Como era de esperar, Honduras ha sido incluida en la lista negra de países en que se violan los derechos humanos, debido a los atropellos cometidos con el golpe de Estado militar del 28 de junio/09 y en el curso del régimen de facto.
De acuerdo con el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se establece que la crisis política ocasionada por el madrugón militar implicó “graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria de estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social y detención arbitraria de miles de personas”.
Los tres elementos básicos para que un país sea incluido en esa lista de oprobio es que el Estado sea regido por un gobierno que no ha llegado al poder mediante elecciones populares; que en ese Estado haya sido suspendido el libre ejercicio de los derechos consignados en la Convención Americana sobre democracia; y que existan pruebas fehacientes de que un Estado comete violaciones masivas y graves de los derechos humanos”.
Esos tres elementos concurrieron en la crisis política de Honduras, y sus consecuencias trascienden, en forma definitiva, al actual régimen de transición democrática, porque, a juicio de diversas organizaciones de derechos humanos, la respuesta del actual gobierno a la reparación del daño y al castigo de los responsables luce “insuficiente y sesgada”.
Para muchos defensores calificados de los derechos humanos en Honduras, y de cara a las violaciones perpetradas con el golpe de Estado militar y el período dictatorial, “mientras continúe la misma Corte Suprema de Justicia y el fiscal general, que se mostraron a favor del golpe, es muy difícil que haya cambios en la situación”.
De ahí la importancia del justo desempeño de la Comisión de la Verdad, la cual, según su coordinador Eduardo Stein, “se limitará a redactar un informe con la verdad de los hechos ocurridos antes y después del golpe de Estado al ex-presidente Manuel Zelaya y harán recomendaciones para fortalecer la democracia y para que lo acontecido no se repita”.
Mientras no llegue a término el trabajo de dicha comisión y no se conozca el “Informe de la Verdad”, el gobierno podría ir consiguiendo lentamente la confianza pública necesaria para su legitimación efectiva, toda vez que acierte en su labor administrativa y en el proclamado propósito de lograr la reconciliación nacional. En este sentido, el tema de los derechos humanos es fundamental, lo mismo que la transparencia y la integración política en la administración pública.
Por lo que toca a la vigencia y protección de los derechos humanos en Honduras hay mucho por hacer, y eso está en el primer plano de la atención nacional e internacional, como parece evidenciarse con las reticencias para permitirle a Honduras el retorno a la comunidad internacional y a las organizaciones regionales como el Sistema de Integración Centro Americana (SICA) y la Organización de Estados Americanos (OEA) a nivel continental.
Fuente: tiempo.hn
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De acuerdo con el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se establece que la crisis política ocasionada por el madrugón militar implicó “graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria de estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social y detención arbitraria de miles de personas”.
Los tres elementos básicos para que un país sea incluido en esa lista de oprobio es que el Estado sea regido por un gobierno que no ha llegado al poder mediante elecciones populares; que en ese Estado haya sido suspendido el libre ejercicio de los derechos consignados en la Convención Americana sobre democracia; y que existan pruebas fehacientes de que un Estado comete violaciones masivas y graves de los derechos humanos”.
Esos tres elementos concurrieron en la crisis política de Honduras, y sus consecuencias trascienden, en forma definitiva, al actual régimen de transición democrática, porque, a juicio de diversas organizaciones de derechos humanos, la respuesta del actual gobierno a la reparación del daño y al castigo de los responsables luce “insuficiente y sesgada”.
Para muchos defensores calificados de los derechos humanos en Honduras, y de cara a las violaciones perpetradas con el golpe de Estado militar y el período dictatorial, “mientras continúe la misma Corte Suprema de Justicia y el fiscal general, que se mostraron a favor del golpe, es muy difícil que haya cambios en la situación”.
De ahí la importancia del justo desempeño de la Comisión de la Verdad, la cual, según su coordinador Eduardo Stein, “se limitará a redactar un informe con la verdad de los hechos ocurridos antes y después del golpe de Estado al ex-presidente Manuel Zelaya y harán recomendaciones para fortalecer la democracia y para que lo acontecido no se repita”.
Mientras no llegue a término el trabajo de dicha comisión y no se conozca el “Informe de la Verdad”, el gobierno podría ir consiguiendo lentamente la confianza pública necesaria para su legitimación efectiva, toda vez que acierte en su labor administrativa y en el proclamado propósito de lograr la reconciliación nacional. En este sentido, el tema de los derechos humanos es fundamental, lo mismo que la transparencia y la integración política en la administración pública.
Por lo que toca a la vigencia y protección de los derechos humanos en Honduras hay mucho por hacer, y eso está en el primer plano de la atención nacional e internacional, como parece evidenciarse con las reticencias para permitirle a Honduras el retorno a la comunidad internacional y a las organizaciones regionales como el Sistema de Integración Centro Americana (SICA) y la Organización de Estados Americanos (OEA) a nivel continental.
Fuente: tiempo.hn
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