en caso de que los anteriores requisitos mínimos no fueran cumplidos, el establecimiento, funcionamiento y resultados de una Comisión de la Verdad estarían seriamente comprometidos y con ello el camino hacia una verdadera reconciliación en Honduras.

CEJIL hace un llamado a los distintos actores sociales que hoy se encuentran impulsando una Comisión de la Verdad en Honduras, para que tomen en cuenta el sentir de una gran parte de la población hondureña, particularmente de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y se aseguren de que cualquier mecanismo creado tenga como eje central la protección y reparación de quienes han sufrido en carne propia las consecuencias del golpe de Estado. De igual manera, insta a la comunidad internacional a dar seguimiento puntual a este proceso que podría ser histórico si se lleva a cado de manera adecuada. Ver pronunciamiento completo
Fuente: Defensoresenlinea.com
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El impacto de las Comisiones de la Verdad en América Latina

Esteban Cuya*
Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna
El proceso de superación del pasado, en las sociedades en las que se establecieron regímenes totalitarios, comienza en algunos casos con el trabajo de las Comisiones de la Verdad, encargadas de investigar las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en el período reciente.
La superación del pasado supone para la sociedad nacional, el enfrentamiento crítico con los graves hechos de violencia en un período determinado, a fin de buscar formas de reparar los daños causados y procurar evitar su repetición en el futuro. Por eso el grito común en los países donde se han producido violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos es el de ¡Nunca Más!

Pero la superación del pasado no se agota con los esfuerzos de una Comisión de la Verdad, que trabaja durante un tiempo limitado y bajo un mandato específico, con campos de investigación limitados. La superación del pasado es un proceso que dura muchos años y que continúa más allá del periodo de los gobiernos de transición. En Argentina, 18 años después del fin de la dictadura militar, el tema de la superación del pasado sigue en el orden del día.

En Chile hubo una situación similar. En Junio del 2001 diversas organizaciones chilenas de Derechos Humanos, entre ellas la Comisión ética contra la Tortura y la Organización de Defensa Popular, exigieron a su gobierno la creación de una "Comisión Investigadora de Verdad, Justicia y Reparación para los sobrevivientes de la tortura en Chile", que afectó a unas 300,000 personas durante la dictadura de Pinochet. La ODEP señaló que "el reconocimiento por parte del Estado y la sociedad chilena de este crimen -de la tortura- es imprescindible para reparar los traumas físicos, mentales, morales y sociales que constituyen sus secuelas y lograr la verdad, aplicar la justicia y reparar a las víctimas de tortura". 1

Introducción: ¿Qué son las Comisiones de la Verdad?

Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano.

A través de las Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en conflicto, investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes.

El trabajo de la Comisión de la Verdad permite identificar las estructuras del terror, sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad (Fuerzas Armadas, Policía, Poder Judicial, Iglesia), entre otros factores inmersos en esta problemática. Esta investigación abre la posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas, proponer una política de reparación del daño, e impedir que aquellos que participaron en las violaciones de los derechos humanos, sigan cumpliendo con sus funciones públicas, burlándose del Estado de derecho.

Entre los aportes fundamentales de las Comisiones de la Verdad que han existido en América Latina podemos destacar:

1. El Auto-descubrimiento de una realidad "ignorada", semiocultada
Los graves hechos de violaciones a los Derechos Humanos, los secuestros, las torturas sistemáticas, las desapariciones forzadas, el genocidio, pese a su repetición por periodos prolongados, durante mucho tiempo no merecieron el reconocimiento, por parte del conjunto de la sociedad civil, como un problema de dimensión nacional.

Muchas veces por la censura de las informaciones, impulsada o impuesta por las autoridades gubernamentales, amplios sectores de la población vivían ignorando que a pocos kilómetros de distancia se estaban produciendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario.

Cuando los hechos de violencia empezaron a repetirse en una u otra región del país, como pasó en Chile, Perú, Argentina, El Salvador, Guatemala, amplios sectores de la población optaron por la indiferencia frente a los hechos, conducta mantenida a lo largo de los años, incluso durante y después de la transición a la democracia.
"Por algo será" era la reacción de algunas personas, ante las noticias de detención o desaparición de personas. "Algo habrá hecho" sostenían otros, ahorrándose el trabajo de analizar la situación política y el dominio militar impuesto.

Muy pronto se descubriría que también el miedo paralizaba a una buena parte de la sociedad, que silenciaba su voz. Ciertamente había razón para este miedo. Los jefes militares proclamaron abiertamente sus amenazas:

"Primero vamos a matar a todos los subversivos, después a sus colaboradores; después a los simpatizantes; después a los indiferentes, y por último, a los tímidos." 2
"Para que las Fuerzas policiales puedan tener éxito, tienen que comenzar a matar senderistas y no senderistas. Matan a 60 personas y a lo mejor entre ellos hay tres senderistas. Esta es la única forma de ganar a la subversión".

"Nosotros somos profesionales de la guerra y estamos preparados para matar. La guerra es así. Yo no le puedo decir a un soldado, al que se le ha preparado para matar: "ahora no mates", Y si mañana existe un problema, le vamos a decir, ahora si mata? " 3

El miedo también afectó a las autoridades judiciales, que argumentando posibles amenazas de elementos subversivos o terroristas, actuaron como "tribunales sin rostro". Ciertamente esta rara figura del "Juez sin rostro" se prestó para la masificación del abuso y las injusticias contra los acusados por cualquier mínima sospecha de participación en hechos de violencia.

En algunos casos, sentimientos fatalistas llevaron a algunos sectores de la población a aceptar como «normales» los hechos graves de violencia, torturas, desaparición forzada, masacres. Estos sentimientos anularon cualquier posibilidad de plantearse oportunamente formas de resistencia o solución política o jurídica a la problemática.

Los esfuerzos de investigación de la Comisión de la Verdad, la sistematización y consolidación global de los datos obtenidos, permiten valorar la real dimensión y gravedad de los hechos de violencia ocurridos, y pueden ayudar a la sociedad nacional a informarse adecuadamente y tomar conciencia de los graves casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el período reciente y reconocer sus traumáticos efectos para el sector de la población afectada.
Perú 1980-2000: un estimado de 30,000 víctimas, entre ellos más de 4,000 personas detenidas-desaparecidas.
Guatemala 1962-1994: 200,000 muertos y desaparecidos
Argentina, 1976-1983: 30,000 muertos y desaparecidos
El Salvador: 1980-1991, 75,000 muertos y desaparecidos
Chile 1973-1990, mas de 3,197 muertos y detenidos desaparecidos.
Tal como lo reconoció en Argentina la CONADEP en el prólogo de su informe: "…después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de crímenes de lesa humanidad". 4

En Chile, por su parte, el ex Presidente Patricio Aylwin señaló que « La publicación del Informe, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (que su gobierno creó en 1990) tuvo gran trascendencia en el país y aún en el exterior. La opinión pública tomó conciencia de lo ocurrido y valoró su gravedad. Quienes no creían hasta entonces que las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos y, especialmente sobre desaparecimientos de personas detenidas fueran fundadas, tuvieron que admitirlas." 5

Luego, la difusión de las informaciones sistematizadas por la Comisión de la Verdad ayuda al despertar de la sociedad a una atroz realidad que no se quiso ver o reconocer en su momento debido. Esta toma de conciencia acerca del pasado de violaciones a los derechos humanos es importante para avanzar en la reconstrucción de la democracia y del estado de derecho, que no se podrán alcanzar mientras persistan las heridas de los tiempos de violencia. Así pues, el reconocimiento de la verdad total, dura, compleja, libre de maquillajes, es la tarea fundamental de una Comisión de la Verdad.

2. La identificación de los sectores involucrados en el desarrollo de las violaciones a los derechos humanos

La verdad global que logra descubrir la Comisión de la Verdad, sobre las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, tiene que ir acompañada de verdades concretas, específicas, detalladas, que identifiquen a las personas, grupos y organizaciones involucradas en los graves hechos de violencia. Así se evita que las sospechas y acusaciones de graves hechos de violencia se atribuyan a la totalidad de los miembros de las organizaciones militares, policiales, paramilitares o guerrilleras. La culpa individual no debe diluirse en la culpa colectiva. Los inocentes no deben pagar por los culpables.

A partir de esta identificación de los diferentes actores en la violencia, en Guatemala y El Salvador se logró reconstruir el perfil de formación de los agentes militares y policiales, en los que se constató la predominancia de cursos de entrenamiento orientados a perfeccionar las técnicas de tortura, secuestros, fingimiento de hechos para atribuírselo a los "enemigos". etc. Más tarde se propuso la depuración de los "elementos podridos" de las Fuerzas militares y policiales, y la creación de nuevos cuerpos de la policía civil.

También se logró establecer las diferencias existentes entre las organizaciones subversivas, sus conflictos internos, y las violaciones a los derechos humanos que se cometían en su interior, contra sus propios militantes o simpatizantes.

En el Perú se han conocido también diversos grupos que adoptaron los métodos de los escuadrones de la muerte, como el autodenominando "Comando Rodrigo Franco", el "Grupo Colina", etc.

Entre otros ejemplos de grupos paramilitares o de escuadrones de la muerte se pueden mencionar: El G2 y "los Kaibiles" en Guatemala, los "Novios de la muerte en Bolivia", La Triple "A" y el "Batallon 601" en Argentina.

Igualmente hay otros sectores involucrados en delitos de derechos humanos. Los jueces que no aplicaron el derecho, rechazando los recursos jurídicos o «habeas corpus», los funcionarios universitarios que facilitaron informaciones sobre "estudiantes sospechosos", los responsables de los medios de comunicación, los empresarios que financiaron a los grupos paramilitares, entre otros.

Con respecto a los agentes del estado involucrados en violaciones a los Derechos Humanos, la Comisión de la Verdad de El Salvador exigió "el retiro de la Fuerza Armada de aquellos oficiales en servicio activo que hubieran cometido o encubierto graves hechos de violencia." 6

La Comisión de El Salvador recomendó también "la destitución de aquellos funcionarios gubernamentales civiles y miembros del poder judicial que hubieran cometido, encubierto, o dejado de investigar graves hechos de violencia como los que la Comisión ha investigado".

La Comisión recomendó la promulgación de leyes apropiadas que garantizaran que todas las personas implicadas por la Comisión en graves hechos de violencia, sea oficiales militares en servicio activo o en retiro, funcionarios civiles, miembros o comandantes militares del FMLN, jueces o civiles, quedaran inhabilitadas para el ejercicio de cualquier cargo o función pública por un lapso no menor de diez años".

La misma Comisión agregó que esas personas también "...deberían quedar inhabilitadas....para siempre de toda actividad vinculada con la seguridad pública o la defensa nacional". Esto es algo sumamente importante para evitar mantener situaciones que sigan agrediendo y ofendiendo a los familiares de las víctimas.

Lamentablemente esto solo se ha podido aplicar muy parcialmente en El Salvador.
En Argentina, muchos criminales de la dictadura militar siguen en el servicio activo, y hasta ocupan cargos políticos.

3. La Personalización y Humanización de las víctimas

Otra función importante desempeñada en cierta medida por las Comisiones de la Verdad en América Latina, es ponerle rostro a las víctimas, devolverles sus nombres y apellidos, y así superar la etapa de recordarlos en la sociedad como números del horror o datos estadísticos.

Las falsas e injustas acusaciones de "terroristas", o "subversivos", o "comunistas", lanzadas por agentes del estado contra muchas de las víctimas de la violencia, agregaron más dolor a las familias que perdieron al ser querido.

En Chile la Comisión de la Verdad describió brevemente las historias personales de las víctimas de la dictadura de Pinochet. Igual se hizo en Argentina con las víctimas de la dictadura militar de 1976 a 1983. En la mayoría de los casos se pudo comprobar que las acusaciones oficiales eran falsas.

La investigación de la Comisión de la Verdad, como entidad neutral, ha permitido esclarecer el verdadero rol de muchas de las víctimas durante los años de violencia, o las circunstancias precisas de sus desapariciones o muertes, muchas veces totalmente contrarias al discurso oficial con el que se justificaban las ejecuciones sumarias.

Esta reconstrucción y reivindicación de la memoria personal de las víctimas es una parte importante de la verdad que esperaban los familiares de las víctimas. Aquí han ayudado mucho las entrevistas de campo, los testimonios grabados en cintas de sonido. (Defensoría Maya en Guatemala, Madres alemanas en Argentina)

Así se da un paso más para la restauración de la dignidad humana de las víctimas.
Este gesto significa también una reparación moral tanto de las víctimas como de los familiares que lucharon por tanto tiempo para lograr la verdad.

4. La Reparación parcial del daño causado

Las Comisiones de la Verdad han considerado conveniente formular una serie de recomendaciones al Estado, en materia de políticas sociales y económicas, orientadas a reparar en los familiares de las víctimas, en cierta medida, los daños causados por las violaciones a los derechos humanos. La reparación del daño es parcial, debido a que las víctimas se mantienen desaparecidas o muertas.

También se ha propuesto en muchos casos, la rehabilitación del honor de las víctimas, y la construcción de parques, museos, o monumentos conmemorativos (Argentina "Parque de la Memoria" y Chile "Villa Grimaldi") donde los familiares o amigos puedan ir a recordarlos, llevarles flores, mensajes escritos, etc.

En base a su experiencia en Chile, el médico psiquiatra Carlos Madariaga afirma que existe un confusionismo conceptual respecto a lo que se entiende por reparación. 7

Aclara que generalmente "las instancias gubernamentales han entendido la reparación de manera reduccionista, privilegiando las soluciones pecuniarias, en desmedro de los aspectos jurídicos, éticos, sociopolíticos y psicosociales, hecho que ha generado en las víctimas fuertes sentimientos de frustración y desencanto, estados psicoemocionales que han hecho abortar en gran medida los esfuerzos de reparación en curso".

En Chile: Recogiendo las sugerencias del Informe se aprobó en el Congreso la Ley 19.123, (8.02.92) de Reparaciones a las víctimas, con la que se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Dicha ley estableció una pensión mensual en beneficio de los familiares directos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos o de violencia política (cónyuge sobreviviente, madre o padre, hijos menores de 25 años) como también el derecho a algunas prestaciones de salud por los servicios públicos respectivos, y a becas de estudio en la enseñanza media y superior para los hijos.

La Corporación también declaró víctimas de violaciones a los DDHH a otras 899 personas, de ellas 776 muertas y 123 desaparecidas. Así el total de víctimas directas reconocidas oficialmente por el estado chileno se levó a 3,197, personas, de las cuales 1102 fueron detenidos-desaparecidos y 2,095 asesinados. 8

En Argentina: Se han aplicado programas de reparación económica con pagos equivalentes a una jubilación mínima, a los familiares de los desaparecidos. También se ha logrado la promulgación de leyes que eximen del Servicio Militar Obligatorio a los hijos y hermanos de desaparecidos.

Un aspecto sumamente importante para los familiares de los desaparecidos es la ley 24.321 de Ausencia por Desaparición forzada, que da legalidad jurídica al desaparecido y soluciona las complejas situaciones legales generadas por la desaparición física. Así, ahora en Argentina existe en los registros civiles, además del registro de Nacimientos y de Fallecimientos, el de ausentes por desaparición forzada. 9

En El Salvador: Una reciente evaluación acerca de la ejecución de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de El Salvador, elaborada por Luis E. Salazar precisa que "Las recomendaciones no se ejecutaron, fueron truncadas en el marco de la Ley General de Amnistía,...y lo que se ha realizado es muy poco, y se ha tratado de medidas inmediatas que no han facilitado la sanidad de las heridas causadas durante el conflicto, en la medida que en muchos casos no se ha conocido la verdad, no se ha hecho justicia, y peor aún no se han reparado los daños." 10

A continuación Salazar reconoce que "en El Salvador se creó el Fondo de protección para lisiados de guerra, pero su efectividad circundó a menos del 50% de los afectados".

En Guatemala, la Comisión de Esclarecimiento Histórico recomendó como medida de reparación "que: cree y ponga en marcha con carácter de urgencia un Programa Nacional de Reparación a las víctimas de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento armado y sus familiares." Recomendó también que "el Programa Nacional de Reparación comprenda medidas individuales y colectivas inspiradas en principios de equidad, participación social y respeto de la identidad cultural, entre las cuales necesariamente han de figurar:

1. Medidas de restitución material para restablecer, en lo posible, la situación existente antes de la violación, particularmente en el caso de la tierra.
2. Medidas de indemnización o compensación económica de los más graves daños y perjuicios como consecuencia directa de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario.
3. Medidas de rehabilitación y reparación psicosocial que incluyan, entre otros, la atención médica y de salud mental comunitaria, así como la prestación de servicios jurídicos y sociales.
4. Medidas de satisfacción y dignificación individual que incluyan acciones de reparación moral y simbólica." 11
5.
En algunos contados casos las medidas de reparación han incluido en Argentina, Chile y Guatemala, la entrega de los restos de las víctimas de la violencia a sus familiares, para que les den la sepultura de acuerdo a sus creencias y costumbres.

Este paso ha sido muy importante para poder desarrollar, aunque tardíamente, el proceso del duelo y la toma de conciencia de la pérdida del ser querido. Así los familiares podían empezar con la recuperación psico-terapéutica.

En el Perú las medidas de reparación tendrían que abarcar a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre 1980 y el año 2000, es decir, familiares directos de desaparecidos, torturados, asesinados, así como a los presos inocentes, los emigrantes forzados, entre otros.

5. Aportes para la Prevención de sucesivas violaciones a los derechos humanos
La mayoría de las Comisiones de Verdad en América Latina han recomendado reformas en la legislación penal anti subversiva, la penalización del hecho de ocultar información sobre personas detenidas o desaparecidas, la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos, así como la incorporación de estudios de los derechos humanos en todos los niveles educativos, desde la escuela primaria hasta la universidad.

Cambios en las concepciones de seguridad: Después de comprobar las distorsiones o perversiones de la actividad policial, las Comisiones de la Verdad han propuesto la creación de fuerzas policiales de carácter civil y no militar, democráticas y no autoritarias, respetuosas de los derechos humanos, abiertas a la fiscalización y el control ciudadano.

También se recomienda:
Reorientación de la función militar, en base a su sometimiento al poder civil y a los planes de desarrollo nacional. Revisión de las teorías dominantes en el período de la "guerra fría".
Programas de educación para la solidaridad y los derechos humanos. Actividades en favor de la memoria de las víctimas de la violencia.
La utilización de libros de registros uniformes de la actividad policial. (p.ej. Libros de detenidos).
Representación pluralista de los miembros de la policía, a fin de que se reduzcan las posibilidades de agresiones y abusos por motivos raciales.
En uno de sus recientes documentos amnistía internacional señaló que "En muchos países en los que se produjeron las desapariciones, la mayoría del pueblo ni siquiera era consciente de que desaparecían personas. Fue sólo durante el periodo de transición cuando se enteraron más sobre la otra cara de la historia. Por eso es muy importante contar la otra parte de la historia también, para que todo el pueblo se dé cuenta de que ellos también podrían haber desaparecido."

La difusión masiva de los informes y las conclusiones elaboradas por las Comisiones de Verdad constituye una valiosa posibilidad de trabajo pedagógico en diversos sectores de la sociedad, en la búsqueda de prevenir la repetición de los graves hechos de violencia.

6. Aportes a la Reconciliación a través de la Verdad y la Justicia
Los responsables de las violaciones a los derechos humanos, las autoridades gubernamentales, así como ciertos sectores no golpeados por la violencia oficial, proponen llegar pronto a la reconciliación de la sociedad, el perdón a los culpables, "para reconciliar al país" y asegurar la continuidad del sistema democrático. La reconciliación basada en la impunidad y el perdón atenta contra todos los principios del derecho.

La verdad y la Justicia son pasos sumamente necesarios antes de la Posible Reconciliación. Ninguna sociedad que se niegue a enfrentar críticamente su pasado de violaciones a los derechos humanos podrá garantizar también en el futuro la aplicación correcta de la justicia. La impunidad de las violaciones a los derechos humanos constituye una permanente victimización tanto de los que sufrieron la violencia como de sus familiares que reclaman justicia.

La reconciliación implica el restablecimiento de relaciones óptimas o "normales" entre las personas, en este caso, entre las víctimas o sus familiares, y los violadores de los derechos humanos. Hay que preguntarse si antes de los hechos de violencia existían relaciones «adecuadas», de respeto y aceptación mutua entre las dos partes, entre los civiles y los militares o policías. En cualquier caso, estas "relaciones" de respeto mutuo fueron dañadas por la comisión de delitos de derechos humanos.

El delito cometido genera el rechazo mutuo o el odio (comprensible como reacción humana natural) hacia los perpetradores de violaciones a los derechos humanos. Sólo la culminación del delito, (Tortura, prisión injusta, desaparición forzada) o la reparación del daño causado ofrecen la posibilidad de terminar con ese rechazo u odio y plantearse la reconciliación como una alternativa para la superación del pasado.

La reconciliación no se puede lograr por decreto. La reconciliación es un acto personal entre dos partes enfrentadas o separadas. Implica decisiones personales, que significan por parte del represor, la confesión de la Verdad, el arrepentimiento, el reconocimiento de sus delitos, así como la promesa de no volver a cometerlos y la aceptación de la correspondiente sanción penal.

No es correcto forzar a los familiares de las víctimas a reconciliarse con los culpables de la desaparición de sus seres queridos, antes de que éstos hayan confesado sus delitos y cumplido con las sanciones penales correspondientes. Es natural que los familiares de las víctimas se aferren a la memoria de sus seres queridos desaparecidos o asesinados, y se mantengan leales a ellos. El dejar de luchar por la verdad y la justicia en sus casos, el perdonar a los culpables en nombre de una pretendida reconciliación, es para ellos como un acto de traición al ser querido desaparecido.

El jurista peruano Carlos Chipoco, indica que el derecho a la verdad tiene fundamentos doctrinarios jurídicos y prácticos; y que la verdad debe ser completa, oficial, pública e imparcial. Agrega que la búsqueda de la verdad es importante, por un deber moral hacia las víctimas, los familiares y los deudos, para descubrir y sancionar a los culpables, para afirmar la democracia y el control ciudadano de las instituciones públicas y para evitar que las violaciones se repitan. Finalmente, Chipoco sostiene que el respeto del derecho a la verdad es importante para abrir la posibilidad del perdón y la reconciliación, y para cumplir con el Derecho Internacional. 12

Sin verdad ni justicia no pueden abrirse caminos para la reconciliación entre los violadores de los derechos humanos y las víctimas sobrevivientes, o los familiares de los desaparecidos o asesinados.

Propuestas para mejorar el aporte de las Comisiones de la verdad.

Actualmente las críticas a las Comisiones de la verdad creadas en América Latina se resumen en:
1. La reserva en la identificación y difusión de informaciones acerca de los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos. Esto favorece la impunidad para los violadores de los derechos humanos.
2. Incapacidad de reconstruir, en lo posible, la historia global de las violaciones a los derechos humanos, abarcando, además de las violaciones a los derechos humanos básicos, los cometidos en contra de los derechos económicos, sociales y culturales. A veces las Comisiones se han limitado a investigar casos "simbólicos" dejando fuera muchos otros casos que también constituyeron violaciones a los derechos humanos.
3.-Impotencia para lograr la restitución a sus legítimos dueños del "Botín de guerra", robado a los desaparecidos o asesinados en el período de violencia.
No se ha logrado que los represores devuelvan a los familiares de sus víctimas los bienes que les robaron. En Argentina, por ejemplo, algunos represores viven en las propiedades de sus víctimas y administran las empresas que les robaron.

4. Ineficacia en las acciones de retroalimentación, de la información obtenida, a la población afectada por la violencia, en lenguaje sencillo, claro, y a través de los métodos modernos de comunicación.
5. Imposibilidad de controlar la ejecución cabal de sus recomendaciones en los diversos campos, -para la superación de la impunidad, la prevención de nuevas violaciones a los derechos humanos, y las acciones de reparación a las víctimas o a sus familiares- después del final de su mandato. Riesgos de instrumentalización política de sus conclusiones.
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Notas
Fragmento de la ponencia originalmente presentada en el Encuentro Internacional organizado en Lima por la Asociación Paz y Esperanza, en octubre del 2001. "Sociedad Civil y Comisiones de la Verdad en América Latina".
[1]. Derechos Humanos Hoy, Informativo CODEPU, N° 34, Santiago de Chile, Marzo-abril del 2001. Pág. 2
[2]. General de Brigada Iberico Manuel Saint Jean, Gobernador de Buenos Aires. (Argentina, proceso al genocidio, CADHU, 1977, Pág. 12.)
[3]. General E.P. Luis Cisneros Vizquerra, Presidente del Comando Conjunto de las FFAA. Lima, en: Quehacer 24, Octubre de 1983.
[4]. Nunca Más. Pág. 7 CONADEP 1987. El subrayado es mio.
[5]. IIDH, Estudios Básicos de Derechos Humanos Tomo VII, Costa Rica 1996 Pág. 45
[6]. Informe de la Comisión de la Verdad: "De la Locura a La Esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador". 1993.
[7]. "La reparación por parte del Estado hacia las víctimas de la Tortura". Carlos Madariaga, en Reflexión, Cintras, a o 7, N 22, diciembre de 1994, págs. 9 al 11.
[8]. Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política, Corporacion Nacional de Reparación y Reconciliación, Santiago, 1996, Pág. 576
[9]. Folleto acerca de la Ley 24.411 de los Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Argentina, diciembre 1998.
[10]. Luis Enrique Salazar Flores, FESPAD, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, San Salvador 2000, pág.9.
[11]. Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico: "Guatemala: Memoria del Silencio", Guatemala, febrero de 1999.
[12]. Carlos Chipoco, "El derecho a la verdad". En Paz, N 28. Págs. 83 al 106, Lima, marzo de 1994. Chipoco comenta el desarrollo de esta teoría en los casos de Argentina, Chile y El Salvador.
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* Esteban Cuya, es un periodista peruano. Investigador del Centro de Derechos Humanos de Núremberg. Colabora con la Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación.
Esteban Cuya fue amenazado y atacado mientras realizaba diversas investigaciones sobre abusos de derechos humanos cuando fue el Coordinador de la Coalición contra la Impunidad, para los desaparecidos alemanes en Argentina
Actualmente reside en Núremberg.
Este artículo está publicado en
Revista Futuros No 10. 2005 Vol. III
http://www.revistafuturos.info
Fuente: defensoresenlinea.com
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Lobo mantiene a jefe militar detrás del golpe en Honduras

El nuevo presidente hondureño confirmó en su cargo a los líderes militares que ordenaron que su predecesor electo fuera expulsado del país en junio.

El vocero militar, coronel Ramiro Archaga, dijo en rueda de prensa que el presidente Porfirio Lobo "nos ha dicho no tiene prisa en hacer cambios en la cúpula militar... eso significa que por ahora no hay ningún cambio".

Dijo que el general Romeo Vásquez y otros comandantes permanecerán por ahora.

Vásquez estuvo a cargo cuando militares expulsaron del país a punta de pistola al presidente Manuel Zelaya en el golpe del 28 de junio que fue detonado por un debate sobre cambiar la Constitución de Honduras.

Lobo fue electo en noviembre y asumió el poder el 27 de enero.

Fuente: Univision.com

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Zelaya anuncia gira por América para hablar de Honduras y democracia

"Tengo una agenda que cubrir con los países de Latinoamérica, España y también con muchos grupos de opinión publicada muy fuerte de Estados Unidos", dijo Zelaya a la prensa en una reunión con diputados locales del Parlamento Centroamericano (Parlacen) para tratar sobre su ingreso en el organismo regional.

Aunque sin revelar fechas, el depuesto mandatario, que vive en la República Dominicana en calidad de "huésped distinguido", informó que hará una gira por Centroamérica para visitar a los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; de Guatemala, Álvaro Colón; de El Salvador, Mauricio Funes; y de Costa Rica, Oscar Arias.

Con los cuatro gobernantes Zelaya tratará su incorporación al Parlacen, según precisó.

Al ex mandatario le corresponde un escaño en el Parlacen por su condición de presidente saliente de uno de los países miembros de dicha institución.

Zelaya informó que visitará otros países de América Latina, así como España y Estados Unidos en fechas tampoco reveladas, al tiempo que aseguró tener varias invitaciones de universidad extranjeras para dar conferencias sobre la democracia.

Por lo pronto, anunció que trabaja en la elaboración de documentos que enviará a los presidentes que participarán la próxima semana en Cancún, México, en la Cumbre del Grupo de Río, y a los miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Zelaya planteará a ambos organismos la necesidad de garantizar la democracia en la región y fortalecer la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) para endurecer las sanciones contra los involucrados en golpes de Estado.

El ex gobernante lamentó que en su país no se haya sancionado a los ejecutores del golpe de Estado en su contra, al tiempo que reiteró que a la comunidad internacional le "faltó colmillos" para restituirlo en el Poder.

Zelaya llegó a Santo Domingo el pasado 28 de enero tras abandonar Honduras, tras permanecer en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde el 21 de septiembre, cuando regresó de forma clandestina a su país para tratar de recuperar el poder después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

El ex presidente tiene previsto permanecer en República Dominicana durante un corto periodo de tiempo para instalarse después en México y asumir su escaño en el Parlamento Centroamericano .

En el encuentro que sostuvo hoy con los dominicanos miembros de dicho organismo, Zelaya expresó su interés de regresar a su país y de incorporarse a la vida política, pero aseguró que de momento no hay condiciones para ello.

En Honduras, según el depuesto mandatario, no existen condiciones para que él, su familia y sus amigos puedan ejercer el derecho de libertad "con la dignidad que merecen las personas en nuestro territorio", al tiempo que reiteró la denuncia de represión de que son objetos varios de sus ministros.

Fuente: abc.es - EFE mf/rt

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LA NO VIOLENCIA TIENE OTRAS FORMAS

¿y BIEN? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Hasta hoy nadie que esté dentro como a fuera del Frente Nacional de Resistencia Popular desconoce las respuestas a estas interrogantes. Estamos ante una enorme encrucijada. Sabedores de que no hay otro camino, de que no hay otro momento para refundar nuestra patria nos erguimos desde el 29 de junio frente a los déspotas de siempre hechos un solo corozón, hombres y mujeres tomados de la mano, dispuestos a todo, sin miedos ni complejos, con nuestras manos limpias, sin más armas que nuestra palabra; pero ¿qué hemos recibido? El dictador nos reprimió de todas maneras, muchos de nuestros hermanos cayeron fulminados por las balas asesinas, santificadas por el cardenal y sus secuases, legalizados por los jueces y calladas por los medios de comunicación del sistema. Hoy seguimos en resistencia pacífica, pero el sistema ya no el dictador sino que sustituto, sigue asesinando a nuestros hermanos. Y nos preguntamos ¿Qué hacer? El pueblo ama la paz, rechaza la violencia, pero no es masoquista.

Cuando marchamos y se nos pregunta ¿QUIENES SOMOS? Todos al unísono respondemos La Resistencia Popular. Pacíficos por que no somos de estirpe asesina, pero valientes porque hemos enfrentado al ejército y a los policías sin armas y sin miedo. La oligarquía está formada por los grupos de poder, ellos son uno y cuenta además con un ejército bien armado, una policía y un grupo de oprtunistas azules y colorados, pinuistas, udeistas y demacratacristianos que les ayudan a reprimirnos, ellos son el gobierno, nosotros somos a mucha honra la OPOSICIÓN.

Dicho lo anterior se me ocurre que debemos salir de esta encrucijada y asumir nuestro papel de oposición con caracter de urgencia. La no violencia tiene otras formas de lucha, hasta hoy no hemos agotado todas las formas pacíficas de enfrentar al enemigo, ni hemos dado el paso siguiente, para atacar en vez de reaccionar ante el ataque de la oligarquía: hacer oposición.

Tenemos la obligación de hacer dos cosas de vital necesidad: buscar formas de seguridad que nos permita salvar vidas valiosas para la patria y para nuestras familias y realizar una serie de acciones para advertirle a Pepe Lobo y sus secuases de que no estamos dispuestos a tolerar más muertes. Pienso que deberíamos de buscar la forma de provocar una huelga general, para hacerles sentir en lo que duele perder algo. Sino seguiremos poniendo los muertos.

Por otro lado si somos la oposición no nos queda más que hostigar al gobierno para apurarle la crisis; dejarlo que se estabilice es contrario a nuestros objetivos; en tanto que las acciones del gobierno cumplen contra nosotros los propósitos de sus planes: intimidarnos, atemorizarnos e invalidar nuestro discurso de oposición, ellos están tranquilos, si los dejamos asi pasaran otros cincuenta años, si es que logra presentarse otra oportunidad. Los pueblos se casan y asi como se enerban se desencantan. Hay otras formas de lucha, debemos aplicarlas. Les recuerdo que Morazán vive y que la lucha sigue.

Un abrazo.
Roberto Zapata
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Costa Rica: Zelaya vendrá al país para pedir apoyo para ser diputado del Parlacen

El expresidente de Honduras Manuel Zelaya anunció hoy en Santo Domingo una gira por el Istmo en la cual pedirá apoyo para ser incluido como diputado del Parlamento Centroamericano.

Zelaya, quien vive en República Dominicana, no mencionó la fecha de su viaje, pero sí dijo que tiene intención de reunirse con los gobernantes de Nicaragua, Daniel Ortega; de Guatemala, Álvaro Colom; de El Salvador, Mauricio Funes, y de Costa Rica, Óscar Arias.

Con los cuatro Zelaya tratará su incorporación al Parlacen, según precisó.

Al exmandatario le corresponde una curul en el Parlacen por su condición de presidente saliente de uno de los países miembros de dicha institución.

Costa Rica no pertenece al Parlamento pues, reiteradamente, Arias ha cuestionado su alto costo (salarios de los diputados por $20.000), privilegios como inmunidad y eficiencia de las resoluciones que toman. Recientemente, Panamá dejó de participar en ese foro por las mismas razones.

El expresidente hondureño tiene previsto permanecer en República Dominicana durante un corto periodo para instalarse después en México y asumir su escaño en el Parlamento Centroamericano.

Zelaya hizo el anuncio de la gira luego de un encuentro que sostuvo hoy con los dominicanos miembros del Parlamento Centroamericano, a quienes dijo que tiene interés de regresar a su país y de incorporarse a la vida política, pero aseguró que de momento no hay condiciones para ello.

En Honduras, según el depuesto mandatario, no existen condiciones para que él, su familia y sus amigos puedan ejercer el derecho de libertad “con la dignidad que merecen las personas en nuestro territorio” , al tiempo que reiteró la denuncia de represión de que son objetos varios de sus ministros.


Sobre tacuacines

Los gritos, vivas a la patria y las bendicionzarigueya1.jpges divinas que caracterizaron al régimen de facto del 28 de junio al 27 de enero estaban muy bien compensadas con la formidable práctica de rapiña delincuencial operada por las manos de seda de las camisitas blancas.

Y no podía ser de otra manera. Quienes encabezaron y presidieron el régimen de facto en esos siete fatídicos meses, se han curtido como políticos y ricos mamando en las tetas del Estado de Honduras a lo largo de cerca de tres décadas, y se graduaron como expertos en traficar con la necesidad de la población, en nombre de la patria y bajo la propia legalidad hondureña.

Estos políticos que encabezaron el régimen de facto en siete meses de represión y de cerco mediático sustentado en la mentira presentada como verdad oficial, simbolizan en plenitud esa cultura política que se basa en que el Estado y sus bienes son propiedad de unos cuantos políticos y funcionarios públicos, quienes se los reparten entre ellos o los comparten con sus allegados y correligionarios a cambio de tener segura sus lealtades y obediencias.

Uno de los argumentos para justificar el golpe de Estado fue el despilfarro de la administración de Zelaya Rosales, y para remediar ese mal, las elites empresariales y políticas, pusieron a un puñado de políticos que desde el Estado hicieron realidad aquel adagio de que el ladrón juzga por su condición. Y en siete meses, aquellos que acusaban de ladrones a los zelayistas arrasaron las arcas del Estado, y en algunas oficinas públicas hasta cargaron con los muebles, cuadros y pinturas.

Tras acusar de tacuacines a quienes amenazaban las gallinas, los tacuacines de pellejo más duro se apropiaron del corral entero, y arrasaron no sólo con las gallinas, sino con los pollitos, los huevos y hasta se hartaron el propio corral. Y todo en nombre de la patria, la Constitución de la República y con angelicales bendiciones eclesiásticas.

Nuestra palabra, Radio Progreso (17-Febrero-2010)

Nuestra fuente: Vos el soberano

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México descarta invitar a Honduras a cumbre de Grupo de Río

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, no ha sido invitado a participar en la Cumbre del Grupo de Río, la semana próxima en México, debido a su situación con la OEA, que la suspendió tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, informó el martes la cancillería mexicana.

Es "indispensable que haya una decisión de la OEA, que fue donde se adoptó una reacción frente a lo que estaba ocurriendo en Honduras. Eso no ha ocurrido por lo tanto el gobierno hondureño no ha sido invitado a participar" en la Cumbre del Grupo de Río, dijo la canciller mexicana, Patricia Espinosa, en conferencia de prensa.

El gobierno de México considera indispensable que se apruebe el retorno de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA) para reconocer el mandato de Lobo, quien asumió la presidencia hondureña en enero.

Honduras fue suspendido por la OEA en julio de 2009 tras el golpe de Estado que derrocó a Zelaya el 28 de junio.

Sobre la cumbre, que se celebrará el 22 y 23 de febrero cerca de Cancún (este), la funcionaria reveló que hay dos declaraciones en proceso, una de las cuales busca integrar las agendas de trabajo del Grupo de Río y de la cumbre de América Latina y el Caribe celebrada en septiembre pasado en Brasil.

"Se trata de poner en una sola sintonía, sistematizar una agenda de trabajo para la región en su conjunto, por primera vez", indicó Espinosa.

También se trabaja en otra declaración política, que será adoptada al final de la cumbre del Grupo de Río, que agrupa a 24 naciones de América Latina y el Caribe.

lp/gbv/elg

Fuente: univision.com

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Hondureños exigen derogar venta de una hidroeléctrica bajo régimen de Micheletti


 La infraestructura genera 16 megavatios de energía eléctrica durante la estación lluviosa y un megavatio durante el verano. (Foto: El Heraldo)
La infraestructura genera 16 megavatios de energía eléctrica durante la estación lluviosa y un megavatio durante el verano. (Foto: El Heraldo)

Los pobladores de las 90 comunidades del sur del país tomarán la hidroeléctrica José Cecilio del Valle para exigirle al Congreso Nacional derogue el decreto que le otorga esta importante obra a un consorcio italo-hondureño. El presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, ordenó una revisión de las leyes aprobadas durante los últimos tres meses del régimen de facto


Dirigentes de 90 comunidades en la zona sur de Honduras anunciaron que a partir de esta semana realizarán manifestaciones para exigir la derogación del decreto adoptado bajo el régimen de facto sobre la concesión de la hidroeléctrica José Cecilio del Valle a un consorcio italiano.

Los dirigentes comunitarios de los departamentos de Valle y Choluteca (ambos al sur) acordaron, mediante asamblea realizada en la ciudad de Jícaro Galán, tomar el embalse y bloquear carreras, si el Congreso Nacional no revierte esa decisión que afecta el suministro de agua potable de unos 120 mil pobladores.

Fue el 13 de enero, en su última sesión antes del traspaso de poderes, cuando el Parlamento aprobó, mediante el decreto No. 293-2009, una serie de legislaciones sobre obras públicas, entre ellas la concesión de la represa a una compañía italiana para su explotación. Más aún el contrato fue sancionado por el jefe del régimen de facto, Roberto Micheletti, el 21 de enero, el mismo día en que anunció su retiro del poder.

Voces adversas a la medida, entre las que destaca la del diputado liberal por Valle, Eleazar Juárez, dicen que introducirán una moción ante la nueva Cámara Legislativa para derogar el contrato, e informaron que ya se está trabajando en la organización de todos los pobladores de la zona para hacer las presiones que sean necesarias para defender sus derechos.

También solicitarán se investige en detalle cuál fue el procedimiento que se siguió para adjudicar la presa al sector privado. "Varios diputados del Congreso Nacional desconocemos totalmente cuándo y cómo se aprobó el contrato", indicó Juárez.

Para ocultar el polémico decreto, el diario oficial del 22 de enero fue falsificado y ese día se imprimieron en la Empresa Nacional de Artes Gráficas dos gacetas con el mismo número, pero con un contenido diferente. En sólo 20 de todos los ejemplares impresos se incorporó el decreto, lo cual dio lugar a un grave escándalo, conocido como "El Gacetazo".

"Esta es una prueba patética del derrumbe de la institucionalidad en Honduras", señaló el diario Tiempo, en un editorial.

El Parlamento se reunirá mañana para conocer un informe elaborado por una comisión especial, la cual deberá sugerir si se anula o no la concesión.

Por su parte, el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, ordenó una revisión de las leyes aprobadas durante los últimos tres meses del régimen de facto.

La presa de Nacaome es considerada una esperanza para los residentes en las 90 poblaciones de la zona sur del país. Esta infraestructura estatal es considerada como un monumento para llevar progreso a sus comunidades.

La infraestructura genera unos 16 megavatios de energía eléctrica durante la estación lluviosa y un promedio de un megavatio durante el verano.

La construcción de la presa le costó al pueblo hondureño 160 millones de dólares y el gobierno de Italia aprobó una donación por 35.4 millones de dólares para que la obra sea más eficiente. Las fuerzas vivas esperan una respuesta del nuevo gobierno de Porfirio Lobo, elegido en unas cuestionadas elecciones bajo un régimen de facto, instalado tras el golpe de Estado que expulsó al presidente legítimo, Manuel Zelaya, del poder en junio 2009.


Fuente: teleSUR - Prensa Latina- El Heraldo / meg-PR
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