lunes, 25 de octubre de 2010

La vergüenza de EU al descubierto

Robert Fisk
The Independent
 
Como de costumbre, los árabes sabían. Sabían todo de las torturas en masa, del promiscuo tiroteo de civiles, del escandaloso uso del poderío aéreo contra viviendas de familias, de los despiadados mercenarios estadunidenses y británicos, los cementerios de muertos inocentes. Todo Irak lo sabía. Porque ellos eran las víctimas.
Sólo nosotros podíamos fingir que no sabíamos. Sólo nosotros en Occidente podíamos rechazar cada acusación, cada afirmación contra los estadunidenses o británicos, poniendo a algún digno general –vienen a la mente el pavoroso vocero militar estadunidense Mark Kimmitt y el terrible jefe del estado mayor conjunto Peter Pace– a rodearnos de mentiras. Si encontrábamos un hombre que había sido torturado nos decían que era propaganda terrorista; si descubríamos una casa llena de niños muertos en un bombardeo aéreo estadunidense también era propaganda terrorista, o daño colateral, o una frase simple: No tenemos información de eso.
Desde luego, siempre sabíamos que sí la tenían. Y el océano de memorandos militares que se reveló este sábado lo volvió a demostrar. Al Jazeera ha llegado a extremos para rastrear a las familias iraquíes cuyos hombres y mujeres fueron asesinados en retenes estadunidenses –yo he identificado a alguna porque la reporté en 2004, el carro acribillado, los dos periodistas muertos, hasta el nombre del capitán local estadunidense– y fue The Independent on Sunday el primero en alertar al mundo sobre las hordas de pistoleros indisciplinados que eran llevados a Bagdad para proteger a diplomáticos y generales. Estos mercenarios, que se abrieron paso asesinando en las ciudades de Irak, me insultaron cuando les dije que estaba escribiendo acerca de ellos, allá en 2003.
Siempre es tentador desentenderse de una historia diciendo que no es nada nuevo. La idea de la vieja historia es usada por los gobiernos para enfriar el interés periodístico, pues sirve para cubrir la inactividad periodística. Y es cierto que los reporteros ya han visto antes algo de esto. La evidencia de la participación iraní en la fabricación de bombas en el sur de Irak fue filtrada por el Pentágono a Michael Gordon, del New York Times, en febrero de 2007. La materia prima, que ahora podemos leer, es mucho más dudosa que la versión generada por el Pentágono. Por todo Irak había material militar iraní de la guerra Irak-Irán de 1980-88, y la mayoría de los ataques contra los estadunidenses fueron llevados a cabo en esa etapa por insurgentes sunitas. Por cierto, los informes que sugieren que Siria permitió el cruce de insurgentes por su territorio son correctos. He hablado con familias de los atacantes suicidas palestinos cuyos hijos llegaron a Irak desde Líbano a través de la villa libanesa de Majdal y luego por la ciudad norteña siria de Aleppo para atacar a los estadunidenses.
Pero, aunque escrita en escueto lenguaje militar, aquí está la evidencia de la vergüenza estadunidense. Es un material que puede ser usado por abogados en tribunales. Si 66 mil 81 –me encantó ese 81 – es la cifra más alta disponible de civiles muertos, entonces la cifra real es infinitamente más alta, pues este registro sólo corresponde a los civiles de los cuales los estadunidenses tuvieron información. Algunos fueron llevados a la morgue de Bagdad en mi presencia, y fue el oficial a cargo quien me dijo que el Ministerio de Salud iraquí había prohibido a los médicos practicar autopsias de los civiles llevados por soldados estadunidenses. ¿Por qué se dio esta orden? ¿Tendría algo que ver con los mil 300 reportes independientes estadunidenses sobre tortura en las estaciones policiales iraquíes?
Los estadunidenses no tuvieron mejores resultados la última vez. En Kuwait, soldados de Estados Unidos podían oír cómo los kuwaitíes torturaban a palestinos en los cuarteles de policía después de que la ciudad fue liberada de las legiones de Saddam Hussein, en 1991. Incluso un miembro de la familia real kuwaití participó en las torturas. Los estadunidenses no intervinieron y solamente se limitaron a quejarse ante la familia real. A los soldados siempre les dicen que no intervengan. Después de todo, ¿qué le dijeron al teniente del ejército israelí Avi Grabovsky cuando reportó a su superior, en septiembre de 1982, que falangistas aliados de Israel acababan de asesinar a mujeres y niños? Ya lo sabemos, no nos gusta, no intervenga. Eso fue durante la masacre en el campo de refugiados de Sabra y Chatila.
La cita viene del informe de la comisión Kahan de Israel de 1983; sabe Dios qué leeríamos si Wikileaks lograra echar mano a los archivos del Ministerio de Defensa israelí (o la versión siria, para el caso). Pero, claro, en aquellos días no sabíamos cómo usar una computadora, ya no digamos escribir en ella. Y eso, desde luego, es una de las lecciones importantes de todo el fenómeno Wikileaks.
En la Primera Guerra Mundial, en la segunda o en Vietnam, uno escribía sus informes militares en papel. Tal vez los presentaba por triplicado, pero podía numerar las copias, rastrear cualquier espionaje y evitar filtraciones. Los documentos del Pentágono estaban realmente escritos en papel. Pero el papel siempre se puede destruir, mojar, hacer trizas hasta la última copia. Por ejemplo, al terminar la guerra de 1914-1918, un teniente segundo inglés mató a uno de los trabajadores chinos que habían saqueado un tren militar francés. El chino había amenazado con un cuchillo al soldado. Pero durante la década de 1930 el expediente de los soldados británicos fue tachado tres veces, por lo que no queda del incidente más rastro que un diario de guerra de un regimiento que reporta el saqueo del tren francés de provisiones por los chinos. La única razón por la que estoy enterado de esa muerte es porque mi padre era el teniente británico y él me contó la historia antes de morir. En ese tiempo no había Wikileaks.
Sin embargo, sospecho que esta masiva revelación de material de la guerra de Irak tiene serias implicaciones para periodistas y ejércitos por igual. ¿Cuál es el futuro de los Seymour Hershes y del periodismo de investigación de vieja escuela que el diario Sunday Times solía practicar? ¿Qué caso tiene enviar equipos de reporteros a investigar crímenes de guerra y reunirse con gargantas profundas militares si de pronto casi medio millón de documentos secretos van a acabar flotando frente a uno en una pantalla?
Aún no hemos llegado al fondo de la historia de Wikileaks, y más bien sospecho que hay más de unos cuantos soldados estadunidenses implicados en esta última revelación. ¿Quién sabe si no llega hasta lo más alto? En sus investigaciones, por ejemplo, Al Jazeera encontró un extracto de una conferencia de prensa de rutina del Pentágono en noviembre de 2005. Peter Pace, el nada inspirador jefe del estado mayor conjunto, informa a los periodistas cómo deben reaccionar los soldados ante el tratamiento cruel de prisioneros, señalando con orgullo que el deber de un soldado estadunidense es intervenir si ve evidencia de tortura. Luego la cámara se mueve hacia la figura mucho más siniestra del secretario de Defensa Donald Rumsfeld, quien de pronto interrumpe casi en un murmullo, para gran consternación de Pace: No creo que quiera usted decir que los soldados están obligados a detenerla físicamente. Su deber es reportarla.
Desde luego, la significación de este comentario –crípticamente sádico a su modo– se perdió en los diarios. Pero ahora el memorando secreto Frago 242 arroja mucho más luz sobre esa conferencia de prensa. Enviada presumiblemente por el general Ricardo Sánchez, la instrucción a los soldados es: Supuesto que el reporte inicial confirme que las fuerzas estadunidenses no tuvieron que ver en el abuso contra detenidos, no se realizará mayor investigación, a menos que lo ordene el alto mando. Abu Ghraib ocurrió bajo la supervisión de Sánchez en Irak. Fue también Sánchez, por cierto, quien no pudo explicarme durante una conferencia de prensa por qué sus hombres dieron muerte a los hijos de Saddam Hussein en un tiroteo en Mosul, en vez de capturarlos.
El mensaje de Sánchez, según parece, debió haber tenido el visto bueno de Rumsfeld. Del mismo modo, el general David Petraeus –tan amado por los periodistas estadunidenses– fue presuntamente responsable del dramático incremento en los ataques aéreos estadunidenses en el curso de dos años: de 229 sobre Irak en 2006 a mil 447 en 2007. Resulta interesante que los ataques aéreos de Estados Unidos en Afganistán se han elevado 172 por cierto desde que Petraeus asumió el mando militar allá.
Todo esto hace aún más asombroso que el Pentágono ahora se desgarre las vestiduras porque Wikileaks podría tener sangre en las manos. El Pentágono ha estado manchado de sangre desde que dejó caer una bomba atómica sobre Hiroshima en 1945, y para una institución que ordenó la invasión ilegal de Irak en 2003 –¿acaso la cifra de civiles muertos no fue allí de 66 mil, según sus propias cuentas, de unos 109 mil registrados?– resulta ridículo afirmar que Wikileaks es culpable de homicidio.
La verdad, por supuesto, es que si este vasto tesoro de informes secretos hubiera demostrado que la cifra de muertos era mucho menor de lo que la prensa proclamaba, que los soldados estadunidenses nunca toleraron la tortura por policías iraquíes, que rara vez dispararon a civiles en retenes y siempre llevaron a los mercenarios asesinos ante la justicia, los generales estadunidenses habrían entregado estos expedientes a la prensa sin cargo alguno en las escalinatas del Pentágono. No sólo están furiosos porque se haya roto el secreto o porque se haya derramado sangre, sino porque los han pescado diciendo las mentiras que siempre supimos que decían.

Traducción: Jorge Anaya

Fuente: jornada.unam.mx

CIDH pide informes sobre situación de dos periodistas en Honduras

Red Morazánica de Información
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Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 25 de Octubre de 2010. Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, ha solicitado información sobre la situación de las periodistas hondureñas Mayka Lisbet Antúnez Calix, Lilian Rosibel Paz Laínez y sus respectivas familias, según el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras CODEH.
Según el CODEH, “en esta oportunidad La Comisión Interamericana esta solicitando información, a efectos de contar con los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión sobre la solicitud formulada y pide se le proporcione información adicional, para este efecto a dado un plazo de 15 días”
Ambas periodistas el CODEH, les ha solicitado la adopción de medidas cautelares, ante el riesgo en que se encuentran ellas y sus familias, por el ejercicio de la Libertad de Expresión y el derecho a informar lo que ocurre en el país.
“En el caso de la periodista Lilian Paz, se han solicitado medidas cautelares en vista de la persecución y hostigamiento, planificado, contra la periodista como consecuencia del golpe de Estado Militar, la vivienda de la periodista ha sido allanada tres veces, en una de estas su esposo fue maniatado y presionado a decir donde se encontraba su esposa” informa el CODEH  en un comunicado.
De acuerdo con el mismo comunicado las amenazas contra la periodista han llegado hasta las personas amigas, la organización informa que actualmente “la periodista vive en condiciones casi clandestinas luego que el Ministerio Publico le imputara delitos de terrorismo, portación ilegal de armas y sedición”.
En el caso de la Periodista Mayka Antúnez, el CODEH también esta solicitando la medida cautelar en vista que se conoció que se estaría planificando una agresión contra la periodista por gente cercana al Roberto Micheletti.
Los seguidores del dictador estarían molestos después de una entrevista en la que la periodista Antúnez interrogó al tirano que asaltó el poder a través de un golpe de Estado. El dictador es acusado por delitos de lesa humanidad por organizaciones de derechos humanos nacional e internacionalmente.

Fuente: ResistenciaHonduras.net

Denuncian que Porfirio Lobo busca eliminar el artículo 49 del Estatuto Docente

 Red Morazánica de Información
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En alerta magisterio ante intento del régimen por des indexar salarios. 
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 25 octubre 2010.  El presidente del Colegio de Profesores de Educación Media (Copemh), Jaime Rodríguez,  denunció que el titular del régimen, Porfirio Lobo, “busca responsabilizar al Estatuto del Docente por el desorden en la educación  y pretende eliminar el artículo 49”, de esa misma ley.

 “El desorden en su gobierno y en [la secretaria de] Educación es solamente responsabilidad suya”, expresó Rodríguez, a Lobo, en el programa radial de domingo, Copemh informa.
“Porfirio Lobo no hace honor a su palabra, el acta [compromiso] decía que el magisterio y el gobierno manifiestan su respaldo total al decreto ejecutivo [estatuto], y ahora  viene a decir que no va a cumplir el artículo 49”, cuando el artículo 95 [del mismo] dice que no se puede “menoscabar”   los derechos de los docentes, cuestionó.
Aseguró que “el desorden [en la secretario  Educación] dicho por Lobo, es por la incapacidad de su gobierno, la incompetencia del ministerio,  que ni siquiera pueden hacer un planilla”, en relación al retraso de los pagos a casi seis mil docentes a quienes el régimen les adeuda,  en algunos casos, desde el 2008.
Lobo responsabilizó el atraso en el ajuste salarial de los trabajadores, al referido desorden  en educación;  y dijo que pediría al Congreso Nacional, “des indexar de cualquier estatuto, el salario mínimo,  por esta vez”.
La pretensión de Lobo.
“Tenemos que acudir al Congreso Nacional a que nos apruebe un decreto que permita que, por esta única vez, ningún estatuto o contrato colectivo esté indexado al salario mínimo,  hasta que no logremos resolver ese problema administrativo en Educación, que es enorme”, declaró Lobo a la prensa el viernes 23 de octubre.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Orlando Hernández,  ha manifestado a Lobo que “mande lo que sea”  para ser aprobado por los diputados y ambos han hecho alarde de la cooperación mutua y entendimiento entre ambos.
El artículo 95:
Los derechos que reconoce esta Ley no podrán ser disminuidos, tergiversados o ignorados y toda disposición en ese sentido será nula ipso jure. El personal docente en servicio al entrar en vigencia este Estatuto, conservará los derechos adquiridos mediante la anterior Ley de Personal y Escalafón del Magisterio en cuanto le favorezcan.

Fuente: ResistenciaHonduras.net

Campaña De Desprestigio Dirigida Contra Nuestro MUCA


Hoy 25 de octubre del 2010. Se consuman las amenazas realizadas por el empresario oligárquico Miguel Facusse, el cual al ver que está perdiendo la batalla en el campo Jurídico y legal nos está acosando e infundiendo temor y repulsión, realizando una campaña de desprestigio liderado por el Sr. Adolfo Facusse un miembro más de la pandilla de golpistas, usurpadores y anarquistas la cual es liderada por su tío el feroz lobo empresarial Miguel Facusse quien trata de desbaratar el trabajo y los alcances realizados por nuestro movimiento MUCA y así seguir subyugando a los humildes y pobres campesinos, los cuales hoy más que nunca estamos dispuesto a ofrecer nuestro esmero y voluntad para desarrollar este país a través de nuestro trabajo. Pero así mismo estamos dispuestos a seguir luchando y también ofrecemos nuestras vidas como sacrificios necesarios para que en este país donde reina la injusticia social podamos ser escuchados.
Hoy los medios de comunicación golpistas los cuales están adaptados totalmente al sistema de represión contra el pueblo, dan paso a declaraciones de don Adolfo Facusse el cual nos tilda de “Fuerza Paramilitar” y además añade que estamos siendo apoyados por fuerzas internacionales como la FARC y ETA e insta a la mano armada del país, la policía y los militares, a que desarticulen nuestro “Grupo Guerrillero”. Pero el Gobierno conoce más que nadie que nuestro movimiento en verdad si esta armado hasta los dientes, pero, no con fusiles y metralletas si no con un espíritu de lucha incansable, cargado con balas de justicia y moral y nuestra batalla no tiene que ver en lo absoluto con un movimiento político, si no, es basado en la conquista de nuestros derechos por los cuales hemos puesto muertes, torturas, secuestros, heridos, de todos estos somos víctimas desde que nuestro movimiento despertó y inicio la lucha y hemos resistido las avalanchas y aun estando moribundos emprendemos nuevas arremetidas y así seguiremos hasta alcanzar la victoria.
Juntos venceremos, hasta la victoria siempre

MUCA

Fuente: movimientomuca.blogspot.com

Atilio Borón: “Los procesos políticos de cambio en América Latina o se profundizan o la restauración conservadora es inevitable”

Fernando Arellano Ortiz

La advertencia es categórica: o se profundizan los cambios en aquellos países de gobiernos progresistas en América Latina o la derecha con la complicidad y el apoyo de Washington retomará el poder para imponer su modelo represivo en lo político, y neoliberal en lo económico. Así analiza la coyuntura sociopolítica de la región el destacado sociólogo y politólogo argentino Atilio Boron.
En el desarrollo de dos charlas que dictó durante el Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos organizado por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires y que recoge en esta síntesis el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano www.cronicon.net, Boron hizo un pormenorizado análisis de la situación política del hemisferio, sus escenarios, las amenazas que enfrentan los gobiernos progresistas, y planteó una agenda para un proyecto transformador en las naciones latinoamericanas.
La lucha emancipadora tiene que ser continental, dijo, y recomendó simultáneamente avanzar en procesos integracionistas como la ALBA, Unasur, el Banco del Sur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.
Una independencia con mucha dependencia
Con la autoridad académica que lo caracteriza, este científico social señaló que el proceso del bicentenario de la independencia de las naciones latinoamericanas es inconcluso y que uno de los mayores obstáculos es el imperialismo norteamericano con sus aliados locales, los grupos dominantes criollos.
“La lucha por la igualdad y la democracia es muy demorada. Es una independencia con mucha dependencia, no obstante que los avances en materia de resistencia a las políticas neoliberales en varios países de la región son muy positivos”, acotó.
Su condición de observador político, catedrático universitario y analista de la realidad socioeconómica de América Latina le permite tener una visión muy certera de los fenómenos sociales que vienen suscitándose a lo largo y ancho del continente. Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Harvard, Magister en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Santiago de Chile, y Licenciado en Sociología con diploma de honor de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, Boron cuenta además con una amplia experiencia como docente. Desde 1986 está vinculado con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la cual fue su vicerrector, es Investigador Superior del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Argentina (CONICET). Entre 1997 y 2006 se desempeñó como secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), ha sido profesor visitante de varias universidades del mundo (entre ellas, Columbia, MIT, UCLA) y actualmente se desempeña como director del PLED, el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Autor de varios libros, entre los cuales se destaca "Imperio e Imperialismo", que obtuvo en 2004 el Premio honorífico de ensayo Ezequiel Martínez Estrada de Casa de las Américas. Por su acuciante actividad investigadora y sus profundos análisis de la realidad latinoamericana, en julio de 2009 le fue concedido el Premio Internacional José Martí por parte de la UNESCO.
La batalla de las ideas es fundamental
En la guerra de los pueblos contra el neoliberalismo y la hegemonía norteamericana, Boron recuerda lo que dijo José Martí: “De pensamiento es la guerra que se nos libra; ganémosla a fuerza de pensamiento.” Es decir, dirigir esta guerra con criterio político es el único modo de ganarla, por eso, agrega, “la batalla de las ideas es fundamental para enfrentar la dominación ideológica, el control monopolista de los medios de comunicación y de las escuelas de economía”.
Pero al mismo tiempo, dice, se debe lograr coordinar la resistencia social para dar la batalla contra el capitalismo. “Los movimientos sociales y las fuerzas populares no pueden dar una lucha local, parcial y parroquial, sino que es necesario concretar una coordinación mundial de todas las resistencias a lo largo y ancho de todos los continentes”, explica.
Lo cierto, colige, es que frente a la crisis de civilización que enfrenta la humanidad, “el mundo no resiste un siglo más de explotación capitalista, porque sostener un sistema consumista como el que practica es insostenible”.
Cuatro realidades sociopolíticas en Latinoamérica
Dentro del contexto latinoamericano, Boron sostiene que claramente se pueden determinar cuatro realidades sociopolíticas:
  1. Cuba constituye la excepción en el continente; una revolución triunfante que ha construido un Estado de nuevo tipo y una sociedad no capitalista.
  2. Venezuela, Bolivia y Ecuador, cuyos gobiernos impulsan un proyecto radical de transformación social, política y económica pero aún en medio de un Estado capitalista y una sociedad burguesa. No hay solución dentro del capitalismo, es la convicción de estos gobiernos, algo que los distingue de los del siguiente grupo.
  3. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países gobernados por líderes de centroizquierda que no ponen en cuestión la ruta del capitalismo. Su acento está en el impulso de programas de amplio calado social y en un cierto posicionamiento internacional que, en ciertas circunstancias puntuales, los convierte en socios privilegiados de Venezuela, Bolivia y Ecuador.
  4. Países gobernados por la derecha: México, Colombia, Chile y Perú, que mantienen y defienden el modelo neoliberal y son obsecuentes con los dictados de Washington.
Amenazas para el proceso de transformación
Boron es reiterativo en que el principal obstáculo para el desarrollo socioeconómico de los pueblos de América Latina es la hegemonía norteamericana y sus aliados, las oligarquías locales que por proteger sus intereses tienen espíritu de cipayo.
A ello hay que agregar los gobiernos obsecuentes de Washington que en Latinoamérica son una piedra en el zapato para la integración regional como los de México, Colombia, Chile y Perú.
Con estos socios, el Departamento de Estado y el Pentágono dirigen su acción hacia “el control exclusivo de la gran cuenca amazónica, el corazón latinoamericano que alberga grandes riquezas en materia de petróleo, gas, minerales estratégicos, agua, biodiversidad y potencial alimentario”, sostiene este politólogo argentino.
Paraguay bajo ocupación
Además, Boron viene alertando sobre las acciones de ocupación que está desarrollando el gobierno norteamericano en Paraguay, sin que haya logrado despertar la suficiente solidaridad y compresión de la región respecto a lo que está ocurriendo en este país.
“Paraguay está ocupado administrativamente por Estados Unidos; sus agentes torpedean al gobierno de Fernando Lugo y han logrado parar en el Congreso de esta nación el ingreso de Venezuela a Mercosur, que es un proyecto de integración política y económica incompatible con los intereses a largo plazo de Washington”.
En efecto, explica Boron, “el gobierno de Lugo es un inaceptable estorbo para los designios estadounidenses en la región. Si bien hasta el momento Lugo se ha cuidado de mantener muy cordiales relaciones con la Casa Blanca y ha consentido el irritante protagonismo de la embajada en los asuntos internos del Paraguay, un amplio espectro del establishment estadounidense lo percibe con mucha aprensión y lo sataniza como el peligroso bienhechor que, a pesar suyo, puede convertirse en el catalizador de procesos políticos mucho más radicales, al estilo de los que existen en la vecina Bolivia o en el más lejano Ecuador. En las afiebradas alucinaciones de los halcones del Pentágono y el Departamento de Estado, Lugo aparece como una suerte de Kerensky tropical que al igual que su predecesor ruso terminará abriendo la puerta a una insurgencia plebeya de incalculables proyecciones y grávida de serias repercusiones en la geopolítica regional. Esto es así porque Paraguay ocupa un lugar privilegiado para cerrar, desde el Sur, el anillo de bases militares que rodea la gran cuenca amazónica, fuente de toda clase de recursos energéticos, biodiversidad, minerales estratégicos y agua, sobre todo agua. Esa es la razón por la que dos bases ya se han instalado en ese país, en Pedro Juan Caballero y en Mariscal Estigarribia”.
Agenda para un proyecto de transformación
No obstante las múltiples amenazas de Washington y de sus lacayos en el hemisferio, Boron considera que la vía para seguir avanzando en los procesos reformistas y de emancipación está en su profundización.
Por eso su advertencia: “Los procesos políticos de cambio en América Latina o se profundizan o la restauración conservadora es inevitable”.
En ese sentido, el desafío de los gobiernos progresistas es mostrar resultados concretos en reformas sociales, políticas y económicas, por lo cual este politólogo se permite plantear una agenda de temas para un proyecto transformador América Latina que, a manera de enunciado, comprende:
- Repudiar y anular la deuda externa.
- Modificar los regímenes tributarios regresivos, condición necesaria para la reconstrucción del Estado destruido por las políticas neoliberales.
- Profundizar la distribución del ingreso.
- Volver a convertir en bienes públicos derechos esenciales como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, la recreación.
- Recuperar los recursos naturales.
- Avanzar en los procesos de integración supranacional.
- Impulsar nuevas formas de democracia participativa, que supere las formas arcaicas de la democracia liberal.
No se trata de imponer un esquema uniforme, un modelo único de cambio, porque cada país tiene sus particularidades, sus tradiciones políticas y sus propios métodos para acometer las reformas. Parafraseando el poema de Antonio Machado, Boron concluye diciendo: “militante, no hay modelo, se hace el modelo al andar”.

Fuente: Cronicon.net/Rebelión

Wikileaks y el silencio de Obama

Ayer, el viceprimer ministro británico, Lick Clegg, reconoció la necesidad de investigar los crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas occidentales que invadieron, destruyeron y ocuparon Irak, y que fueron revelados dos días antes por el portal Wikileaks, el cual dio a conocer cientos de miles de informes militares que documentan masacres, asesinatos, torturas y otro sinfín de atropellos cometidos por los agresores occidentales.
Tal reconocimiento se suma a los señalamientos de la Relatoría de la ONU sobre la Tortura, Amnistía Internacional y otras instancias internacionales de derechos humanos, y contrasta con las destempladas y equívocas reacciones del gobierno estadunidense: la secretaria de Estado del gabinete de Barack Obama, Hillary Clinton, ha reaccionado a las revelaciones como si trabajara para el ex presidente George W. Bush, responsable principal del genocidio perpetrado en Irak: caracterizando la difusión de los documentos militares por Wikileaks como un peligro para las vidas de estadunidenses y sus aliados y amenazan con perseguir judicialmente a cualquier publicación que amenace nuestra seguridad o la seguridad nacional de aquellos con los que trabajamos. Por su parte, Dave Lapan, vocero del Departamento de Defensa, dijo que la difusión de los archivos podía implicar una amenaza para (nuestros) soldados o para los iraquíes que han colaborado con nosotros.
El actual mandatario estadunidense ha guardado hasta ahora un silencio injustificable, habida cuenta de la gravedad de las revelaciones: en efecto, los informes dados a conocer por Wikileaks obligan a ver la incursión militar estadunidense en Irak desde la perspectiva que el poder público de Washington siempre ha negado: la de un exterminio deliberado, programado y sostenido de iraquíes por varios métodos: desde el asesinato de combatientes que ya se habían rendido hasta la tortura masiva en las cárceles controladas por el Pentágono, pasando por la eliminación de sospechosos en puestos de control.
Para mayor vergüenza, los papeles del Pentágono documentan la negativa a investigar los atropellos cometidos por las fuerzas propias y por sus subordinados locales, y reflejan una política de ocultamiento de información por parte de las autoridades estadunidenses e inglesas, las cuales, durante más de un lustro, habían venido sosteniendo que carecían de cifras sobre las bajas colaterales, es decir, los no combatientes muertos en el contexto de la invasión y la ocupación del infortunado país árabe. La información divulgada, sin embargo, muestra que los gobiernos de Washington y Londres poseían datos precisos que arrojan un total de más de 100 mil muertes causadas desde el inicio de la agresión bélica (2003) hasta 2009, y que más de 60 por ciento de ellas corresponden a civiles no combatientes.
Ante tales evidencias, los actuales gobiernos de Washington, Londres y Madrid tendrían que emprender sendas investigaciones de los principales responsables políticos de la carnicería perpetrada en Irak por sus fuerzas militares –a las que se sumaron las de otras potencias menores e incluso las de algunos países subdesarrollados– y procurar el castigo de los culpables de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales. De otra forma, se ratificará la hipocresía de las potencias occidentales en materia de respeto a la legalidad: defensoras del orden mundial y de los derechos humanos cuando los atropellos son cometidos por otros gobiernos, y encubridoras de sus propios criminales. Con esa doble moral, y por crímenes menos graves y numerosos que los que cometió el gobierno de Bush en Irak, Estados Unidos y sus aliados europeos han llevado a diversos ex gobernantes y políticos de países pequeños ante tribunales de guerra y los han ejecutado o condenado a severas penas de cárcel. Paradójicamente, tal fue el caso del propio Saddam Hussein y de buena parte de sus colaboradores.
En lo inmediato, quien debe dar el primer paso es Barack Obama. Si en el círculo que lo rodea aún quedase un vestigio de intención renovadora, la Casa Blanca tendría que cambiar de enfoque ante la evidencia del genocidio en Irak y, en vez de condenar la difusión de los documentos que lo prueban, acusar penalmente a George W. Bush, Dick Cheney, Condoleezza Rice y demás involucrados en esa barbarie.

Fuente: jornada.unam.mx

Conflictos del pasado y nuevos escenarios de violencia en Centroamérica

Mario Sánchez, Rebelión, 25 de octubre de 2010

A pesar de haber transcurrido dos décadas después de la finalización de los conflictos armados en Centroamérica, los procesos de democratización no han logrado resolver los principales problemas como la desigualdad y la pobreza, que han sido históricamente factores estructurales que causaron dichos conflictos. En parte esto se debe a que los gobiernos de turno han priorizado la implementación de las políticas de ajuste estructural, reformas económicas de corte neoliberal, el relanzamiento del proceso de integración regional abierto y una serie de medidas que, lejos de subsanar los desajustes y déficit acumulados en materia socioeconómica, han contribuido a incrementarlos, afectando aún más a los sectores más vulnerables y excluidos.
La agenda de los derechos humanos, derivados de los Acuerdos de Paz y recomendaciones de las Comisiones de Verdad, prácticamente quedó relegada. Los incipientes avances en el proceso de refundación de los Estados democráticos y la reivindicación del Estado de derecho están comenzando a sufrir serios reveses que ponen en peligro la frágil estabilidad de las democracias y la gobernanza en la región. Por un lado no se han garantizado las medidas y mecanismos que eviten la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos, como la aplicación de la justicia efectiva frente al problema de la impunidad jurídica. Paralelamente los gobiernos han impulsado un acelerado proceso de remilitarización y securitización de la agenda nacional y regional, justificado ideológicamente como una medida para enfrentar el problema de la violencia y la inseguridad, sin antes haberse agotado estrategias y propuestas de un perfil más integral que enfrentaran su origen y revertieran las causas múltiples de este complejo problema.
Este conjunto de situaciones, sumado a otras dinámicas más recientes como el aumento de la competencia por el acceso y control de recursos naturales y territorios, configuran la emergencia de nuevos escenarios de conflictividad, que cuando no son gestionados de forma oportuna en un contexto de sólida institucionalidad, desencadenan en violencia o multiplican los niveles ya existentes. Desde esta perspectiva, es fundamental asumir que los vínculos entre la democracia, desarrollo humano y construcción de paz pueden ser fuertes, aunque sin embargo no son procesos que se engranan o integran automáticamente. Por tanto, es imprescindible superar el prolongado divorcio entre estos desafíos humanos y dar respuesta al impostergable reto de construir sociedades más justas, en las que se privilegien las culturas de paz en el marco de naciones con una gran heterogeneidad pluriétnica, multicultural e ideológica. Este proceso debe edificarse con el concurso de toda la sociedad, a través de diferentes sectores y con la acción decidida del Estado.
De esta manera, iniciamos una ruta de reflexión y análisis en torno a los desafíos que se vislumbran en el contexto regional en términos de construcción paz y derechos humanos a través del presente artículo.

Mario Sánchez es director del Centro de Análisis Sociocultural (CASC) de la UCA Nicaragua y colaborador de ALBA SUD. 

Fuente: rebelion.org - Vos el soberano

Ni los medios golpistas pueden esconder la desgracia en que la oligarquía tiene a Honduras

Tasa de homicidios en Honduras es ocho veces superior a la mundial

Se incrementa el número de denuncias contra agentes policiales
 
 
Tegucigalpa, Honduras
El derramamiento de sangre por causas violentas en Honduras hace que el país supere la tasa mundial de homicidios, según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
La investigación indica que de 2005 a 2009 la tasa de homicidios pasó de 37 por 100 mil habitantes a 66.8 por cien mil habitantes.
La cifra es dramática, ya que la tasa mundial es de 8.8 por cien mil habitantes, mientras que el promedio a nivel de Latinoamérica es de 18 por cien mil habitantes, de acuerdo con los rangos manejados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
Esto indica que en Honduras mueren por motivos de la criminalidad 58 personas más que la tasa mundial y 38 arriba del promedio latinoamericano.
De continuar con este comportamiento violento se estima que en el 2010 la tasa de homicidios alcance a 72.8 por cien mil habitantes, equivalente a 8.27 veces superior a la tasa mundial establecida.
El informe del Conadeh, titulado "La seguridad pública: Una prioridad en la agenda nacional", asegura que en el país mueren por causas violentas 16 personas al día, lo que indica un fallecimiento cada 88 minutos, entre otros datos reveladores.
Los homicidios
La mayoría de las muertes violentas se concentran en los departamentos de Cortés con 111.2 muertes violentas por cada cien mil habitantes.
Le sigue Atlántida con 106.1 y Colón con 84, Yoro con el 80.2 y Copán con el 79.8.
El departamento de Gracias a Dios, es el único que registra una tasa de homicidios menor a la establecida a nivel mundial. Para el 2009 Gracias a Dios reportó una tasa de homicidios de 4.7 por cada cien mil habitantes. A este le siguen Intibucá, Choluteca, Valle y La Paz.
Muertes por municipios
Según el Conadeh, durante los años 2008 y 2009 el departamento que registró el mayor número de homicidios fue Cortés con 3,072, de las cuales 1,706 se registraron en el municipio de San Pedro Sula. En Choloma se contabilizaron 429 y 283 en Puerto Cortés, el resto de los homicidios ocurrieron en los nueve municipios restantes.
En el departamento de Atlántida la mayoría de los crímenes se concentraron en los municipios de La Ceiba y Tela. Mientras que el departamentó de Colón reportó 434 decesos violentos de hondureños. Estas muertes se concentraron en los municipios de Tocoa, Trujillo y Sabá, municipios según autoridades policiales donde opera el crimen organizado.
En el caso de Francisco Morazán, se reportaron 1,635 homicidios de los cuales 1,477 se cometieron en el Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela).
Otros 158 muertes violentas se registraron en los seis municipios restantes. En comparación al departamento de Cortés, que registra los homicidios en los municipios aledaños a la cabecera departamental, en Francisco Morazán los crímenes se reportan en el Distrito Central y no en sus municipios aledaños. Mientras que en el departamento de Yoro se contabilizaron 788 asesinatos, la mayoría de estos se registraron en El Progreso y Olanchito.
Gracias a Dios, que es el departamento con la menor tasa de homicidios registra que, de las diez muertes, ocho fueron en Puerto Lempira, uno en Wampusirpi y uno en el municipio de Villeda Morales.
Ríos de sangre en SPS
Para el 2009, la tasa más alta de muertes violentas se registró en San Pedro Sula con 137.5 homicidios por cada cien mil habitantes.
Así las cosas, en la ciudad industrial son asesinados 129 compatriotas más que la tasa mundial y 119 que la tasa en la región.
Según el informe, la cabecera con la segunda tasa más alta de homicidios fue La Ceiba con 122.4, le siguen Roatán, Juticalpa, el Distrito Central, Yoro, Santa Rosa de Copán, Trujillo, Santa Bárbara, Ocotepeque, La Esperanza, Comayagua, Gracias, Nacaome, La Paz y Choluteca.
Mientras tanto, Puerto Lempira, cabecera departamental de Gracias a Dios, registró la tasa de muertes más baja del país con 8.7 por cada 100 mil habitantes.
La muerte violenta de personas es uno de los delitos que se ha ido incrementado de manera estrepitosa, según el doctor Ramón Custodio, titular del Conadeh.
Armas de fuego
El uso de las armas de fuego es predominante. De 2005 a junio de 2010 hubo 21,364 muertes violentas, de las que 16,958 (un 79.38 por ciento) fueron provocadas por armas de fuego.
En 2005, de 2,417 muertes violentas, un total de 1,835 se generó por armamento a base de bala.
Solo en el período enero-junio de 2010 esa estadística queda pulverizada, ya que los decesos violentos alcanzaron 2,929 y las que sucedieron por arma de fuego llegaron a 2,519.
"La mayoría de muertes violentas que ocurren en Honduras no son causadas por armas como tanques o aviones de guerra, si no que por armas como la AK-47, rifle de asalto, ametralladora, revólver, machete y puñal", dice la investigación del Conadeh.
Cuestiona ese organismo que la Ley de Control de Armas de Fuego Municiones Explosivos y Similares es demasiada permisiva porque autoriza a cada ciudadano a tener hasta 5 armas de fuego.
El informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) asegura que en Honduras hay 800 mil armas, de las que 650 mil estarían siendo portadas al margen de la ley.
Solo 151,003 armas de distinto calibre están inscritas en el Registro Nacional de las Armas, asegura el Conadeh.
Para el control efectivo de armas, la Secretaría de Seguridad tiene la atribución de organizar el Registro Nacional de Armas, en el cual deberían de estar depositadas las evidencias balísticas, para lo cual la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) debe de manejar ese inventario y la Policía Preventiva controlar la tenencia y portación, dice la institución.
Pero, "ese registro ya fue creado, pero no funciona a cabalidad, debido a que no se concluyó el proceso y a la gran cantidad de armas ilegales que circulan en el país", cuestiona.
Poca investigación
La impunidad es una de las razones para que la criminalidad encuentre un campo fértil en Honduras, considera el Conadeh, que se apoya en las estadísticas sobre denuncias que han sido investigadas completamente para sostener esa tesis.
En el período 2005-2009, fueron remitidas al Ministerio Público 320,153 denuncias de distintos tipos, de las que 250,216 se trasladaron a la Dirección Nacional de Investigación Criminal para "su debida investigación".
Esa dependencia de la Secretaría de Seguridad culminó una investigación completa en solo 48,626 casos, por lo que el Conadeh opina que las 201,590 restantes que se quedaron en proceso de investigación terminaron "posiblemente en la impunidad".
El año pasado la cantidad de denuncias enviadas por el MP a la DNIC ascendió a 52,975 y solo 11,749 terminaron con una investigación concluida.
Eso indica que 41,226 denuncias que analizó la DNIC quedaron en proceso de investigación. "De acuerdo con los informes del Ministerio Público, durante los últimos 5 años es muy poco lo que se ha hecho en cuanto a la investigación criminal", por parte de esa dirección.
Presupuesto versus muerte
Fustiga el Conadeh que la Secretaría de Seguridad ha tenido sustanciales mejoras presupuestarias, pero no ha podido frenar la criminalidad.
En los últimos 6 años el presupuesto asignado a Seguridad fue de 31,006 millones de lempiras, con un aumento anual promedio de 849 millones.
La partida presupuestaria de ese Secretaría en 2006 fue de 4,327 millones, mientras para 2010 lo asignado correspondió a 7,787 millones. Para 2011 las autoridades de Seguridad han pedido un incremento de 820 millones.
El talón de Aquiles de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado es " la falta de planificación en materia de seguridad", asegura el Conadeh.
Incrementan denuncias contra agentes policiales
La depuración de la Policía sigue siendo una tarea pendiente de la Secretaría de Seguridad.
Un total de 1,743 policías han sido denunciados de 2005 a 2009, la mayoría por cohecho, hurto y abuso de poder, según el informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh). Por abuso de autoridad fueron denunciados en ese período 1,034 agentes, mientras que por lesiones se interpusieron 79 quejas.
El estudio dice que 160 policías fueron reportados por violación de los deberes de los funcionarios y otros 160 por hurto.Hubo también 69 elementos a los que se les señaló por cohecho, osea recibir dinero o beneficio para hacer una acción ilegal u omitir actuar para aplicar la ley. Las denuncias fueron interpuestas en la Dirección Nacional de Asuntos Internos.

Fuente: elheraldo.hn
 
 

Obama no atiende preocupación de congresistas sobre derechos Humanos y democracia en Honduras

Alexander Main, Centro de Investigación de Economía y Política, 22 de octubre de 2010

En medio de una campaña electoral particularmente ocupada y mordiéndose las uñas, 30 congresistas demócratas han tenido tiempo para centrarse en un tema que no está en la agenda de campaña de nadie: el lamentable estado de la democracia y los derechos humanos en Honduras.  En una carta enviada a la secretaria de Estado Hillary Clinton el 19 de octubre, el representante de California, Sam Farr y 29 de sus colegas de la Cámara instó a la Administración Obama para que cambie su política actual hacia el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, elegido en una votación celebrada durante el polémico régimen de facto que asumió el poder tras el golpe de Estado en junio de 2009.

La carta describe algunos de los recientes asesinatos de activistas de la oposición y periodistas -en gran parte no difundida en los medios de EE.UU. - que forman parte de la última oleada de ataques políticamente motivados que han tenido lugar desde el golpe de Estado del año pasado. Citando un "patrón distinto de la violencia política" en Honduras, la carta pide la suspensión de la ayuda de EE.UU. en Honduras, en particular a la policía y la asistencia militar, hasta que el gobierno de Lobo "se distancie de aquellas personas involucradas en el golpe de junio 28, 2009, militares y aborde adecuadamente el curso violaciones de los derechos humanos y políticos."

Además, los 30 representantes - que incluyen notables defensores de derechos humanos como Jim McGovern, presidente del Caucus Negro Barbara Lee, y Progressive Caucus Co-Presidente Raúl Grijalva y Lynn Woolsey – solicitan a la Administración a "abstenerse de apoyar el reingreso inmediato de Honduras en la Organización de Estados Americanos."

Las dos demandas centrales de la carta chocan con la política establecida por el gobierno a principios de este año. Después de haber suspendido varias formas de asistencia a Honduras a raíz del golpe de 2009, Clinton anunció a principios de marzo que todas las ayudas se reanudarían porque el recién inaugurado gobierno de Lobo "había dado pasos importantes y necesarios que merecen el reconocimiento y la normalización de las relaciones."  Del mismo modo, la administración ha estado presionando para el levantamiento de la suspensión de la adhesión de Honduras en la Organización de Estados Americanos (OEA), una sanción acordada por unanimidad por los miembros del organismo hemisférico en el día del golpe.

Para los 30 co-firmantes, simplemente no tiene sentido renovar la ayuda a Honduras o presionar para su retorno a la OEA - que supondría la normalización de sus relaciones con casi todo el hemisferio. Los asesinatos selectivos de activistas de la oposición continuan en la impunidad, y los actores clave en el golpe de Estado del año pasado ocupan posiciones estratégicas del gobierno - como en el caso del oficial del ejército que ejecutó el golpe de Estado, el general Romeo Vásquez Velásquez, quien ahora dirige la empresa estatal de telecomunicaciones Hondutel.  Una vez que la ayuda se restaure y a Honduras se le permitea regresar a la OEA existe poco incentivo para que el gobierno de Lobo lleve a cabo las profundas reformas que se necesitan para garantizar la protección de los derechos humanos y la plena restauración de la democracia.

Esta no es la primera vez aliados demócratas del presidente Obama en el Congreso han expresado su consternación por el manejo de la administración de la crisis de derechos políticos y humanos en Honduras que siguió al golpe militar del año pasado. En varias ocasiones durante los últimos 14 meses, los miembros progresistas de la Cámara cortésmente han expresado su frustración con la política del gobierno hacia Honduras, y en cada ocasión, el gobierno ha ignorado sus peticiones o iha ntentado encubrir los asesinatos constantes palizas y secuestros de miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular.

A principios de agosto de 2009, 16 demócratas de la Cámara, frustrados por la negativa del gobierno a tomar medidas enérgicas para contrarrestar el golpe en Honduras, pidió al Departamento de Estado "reconocer plenamente que un golpe militar había tenido lugar," suspender toda ayuda no humanitaria a Honduras y congelar las cuentas bancarias y negar visados a los individuos involucrados en el golpe.  El gobierno nunca reconoció oficialmente que un golpe militar que había ocurrido en Honduras, una medida que hubiera supuesto el cese de toda ayuda no humanitaria al país (sólo algunas formas de ayuda se redujeron en última instancia).  El gobierno de EE.UU. sólo canceló las visas de algunos funcionarios prominentes golpe de Estado a mediados de septiembre y se negó a congelar los activos depositados en EE.UU. de los funcionarios de golpe de estado, a pesar de las súplicas del gobierno del presidente Zelaya en el exilio. Estas  medias tintas contrastan con la respuesta decidida del gobierno de EE.UU. a los golpes recientes en otros países, incluyendo el golpe de 2009 en Madagascar y 2008 golpe de estado en Mauritania.

El 25 de noviembre de 2009, el representante Raúl Grijalva (D-Arizona) envió una carta al presidente Obama en la que expresó su alarma ante la noticia de que la administración estaba considerando el reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas que se celebraron bajo el régimen golpista.  Señaló en su carta que "el período previo a estas elecciones se ha visto afectado por la represión violenta, la suspensión de las libertades civiles básicas y violaciones frecuente de la libertad de expresión" y que la mayoría de los gobiernos del continente - entre ellos Brasil y Argentina - "han señalado que no reconocerán los resultados de las elecciones celebradas en tales condiciones injustas y antidemocráticas." Él instó a la administración a unirse a la mayoría de los países latinoamericanos, al negarse a reconocer el resultado de la próxima "farsa electoral".  El gobierno de Obama, sintiendo la presión de los ultra-derechistas republicanos en el Senado que bloquearían las nominaciones presidenciales, dio la espalda a América Latina y unilateralmente consideró que las elecciones habían sido "libres y justas" casi inmediatamente después del cierre de las urnas.

A principios de marzo de este año, nueve miembros del Congreso - incluyendo el congresista Demócrata Jan Schakowsky, de Illinois y el Presidente del Comité Judicial de la Cámara, John Conyers de Michigan - escribieron una carta a la secretaria Clinton citando su preocupación por la falta de investigación y persecución de "secuestros, palizas y asesinatos de activistas políticos." Consciente de que una reunión entre el Secretario de Estado y el Presidente Lobo estaba programada para el día siguiente, le solicitaron a Clinton de enviar un "mensaje inequívoco de que la situación de los derechos humanos en Honduras será un componente fundamental de las futuras decisiones sobre la normalización de las relaciones, así como la reanudación de la ayuda financiera.”  En lugar de hacer caso a este consejo, Clinton anunció la plena normalización de las relaciones con el gobierno de Honduras y la decisión de restaurar todas las ayudas. En sus declaraciones públicas hizo ninguna referencia a los ataques contra activistas que tienen lugar, sino que anunció que "la crisis de Honduras se ha logrado concluir con éxito ... se hizo sin violencia, y creo que nuestra política en la gran mayoría de los países es de una alta calificación o un gran respeto."

El 24 de junio se envió otra carta a Clinton - esta vez firmada por 27 representantes - manifestando que "la violencia política sigue en Honduras" y " que las violaciones de los derechos humanos y el orden democrático persisten" bajo la mirada del presidente Lobo.  En un intento de matizar la política del Departamento de Estado de un apoyo entusiasta a Lobo, los representantes solicitaron que Clinton envie a Michael Posner, Secretario Asistente de Estado para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, a Honduras "para hacer una pronta evaluación" con respecto a la situación de los derechos humanos.”  Sin un informe temprano y preciso", decía la carta, "nosotros rechazamos que el apoyo de EE.UU. a Honduras continúe sin restricciones significativas."  En respuesta a la carta, Clinton envió a su subsecretario de Estado para la Democracia y Asuntos Globales, María Otero, para hacer consultas sobre el estado de los derechos humanos.  No hay una evaluación formal, sin embargo, nunca se presentó a los 27 legisladores y en sus comentarios a la prensa, Otero dijo que "todavía queda mucho por hacer" en materia de derechos humanos, mientras que al mismo tiempo pidió el retorno rápido de Honduras ante la OEA.

Lo que nos lleva a la última carta del 19 de octubre, que - en respuesta al clara fracaso del gobierno Lobo de hacer frente a la violencia política que tiene lugar en Honduras - hace demandas que están fuertemente en desacuerdo con la política actual de la administración de apoyo incondicional al gobierno de Lobo. Cuando, al día siguiente, el portavoz del Departamento de Estado, Philip J. Crowley se le preguntó sobre la carta reconoció que "han habido incidentes en los que los activistas han sido asesinados, intimidados, encarcelados, tanto que se remonta al gobierno anterior [i] y recientemente". Sin embargo, Crowley se apresuró a desconocer la principal preocupación de la carta.  Rechazó, en primer lugar, la idea de que "el progreso en materia de derechos humanos" debe ser una "condición previa para el retorno de Honduras ante la OEA."

Crowley también anunció que el Departamento de Estado no tenía ninguna intención de suspender toda ayuda a Honduras.  Según Crowley, "nuestra ayuda está en realidad directamente relacionada con la mejora de la capacidad [de Honduras] para satisfacer las necesidades de su pueblo y también mejorar su historial de derechos humanos, al mismo tiempo." Él no ofreció prueba alguna para respaldar esta afirmación, y la realidad sobre el terreno no ofrece signos reales que la situación mejora.  A pesar de una impresionante vestidura de parte del gobierno de Lobo - por ejemplo, la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación y un "Ministerio para los Derechos Humanos" - los ataques por motivos políticos contra activistas y periodistas independientes continúan sin cesar y ninguna investigación seria sobre estos ataques se han llevado a cabo.

Parece que, que a pesar que las actuales políticas de la administración claramente no han trabajado a favor del pueblo de Honduras, la administración sigue estando inflexible y poco dispuesto a considerar siquiera los enfoques alternativos a la crisis en Honduras.

Los progresistas en el Congreso no son los únicos que piden un cambio en la política del gobierno de Honduras.  El 13 de octubre, organizaciones de derechos humanos de Honduras hicieron eco de una de las principales demandas de la carta del Congreso mientras se encontraban en Washington, DC para recibir el prestigioso premio Letelier-Moffitt Internacional de Derechos Humanos.  En la ceremonia de premiación, una de las más destacadas activista de derechos humanos de Honduras, Bertha Oliva, dio un discurso electrizante en la que pidió a todos los presentes a "unirnos y demandar que los Estados Unidos dejar de financiar a la policía y las fuerzas militares en nuestro país", a las que consideran en gran parte responsables de la violencia política en curso.

Mientras tanto, la mayoría de los gobiernos de América Latina aún está en profundo desacuerdo con los EE.UU. sobre la cuestión del reingreso de Honduras ante la OEA.  De hecho, muchos gobiernos - incluidos los principales aliados de EE.UU. como Brasil y Argentina - se niegan a reconocer al gobierno de Lobo, por el hecho de que es el producto de las elecciones celebradas en condiciones no democráticas bajo un gobierno de facto. También están preocupados con el peligroso precedente establecido por el golpe en Honduras y el hecho de que su éxito ha aumentado considerablemente la probabilidad de nuevos intentos de desestabilizar gobiernos progresistas en la región, como ocurrió en Ecuador a finales de septiembre.

Para muchos latinoamericanos, la suavidad de los EE.UU. para con el golpe de Honduras levanta sospechas que, al igual que su predecesor en la Casa Blanca, el presidente Obama está dispuesto a convivir con ciertos fenómenos anti-democráticos, siempre y cuando coincida con la percepción de los intereses de EE.UU. (en este caso el "deshacer" gobiernos progresistas que no son compatibles con la agenda regional de Washington). Si no es este el caso, los funcionarios de la administración rectores de la política exterior deben comenzar a preguntarse si es verdaderamente sabio que continúe prestando apoyo incondicional a un gobierno que ha fallado en lavarse las manos del golpe militar y no ha tomado medidas serias para afrontar los constantes ataques contra los activistas y los medios de comunicación. Si bien puede ser fácil ignorar las súplicas de los miembros progresistas del Congreso y d los activistas de derechos humanos de Honduras, podría resultar mucho más difícil reparar el daño duradero hecho a la imagen y la credibilidad de los EE.UU. en la región como un promotor de la democracia y los derechos humanos.

[I] Es de suponer que, Crowley se refiere aquí al régimen golpista de Roberto Micheletti, que tomó el poder después del golpe de Estado militar del 28 de junio de 2009.

Fuente: cepr.net - Vos el soberano

Mel , principal protagonista de la Politica en Honduras

   
En las últimas semanas se ha reavivado el debate sobre José Manuel Zelaya, no tanto sobre su retorno a Honduras, el cual es un mandato claro del derecho internacional y lo que queda de la institucionalidad local. Ayer un abogado auto proclamado resistente, en un afán claramente inspirado en la casa del imperio, decía a un medio de comunicación “…Zelaya retrasa el proceso hondureño…”; una compañera suya de aventura reforzaba el argumento diciendo “…el abogado le ha demostrado su lealtad al presidente Zelaya, incluso cabalgó por las montañas para poder verlo en Nicaragua…”.
En un debate completamente distinto, compañeros exponían la tesis de que la CIA, a través de la OEA, pretendía traer a Zelaya a Honduras para “blanquear” el Golpe de Estado, y que, en consecuencia, había que evitar la consigna del regreso del compañero, pues es parte de la conspiración gringa para dominar nuestro país.
Increíblemente, la derecha y la izquierda tienen el mismo discurso respecto a Zelaya y su regreso. El mismo abogado, afirmaba que “…debemos dejar de producir relaciones antagónicas en nuestra sociedad…”, otros compañeros hablaban de momento insurreccional y las vías para avanzar hacia el socialismo, y ponían de ejemplo a los bolcheviques y su gesta en 1917; otra vez la discusión de carácter  pseudo ideológico, para justificar posiciones completamente equivocadas.
Hace un par de días se publicó en un medio digital venezolano un artículo que retaba a Zelaya a regresar a Honduras a dirigir a su pueblo, e implicaba la cobardía del presidente, pues era incapaz de caminar a inmolarse y llevar con él al pueblo a esta aventura romántica pero a todas luces estúpida.
Se ha pretendido dar una connotación dialéctica a la descalificación de Zelaya como líder, debido a sus orígenes, a su falta de discurso consistente y a su tendencia caudillista. Se asocia a él un fantasma electorero, que según todos los apologistas de esta tesis, nos alejará de la verdadera revolución y la refundación del país; otros han afirmado estar en disposición de construir poder popular por 20 años más si hace falta.
Analizando estas posiciones y otras menos públicas, llegamos a entender por qué el golpe sucede sin que el pueblo estuviera listo para defender la institucionalidad, aunque el espíritu de las bases apunta a respaldar el retorno del defenestrado presidente. El proceso de cambio, todavía incipiente al momento del golpe, se encontraba bastante solitario, y los cálculos de los diferentes actores apuntaban a que había que ser cautos con Manuel Zelaya. ¡Qué gran ironía: para la derecha el presidente era poco confiable porque se acercaba al comunismo, mientras que para la izquierda no era confiable por ser enemigo de clase!
Incluso los medios -pro golpe o anti golpe- confluyen en criterios anti-Zelaya, a pesar de que el pueblo sigue, después de 15 meses, esperando que este aparezca en el país y resuelva la crisis que se vive en todos los niveles de la sociedad y en todas las organizaciones que dan vida a la discusión sobre el desarrollo de la sociedad. ¿Será posible que las dirigencias, normalmente irreconciliables, puedan encontrarse en este delicado punto de la historia nacional?
El presidente parece condenado a vivir en medio de traiciones de muchos que le proclaman lealtad y el escarnio que diariamente procede de los que se declaran sus enemigos. Todo esto tiene una explicación sociológica y otra política, y todo refleja el oportunismo y el falso pragmatismo de grupos anquilosados, dogmatizados pero no marxistas, y las derechas más feroces y cavernarias del istmo.
Es evidente que hace falta mucho análisis para reemplazar  los dogmas en el pensamiento de amplios sectores populares; acaso no les ha sido posible ver que Zelaya, en su condición de terrateniente, ha sostenido una relación feudal cercana a la miseria de miles de compatriotas desde sus primeros años de vida. Es posible que él haya tenido más interacción con la miseria que la mayoría de los que hablamos, escribimos o dirigimos movimientos sociales, con las excepciones del caso.
También resulta inobjetable la voluntad de Zelaya de cambiar el papel reservado a los presidentes de Honduras que nos ha dado tantos gerentes pero ningún líder. La sola actuación de dignidad de Zelaya frente a la clase dominante que pretendía manejar su agenda, y su disposición a avanzar a estadios más independientes y soberanos, nos debería hacer reflexionar sobre la dimensión del pensamiento que se nos pone de frente.
Es en la determinación de este hombre que encontramos las causas del constante hostigamiento al que fue sometido por la oligarquía nacional desde el comienzo de su administración. Las razones del golpe, tendríamos que buscarlas en Washington, donde se aprovechó el analfabetismo político de muchos individuos inescrupulosos, para atentar contra la democracia de un país, con el único objetivo de atacar la verdadera integración latinoamericana.
Al presidente Zelaya le tocó vivir momentos difíciles frente a la prepotencia de una clase dominante, acostumbrada a pagar los caprichos de los presidentes a cambio de administraciones sumisas y traidoras. Es necesario estudiar este fenómeno: enfrentar la oligarquía beduina y a la CIA no es una tarea fácil, y hacen falta muchas convicciones y valor para emprender una ruta de la mano del pueblo hacia nuevos derroteros, a pesar de la voluntad esos que nos han sometido  por décadas.
Por eso es importante que los argumentos se consoliden científicamente, con análisis profundos y serios, tomando en cuenta fundamentalmente la naturaleza económica de las relaciones de poder; si logramos llegar a este enfoque habremos encontrado un camino para entender la relación intrínseca y necesaria entre la figura de liderazgo de José Manuel Zelaya y el pueblo hondureño en resistencia.Cualquier análisis doctrinario de esto nos llevara a conclusiones alejadas de la realidad y erróneas, que sólo favorecen a quienes, en verdad, se constituyen en enemigos del pueblo. Pensemos: actuemos y pensemos, pero nunca dejemos de pensar.
Ricardo Salgado
25/Octubre/2010
  Nota...  A pesar de todas la visitudes, el presidente, tiene cosas que son motivo de comentarios negativos, por ejemplo el no contar con la ayuda o el apoyo al 100% de sus familiares cercanos, mientras el se desvive por la Resistencia, su hermano Carlos y los ex funcionarios del gabinete Zelaya andan en plena campaña repartiendo dinero en las comunidades de Occidente con el fin de unificar el fallecido partido liberal .-Lo sabra Mel o esta otra de sus grandes jugadas, y a lo mejor el financia el asunto ??.... me pregunto...
Sigamos con la lucha Popular.....        www.fnrp.cpm-hn.com  

Fuente: Kaosenlared.net

Consulta Guatemala - Contundente: Pueblo K’iche’ Rechaza Explotación de Recursos Naturales

Santa Cruz del Quiché. Quiché, Guatemala.
22 de octubre, 2010.
Temas: Minería / Hidroeléctricas / Consulta Comunitaria


En una histórica jornada, pobladores del municipio de Santa Cruz del Quiché, uno de los más importantes del país y cuna del pueblo Maya K’iche’, rechazaron unánimemente la explotación de bienes y recursos naturales, particularmente actividades mineras e hidroeléctricas.

“Ante la falta de voluntad política del Estado de Guatemala por dar cumplimiento a sus obligaciones relativas al derecho a consulta y participación de los pueblos indígenas contenidas en varios instrumentos, siendo el más relevante el Convenio 169 de la OIT, y ante la proliferación descontrolada del otorgamiento de licencias de exploración y explotación de recursos naturales, los pueblos indígenas se han organizado y realizado sus propias consultas con ánimo de hacer valer su derecho a la autodeterminación, tierra, recursos naturales, salud, vida y medio ambiente tanto ante el Estado de Guatemala como ante la comunidad internacional.” (1)


21 de octubre, 16:45. Cabecera Municipal.

Una ceremonia Maya da comienzo a la orientación para las decenas de observadores nacionales e internacionales que participarían en la Consulta Comunitaria de Buena Fe del Municipio de Santa Cruz del Quiché sobre la explotación de bienes y recursos naturales.


Alrededor de 175 observadores, provenientes de decenas de diferentes países y municipios dentro de la República, llegaron para validar el proceso.


Lolita Chávez, coordinadora del Consejo de Pueblos K’iche’s (CPK), lee el acta municipal No. 62-2010 que oficializa la Consulta Comunitaria de Buena Fe. El CPK forma parte del Consejo de Pueblos del Occidente, el cual se define como “un espacio donde se auto convocan para juntar las luchas de los Pueblos originarios de la región, reúne a los y las representantes de los distintos departamentos del Occidente con el fin de articular los esfuerzos en respuesta a los problemas comunes que afectan a las comunidades de esta región.” (2)


22 de octubre, 7:03. Cabecera Municipal.

El comité de alimentación reparte comida para los observadores y organizadores mientras se reúnen frente al parque central.


La consulta se llevó a cabo en 93 centros de votación: 87 comunidades rurales y 6 zonas urbanas dentro de la cabecera municipal.


Observadores se preparan para viajar a una comunidad rural.


Un miembro del comité organizador se muestra satisfecho por el proceso democrático participativo.


Miembros del comité organizador afinan los últimos detalles antes del comienzo de la votación durante la 44a consulta comunitaria de buena fe en Guatemala desde el 2005.




Desafortunadamente, el ejército marcó una amenazante presencia en la cabecera del departamento que sufrió el mayor número de masacres durante los 36 años de guerra (1960-1996). Según el informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) Guatemala: Nunca Más, el ejército llevó a cabo una campaña de genocidio en el departamento del Quiché durante el conflicto armado interno al ultimar a miles de civiles por medio de 263 masacres registradas.


8:44. Aldea El Tabil.

MiMundo.org recorrió algunas comunidades durante la consulta, ya que la votación se llevó a cabo entre las 8 y 13 horas. Según miembros del CPK, la aldea El Tabil se encuentra dentro de un área de exploración minera concesionada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) sin el consentimiento de los pobladores locales.


Bajo un fuerte sol matutino, alrededor de 300 personas, en su mayoría Maya K’iche’, rechazaron unánime y enfáticamente la apropiación y explotación de los recursos y bienes naturales en su territorio.


9:10. Caserío Cruzche Primero.

A tan solo unos kilómetros de El Tabil, en el caserío Cruzche Primero apenas se comenzaban los trámites oficiales entre una densa neblina.


Una observadora Maya Ixil llena su formulario durante la lectura del acta municipal.


Miembros del CPK aseguran que en el departamento del Quiché se encuentran por lo menos 32 licencias vigentes de exploración minera, entre las cuales por lo menos tres se localizan en el municipio de Santa Cruz del Quiché.


9:59. Caserío Paxicay.

Residentes del Caserío Paxicay siguen los procesos de empadronamiento antes de votar.


10:24. Caserío Las Cafeteras.

Residentes del Caserío Las Cafeteras rechazan la privatización del agua, construcción de represas hidroeléctricas, al igual que la explotación minera y petrolera.


“No a la minería. No a las hidroeléctricas. No a la venta del agua. Sí a la vida.”


11:04. Cabecera Municipal.

En el centro de votación de la Zona 1 de Santa Cruz del Quiché, entre el parque central y el edificio de Gobernación, los presentes votan unánimemente en contra de la privatización de recursos naturales y la construcción de mega-proyectos.


12:10. Cantón Panajxit I, II & III.

“Levanten la mano quienes NO están de acuerdo en que las empresas o compañías nacionales y extranjeras o personas individuales y jurídicas se apropien y exploten en el territorio del municipio de Santa Cruz del Quiché, nuestros bienes naturales como minerales metálicos, agua, bosque, petróleo y otros.”


"¡No!"


14:56. Cabecera Municipal.

El edificio de gobernación sirvió como sede de la consulta comunitaria de buena fe.


Poco a poco, los resultados comenzaron a llegar para ser contados.


La Asociación de Moto Taxis, mejor conocidos como tuc-tucs, se manifestó en contra de la explotación de los recursos naturales en el municipio.




Compañeros de los colectivos Memoria Histórica, Resistencia de los Pueblos y Bloque Antiimperialista transmitieron la consulta en vivo por una emisora de video en Internet llamada www.justin.tv al igual que por una radio en FM.


Los resultados finales fueron contundentes: 98% de los adultos votaron; 27,778 rechazaron unánimemente la explotación de bienes y recursos naturales, mientras que cero se pronunciaron a favor. El municipio cuenta con una población de 62,369 habitantes, de los cuales más de la mitad son menores de edad.


Francisco Osmundo Oxlaj, miembro del CPK, declaró: “Los recursos de nuestros abuelos fueron arrebatados y saqueados. Ahora nos corresponde luchar, aun a costa de nuestras vidas, para que se respete la voluntad de los pueblos originarios. El resultado de la consulta es una prueba de ello. No queremos prebendas. Queremos nuestras montañas, ríos y bosques, y no nos los van a quitar.”


Fotorreportaje en versión Flash aquí.
English version click here.


1 Central Sindical de las Américas (CSA), Confederación Sindical Internacional (CSI) & Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MISCG). El derecho de consulta de los pueblos indígenas en Guatemala: La ruptura entre el discurso y la práctica. 1996-Marzo 2010. p. 50.
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Informe_PCGIG.pdf
2 http://www.resistencia-mineria.org/espanol/?q=node/93

Fuente:  www.mimundo-fotorreportajes.org