Editorial de La Jornada
A casi un mes del golpe de Estado perpetrado en Honduras, resulta clara la existencia de una fractura en el entorno democrático internacional: mientras que, por una parte, diversos gobiernos latinoamericanos han exigido el retorno al cargo del presidente constitucional de ese país centroamericano, Manuel Zelaya, la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, y el presidente costarricense, Óscar Arias, por la otra, han tenido diversas expresiones de complacencia hacia los golpistas y el régimen espurio que encabeza Roberto Micheletti.
Son de sobra conocidas las contradicciones en materia de política exterior del nuevo gobierno estadunidense y las discordancias entre el presidente Barack Obama y diversos estamentos del poder, en particular las agencias de inteligencia, sectores del Departamento de Defensa y, por supuesto, la propia Clinton. Es sabido, también, que ésta mantiene añejos vínculos políticos con individuos afines al cuartelazo que hace un mes interrumpió el orden democrático hondureño e implantó una dictadura cada vez más desembozada y abiertamente represiva. Por ello, es claro –aunque resulte exasperante– que una de las pistas fundamentales por las que transcurre la crisis del país centroamericano se encuentra en Washington, y de lo que se negocie en las oficinas ejecutivas y legislativas estadunidenses dependerá, en buena medida, la posibilidad de restituir la institucionalidad y la legalidad quebrantadas en Honduras.
A estas alturas se ha hecho evidente, también, el papel de Óscar Arias como parapeto diplomático del régimen de facto implantado en esa nación, ya que cuando las diplomacias latinoamericanas confiaron al mandatario costarricense una tarea de gestión para negociar los términos del retorno de Zelaya a la presidencia hondureña, éste fue mucho más allá de sus atribuciones y formuló un plan –al que denominó Declaración de San José– que otorgaba beneficios políticos injustificados e inmerecidos a quienes son, de acuerdo con el derecho internacional y el hondureño, delincuentes: su participación en un gobierno de "unidad nacional" y la suspensión definitiva de la consulta que el mandatario constitucional pretendía realizar en torno a la relección,lo cual fue una bocanada de oxígeno al entonces cercado régimen espurio, cuyos cabecillas se envalentonaron y rechazaron la propuesta.
Debe considerarse, a este respecto, que más allá de la inadmisible perpetuación del gobierno espurio hondureño, el que se otorgue cualquier clase de premio político e institucional a los golpistas sentaría un precedente nefasto para el futuro de las democracias en el hemisferio; es indispensable, por tanto, impedir que proliferen sectores políticos tentados a usar la fuerza militar institucional para la obtención de cuotas de poder.
Ayer, Arias cometió el grave dislate de descalificar a Zelaya por su reciente –y breve– incursión en suelo hondureño y por su decisión de apostarse en un punto de la frontera entre Nicaragua y su país, medidas que, dijo, "no ayudan a la reconciliación". Por añadidura, el político costarricense criticó a su homólogo depuesto por haber incorporado a Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), decisión soberana sobre la que no le corresponde pronunciarse.
En contraste con las inconsecuencias y extravíos de Arias, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, quien no se ha caracterizado en su gestión por posturas radicales, señaló que la determinación de Zelaya de retornar a Honduras es "absolutamente legítima".
Con estos hechos, sumados al rechazo de los golpistas a su propuesta, Arias ha dejado en claro que busca otorgar márgenes de acción a quienes quebrantaron el orden constitucional y la democracia en Honduras y que no es capaz de ostentar la necesaria imparcialidad para gestionar una solución a la crisis política de ese país. De esa forma ha reducido las posibilidades de la diplomacia latinoamericana para buscar una salida al conflicto y ha firmado su propia defección del bando democrático.
En esa circunstancia, con una gestión internacional debilitada por la defección de Arias y por las soterradas disputas en la administración de Obama, cabe esperar que tenga éxito la lucha de los propios hondureños por restituir su sistema democrático y reponer en el cargo a su presidente constitucional.
A casi un mes del golpe de Estado perpetrado en Honduras, resulta clara la existencia de una fractura en el entorno democrático internacional: mientras que, por una parte, diversos gobiernos latinoamericanos han exigido el retorno al cargo del presidente constitucional de ese país centroamericano, Manuel Zelaya, la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, y el presidente costarricense, Óscar Arias, por la otra, han tenido diversas expresiones de complacencia hacia los golpistas y el régimen espurio que encabeza Roberto Micheletti.
Son de sobra conocidas las contradicciones en materia de política exterior del nuevo gobierno estadunidense y las discordancias entre el presidente Barack Obama y diversos estamentos del poder, en particular las agencias de inteligencia, sectores del Departamento de Defensa y, por supuesto, la propia Clinton. Es sabido, también, que ésta mantiene añejos vínculos políticos con individuos afines al cuartelazo que hace un mes interrumpió el orden democrático hondureño e implantó una dictadura cada vez más desembozada y abiertamente represiva. Por ello, es claro –aunque resulte exasperante– que una de las pistas fundamentales por las que transcurre la crisis del país centroamericano se encuentra en Washington, y de lo que se negocie en las oficinas ejecutivas y legislativas estadunidenses dependerá, en buena medida, la posibilidad de restituir la institucionalidad y la legalidad quebrantadas en Honduras.
A estas alturas se ha hecho evidente, también, el papel de Óscar Arias como parapeto diplomático del régimen de facto implantado en esa nación, ya que cuando las diplomacias latinoamericanas confiaron al mandatario costarricense una tarea de gestión para negociar los términos del retorno de Zelaya a la presidencia hondureña, éste fue mucho más allá de sus atribuciones y formuló un plan –al que denominó Declaración de San José– que otorgaba beneficios políticos injustificados e inmerecidos a quienes son, de acuerdo con el derecho internacional y el hondureño, delincuentes: su participación en un gobierno de "unidad nacional" y la suspensión definitiva de la consulta que el mandatario constitucional pretendía realizar en torno a la relección,lo cual fue una bocanada de oxígeno al entonces cercado régimen espurio, cuyos cabecillas se envalentonaron y rechazaron la propuesta.
Debe considerarse, a este respecto, que más allá de la inadmisible perpetuación del gobierno espurio hondureño, el que se otorgue cualquier clase de premio político e institucional a los golpistas sentaría un precedente nefasto para el futuro de las democracias en el hemisferio; es indispensable, por tanto, impedir que proliferen sectores políticos tentados a usar la fuerza militar institucional para la obtención de cuotas de poder.
Ayer, Arias cometió el grave dislate de descalificar a Zelaya por su reciente –y breve– incursión en suelo hondureño y por su decisión de apostarse en un punto de la frontera entre Nicaragua y su país, medidas que, dijo, "no ayudan a la reconciliación". Por añadidura, el político costarricense criticó a su homólogo depuesto por haber incorporado a Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), decisión soberana sobre la que no le corresponde pronunciarse.
En contraste con las inconsecuencias y extravíos de Arias, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, quien no se ha caracterizado en su gestión por posturas radicales, señaló que la determinación de Zelaya de retornar a Honduras es "absolutamente legítima".
Con estos hechos, sumados al rechazo de los golpistas a su propuesta, Arias ha dejado en claro que busca otorgar márgenes de acción a quienes quebrantaron el orden constitucional y la democracia en Honduras y que no es capaz de ostentar la necesaria imparcialidad para gestionar una solución a la crisis política de ese país. De esa forma ha reducido las posibilidades de la diplomacia latinoamericana para buscar una salida al conflicto y ha firmado su propia defección del bando democrático.
En esa circunstancia, con una gestión internacional debilitada por la defección de Arias y por las soterradas disputas en la administración de Obama, cabe esperar que tenga éxito la lucha de los propios hondureños por restituir su sistema democrático y reponer en el cargo a su presidente constitucional.
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