sábado, 4 de julio de 2009

COMUNICADO No.5 - Frente Nacional Contra el Golpe de Estado

El Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, integrado por las diferentes expresiones organizadas en Honduras, frente a la crisis provocada por el golpe de estado, informa al resto de la población, su posición claramente establecida en los principios que nos han regido y nos rigen como Movimiento Popular inclaudicable de transformar esta sociedad donde el bienestar, la inclusión y no discriminación favorezca a las mayorías en el país. En este sentido, comunicamos:

Que todo el país está movilizado, desde las comunidades, el Municipio, el Departamento y las regiones, con tomas de municipalidades, plantones, manifestaciones y otras formas de expresar el repudio, acciones totalmente pacíficas frente al gobierno golpista que ha instalado la oligarquía por medio de sus peones frente al poder Legislativo, Judicial y ejecutivo.

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, Señor José Miguel Insulza, se reunió ayer con diferentes actores en el país, candidatos del Partido Liberal y Nacional, el Cardenal, Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Momentos después señaló, que estos no reconocen que se ha violentado el orden institucional, manifestando que la OEA, tiene claro que lo ocurrido en Honduras es un golpe de estado y que además se rompe el orden institucional, por tanto no reconocen el gobierno golpista del señor Micheletti.

Que el retiro de Honduras de la OEA, tiene consecuencias graves para la mayoría de la población en el país 80%, pues significa que la medicina, alimentos, combustibles y otros vienen de otros países, y como si eso fuera poco, todos los recursos en calidad de prestamos, subvenciones, donaciones y otros ya no recibiríamos más. Los que no son afectados con salir de la OEA, son los empresarios, los que tienen el poder económico y político pues algunos ya se fueron.

Al resto de la población hondureña mantenerse en acciones de resistencia, pacífica desde los diferentes espacios donde se encuentran, decirles que independientemente de lo que suceda esta día 4 de julio, la lucha es por que se respete la institucionalidad democrática, por una transformación de la sociedad, mas incluyente, justa y equitativa.

Que no avalamos un proceso electoral que pierde su validez al ser manejado y conducido por quienes desde todo punto de vista actúan en la ilegalidad al haber usurpado el poder por la vía de las armas aunque pretendan demostrar que lo han hecho por la vía legal. A la vez exhortamos a la comunidad internacional para no apoyar ni validar un proceso electoral en estas circunstancias que son de su conocimiento.


FRENTE NACIONAL CONTRA EL GOLPE DE ESTADO

Tegucigalpa, M.D.C. 4 de julio de 2009

WILLY MEYER (IU) DESDE HONDURAS: "DEBE AUMENTAR LA PRESIÓN INTERNACIONAL PORQUE SE PREVÉ EL PEOR ESCENARIO QUE PODRÍA ACABAR EN UN BAÑO DE SANGRE".

Tegucigalpa, 4 de julio de 2009.


Willy Meyer, eurodiputado de Izquierda Unida y Vicepresidente de la Asamblea birregional Unión Europea-América Latina se encuentra en Honduras en representación del grupo de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica.Por la tarde (hora de Honduras) a petición del movimiento de resistencia nacional formado por todas las organizaciones sociales y sindicatos contrarios a los golpistas, les ha acompañado al encuentro con José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA.Insulza les ha explicado que se ha entrevistado con el arzobispado y con la Corte Suprema, y que se prevé el peor escenario.


El Secretario General de la OEA -que llevaba mandato de la Organización de no entrevistarse con nadie del gobierno golpista de Micheletti- les ha explicado que si no se restituye el poder legítimo en Honduras en el plazo de 72 horas dado por la OEA, el domingo Honduras será expulsada de la Organización.Poco después aparecía el gobierno golpista de Micheletti para anunciar que es Honduras quien abandona la OEA.


En cuanto al anuncio hecho por Micheletti del avance de elecciones, Insulza se ha pronunciado totalmente en contra, puesto que "de elecciones contaminadas tan solo pueden salir resultados contaminados"."Un gobierno sin crédito político será un gobierno sin crédito económico"- así se refirió en Secretario General de la OEA al hecho de que las instituciones financieras como el Banco Mundial se cerrarán a Honduras.Insulza les explicó también que la embajada de Estados Unidos en Honduras estaba manteniendo una postura firme en contra del golpe de estado.Para Willy Meyer "ahora hay que incrementar la presión internacional porque a nivel interno puede saltar la chispa. La gente de Zelaya se lanza a la calle cargados de razón, y cada vez se va bipolarizando más la situación".


El eurodiputado ha exigido firmeza también a la UE para acompañar a la OEA y se corten las relaciones con los golpistas. "La izquierda europea tiene que estar mucho más activa para presionar a los golpistas porque la situación puede acabar en un baño de sangre en las calles".Anteriormente, por la mañana Meyer ofreció una rueda de prensa junto con los diputados Marvine Ponce, Silvia Ayala y Marlene Paz del Partido de Unificación Democrática y Javier Holl y Rodrigo Trochez del Partido Liberal.


Meyer, quien fue mandatado por el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica del Parlamento europeo se ha desplazado a Tegucigalpa en un contexto donde la Unión Europea ha emitido una fuerte denuncia contra el golpe de estado de Micheletti. "Vengo a expresar mi solidaridad con los diputados y diputadas y los activistas sociales que han resistido y siguen resistiendo contra el golpe de estado".


El eurodiputado ha querido también manifestar su posición irrenunciable y la de su grupo ante la vuelta de Manuel Zelaya como único Presidente electo de Honduras. "Cualquier solución pasa por el regreso de Zelaya y su restitución al frente de la Presidencia del país"- declaró Meyer.


A su vez Meyer quiso manifestar su postura en contra del toque de queda impuesto desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana "el cual está siendo utilizado por el ejército para reprimir y detener a personas sin ningún tipo de garantía judicial, puesto que ha sido de clarado el estado de sitio".Del mismo modo denunció que los diputados que le acompañaban, así como cualquier otro que se manifieste en contra del golpe de estado, no pueden ejercer su función. "Este es el caso de César Ham, diputado por UD, que abortó su intento de entrar en el país por las amenazas que ciernen sobre él." Meyer quiso explicar también que están surgiendo movimientos entre los fiscales y los magistrados a favor de Zelaya.


Como relator del Parlamento europeo del acuerdo de asociación Unión Europea-América Central -que se encuentra en proceso de negociación- Willy Meyer manifestó firmemente que "si no se restituye el poder legítimo en el país, Honduras no se puede sentar en la mesa de negociaciones.


De seguir el gobierno ilegal de Micheletti, Honduras no deberá ser incluido en el Acuerdo."Meyer ha podido comprobar en las calles de Tegucigalpa cómo las fuerzas de seguridad facilitan el acceso a los manifestantes a favor de Micheletti, pero por el contrario establecen puntos de control para no dejar entrar a personas a favor del Presidente Zelaya.


Por su parte los diputados de Unificación Democrática y del Partido Liberal han agradecido la presencia del eurodiputado y han pedido que el Parlamento Europeo permanezca atento porque la mera presencia de los diputados en la rueda de prensa podría conllevarles consecuencias personales.


Los diputados liberales quisieron denunciar que no fueron convocados al pleno de autoproclamación de Micheletti. Finalmente quisieron pedir a la comunidad internacional que siga presionando hasta conseguir la restitución del presidente Zelaya.

COMUNICADO de los/as ESTUDIANTES DE POSGRADO DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOCICA FRANCISCO MORAZAN

A la comunidad nacional e internacional

Nosotro/as Estudiantes de la Segunda Promoción de la Maestría en Educación en Derechos Humanos, de la Universidad Pedagógica Nacional General Francisco Morazán, de Honduras, por este medio y en vista de la reciente situación de tensión e inestabilidad que atraviesa nuestro país, hacemos un comunicado a las autoridades civiles y militares de Honduras y al pueblo hondureño en general, para hacer del conocimiento público, que:

a. Repudiamos la complicidad del Congreso Nacional en la fraguación del rompimiento del orden constitucional, en contubernio con grupos de militares, golpistas de antaño y violadores de los Derechos Humanos.

b. Repudiamos la participación represiva del ejército, haciendo retroceder en más de un cuarto de siglo a la democracia hondureña y, reinstaurando las medidas tomadas por la Doctrina de seguridad Nacional durante los años 80`s.

c. Condenamos los ataques violentos a los que fueron sometidos compañeros defensores del orden constitucional

d. Apoyamos las decisiones tomadas en el SICA, el Grupo de Río y la OEA a fin de restablecer en sus funciones al Presidente JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES, como legítimo depositario de la voluntad del pueblo hondureño.

e. Repudiamos la participación descarada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Dr. RAMON ABAD CUSTODIO LOPEZ, en propiciar el golpe de Estado y en entablar un diálogo abierto y ameno en la misma mesa con el Torturador y violador de los Derechos Humanos BILLY JOYA AMENDOLA, ex miembro del 3-16 en comparecencia pública el domingo 28 de junio (además de asesor militar de la campaña política del golpista ROBERTO MICHELETTI BAIN)

Finalmente, como estudiantes de Pos Grado hacemos un llamado a empoderarnos de la Declaración emitida por las Naciones Unidas en el sentido de:

“1. Condenar enérgicamente el golpe de Estado llevado a cabo en la mañana de hoy en contra del gobierno constitucional de Honduras y la detención arbitraria del país del Presidente Constitucional.

2. Exigir el inmediato, seguro e incondicional retorno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales a sus funciones constitucionales.

3. Declarar que no se reconocerá a ningún gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional”.

Asumimos un compromiso por la defensa de los Derechos Humanos, el respeto a la Democracia y la Paz , sin importar su postura política o ideológica, circunstancias, condición económica, grupo étnico, religión, orientación sexual, o cualquier otra diferencia que refleje la gran diversidad de la población hondureña.

Firmamos en la cuidad de Tegucigalpa, Honduras, Centro América, a los treinta días del mes de junio del año dos mil nueve.

Delia Elizabeth Gómez Merlo

Maritza O`hara Cárcamo

Jorska Pamela Gómez García

Elías Ramos Molina

Pedro Paz Paz

Leonel Ramos Ramos

Leny Gómez

Rina Waleska Zavala

Agripino Salgado

Jerson Cárcamo

Kenia Oliva

Nelly Molina

Delia Merlo

Argumentos de derecho constitucional primariopara una oligarquía golpista primaria

Por Francisco Palacios Romeo

Existe una casi sospechosa unanimidad en condenar la factura del golpe de Estado en Honduras. Esta actitud viene facilitada por la nueva estrategia de la presidencia estadounidense.
Por otro lado, la mayoría de esos mismos gobiernos, grupos económicos y grupos mediáticos no dejan de considerar, e incluso de avalar, los argumentos que dieron lugar a ese mismo golpe. No dejan de deslizar numerosas sombras de sospecha sobre el comportamiento jurídico-constitucional del presidente Zelaya. En definitiva tratan de presentarlo como un presidente autoritario, institucionalmente indecoroso. En un juego siniestro de mimetismos con los presidentes Chávez, Morales, Ortega o Correa.

El argumento y la matriz mediática siempre son los mismos: no son demócratas, intentan generar un modelo constitucional no homologable y recurren a instrumentos jurídica y políticamente pérfidos. Sin embargo la cuestión tiene premisas contrarias. Historia, teoría, ideología y premisas constitucionales contrarias.

1. LA MANIPULACIÓN SOBRE LA PREGUNTA

La consulta que pretendía hacer el Presidente Zelaya no versaba sobre su reelección. Eso ha sido una manipulación más de la gran prensa hegemónica en general, de los medios de comunicación internacionales en particular y de los distintos grupos de poder que acostumbran a violar el derecho a la información según sus intereses. La pregunta versaba sobre una hipotética convocatoria para una Asamblea Constituyente, allá por noviembre. Era la siguiente: “¿Esta de usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que emita una nueva Constitución de la República ?”.

Era una pregunta sobre la posibilidad de hacer otra pregunta. Por lo tanto era una pregunta absolutamente inocua a corto y medio plazo. Una pregunta que debía ser validada por otra segunda pregunta.

2. LOS INEXISTENTES ARGUMENTOS DE LA CORTE SUPREMA

La consulta es prohibida por un simple Juzgado de Letras Contencioso, que es un juzgado de primera instancia, el cual emite una sentencia corta bajo el único argumento de que “su implementación redundaría en daños de carácter económico, político y social que serían de imposible reparación para el Estado de Honduras” (sic). Nada más se argumenta, salvo la cantinela vacua de su inconstitucionalidad e ilegalidad al pretender una consulta sobre una Asamblea Constituyente.

La sentencia del Juzgado de Letras será apoyada por una decisión del Tribunal Supremo Electoral que se niega a colaborar en su organización. La Corte Suprema de Justicia, por último, emitió un corto comunicado lleno, también, de generalidades y de tópicos falaces. Dice la Corte Suprema de Justicia:

“…Siendo el decomiso la ejecución de una actuación judicial firme ratificado por la Corte de lo Contencioso Administrativo en donde se declara ilegal la encuesta patrocinada por el Ejecutivo, quien en ningún momento atendió los mandatos emanados de la Constitución y la Ley , el Poder Judicial considera que tal actuación se realiza dentro del marco legal, en base a una disposición judicial emitida por el juez competente(…)quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna …”.

Argumentos simplones y falsos.

3. LA FALSEDAD DE LA INCONSTITUCIONALIDAD

El Presidente no ha vulnerado un solo artículo de la Constitución. La Constitución de Honduras nada dice sobre que el Presidente no pueda hacer una consulta. En ningún artículo prohíbe la posibilidad de que el Presidente pueda hacer una consulta al Pueblo.

En ningún artículo le asigna la competencia exclusiva para la consulta al Tribunal Supremo Electoral.

En ningún artículo se dice que no se pueda preguntar sobre una hipotética convocatoria de Asamblea Constituyente. Es más, la Constitución no menciona la posibilidad de una reforma integral del texto y, por lo tanto, aun está más justificado que se pueda convocar una asamblea constituyente al no existir regulación constitucional sobre una reforma total de la misma.
Es importante advertir que la Constitución de Honduras tiene cláusulas de intangibilidad (artículos que se prohíben reformar). Las cláusulas de intangibilidad son inadmisibles, ya que toda cláusula de intangibilidad es un atentado contra el principio sagrado del Poder Constituyente soberano. Los artículos intangibles convierten una Constitución en una Biblia. Sólo podría llegar a ser admisible un tipo de intangibilidad: la de los derechos fundamentales, respecto a su merma o reducción, con base al respeto de convenios y tratados internacionales de derechos y a un principio general de derecho natural. Y este no es el caso, puesto que la Constitución de Honduras habla de la intangibilidad de artículos referentes a la conformación y elección de las instituciones del Estado, fundamentalmente de su Presidente (artículo 374).

El Presidente ha sido extremadamente cauteloso ya que ha abordado el tema de la Asamblea Constituyente con las máximas garantías al no hacer la pregunta directamente sino al establecer la máxima garantía de la doble consulta: a) Preguntando (en junio) si el pueblo quiere que se haga una consulta en noviembre, b) Preguntando (en noviembre) si el pueblo quiere que se inicien actuaciones para la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Con todo ello el Presidente no vulnera ningún precepto constitucional sino que más bien por el contrario está: a) abriendo una amplia vía de participación popular vinculante con varias consultas sobre un mismo tema y b) está abriendo un muy amplio debate sobre dicha cuestión, con varios meses de posible discusión mediática, institucional y popular.

4. LA FALSEDAD DE LA ILEGALIDAD

a) El Tribunal Supremo Electoral no tiene la exclusividad de las actuaciones de participación política según se desprende de la Ley (Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, 2004). Tiene la exclusividad de las actividades electorales pero no hay que confundir “lo electoral” con la participación popular directa mediante consulta o referéndum. De hecho esta ley sólo se refiere a elecciones siempre -en todos los artículos- como eventos donde se disputa una cargo o escaño. Sin hacer mención a lo largo de toda la ley a consultas o referéndum.

b) En las atribuciones del T.S.E. no se encuentra el monopolio de convocatoria u organización de todo tipo de proceso de participación popular directa y ni siquiera de todo tipo de proceso electoral (vid. artículo 15 L .E.O.P.). En su numeral 8 consta la atribución “convocar a elecciones”, pero nada se dice de consultas. En el numeral 5 se habla “organizar y dirigir los procesos electorales”. Pero organizar no es convocar sino establecer el procedimiento jurídico-administrativo del proceso. c) Está claro que no había impedimento legal para que el Presidente actuara de ese modo. Y por eso se intento fabricar una ley a toda velocidad. Por ese motivo el Congreso Nacional intentó aprobar una nueva ley de Referéndum para legitimar sus actuaciones intentando hacerla valer como vigente (Ley de Referéndum y Plebiscito). Pero la ley aprobada contra reloj (en 3 días) no es una ley válida ya que le falta todo el posterior proceso de sanción presidencial o, en su caso, todo un largo proceso de posible veto presidencial. d) La simple consulta al Pueblo que no distorsione procedimientos legalmente establecidos debe ser legal por definición y por principio democrático; ya que la participación/opinión del pueblo soberano debe ser siempre la primera premisa de toda democracia.

5.- SOBRE LA DISCREPANCIA INSTITUCIONAL ENTRE PODERES

Dice la Corte Suprema de Justicia:
“…Siendo el decomiso la ejecución de una actuación judicial firme ratificado por la Corte de lo Contencioso Administrativo en donde se declara ilegal la encuesta patrocinada por el Ejecutivo, quien en ningún momento atendió los mandatos emanados de la Constitución y la Ley , el Poder Judicial considera que tal actuación se realiza dentro del marco legal, en base a una disposición judicial emitida por el juez competente(…)El Poder Judicial deja constancia que si el origen de las acciones del día de hoy esta basado en una orden judicial emitida por Juez competente, su ejecución esta enmarcada dentro de los preceptos legales, y debe desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se anteponga a devolver al Estado de Honduras, el Imperio de la Ley ….”

Falso.
¿La discrepancia entre poderes del Estado legitima el desalojo del Presidente? Nunca, a eso se le llama conflicto de competencias y es una situación normal en muchas coyunturas políticas democráticas. Para resolverlo existen mecanismos institucionales y una larga tradición de teoría general de la Constitución.

Todos los poderes judiciales y tribunales del mundo declaran no ajustadas a derecho, diariamente, miles de normas, disposiciones o actos del Poder Ejecutivo, de los distintos poderes ejecutivos, de los poderes municipales y de la Administración Pública. ¿Se puede imaginar que cada “disposición judicial emitida por el juez competente” (y sin agotar recursos) pudiera tener como consecuencia el desalojo del cargo representativo y el exilio para el cargo representativo (unipersonal o colegiado) que contradijera, a capricho del juez, del policía o del mando militar correspondiente?

6. SOBRE EL ACTO DE FUERZA Y EL PAPEL CONSTITUCIONAL DEL EJERCITO

Dice la Corte Suprema de Justicia:
…El Poder Judicial también estima que en el caso que se conoce, las Fuerzas Armadas como defensores del imperio de la Constitución , ha actuado en defensa del Estado de Derecho obligando a cumplir las disposiciones legales, a quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna …”

Falso:
Es al contrario: lo inconstitucional y lo ilegal es desobedecer al Presidente según reza la propia Constitución que dicen defender: Artículo 245.16 (“Ejercer el mando en Jefe de las Fuerzas Armadas en su carácter de Comandante General…”);

Las fuerzas armadas están siempre supeditadas al poder ejecutivo constitucionalmente establecido, son la Administración militar del Estado y como la Constitución dice son dirigidas por el Presidente. No son un poder constitucional autónomo. No son un poder deliberante (Artículo 272. “Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante”). Sólo en casos extremos en donde se hubiera establecido un clima estructural de violencia inconstitucional generalizado contra la población civil podría admitirse una legitimación para la actuación autónoma del Ejército.

¿Estamos ante una gravísima actuación inconstitucional del Presidente? Es evidente que no, como ya se ha argumentado. Pero incluso en el caso de que hubiera alguna duda nunca es constitucional secuestrar al Presidente, expulsarlo del país y habilitar a otro Presidente sin seguir, además, el más mínimo procedimiento constitucional para el “caso de vacante”. Eso es un golpe de Estado.

CONCLUSIÓN

Para las oligarquías el Derecho -los derechos- siempre han sido un reglamento interno de gestión, de la misma manera que el Estado ha sido el Consejo de Administración de esa inmensa fábrica que suponen ellos debe ser una Sociedad. En Honduras estamos ante más de lo mismo. El juego institucional, el juego democrático, los valores constitucionales no les interesan en tanto no sirvan de instrumento a sus intereses. Tampoco les interesa debatir sobre procesos de cambio a pesar de que después de 200 años en el poder sólo han construido sumideros sociales de cochambre, miseria y corrupción. Eso sí con pequeños reductos de lujo obsceno que para nada les averguenzan. Por no haber sabido no han sabido siquiera ser reales burgueses o gestores porque nada han producido ni ningún Estado han construido. No son nada, sólo primarios oligarcas golfos y golpistas. Ellos y… sus cómplices internacionales políticos, económicos y mediáticos.



*FRANCISCO PALACIOS ROMEO es PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA). MIEMBRO DEL COMITÉ INTERNACIONALISTA DE ARAGÓN



Fuente: www.rebelion.org/

La cultura golpista de la derecha

Rafael E. Cartagena (*)

Se requiere que los militares salgan de la escena rápidamente

TEGUCIGALPA - Quizás por vocación, acaso instinto, por deformación en el mejor de los casos --vaya usted a saber-- la derecha continental se aferra a una cultura golpista que muchos pensaban ya había desaparecido. Pero una búsqueda rápida en internet permite comprobar que el golpe de Estado en Honduras ha sido celebrado o justificado en las páginas de el Wall Street Journal de Nueva York, El Tiempo de Bogotá, El Heraldo de Honduras, o La Nación de Costa Rica... y la lista sigue.

Desde el año 2000 al presente, la derecha ha empleado la fuerza militar contra tres jefes de Estado elegidos por voto popular. En cambio, con excepción de la guerrilla colombiana, no se observa a las fuerzas políticas de izquierda intentando ocupar los poderes estatales por la vía de las armas. Periodistas y analistas políticos por igual deberían ponerse en alerta: la principal amenaza a la democracia no viene de la izquierda si no de la derecha.

Es un buen momento para rescatar del olvido los análisis realizados por Guillermo O´Donnell en la década de 1970. O´Donnell explicó los golpes de estado de aquellos años como una reacción de cierta élite económica, militar y política frente a unas demandas populares crecientes: luego de una época de relativa apertura a la expresión popular en Suramérica, las exigencias de los sectores populares traspasaban lo que las élites estaban dispuestas a conceder. Aunque esa no es una explicación completa, sí es una parte muy importante de la explicación.

La reacción golpista de la actual década parece tener una dinámica similar. Obviamente le asusta a la derecha la aparición de una contra-élite política, en este caso de izquierda, pero le asusta porque ella pudiera desatar expectativas en torno a cuestiones sociales y económicas. Entonces la derecha desata un discurso del miedo en donde el tema preferido son las izquierdas con liderazgos personalistas o centralizados. Es decir, explota una sensibilidad popular que sabe de pecados pero no de pecadores, de modo que sectores de la población opuestos a un pasado autoritario pueden volverse apoyos para una derecha golpista, incluso fascista.

Los golpes de Estado de las décadas de 1960 y 1970, se hicieron, igual que ahora, a nombre de la democracia. Pero posar como demócrata era más sencillo en aquella epoca, en algunos casos bastaba con ser anticomunista. Hoy las cosas han cambiado un poco y es importante para los golpistas guardar las apariencias. Se requiere que los militares salgan de la escena rápidamente y que luego tome su lugar un reparto de hombres --y algunas mujeres- curtidos en la política y los negocios que, haciendo maromas con los símbolos de la democracia, buscan dar sello de legalidad a un hecho surgido de la fuerza de las armas.

Desde luego, hay actos de fuerza militar que resultan en gobiernos. Cuando eso ocurre es casi inevitable la polarización de opiniones: se legitima al nuevo gobierno o en cambio se legitima su derrocamiento, incluso por la vía de las armas si se juzga necesario. Los argumentos jurídicos pueden ser contradictorios en estos casos: la Constitución de Honduras indica que nadie debe obediencia a un gobierno surgido de la fuerza de las armas, pero las leyes castigan la sedición. Por ello no son formalismos jurídicos los que deben dominar el debate, si no criterios ético-políticos los que han de guiarnos para decidir cuáles actos de fuerza son legítimos y cuáles no.

En este caso la derecha sostiene que en Honduras la Constitución había sido violentada por el Presidente Zelaya al impulsar una consulta popular sin sustento constitucional. Conocedores de la Constitución hondureña indican que, efectivamente, la misma no contempla mecanismos para crear una nueva Constitución. El golpe de Estado busca en primer lugar proteger ese rígido modelo institucional y luego revertirlo a esquemas menos abiertos a la participación popular, siempre dentro del marco de la "democracia".

Pero la democracia es un proceso de creatividad impulsado por una ciudadanía "empoderada". No admite definiciones que pretendan condensarla en definiciones o esquemas institucionales rígidos, excepto el respeto a los Derechos Humanos sin los cuales no es posible la existencia de aquella ciudadanía. Desde la década de 1980 al presente, sin embargo, muchos han entendido la democracia como simple mecanismo para ratificar o cambiar gobiernos por medio de elecciones regulares. A la derecha, más preocupada por los mercados, esa noción procedimental y limitada de democracia le había parecido suficiente, porque ella no le compromete a impulsar una democratización económica, tampoco a construir nuevas formas de participación popular.

En los hechos recientes se nota que la derecha no está cómoda ni siquiera con esa definición restringida de democracia. Oscar Arias, Presidente de Costa Rica, es una rareza: sólo a él se le ocurre someter un tratado de libre comercio a consulta popular. Pero tómese nota que, no hace mucho, Arias, vetó una ley de participación ciudadana que habría otorgado a las comunidades poder de decisión en cuestiones relativas a la explotación y uso del medio ambiente. Con el veto se perdió una oportunidad para profundizar la democracia costarricense. Casi nadie pareció lamentarlo: de todos modos se trataba de una reforma innecesaria y hasta peligrosa para un modelo democrático confinado en sus propias definiciones.

Lo que más teme cualquier sistema de pensamiento rígido es a la creatividad. Lo que más teme la derecha, no obstante todo su discurso en torno a la libertad, es perder su estatus, real o imaginado, dentro de un sistema de diferencias sociales. En tanto la democracia no modifica ese estatus, la derecha acepta y hasta aprende a gustar de la democracia. Pero cuando ésta amenaza con desatar la imaginación del pueblo, por manos de un "loco" o del pueblo mismo, la derecha corre a "resetear" el sistema, para que todo vuelva a su estado de equilibrio, a su versión tutelada, restringida, rutinaria de democracia. A diferencia de las computadoras, sin embargo, nunca los sistemas sociales vuelve a ser los mismos después de "reseteados". Honduras será distinta cuando haya pasado este episodio: se sacudirá el rancio bipartidismo nacional-liberal y será un país más conciente de lo que quiere, de cómo lo quiere, más participativo y más creativo. Tampoco Latinoamérica volverá a ser la misma.

(*) Cientista social y colaborador de ContraPunto

Fuente: www.contrapunto.com.sv

El imperio contraataca

Por Mario Sosa

En los últimos años hemos venido experimentando un proceso de liberación de los pueblos latinoamericanos, cuyo punto de partida fue haber construido procesos democráticos y revolucionarios que en un momento dado tuvieron las condiciones suficientes para competir por la vía electoral y lograr la toma de los entes gubernamentales. A partir de ahí avanzaron en reformas constitucionales, en políticas hacia la democracia representativa, transformaciones económicas y sociales, y en algunos casos procesos que parecieran dirigirse hacia la construcción del socialismo como alternativa al capitalismo. Además, fueron tejiendo un camino de integración latinoamericanista que se expresa en la Alternativa Bolivariana para las Américas -ALBA-, el MERCOSUR, entre otras instancias.

Dicho proceso ha ido logrando recuperar la soberanía de dichos pueblos y restando poder a las oligarquías y al imperialismo estadounidense, a tal punto que este último ha sufrido derrotas importantes en el concierto de las Naciones Unidas y la OEA, antes sus espacios de resonancia fiel. Es un hecho también que en la coyuntura de Honduras, el proceso latinoamericanista ha logrado importantes avances y ha demostrado su peso político en la región.

No obstante, esto no ha hecho desfallecer la estrategia imperial, que a través de su Estado corporativo y sus autónomas agencias CIA, la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy-NED), la USAID, entre otras, ha venido impulsando procesos de desestabilización de aquellos regímenes o gobiernos no afines a sus intereses y, como parte de esto, el impulso de las llamadas "revoluciones" de colores y las juventudes "democráticas" que han servido de instrumento para impulsar o consolidar procesos conservadores y serviles. Esto es lo que se ha observado en la Europa del Este, en países como Angola, Irán, Bolivia, Ecuador, la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua, Honduras, Guatemala, entre otros.

Es en este contexto que debe entenderse la posición diplomática de Estados Unidos, traducida en declaraciones tibias en buena medida obligadas por el aplastante rechazo mundial al golpe de Estado- y la falta de medidas concretas con relación al gobierno de facto, así como el mantenimiento de su Embajador, el financiamiento al Movimiento Paz y Democracia dirigido por María Martha Díaz, quien ha sido de las organizadoras del apoyo al gobierno de facto, en conjunto con la Unión Cívica Democrática, aglutinadora de las cámaras empresariales, acuerpados por la prensa afiliada a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). A esto se suma el financiamiento de agencias de extrema derecha estadounidense, como la Fundación Arcadia. En este sentido, también resulta reveladora la petición del gobierno estadounidense para que Zelaya no vuelva todavía a Honduras y, con ello, permitir que el golpe de Estado pueda consolidarse.

La consolidación del golpe de Estado en Honduras representaráa un período terrible de violación a Derechos Humanos en Honduras, propio de un régimen oligárquico, militar e imperialista de facto. Abriría la posibilidad para que avancen estrategias desestabilizadoras en Guatemala, impulsadas por un movimiento autodenominado cívico y democrático, cuyo epicentro se encuentra en las expresiones de la derecha fascista procedente de grupos como Pro Reforma, de partidos como el PP, Unionista, VIVA -entre otros--, de grupos corporativos y gremiales oligárquicos, de iglesias fundamentalistas y medios de prensa masivos, todos vinculados en esta estrategia oligárquica e imperialista subregional en Centro América y regional en Latinoamérica.

El sostenimiento de este golpe de Estado también abriría puertas a que se fortalezcan intentonas golpistas en Latinoamérica y volver a tiempos del secuestro, asesinato y refugio político, del genocidio y el etnocidio. Implicaría, además, retroceder en condiciones que permiten la recuperación del programa revolucionario para reiniciar un camino liberador para nuestro país.
Por eso nuestras acciones deben ser ideológicamente claras y políticamente contundentes. El rechazo categórico al golpe como una estrategia imperial y oligárquica y nuestro apoyo a la resistencia del pueblo hondureño en su lucha por recuperar las mínimas garantías para su lucha y para la reinstalación del Presidente constitucional y democráticamente electo, José Manuel Zelaya.

Fuente: www.albedrio.org

El círculo vicioso de los golpes de Estado

Por Luis Armando González (*)

El asunto es que en la política real las cosas funcionan de otra manera: aceptar un golpe de Estado es aceptar otro y otro

SAN SALVADOR - A raíz del golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya han salido a relucir, en nuestro país, distintas posturas orientadas a justificar el movimiento golpista en Honduras. Si esas justificaciones provinieran exclusivamente de quienes nunca se han identificado con las reglas y valores de la democracia no habría razones para alarmarse. Sin embargo, no ha sido así. No se ha tratado sólo de personas de talante antidemocrático indiscutible, sino de personas que han proclamado una y otra vez su credo democrático y que incluso en más de una ocasión han intentado convertirse en “guardianes” de la democracia salvadoreña.

Es preocupante que quienes dicen estar identificados con la democracia intenten legitimar un procedimiento de recambio político –como lo es el golpe de Estado— que no sólo es contrario a ella, sino que la socava en sus fundamentos. Y es que una de las prácticas que un régimen democrático pretende erradicar es el relevo político de los gobernantes por el mecanismo de la fuerza, sea esta militar o civil. Este es el sentido de las elecciones periódicas: establecer, en lugar del recambio violento y abrupto en la conducción gubernamental, el recambio regulado por la ley y legitimado por la voluntad popular.

Así de simple. No se trata de ideologías –es decir, no se trata de ser de izquierda o de derecha—, sino de experiencia, prudencia y razonabilidad. Cuando se acepta una interrupción de un mandato gubernamental por la vía de golpe de Estado se abre la puerta a otros golpes de Estado, porque similares argumentos para defender uno de un signo pueden ser usados para defender otro de signo opuesto.

Quien no lo entienda que se tome la molestia de revisar la historia política de El Salvador desde 1931 hasta 1979: hubo golpes de Estado para todos los gustos. No hubo, eso sí, ni estabilidad política ni respeto a la voluntad soberana del pueblo. No hubo democracia y cuando algunos destellos de ella aparecieron en el horizonte –1972 y 1977— los militares los apagaron con la fuerza de las armas.

Cuando se escuchan argumentos en defensa del golpe de Estado en Honduras, es inevitable preguntarse –y preguntar a quienes los sostienen— qué hubiera pasado si a Antonio Saca le hubieran dado un golpe de Estado militares y civiles descontentos con su participación en la campaña electoral de ARENA. Quienes justifican el golpe de Estado en Honduras, ¿hubieran justificado un golpe semejante contra Saca? ¿Justificarían un golpe de Estado contra Felipe Calderón en México o contra Álvaro Uribe en Colombia?

Son obviamente preguntas retóricas, porque ya se sabe la respuesta. Las voces que se escuchan en El Salvador a favor de los golpistas hondureños no hubieran avalado un golpe de Estado contra Saca, ni lo avalarían contra Calderón o Uribe, porque ellos pertenecen al bando de los “amigos”. O sea, hay golpes de Estado que sí están permitidos –los que se hacen contra los “enemigos”, mientras que otros no lo están—. Curioso, ¿no?

El asunto es que en la política real las cosas funcionan de otra manera: aceptar un golpe de Estado es aceptar otro y otro. Y ello porque al aceptarlo una vez lo que se acepta es un mecanismo de recambio político alterno al mecanismo democrático. Un mecanismo que operará siempre que quien esté en el gobierno haga algo que moleste a sectores capaces de movilizar a los militares en su contra.

(*) Politólogo y colaborador de ContraPunto

Fuente: Revista ContraPunto - www.contrapunto.com.sv

A la Constitución rogando y con el mazo dando

Por Jorge Majfud
ALAI, América Latina en Movimiento

En la Constitución de Honduras de 1982, como en cualquier otra, es posible encontrar líneas que lleven a alguna contradicción en la práctica. Al igual que los escritos sagrados, no es un texto perfecto. Ha sido escrito por la mano del hombre y de algunas mujeres. No obstante es la constitución vigente en ese país y a ella hay que comenzar a referirse para el más breve análisis sobre el reciente conflicto de poderes.

Quienes secuestraron al presidente Manuel Zelaya y pusieron en su lugar al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, afirman que todo el proceso fue hecho de forma legal y en respaldo a la constitución. Supongo que, como suelen hacerlo las sectas religiosas, han pasado tijera por un par de párrafos y lo han invocado para justificar toda la violencia y arbitrariedad de la que hicieron gala.

Los artículos que parecerían darles la razón a los golpistas son el 239 y el 374. En resumen, ambos dicen que “ el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos ”. Más adelante: “ No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República ”

Pero la realidad está compuesta de varios niveles de integración. Notemos en principio que los partidarios del golpe de Estado entienden que “cesar de sus respectivos cargos” incluye (1) el allanamiento de domicilio; (2) el secuestro por la fuerza de las armas de un presidente; (3) el exilio forzado de todo un grupo, ahora disidente; (4) la desaparición de sus colaboradores; (5) la suspensión de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos (disidentes) de ese país; (6) la intervención de los medios de prensa que no les son favorables, como si no fuera suficiente tener de lado a la prensa más influyente; (7) la promoción de marchas a favor del nuevo régimen y (8) la represión violenta de los manifestantes en contra.

La discusión central debería radicar en estas y otras violaciones a los derechos humanos que comete un “proceso democrático con el apoyo unánime de la población”, definida por el presidente de facto como un ejército de “siete millones de soldados”. Por no ir más lejos con una discusión sobre las tensiones sociales, económicas e ideológicas que históricamente han sido estigmatizadas como demonios comunistas.

Pero como la disputa se ha centrado en la legalidad del golpe de estado para evitar definirlo como tal, volvamos a este punto.

La misma constitución, en el artículo 45, dice que “ Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país ”. El artículo 2 dice que “ la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la Patria ”. Y el artículo 3 complementa: “ Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas”.

No obstante la acción del presidente Zelaya que se alega ilegal consistió en convocar al pueblo para una encuesta no vinculante que podría proponer, o no, un referéndum sobre la creación de una Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones de noviembre donde él no sería ni podría ser candidato reelegible.

Esta práctica está amparada en el artículo 5 de la Ley de Participación ciudadana de 2006, según el cual es posible realizar consultas populares no vinculantes sobre una gestión o una propuesta política. El decreto 3-2006 aprobado por el mismo Congreso Nacional de Honduras, invocando “ la Constitución de la República establece que la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan los Poderes del Estado” y considerando que “la evolución y la dinámica del comportamiento social (…) debe ser modernizada para no limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ”, establece en su artículo 5 que “ la iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación mediante el cual el ciudadano podrá presentar las solicitudes e iniciativas siguientes: Solicitar que los titulares de órganos o dependencias públicas de cualquiera de los poderes del Estado, que convoque a la ciudadanía en general (…) para que emitan opiniones y formulen propuestas de solución a problemas colectivos que les afecten. Los resultados no serán vinculantes pero sí elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante”.

Es decir, en ningún momento se intentó realizar un referéndum para reformar la constitución. Ni siquiera se propuso una consulta vinculante para promover dicho referéndum. Si las encuestas populares “ no serán vinculantes pero sí elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante”, entonces no hay directa ni indirectamente un proceso de “reforma de la constitución”.

Ahora, ¿para qué sirve una Asamblea Nacional constituyente? Para redactar una nueva constitución, ya que la actual si bien reconoce que el soberano es el pueblo (no sus representantes), al mismo tiempo no reconoce que este pueblo pueda cambiar su propia constitución en lo que refiere a la forma o el período de sus gobiernos usando medios pacíficos y democráticos.

No es mi interés defender lo que siempre he criticado de los caudillos, como es su costumbre de permanecer de por vida en el poder o en sus sombras. Pero estos caudillos, esta cultura, tradicionalmente han tenido una función social específica, como lo es el mantenimiento de un statu quo que favorece a las clases dominantes. En Honduras, dueñas de los principales medios de comunicación y fabricantes de opiniones y de pasiones a su medida y conveniencia. Lo nuevo no son los caudillos. Lo nuevo son los caudillos que no responden claramente a los deseos de estas clases dominantes.

Recientemente he recibido una avalancha de correos electrónicos a favor y en contra del Golpe de Estado. Tal vez la mayoría no los leeré nunca. Algunos justifican el golpe invocando la pobreza, la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico. Razón por las cuales habría que dar un golpe de Estado en cada país de este mundo. Uno de estos mensajes defendía, digamos que con honestidad, su defensa a la democracia y al golpe de Estado con el siguiente argumento en mayúsculas: “ No es coincidencia que el que apoya al asno de Mel (Zelaya) sean pobres, sin educación, sin criterio propio. Eso es un abuso”.

Con frecuencia una frase vale por mil palabras.

- Jorge Majfud, PhD, Lincoln University, School of Humanities, Department of Foreign Languages and Literatures.

Fuente: www.majfud.50megs.com - http://escritos.us http://alainet.org/

Coup in Honduras. Gobierno de facto hondureño anuncia supuesto retiro de la OEA

Fuente: bayonaTv - VTV - Youtube.com

Regreso a la caverna

Sergio Ramírez

El golpe militar consumado contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, ha representado para América Latina el regreso a la era de las cavernas, cuando era signo común que los ejércitos actuaran como árbitros finales del poder político. Los regimenes surgidos de los golpes militares fueron un mal propio de Centroamérica por décadas, lo que ganó a estos países el triste título de repúblicas bananeras, denominador común que se extendió hacia todos aquellos otros donde hubiera un ejército dispuesto a ejercer sus prerrogativas de gorilato.

Las imágenes de las calles de Tegucigalpa que vimos en la televisión, con los tanques de guerra y los carros blindados en agresivo despliegue, y las patrullas de soldados en atuendo de combate, volvieron a poner el reloj en la hora más negra de un pasado que parecía sepultado para siempre.

Y un presidente levantado a la fuerza de su cama en la madrugada por un pelotón de militares encapuchados que invade su casa, subido en pijama a un avión, y llevado a otro país, son también imágenes de una vieja película que creíamos no volveríamos a ver jamás. Pero están allí, ante nuestros ojos, y corresponden a las realidades del siglo veintiuno.

Las justificaciones legales de toda la trama son torpes. He oído al diputado Roberto Micheletti, nombrado presidente de la república por el Congreso Nacional después del golpe para suceder a Zelaya, que la acción se debió a la orden de un juez, impartida a los mandos militares. Imaginen el tamaño de la artimaña. Un juez que da un mandamiento a quien no debe, porque el ejército no tiene funciones de policía más que bajo un régimen ocupación, y menos puede ordenar a los militares que saquen de su cama a un presidente debidamente electo, que goza de inmunidad, y que lo extrañen del país, desde luego que el destierro no existe ni como medida preventiva, ni como pena, bajo la ley. Sólo usar esta coartada es ya una vergüenza.

La magnitud de la agresión que ha sufrido el orden democrático en Honduras, deja atrás cualquier debate acerca de la precaria situación en que el presidente Zelaya se había puesto en los días anteriores al golpe militar. Parado en el filo de la navaja, no supo hacer una lectura sensata del balance político de fuerzas, cuando todo se acumulaba en su contra. Horas antes de ser sacado violentamente de su casa y del país, había perdido el respaldo de la Asamblea Nacional, que luego votó de manera unánime su sustitución; de su propio partido, el Partido Liberal, cuyos diputados votaron todos por la sustitución, junto con los de los otros partidos; de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Electoral, y de la Fiscalía; de buen número de los medios de comunicación con los que había entrado en una áspera pugna, de las cúpulas de empresarios, y de la jerarquía de la Iglesia Católica. Se hallaba solo, y no parecía reparar en ello.

El presidente Zelaya se olvidó, Dios sabe por qué, del terreno que estaba pisando, al insistir en llevar adelante una consulta popular, organizada por él mismo, y que debió realizarse el propio domingo de su derrocamiento, cuando los otros poderes del estado se lo habían prohibido bajo argumentos de inconstitucionalidad. Conforme esta consulta, pretendía obtener respaldo para hacer que en las elecciones generales de noviembre próximo se instalara una cuarta urna en la que los ciudadanos debían votar si quería un cambio de Constitución Política, algo que el Consejo Electoral le había ya negado, con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia.

Siguió actuando con atolondramiento cuando ordenó al Ejército desembarcar el material electoral de la consulta, llegado desde Venezuela, y repartirlo en los centros de votación; y cuando el jefe del ejército se negó, hizo destituirlo, para que de inmediato sus adversarios en los otros poderes del estado respaldaran al destituido, previa renuncia de todo el estado mayor en solidaridad con su jefe. Para provocar una crisis de este tamaño, el presidente debió sentir que tenía alguna clase de respaldo sustancial. ¿Pero dónde estaba ese respaldo? ¿En qué instituciones? ¿En qué organizaciones populares, en qué sindicatos, en qué partidos políticos, en qué corporaciones? ¿Contaba acaso con la mayoría de la opinión pública? Siento que el presidente Zelaya se vio en otro país que no era Honduras, y subestimó el poder de los estamentos conservadores, que miraron con antipatía y desconfianza su alineamiento con la izquierda populista que representan Chávez y Ortega, y su amistad con Fidel Castro, una legítima escogencia personal suya, de todas maneras. Es, al menos, uno de los argumentos que de manera solapada utiliza Micheletti para justificar el golpe: ha dicho que Zelaya, su correligionario liberal, cambió de ideología en el camino, y “se volvió de izquierda”, lo que al fin y al cabo le cobraron con el golpe militar.

Los errores de apreciación política del presidente Zelaya, que no advirtió el terreno que estaba pisando, y sus enfrentamientos con el orden legal para promover un cambio constitucional que le permitiera la reelección, como es ahora el impulso de los líderes en el gobierno en no pocos países de América Latina, se vuelven anecdóticos. Fue depuesto de manera ilegal y brutal, y eso es lo que cuenta.

La prueba de fuego es ahora para la Organización de Estados Americanos (OEA), que debe demostrar si es capaz de hacer valer su Carta Democrática. No puede haber trasgresores del orden constitucional, ni los golpes militares pueden quedar en la impunidad.


Fuente: www.analitica.com

Vea las fotos históricas de los fotografos de AP sobre el golpe en Honduras!

http://www.boston.com/bigpicture/2009/07/the_honduran_coup_detat.html

CONDENAMOS EL GOLPE DE ESTADO Y APOYAMOS LA RESISTENCIA POPULAR DEL PUEBLO HONDUREÑO

1. Las organizaciones firmantes, como expresiones del pueblo centroamericano, condenamos el golpe de Estado en contra del Presidente democráticamente electo de Honduras, José Manuel Zelaya, perpetrado por la oligarquía, los medios de difusión masiva burgueses, el ejército hondureño, los partidos de derecha y la dirección política del imperialismo yanqui a través del Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA.

2. Condenamos y entendemos este golpe de Estado como una expresión de la estrategia de desestabilización impulsada por Estados Unidos y las oligarquías, para frenar el avance del desarrollo social y los cambios económicos, sociales y políticos de todos los pueblos latinoamericanos y del mundo. En ese sentido se entiende la complicidad que en Guatemala manifiesta el CACIF y sus cámaras empresariales, los principales órganos de difusión masiva y columnistas de derecha, de partidos políticos de derecha y sus dirigentes, de un conjunto de universidades y órganos ideológicos a su servicio, y de la juventud fascista y de las expresiones del autollamado “movimiento cívico nacional”, que han venido impulsando en nuestro país una estrategia desestabilizadora, propia de la estrategia yanqui que impulsa las llamadas revoluciones de colores y que financia a las oposiciones golpistas en Bolivia, la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

3. Condenamos la represión impulsada contra la resistencia popular del pueblo hondureño por el gobierno espurio y golpista encabezado por el oligarca Michelletti. Asimismo, la militarización, el reclutamiento forzoso de jóvenes, adolescentes y niños, la suspensión de servicios públicos y vitales, las garantías constitucionales, adquiriendo así un carácter terrorista el gobierno golpista de facto.

4. Nos solidarizamos con la digna y valiente resistencia del pueblo hondureño, que está luchando por la restitución del Presidente Zelaya y por ser el único sujeto de su destino, por ser el depositario de la soberanía que le corresponde a él únicamente.

5. Nos sumamos a las voces del mundo que exigimos la inmediata reinstalación del presidente constitucionalmente electo Manuel Zelaya Rosales.

6. Denunciamos y rechazamos enérgicamente la violación a Derechos Humanos, a la libertad de expresión del pensamiento, la censura y represión a los medios de comunicación social, comunicación comunitaria, y a comunicadoras y comunicadores comprometidos con la libertad y a la vez, exigimos el cese inmediato de la violación al derecho de pensamiento libre y de comunicación libre.

7. Exigimos al Presidente de Guatemala, Álvaro Colom, restablecer el cierre de fronteras y romper todo vínculo comercial con el gobierno terrorista de Michelletti, y ya que las oligarquías aducen millonarias pérdidas, exigimos que se obligue al pago de impuestos en correspondencia fiscal a las ganancias obtenidas por los empresarios guatemaltecos, que es el producto de la explotación de la fuerza de trabajo de las y los trabajadores.

8. Rechazamos las medidas retardatorias impulsadas por el gobierno de Estados Unidos, en su intento por dar tiempo a la consolidación del golpe de Estado, como el llamado a elecciones anticipadas y el plebiscito que pretenden impulsar los golpistas para consolidarse en el poder. Como Organizaciones Populares nos declaramos en total oposición ante la intervención imperialista en las democracias libremente electas en Latinoamérica.

9. Rechazamos y repudiamos la posición reaccionaria de los empresarios, políticos de derecha y militares guatemaltecos en apoyo a los golpistas hondureños, y alertamos a la población sobre el peligro golpista que acecha a Guatemala, Centroamérica y Latinoamérica, con asesoría del Imperio.

10. Instamos a los sectores del ejército hondureño que apoyan al legítimo gobierno de su país a unirse a la resistencia popular y derrocar al gobierno de facto.

11. Exhortamos al legítimo gobierno de honduras y al movimiento popular organizado hondureño a profundizar los procesos de cambios sociales hacia una Revolución socialista.

12. Hacemos un urgente llamado a todas las organizaciones populares y progresistas y al pueblo de Guatemala en general para que se sume a esta lucha permanente contra las amenazas y acciones golpistas, reaccionarias y fascistas que atentan contra la soberanía, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos.

Frente Popular, Frente Popular Universitario, Frente de Juventud Popular, Grupo Político Estudiantil Tu Voz, Comunidad Estudiantil No’j, OASIS, Partido Socialista Centroamericano, Coordinadora Universitaria y Popular, Asociación de Estudiantes de Historia (AEHAAA), SITRACOMUSAC, STECSA, Colectivo de Acción y Discusión Política La Gotera, Bloque Antiimperialista, Colectivo Rolando Morán, UNAMG, H.I.J.O.S., Red Nacional de Organizaciones Mayas de Guatemala Renoj, CONAPAMG, Coordinadora Nacional Sindical y Popular – CNSP -, Bloque Popular Social-Guatemala, Sociedad Internacional de Intelectuales Sartreanos en Defensa de la Humanidad-Universidad de Solidaridad Internacional Jean Paul Sartre & Paul Nizan Capítulo Guatemala, Colectiva de Mujeres Feministas de Izquierda, Voces de Mujeres, Colectivo Artesana.

Esto ha sido un golpe de Estado militar y nadie ha asumido esa responsabilidad

Insulza: Violación a la Carta Democrática y ruptura del orden Constitucional deben ser reparados

Hondureños gritan "QUEREMOS A MEL" en impresionante manifestación popular que recibió a Insulza


"Yo no he encontrado ningún indicio que me permita suponer que esto va a cambiar", dijo el secretario General de la OEA desde Tegucigalpa / Reclamó expulsión de un presidente constitucional / Informó que este sábado presentará su informe a la OEA / Suspensión es contra el Estado y no cambiará, incluso surja otro gobierno


"Lo ocurrido en Honduras ha sido un golpe de Estado militar, y la situación jurídica creada es la violación flagrante de la Carta Democrática y la ruptura del orden Constitucional, por eso debe ser reparado", dijo el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en rueda de prensa, tras realizar la notificación oficial del término del ultimátum dado por los 34 países del continente a las autoridades que usurparon el poder tras el secuestro y posterior abandono en el extranjero del Presidente Zelaya.

"Yo no he encontrado ningún indicio que me permita suponer que esto va a cambiar...", informó Insulza, al señalar que recibió documentos de varios sectores, que según estos, supuestamente, justificarían las medidas tomadas por presuntos juicios contra el mandatario constitucional derrocado. "A mí no me consta ninguna de ellas...", dijo.

"Yo me llevo lo que me dieron", agregó, pero informó que las instituciones tienen que funcionar y si alguien tiene una acusación la hace y tiene mecanismos para destituirlo, "pero de manera legal (...) Aquí no ha habido esos juicios ni expedientes ni cargos, y nadie me podrá decir que en algún país del mundo esté establecido que los militares capturen a un presidente en su casa, en la madrugada, y lo saque del país para abandonarlo en otro".

En la breve rueda de prensa, donde los periodistas a ratos gritaban y opinaban abiertamente, y donde no hubo preguntas sobre las medidas de suspensión de garantías ni contra la represión fascista contra los simpatizantes del presidente Constitucional, pero sí cuestionamiento a llamar a lo sucedido como golpe de Estado, el Secretario General de la OEA espetó:

"No sé cómo ustedes llaman a que un grupo militar, mandado por militares, se lleven a un presidente, lo trasladan en vehículos militares y lo mandan a otro país...Podrían decir que el gobierno no es militar, pero es de civiles que han asumido después de un golpe militar", reclamó.

Insulza dijo que en la región, ha habido cambios de gobiernos respetando el ordenamiento legal vigente y las leyes internacionales. "El push o golpe de grupos de militares que expulsan a la fuerza a un presidente se había dado dos veces en las últimas dos décadas: la primera en Haití, con el secuestro del presidente Aristide, y el intento frustrado en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez".

"Nos habíamos acostumbrado a que no pasaría más en América, y es como cuando un récord se rompe, hay que comenzar de nuevo a contar", dijo lacónico.

Acotó que cumplió en Tegucigalpa su misión, y el mensaje ha quedado claro. "Yo vine a dar el mensaje, y ese mensaje está claro...No es necesario agregar muchas cosas:

-Ha habido un golpe de Estado y la ruptura grave de la institucionalidad democrática de Honduras. Pedimos que se acepte revertir esta situación por parte de quienes tomaron el poder en el país...Lamento decir que...el resultado claro es que la ruptura persiste y los que tienen el poder por el momento no tienen ninguna intención de revertir la situación.

Dijo que observó una sociedad profundamente polarizada y dividida, con mucha tensión, y aunque expresó que felizmente no hay un saldo trágico, hay una autoridad de facto y de poderes públicos que no tienen disposición a revertir la grave situación infligida a la institucionalidad democrática.

Asamblea General decidirá suspensión de Honduras:

Insulza dijo que no adelantaba su informe en esa rueda de prensa, porque lo presentará este sábado en la Asamblea General, para que adopte las decisiones correspondientes.

En este sentido, dijo que el artículo 21 de la Carta faculta a la Asamblea General para suspender a un Estado miembro donde se mantenga la ruptura de la institucionalidad democrática. Pero, además, recordó, que la violación cometida da origen a una cantidad de situaciones relaciones, como por ejemplo la negación de créditos interamericanos a cualquier gobierno de hecho, que de ninguna manera será reconocido como legítimo por el resto de los miembros de la OEA.

"La suspensión en la Carta Democrática es al Estado, no a los gobiernos", explicó Insulza, al señalar que si algún gobierno surge tras el golpe, producto de elecciones o por cualquier otra vía, la sanción y el aislamiento se mantienen y el rechazo a su presencia también.

Comentó, además, que la OEA toma las decisiones por consenso y para eliminar la suspensión también requiere de un consenso de los países miembros.

Informó que la decisión del presidente Constitucional, Manuel Zelaya, de regresar a su país es una prerrogativa del mandatario y no respondió preguntas relacionadas sobre los planes o la manera en que se realizaría su retorno.

Ratificó que la OEA es una antigua y sólida institución que tiene sus atribuciones, y entre ellas no está la de actuar en contra de gobiernos de facto. Dejó abierta la posibilidad de que la presencia internacional se haga a través de la ONU, aunque dijo no conocer los procedimientos de los Cascos Azules

Posteriormente, en contacto telefónico, el enviado especial de VTV a Honduras, Eduardo Silvera, informó que la cancillería de facto de Micheletti habría declarado que no aceptaba la postura de la OEA, reiterando que ellos son "el gobierno legítimo".

Antes de esta respuesta de los usurpadores, Insulza había lamentado la posición asumida por las autoridades de facto, y expresó su deseo para que en Honduras se determine "quiénes fueron los que echaron al presidente Zelaya, porque a estas alturas nadie asume responsabilidad por eso".


Fuente: VTV



Latinoamérica empuja a un Washington reacio a que apoye la democracia en Honduras

Por Mark Weisbrot
ALAI, América Latina en Movimiento

El golpe militar que derrocó al presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya, provocó repudio unánime a nivel internacional. Pero la respuesta de algunos países ha sido más reacia que la de otros y la ambivalencia de Washington ha comenzado a despertar sospechas acerca de lo que realmente el gobierno estadounidense está tratando de lograr en esta situación.
Las primeras declaraciones de la Casa Blanca en respuesta al golpe fueron débiles y evasivas. En ellas no se denunciaba el golpe, sino más bien se hacía un llamado a “todos los actores políticos y sociales en Honduras a respetar las normas democráticas, el Estado de derecho y los principios de la Carta Democrática Interamericana”.


Esas declaraciones diferían con las de otros presidentes del hemisferio, como Lula da Silva de Brasil y la presidenta Cristina Fernández de Argentina, quienes denunciaron el golpe y exhortaron a que se restituyera al presidente Zelaya. La Unión Europea también emitió una respuesta similar, menos ambigua y más inmediata.


Más adelante, ese mismo día, a medida que la respuesta de otras naciones se hizo más clara, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, hizo una declaración más fuerte en la cual se repudiaba el golpe – pero sin referirse a éste como un golpe. Además, no hacía mención alguna sobre el retorno de Zelaya a la presidencia.


La Organización de Estados Americanos, el Grupo de Río (la mayor parte de Latinoamérica) y la Asamblea General de las Naciones Unidas han todos llamado a que se dé el “retorno inmediato e incondicional” del presidente Zelaya.


Las fuertes posiciones desde el Sur resultaron en declaraciones anónimas de funcionarios del Departamento de Estado que mostraban más apoyo al retorno del presidente Zelaya. Para la tarde del lunes, el presidente Obama finalmente declaró: “Nosotros creemos que el golpe no fue legal y que el presidente Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras...”


Pero más tarde, ese mismo lunes en una conferencia de prensa,
se le preguntó a la secretaria de Estado Clinton si “restaurar el orden constitucional” en Honduras significaba el retorno de Zelaya. La secretaria nunca dio una respuesta afirmativa.

¿Por qué tanto recelo en llamar abiertamente al retorno inmediato e incondicional de un presidente electo, así como lo había hecho el resto del hemisferio y las Naciones Unidas? Una posibilidad obvia es que Washington no comparte estos objetivos. Los líderes del golpe no tienen apoyo internacional pero aún podrían tener éxito en lograr que pase el tiempo – Zelaya tiene menos de seis meses para terminar su mandato. ¿Apoyará el gobierno de Obama la imposición de sanciones en contra del gobierno golpista para prevenir que esto suceda? Los gobiernos vecinos de Guatemala, Nicaragua y El Salvador ya han hecho las primeras advertencias al anunciar una suspensión del comercio por 48 horas.


A diferencia de esto, una razón para la reticencia de Hillary Clinton de llamar al golpe un golpe es la prohibición, bajo la Ley de ayuda al extranjero de Estados Unidos (U.S. Foreign Assistance Act), de proveer fondos a gobiernos en donde el jefe de Estado haya sido destituido por un golpe militar.


La palabra ‘incondicional' también es clave en esta situación: el gobierno estadounidense quizás quiera extraer alguna concesión de Zelaya como parte de un acuerdo para su retorno a la presidencia. Pero así no es como funciona la democracia. Si Zelaya quiere negociar algún acuerdo con sus oponentes políticos luego de haber retornado, ésa es otra historia. Pero nadie tiene el derecho de extraerle concesiones políticas en el exilio, a punta de pistola.


No hay excusa alguna para este golpe. Una crisis constitucional se desató cuando el presidente Zelaya le ordenó al ejército que distribuyera los materiales para un referendo no vinculante que se llevaría a cabo el domingo pasado. El referendo le pedía a los ciudadanos que votaran sobre si incluir una propuesta para una asamblea constituyente, para redactar una nueva constitución, en las elecciones de noviembre. El jefe del ejército, el general Romeo Vásquez, se rehusó a llevar a cabo las órdenes del presidente. El presidente, como comandante en jefe del ejército, despidió a Vásquez, con lo cual el ministro de defensa renunció. La Corte Suprema posteriormente dictaminó que el despido de Vásquez por parte del presidente era ilegal y la mayoría en el congreso se ha mostrado en contra del presidente Zelaya.


Los partidarios del golpe argumentan que el presidente violó la ley al intentar proceder con el referendo después de que la Corte Suprema fallara en contra de éste. Ésta es una cuestión legal; puede ser cierto o puede ser que la Corte Suprema no tuviera base legal para emitir esa sentencia. Pero esto es irrelevante para lo que ha sucedido: el ejército no es el árbitro de una disputa constitucional entre los varios poderes del Estado. Esto es particularmente cierto en este caso, en el que el referendo que se proponía era un plebiscito no vinculante y meramente de carácter consultivo. No habría cambiado cualquier ley, ni habría afectado la estructura de poder; era simplemente una encuesta al electorado.


Por consiguiente, el ejército no puede afirmar que actuó para prevenir un daño irreparable. Éste es un golpe militar llevado a cabo con propósitos políticos.


Existen otras cuestiones sobre las cuales nuestro gobierno se ha mantenido raramente silencioso. Los informes de represión política, del cierre de estaciones de radio y TV, de la detención de periodistas, detención y abuso físico de diplomáticos y de lo que el Comité para la Protección de Periodistas ha llamado una “censura de los medios”, son eventos que aún esperan por ser seriamente reprochados por Washington. Al controlar la información y reprimir la disensión, el gobierno de facto de Honduras está también creando el marco para unas elecciones injustas en noviembre.


Muchos informes han contrastado el rechazo del gobierno de Obama al golpe hondureño con el apoyo inicial del gobierno de Bush al golpe militar de 2002 que derrocó brevemente al presidente Hugo Chávez en Venezuela. Pero de hecho hay más similitudes que diferencias entre la respuesta estadounidense a estos dos eventos. En el marco de un día, el gobierno de Bush revirtió su posición oficial sobre el golpe venezolano debido a que el resto del hemisferio había anunciado que no reconocería al gobierno golpista. De manera similar, en este caso, el gobierno de Obama está siguiendo al resto del hemisferio, tratando de no ser la excepción, pero al mismo tiempo, sin realmente compartir su compromiso con la democracia.


No fue sino hasta algunos meses después del golpe venezolano que el Departamento de Estado
admitió que le había brindado apoyo financiero y de otro tipo a “individuos y organizaciones que se entiende que estuvieron activamente involucrados en la breve expulsión del gobierno de Chávez”. En el golpe hondureño, el gobierno de Obama afirma que intentó disuadir al ejército hondureño para que no tomara esta acción. Sería interesante saber cómo se llevaron a cabo estas discusiones. ¿Será que los funcionarios del gobierno dijeron, “Ustedes saben que tendremos que decir que estamos en contra de una movida como ésa si la llevan a cabo, porque todo el mundo lo hará”? O será que más bien dijeron, “No lo hagan, porque haremos todo lo que esté a nuestro alcance para revertir cualquier tipo de golpe”? Las acciones del gobierno desde que ocurrió el golpe apuntan a algo más parecido a lo primero, sino hasta peor.

La batalla entre Zelaya y sus oponentes pone de frente a un presidente reformista apoyado por sindicatos laborales y organizaciones sociales en contra de una élite política corrupta, con conexiones al narcotráfico, que opera al estilo de una mafia y que está acostumbrada a escoger no solamente a la Corte Suprema y al Congreso, sino al presidente también. Es una historia recurrente en Latinoamérica, y Estados Unidos casi siempre se ha puesto del lado de las élites. En este caso, Washington tienen una relación muy cercana con el ejército hondureño, desde hace ya décadas. Durante los años ochenta, Estados Unidos utilizó bases en Honduras para entrenar y armar a los ‘contras', los paramilitares nicaragüenses que se dieron a conocer por sus atrocidades en la guerra en contra del gobierno sandinista en el vecino país de Nicaragua.
El hemisferio ha cambiado substancialmente desde el golpe venezolano de abril de 2002, con otros once gobiernos de izquierda siendo elegidos posteriormente. Un conjunto entero de normas, instituciones y relaciones de poder entre el Sur y el Norte en el hemisferio han sido alteradas. El gobierno de Obama enfrenta hoy a vecinos que están mucho más unidos y mucho menos dispuestos a ceder en cuestiones fundamentales de democracia. Es por eso que la secretaria de Estado Clinton probablemente no tendrá mucho espacio de maniobra. Sin embargo, la ambivalencia del gobierno será notada en Honduras y muy probablemente podría motivar al gobierno de facto a que intente aferrarse al poder. Eso podría ocasionar muchos daños.


- Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es presidente de la organización Just Foreign Policy.
Publicado en ingles en The Guardian Unlimited


Fuente: http://alainet.org/active/31375 - 2009-07-01

GRAN MARCHA POPULAR en Guatemala

GRAN MARCHA POPULAR
en apoyo a la resistencia del Pueblo Hondureño y contra el Golpe de Estado
Objetivo : rechazar el golpe de Estado en Honduras a través de una movilización unitaria en apoyo al pueblo hondureño y su Presidente democráticamente electo, José Manuel Zelaya.
HOY Sábado 4 de julio
Recorrido: Sale 8:30 A.M. de la Embajada estadounidense, pasa por la sede del CACIF y concluye en el Parque Central.
CONVOCAN
Albedrio.org
Frente Popular
Coordinadora Universitaria Popular
Asociación de Estudiantes de Historia (AEHAAA)
Frente Popular Universitario
Frente de Juventud PopularColectivo Noj’
SITRACOMUSAC
Partido Socialista Centroamericano
La Gotera