A Mecate Corto N° 140 | 14 Mayo 2010 | Editado por COMUNICACIONES-SJ
Nuestra Palabra
Para nadie es noticia recordar que uno de los actores sociales de mayor peso en el país lo
constituye la empresa privada y una de sus instituciones con mayor proyección institucional es el COHEP. Su protagonismo siempre ha sido fuerte, de manera visible o invisible, cercana a la política y a los políticos, a los grupos de poder o a las transnacionales. Y, por encima de todo, haciendo valer a como dé lugar sus intereses e imponiéndolos a toda la sociedad. Lo hemos visto recientemente en sus propuestas acerca del “paquetazo”, del salario mínimo o en cualquier medida que afecte o limite sus intereses.
Por eso no es de extrañar el comunicado que acaban de publicar donde salen en defensa y con una fuerte apología de la industria del tabaco. Lo que defienden a capa y espada es el derecho del productor por encima del derecho a la salud y de un gobierno a legislar sobre una droga legalizada, como es el tabaco, y sus consecuencias negativas en la población hondureña. Siempre la defensa se basa en los empleos directos e indirectos que proporcionan y, en caso de perderse, las miles de familias desprotegidas y sin medios de subsistencia.
Consideran como perjudiciales y atentado a la libertad de expresión la prohibición de publicidad; igualmente las notas de advertencia en las cajetillas porque irían contra la propiedad intelectual. También rechazan la venta de cajetillas de pequeñas unidades, la
reconversión de los cultivos. Consideran que la actitud gubernamental es un atentado contra el derecho de petición, de asociación y de libertad de expresión constitucionales. Todo ello envuelto en la promoción del desarrollo empresarial, y en un sistema de libre comercio con criterio de igualdad y reciprocidad.
Sencillamente defienden los derechos de los fumadores, de los productores, fabricantes y detallistas. Al final, se presentan como “víctimas” y un colectivo a quien se le ha violado en sus derechos más fundamentales. En definitiva, contrarrestar y anular la Ley Especial para el Control del Tabaco.
A lo que no hacen referencia es a los terribles cuestionamientos y juicios millonarios realizados en contra de las grandes compañías tabacaleras realizadas en el primer mundo. Todo ello unido al encubrimiento sistemático y continuado durante décadas acerca de la adición y los efectos cancerígenos en los fumadores activos y pasivos. Y, tampoco, la estrategia de exportar al tercer mundo esta “industria de la muerte” y obtener, mediante una legislación benigna y sobornable en nuestros países, unas ganancias que ya no son posibles en los países ricos.
Es un caso parecido a la forma cómo operan las compañías mineras en el país que, amparándose en legislaciones irresponsables y en una clase política corrupta, hacen en nuestro país lo que está estrictamente prohibido y castigado en sus países de origen. Pero, en definitiva, esto no es más que un caso de la manera en que los sectores empresariales logran poner a su servicio las leyes del país en complicidad de diputados, partidos, gobernantes y medios de comunicación.
Por lo tanto, no debemos permitir que este momento político de desconcierto por parte del nuevo gobierno sea utilizado por ningún sector empresarial para neutralizar una ley atentatoria para los hondureños pero que daría grandes ganancias a una economía asesina, sin ética que juega con la vida y la muerte de la sociedad.
Fuente: Vos el soberano
