Al mismo tiempo, requerido por medios internacionales el usurpador Roberto Micheletti mintió en forma descarada al pretender negar las medidas represivas y la conculcación de las libertades públicas en que incurre el gobierno de facto contra los amplios sectores del pueblo hondureño que reclaman en las calles el retorno del presidente Zelaya al cargo para el cual fue electo hasta el fin de su mandato. Una gran masa de pueblo, encabezada por la esposa y la hija del presidente, se dirigía el viernes rumbo a la frontera con Nicaragua y fueron detenidos a su paso por varios retenes militares. Contra grupos de manifestantes que pretendían pasar se lanzaron gases lacrimógenos en profusión y se registraron también varios disparos, tal cual lo vimos en imágenes de Telesur. Algunos grupos lograron sortear estos obstáculos y dando un rodeo llegaron a destino para fundirse en un abrazo con el presidente, que estaba unos metros dentro de territorio hondureño, recibiendo desde su celular llamadas de solidaridad desde todo el mundo, y en particular de los mandatarios del Mercosur reunidos en Asunción.
Ese día en Tegucigalpa y otras ciudades se efectuaba un paro de los trabajadores decidido por sus centrales sindicales, paralización en los hospitales (resguardando los servicios de urgencia) así como detención de actividades de los educadores. Un informe elaborado por una misión de 15 miembros integrantes, entre otros organismos, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ, de nuestro país, donde actuaba Perico Pérez Aguirre) documentó las brutales violaciones de derechos humanos perpetrados desde el golpe de estado del 28 de junio. En un informe exhaustivo de 49 páginas se mencionan otros tres asesinatos políticos sumados al del joven Isis Obed Murillo, al que le volaron la cabeza en el aeropuerto de Toncontin el 5 de julio y cuyo padre sigue encarcelado. Son los del dirigente sindical Roger Iván Bados, el periodista Gabriel Fino Noriega y el político izquierdista Ramón García. Entre las "violaciones graves y sistemáticas de los DDHH" el informe señala (además de la extensión del toque de queda en la zona fronteriza) "ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, múltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información".
Este último aspecto cubre un capítulo especial, con datos a montones, que revelan como se han cortado todas las emisoras y medios que se hacían eco de la lucha popular por el retorno de Zelaya. Esto es lo que pretendió negar Micheletti en la noche del viernes, cuando el informe señala que "hemos constatado el asalto a diversos locales de medios de comunicación y amenazas de muerte contra periodistas, el bloqueo de sus trasmisiones o la interceptación telefónica y bloqueo de su acceso a Internet.
Fuente: resistenciahondurena.blogspot.com
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