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La gente mantiene posición y prepara nuevas estrategias
Por Giorgio Trucchi | LINyM
En la mañana de hoy (12/4), cuerpos especiales de la Policía se hicieron presentes en el lugar donde, desde hace 11 días, varias comunidades indígenas lencas mantienen una fuerte protesta contra la implementación y ejecución del proyecto hidroeléctrico "Agua Zarcas", desalojando por la fuerza a los miembros de las comunidades, activistas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y a observadores internacionales.
A ellos, los policías les arrebataron sus cámaras fotográficas para no dejar evidencias del operativo.
A ellos, los policías les arrebataron sus cámaras fotográficas para no dejar evidencias del operativo.
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"Llegaron unas siete patrullas repletas de antimotines al mando de Fredy Lagos, jefe regional de la Policía en Comayagua y Miguel Ponce Sorto, jefe de la Policía de Intibucá, y nos desalojaron.
Han destruido nuestras carpas, secuestrado nuestras provisiones y el agua. Han irrespetado a los observadores internacionales, les han arrebatado violentamente las cámaras y se han llevado el equipo de comunicación del Copinh.
Exigimos que se salgan de nuestro territorio, que nos dejen protestar contra un proyecto que las comunidades afectadas han rechazado de forma decidida", dijo hace pocos minutos a la LINyM, Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh.
El proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA), y realizado, entre otros, con fondos del BCIE (Banco Interamericano de Integracvión Económica) por 24.4 millones de dólares, se propone generar 21.3 MW y se está desarrollando en la zona noroccidente de Honduras, específicamente entre los Departamentos de Santa Bárbara e Intibucá.
Según el Copinh y las comunidades indígenas de la zona, este proyecto hidroeléctrico estaría siendo financiado también por Financiera Comercial Hondureña SA (Banco Ficohsa), cuyo gerente general es Javier Atala, quien el año pasado suscribió un convenio por 20 millones de dólares con Proparco, filial de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) dedicada a la financiación del sector privado, para proyectos de energía renovable.
Entre las empresas que estarían ejecutando el proyecto se mencionan a la compañía contratista china Sinohydro, la empresa de construcción Concreto Preesforzado de Centroamérica SA (Copreca) y la alemana Voith Hydro, que ganó un contrato de suministro de turbinas hidráulicas y otras partes.
"Personeros de las empresas que están a cargo del proyecto llegaron con los antimotines e intentaron intimidar a la gente, sin embargo no lo lograron.
En este momento está llegando mucha más gente a reforzar la protesta y no nos hemos ido del lugar. Nos mantenemos a la expectativa y vamos a implementar otras estrategias y medidas de protesta, para defender nuestra tierra y nuestros recursos", aseguró Cáceres.
La dirigente indígena dijo también que hicieron un llamado a las autoridades centrales involucradas en el proyecto, para que se hagan presentes en aras de garantizar el respeto de los derechos humanos, así como el respeto del Convenio 169 de la OIT, y el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas sobre proyectos en su territorio, incluso su derecho de rechazarlos.
En su planteamiento inicial, las comunidades lencas ratificaron su firme rechazo al proyecto y exigieron su retiro inmediato, ya que de hecho "privatiza el sagrado Río Gualcarque y el territorio”, así como provoca “daños ambientales, desplazamiento, daños al patrimonio cultural y económico, militarización y amenazas contra miembros de las comunidades".
"Queremos que se ponga fin al hostigamiento y la represión contra la población de este sector. De aquí no nos vamos a mover, no importa cuantas veces nos desalojen", concluyó Cáceres.
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