sábado, 13 de abril de 2013

La danza de los dólares y la depuración

Radio Progreso

La agencia de noticias AP acaba de publicar una nota investigativa de los periodistas Alberto Arce y Katherine Corcoran en el que dejan evidencia tres de cosas importantes.

En primer lugar, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos gasta cada año millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses en la cuestionada policía hondureña cuyo proceso de depuración hasta el momento es un total fracaso.

En segundo lugar, que el gobierno de Estados Unidos cuestiona que Juan Carlos “El Tigre” Bonilla sea el Jefe de la Policía de Honduras por su supuesta participación en escuadrones de la muerte encargados de ejecutar una política de limpieza social para desaparecer y asesinar a pandilleros, secuestradores y otros presuntos delincuentes.

En un informe del año pasado, el Departamento de Estado señaló haber retirado fondos de las unidades de la policía hondureña bajo supervisión directa del “Tigre” Bonilla, hasta que pueda investigar “las acusaciones de violaciones de los derechos humanos relacionadas con el servicio pasado del director general de la policía".

En tercer lugar, que de acuerdo al gobierno estadounidense, el dinero que aporta a la policía sólo llega a unidades especiales, certificadas y entrenadas que no operan bajo la supervisión directa del Tigre Bonilla.

Estos tres puntos revelan una vez más el doble discurso y la doble moral de los Estados Unidos porque por un lado sigue apoyando a una policía cuestionada por décadas por su vinculación a crímenes de Estado durante los años 80 y a crímenes contra la ciudadanía, y al mismo tiempo señala que su dinero no va a las unidades que están bajo la supervisión de jefe policial.

No obstante, la posición estadounidense es contradictoria porque de acuerdo con la legislación nacional, el “Tigre” Bonilla tiene el control de todas las unidades de la policía y por tanto, no hay ningún policía en Honduras que no dependa jerárquicamente de él o no le deba obediencia.

En este sentido, aunque el gobierno de Estados Unidos diga que sólo da dinero a ciertas unidades de la policía, nadie cree que sea tan ingenuo de no saber que legalmente toda la policía está bajo el control del “Tigre” Bonilla.

En un país serio, el sistema de justicia ya hubiera dado los pasos para investigar todas estas denuncias y el gobierno suspendería al director de la policía; evidentemente de una institucionalidad fallida no puede esperarse nada pero lo más terrible es el silencio casi unánime de la sociedad que parece haberse convertido en un simple espectador de un espectáculo de sangre y muerte en el que la propia sociedad pone a las víctimas.

Maradona le habla a Venezuela

Le recuerdan a Oscar Álvarez su fracaso en materia de Seguridad



El anuncio con “bombos y platillos” del regreso de Óscar Álvarez al país, por parte del Partido Nacional, según sus seguidores, busca un objetivo mediático-electorero, porque es una figura que ayudará a captar votos, pero sus oponentes dicen que es un ex funcionario que con sus cifras sobre la violencia, demostró que le quedó grande el puesto de ministro de Seguridad.

Para el director del Grupo Sociedad Civil, que agrupa 17 instituciones, Omar Rivera, los números sobre la violencia en la gestión de Álvarez dejan en evidencia que le quedó debiendo a la sociedad.

Mientras él estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad se mostró un deterioro significativo de la seguridad ciudadana por el incremento de muertes violentas, dijo Rivera.

La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en la gestión de Álvarez subió de 66. 8 en 2009 a 86. 5, cuando salió en 2011, lo que representa un incremento de 19.7, dijo Rivera, citando cifras oficiales del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

En números de muertos, explicó Rivera, estos subieron de 5, 265 en 2009 a 6, 239, cuando Álvarez se fue del gobierno.

“Esas tasas y cifras representan un fracaso de su gestión como ministro y se puede reconocer que su labor sí fue mejor en el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006).

Padrinazgos

Uno de los grandes responsables de la politización de la Policía Nacional fue el ex titular de la Secretaría de Seguridad, Oscar Álvarez, originando diversas irregularidades como los padrinazgos, aseguró ayer el comisionado Aldo Oliva Rodríguez.

El oficial de la institución policial que por los momentos se encuentra en situación de disponibilidad, manifestó que “yo nunca quisiera haber conocido a ese hombre como secretario de Seguridad, porque es el que más daño le ha hecho (a la Policía Nacional) y es por él que estamos en la situación actual”.

Oliva Rodríguez señaló que es de conocimiento general quiénes son los mayores corruptos del país, refiriéndose a los políticos y cuando este tipo de gente atrapa determinada institución la pervierten.

“Porque tienen propósitos funestos para este pueblo, están debilitando a la Policía y van a quedar dentro de la institución gente que ellos quieren que permanezca”, añadió.

Sectarización
Por su parte, el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Wilfredo Méndez, declaró que el tema de seguridad pública se debe de ver obligatoriamente desde el ámbito político, pero el problema surge cuando existe una sectarización y control por agrupaciones.

Asimismo, el analista político criticó al ex ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, por las acusaciones vigentes durante su gestión como funcionario, quien debería de estar respondiendo ante los tribunales de justicia en lugar de participar en la organización de la campaña política del candidato presidencial por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández.

Aguán: Fuente de sangre




Por Julio Escoto

Toda administración pública enfrenta en algún instante el reto terrible de una crisis social. Es inevitable, pues las sociedades avanzan, contradictoriamente, gracias a sus conflictos, que son motor de la historia, y en tanto no se les resuelva la ruta lleva directa al deterioro, al desprestigio y al caos colectivo. Una huelga fabril que tarda en solucionarse incrementa el costo empresarial y fecunda resentimientos; un paro laboral o la gota de sangre mal vertida por la represión se inscribe indeleble en los libros del fracaso gubernamental. Peor todavía, a más tardanza en hallar soluciones y a más represión, o cuantas más muertes deriven de la crisis, se hace geométricamente mayor el desprestigio.

Por ello los inteligentes gobiernos del mundo privilegian y perfeccionan las artes de negociación, para lo que se rodean de, o contratan a expertos, ya que vale más perder una isla que al archipiélago, que es decir que reditúa siempre más ser tolerante que dictador. Concordar, acordar, negociar será eterna e infinitamente más productivo que asesinar al oponente.

Porque las administraciones gubernativas no se enfrentan solo a la mirada contemporánea, sino al terrible ojo crítico de la historia y del porvenir. Mañana no dirán los analistas “caracterizó a Lobo su voluntad de transar” sino que “fue la época negra, en pleno siglo XXI, de la represión”. Y la estadística contará cómo su régimen fue absurda y estúpidamente incapaz de propiciar la mínima solución a un más que básico problema agrario y que por lo opuesto consintió en agravarlo sin necesidad. Todo por ausencia de responsabilidad democrática, audacia y visión política.

Desde luego que tratamos ahora de la prolongada matanza más que vergonzosa, mundialmente escandalosa y horrible del Aguán, donde sicariato y asesinato, abuso de autoridad, ineficiencia administrativa, irrespeto a la vida, torpedad del Estado y mal desempeño de fuerzas policiacas y militares radicalizan el problema. Mientras que el proyecto prostitutivo de las “ciudades modelo” invita al orbe inversionista a repartirse esta nación, el neurálgico síntoma del Aguán revela que no todo es benéfico para el neoliberalismo catracho. Ocurre allí un hondo y contradictorio abismo de equidad, con áreas repartidas y distribuidas por decreto (es decir hipotecadas, alquiladas, rendidas) contra seres humanos desposeídos y despojados pero que prosiguen dispuestos a pelear su derecho, ya que de lo contrario van en riesgo su libertad y sobrevivencia.

Para someterlos se conjuntan empresariado y Estado y lanzan contra la zona crudas guerras de coerción, simbolizadas por la Operación Xatruch –en memoria de aquel Florencio de 1856 que fue cruel comandante de Esteban Guardiola contra el filibustero William Walker– y que se caracterizan por arbitrarias ya que mientras desarman al campesino de su barato machete, facilitan que el sicariato se arme y opere.

Aguán es fuente del mayor desprestigio gobiernista, surtidor de sangre, y no por insoluble, sino por incapacidad oficial. Cuando el empresario asociado a su logia gremial clama por “seguridad jurídica”, lo primero que debería exigir al caudillo del Estado es resolver de inmediato y equitativamente (siendo equitativo con justicia, no con predilección por uno u otro bando) el absurdo y obsoleto –a la luz del desarrollo moderno– conflicto del Aguán, que no es tanto agrario como económico. Demostraría con esa exigencia su profundo –si lo tiene– pálpito de sensibilidad social, de ética y equilibrada fraternidad, así como de solidaridad cristiana.

En un país que puntea dentro de las estadísticas peores de civilización y desarrollo –excepto por el Bono 10 Mil, que consigue relativo éxito– ese brote de pus o divieso pútrido, carcoma inocultable e histórico manchón de sal que es Aguán, a lo que contribuye es exclusivamente a retratarnos como nación en barbarie. Pues, ¿cómo es posible que en un territorio con miles de miles de hectáreas deban morir los humanos para conquistar una mísera suya?... La riqueza empobrece al hombre.

No solo se busca asesinar a Maduro en Venezuela

Percy Francisco Alvarado Godoy
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Tanto el actual Presidente Ejecutivo venezolano, Nicolás Maduro, como el canciller Elías jaua, desnudaron un macabro plan dirigido a crear un ambiente de desestabilización y caos en la República Bolivariana de Venezuela, el cual fue cuidadosamente preparado por altos funcionarios del gobierno norteamericano, la CIA, otros gobiernos latinoamericanos, grupos antibolivarianos radicados en Miami y los grupos terroristas anticubanos asentados en esa misma ciudad.
La primera aclaración que debía hacerse es que, aunque Nicolás Maduro es el principal objetivo, dentro de los planes de la CIA y de otras agencias norteamericanas y el Mossad se encuentran otros destacados miembros de la dirección político-militar del chavismo. Estos objetivos incluyen no solo a ministros, diputados del PSUV y del PCV, diplomáticos en el exterior, gobernadores, miembros del CNE, magistrados, altos oficiales de las FNAB y otros destacados líderes sociales y comunicadores.
Este plan contempla igualmente la desaparición física de connotados miembros de la derecha como Henrique Capriles, Antonio Ledezma y otros, acusando a las fuerzas bolivarianas de estos actos de asesinato selectivo.
Como puede apreciarse, en ambos casos, el objetivo es crear una caotización de la constitucionalidad, promover una posible guerra civil o, en último caso, la intervención militar de fuerzas foráneas bajo la tutela de la ONU, la OEA y otros organismos internacionales.
LOS INVOLUCRADOS
Larga es la lista de los implicados en esta vasta conspiración. En primer lugar se encuentran los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, España, Colombia, Perú, Chile, El Salvador, Paraguay, México, Panamá, Honduras, Arabia saudita y otras naciones, con pleno conocimiento de sus gobiernos o, en último caso, mediante operaciones secretas realizadas fuera del control de sus autoridades. No sería la primera vez que la CIA, la DIA, la DEA, el FBI, el Mossad, el MI6 y otros servicios actúan de espaldas al escrutinio gubernamental y de los Congresos de sus países.
Estos involucrados están encargados de las tareas de planeamiento y organización, financiamiento, creación de campos de entrenamientos en algunos de sus territorios, entrega de medios sofisticados de comunicación, armas de última generación, traeas de reclutamiento, entrenamiento de mercenarios, así como el montaje de todo el andamiaje operativo en determinadas naciones, usando unas veces a sus sedes diplomáticas, funcionarios públicos o agentes encubiertos.
En Estados Unidos están involucrados varios congresistas, funcionarios como Roger Noriega y Otto Reich, varias divisiones de la CIA, la DEA, la DIA, así como altos funcionarios de las Secretarías de Estado, Defensa y Justicia. Cerca de 700 agentes operativos, usando tapadera diplomática en embajadas norteamericanas en América Latina y Europa, participan en esta conspiración.
Para el cumplimiento de las tareas de reclutamiento han seleccionado a organizaciones de venezolanos radicadas en el exterior como ORVEX, VEPEXXX y otras, en contubernio con grupos terroristas de origen cubano como Alpha 66, Comandos F-4, Brigada 2506, CID, Ejército Armado Secreto, CLC, FNCA, CAMCO, Ex Club y otras. En estas tareas de recutamiento también se encuentra involucrado Álvaro Uribe, grupos paramilitares y servicios de inteligencia colombianos. Otros partidos políticos de la derecha tradicional en Centro y Sur América, así como varias ONGs y los llamados Cuerpos de Paz, actúan como reclutadores en la región.
Todos los reclutados, muchos de los cuales cuentan con experiencia militar por haber estado involucrados en los conflictos militares en el Medio Oriente, Europa, África y Latinoamérica, reciben un profundo entrenamiento en tiro, manejo de explosivos, defensa personal, subversión, sabotajes, comunicaciones y manejo técnicas de inteligencia y contrainteligencia.
Un papel importante en estos planes lo desempeñan las células terroristas, aún intactas, creadas por Luis Posada Carriles y Francisco Chávez Abarca en Centroamérica y Venezuela. Estas células han participado anteriormente en planes magnicidas contra Fidel Castro y han contado con los siguientes terroristas:
Costa Rica: Armando López Estrada, René Corvo Lorenzo; los hermanos Gustavo, Armando y Claudio Lora Hernández, Moisés Núñez Ruíz, Orfilio Palacios, Eduardo Paz, Héctor Alfonso, Huber Matos Araluce y otros complotados. Henry López Cisco (venezolano profúgo de la justicia), así como otros individuos de otras nacionalidades radicados en esa nación.
Guatemala: Rolando Castro, José Burgos, José Álvarez, Juan Jiménez, así como otros miembros de la derecha guatemalteca.
El Salvador: Roberto D’Aubuisson, Hugo Barrera, Mario Acosta, Juklio Eduardo Villatoro Monteagudo, Rodrigo Ávila, Mauricio Eduardo Sandoval Avilés, Francisco Bertrand Galindo, Ramón Sanfeliú, Ernesto Muyshondt, Guillermo Cader Acuña, David Koch Arana, Inocente Orlando Montano, así como mucchos dirigentes de Arena y la derecha de ese país.
Venezuela: Hermes Rojas Peralta, Salvador Romaní, Ricardo Koesling, Francisco Pimentel, Pedro Morales, Nelly Rojas, así como varios escuálidos residentes dentro de Venezuela y en Miami. Entre ellos se destacan varios prominentes miembros de la derecha nacional como el propio Henrique Capriles y Antonio Ledezma.
Honduras: Mario Delamico, Rafael Hernández Nodarse y su hijos; Coronel Guillermo Pinel Cálix, así como otros mandos del ejército, la derecha oligárquica y la policía.
Panamá: César Matamoros, Raúl Hamouzova, así como miembros de partidos de derecha y de la inteligencia nacional. Carlos Molina Tamayo, entre otros.
Además de los miembros de las células terroristas de Posada Carriles, han participado en estos planes diversos escuálidos venezolanos, tales como:
Miami: Henry López Cisco, José Antonio Colina Pulido, Pedro Carmona Estanga, Patricia Poleo, Raúl Díaz, Carlos Yacaman, Branko Marinkovic (boliviano), Eligio Cedeño, Carlos Fernández, Pedro Torres Ciliberto, Nixon Moreno, Jaime Lusinchi, Johan Peña, entre otros.
Se encuentran también involucrados venezolanos residentes en el exterior como el vice almirante Carlos Molina Tamayo, Nelson Mezerhane, Mario Cossío (radicado en Paraguay), Carlos Ortega, Oscar Pérez, Ramón Martínez, Eduardo Lapi y Manuel Rosales (radicados en Perú); el salvadoreño Inocente Orlando Montano, entre otros.
LOS PLANES
Fundamentalmente, los planes previstos por la CIA, el Mossad y el resto de los implicados, además del asesinato selectivo de cuadros de dirección y otras personalidades, contemplan el sabotaje económico y la generación de guarimbas y otras manifestaciones de desobediencia social.
Dentro del sabotaje económico se han manejado acciones terroristas contra instalaciones y líneas eléctricas, atentados contra medios de transporte colectivo, así como contra pozos y refinerías petroleras de PDVSA. En este último caso, optarán por sabotajes tecnológicos aparentando malfuncionamiento y accidentes por supuestas negligencias.
También pretenden crear focos de intranquilidad ciudadana mediante la propagación de rumores, el desabastecimiento artificial y otras acciones manipuladoras. La actividad subversiba ha cobrado notable auge, sobre todo en la campaña de Capriles, por medio del descarado robo de las banderas, consignas y matrices de opinión de las fuerzas bolivarianas.
Es de destacar que muchas acciones contra la constitucionalidad ya han sido puestas en marcha y se planifican otras para el momento de darse a conocer los resultados electorales.
Otros planes contemplan las incursiones de agentes provocadores para ejecutar tales planes.
Por último, existen fuertes evidencias de que agentes de varias agencias norteamericanas, radicados en la embajada de EE UU en Caracas, tienen pleno conocimiento de estas acciones e incluso las orientan, financian y organizan con elementos de la derecha.
Este es el actual accionar de la CIA, de la contrarrevolución anti bolivariana y sus cómplices. El pueblo venezolano sabrá darles justa respuesta.

Desalojan protesta de comunidades lencas contra proyecto hidroeléctrico "Agua Zarca"


copinh
La gente mantiene posición y prepara nuevas estrategias

Por Giorgio Trucchi | LINyM

En la mañana de hoy (12/4), cuerpos especiales de la Policía se hicieron presentes en el lugar donde, desde hace 11 días, varias comunidades indígenas lencas mantienen una fuerte protesta contra la implementación y ejecución del proyecto hidroeléctrico "Agua Zarcas", desalojando por la fuerza a los miembros de las comunidades, activistas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y a observadores internacionales.

A ellos, los policías les arrebataron sus cámaras fotográficas para no dejar evidencias del operativo.
Lea reportaje sobre la protesta

"Llegaron unas siete patrullas repletas de antimotines al mando de Fredy Lagos, jefe regional de la Policía en Comayagua y Miguel Ponce Sorto, jefe de la Policía de Intibucá, y nos desalojaron.
 
Han destruido nuestras carpas, secuestrado nuestras provisiones y el agua. Han irrespetado a los observadores internacionales, les han arrebatado violentamente las cámaras y se han llevado el equipo de comunicación del Copinh.
Exigimos que se salgan de nuestro territorio, que nos dejen protestar contra un proyecto que las comunidades afectadas han rechazado de forma decidida", dijo hace pocos minutos a la LINyM, Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh.
El proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA), y realizado, entre otros, con fondos del BCIE (Banco Interamericano de Integracvión Económica) por 24.4 millones de dólares, se propone generar 21.3 MW y se está desarrollando en la zona noroccidente de Honduras, específicamente entre los Departamentos de Santa Bárbara e Intibucá.
 
Según el Copinh y las comunidades indígenas de la zona, este proyecto hidroeléctrico estaría siendo financiado también por Financiera Comercial Hondureña SA (Banco Ficohsa), cuyo gerente general es Javier Atala, quien el año pasado suscribió un convenio por 20 millones de dólares con Proparco, filial de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) dedicada a la financiación del sector privado, para proyectos de energía renovable.


Entre las empresas que estarían ejecutando el proyecto se mencionan a la compañía contratista china Sinohydro, la empresa de construcción Concreto Preesforzado de Centroamérica SA (Copreca) y la alemana Voith Hydro, que ganó un contrato de suministro de turbinas hidráulicas y otras partes.
"Personeros de las empresas que están a cargo del proyecto llegaron con los antimotines e intentaron intimidar a la gente, sin embargo no lo lograron.
En este momento está llegando mucha más gente a reforzar la protesta y no nos hemos ido del lugar. Nos mantenemos a la expectativa y vamos a implementar otras estrategias y medidas de protesta, para defender nuestra tierra y nuestros recursos", aseguró Cáceres.
La dirigente indígena dijo también que hicieron un llamado a las autoridades centrales involucradas en el proyecto, para que se hagan presentes en aras de garantizar el respeto de los derechos humanos, así como el respeto del Convenio 169 de la OIT, y el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas sobre proyectos en su territorio, incluso su derecho de rechazarlos.
En su planteamiento inicial, las comunidades lencas ratificaron su firme rechazo al proyecto y exigieron su retiro inmediato, ya que de hecho "privatiza el sagrado Río Gualcarque y el territorio”, así como provoca “daños ambientales, desplazamiento, daños al patrimonio cultural y económico, militarización y amenazas contra miembros de las comunidades".
"Queremos que se ponga fin al hostigamiento y la represión contra la población de este sector. De aquí no nos vamos a mover, no importa cuantas veces nos desalojen", concluyó ceres.