Rettet den Regenwald
Hamburgo (Alemania) - La organización ambientalista independiente Salva la Selva (Rettet den Regenwald) lanzó hoy (6/4) una acción urgente para Honduras, promoviendo el envío masivo de mensajes electrónicos al gobierno británico, para que retire la autorización de compra de créditos de carbono que beneficiaría a la empresa Exportadora del Atlántico SA, que integra el Grupo Dinant, propiedad del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum.
Ya el pasado 4 de febrero, 76 organizaciones de los cinco continentes enviaron una carta abierta al gobierno británico, pidiendo el retiro de tal autorización para los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que se pretenden implementar en el Valle del Aguán (Colón) y Lean (Atlántida) en Honduras.
"Los créditos de carbono se pagarían a través del denominado Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, un controvertido esquema de fijación de carbono establecido por las Naciones Unidas bajo el Protocolo de Kyoto.
Según esta política, compañías contaminantes de los países del Norte -en este caso la compañía energética francesa EDF Trading- puede evitar tener que reducir sus propias emisiones de carbono comprando crédito de proyectos en el Sur que supuestamente reduzcan emisiones de carbono", explica Salva la Selva.
En ese caso, los dos proyectos de la cuestionada Exportadora del Atlántico/Grupo Dinant recibirían dinero de EDF trading. Esto es posible porque bajo las normas del MDL, los derechos humanos son totalmente ignorados.
La Misión Internacional que entre febrero y marzo del año en curso investigó la situación de derechos humanos en el Bajo Aguán, constató una severa crisis de los derechos humanos en la zona. De enero de 2010 a febrero de 2011, 23 campesinos han sido asesinados, existe una total impunidad en la zona del Bajo Aguán y se detectaron múltiples violaciones del derecho a la integridad de la persona, entre otros.
Ante esta grave situación, la Misión elaboró un Informe que el pasado 25 de marzo fue entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
"Después de dos meses -explica Salva la Selva- el gobierno aún no ha desautorizado el proyecto, y al acercarse la fecha límite, cada vez hay más posibilidades de que el Exportadora del Atlántico/Grupo Dinant reciba la financiación.
El gobierno británico, que por cierto suscribe el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podría aun detener ambos proyectos retirando su autorización. En caso contrario se convierte en cómplice de los abusos de Exportadora del Atlántico/Grupo Dinant".
Ante esta situación, Salva la Selva hace un llamado urgente a enviar al gobierno británico un mensaje para que retire la autorización a estos dos proyectos que beneficiarían directamente a Miguel Facussé Barjum, repetidamente señalado por las organizaciones campesinas como el principal responsable de la violencia y violación de los derechos humanos en el Bajo Aguán.
Ya el pasado 4 de febrero, 76 organizaciones de los cinco continentes enviaron una carta abierta al gobierno británico, pidiendo el retiro de tal autorización para los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que se pretenden implementar en el Valle del Aguán (Colón) y Lean (Atlántida) en Honduras.
"Los créditos de carbono se pagarían a través del denominado Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, un controvertido esquema de fijación de carbono establecido por las Naciones Unidas bajo el Protocolo de Kyoto.
Según esta política, compañías contaminantes de los países del Norte -en este caso la compañía energética francesa EDF Trading- puede evitar tener que reducir sus propias emisiones de carbono comprando crédito de proyectos en el Sur que supuestamente reduzcan emisiones de carbono", explica Salva la Selva.
En ese caso, los dos proyectos de la cuestionada Exportadora del Atlántico/Grupo Dinant recibirían dinero de EDF trading. Esto es posible porque bajo las normas del MDL, los derechos humanos son totalmente ignorados.
La Misión Internacional que entre febrero y marzo del año en curso investigó la situación de derechos humanos en el Bajo Aguán, constató una severa crisis de los derechos humanos en la zona. De enero de 2010 a febrero de 2011, 23 campesinos han sido asesinados, existe una total impunidad en la zona del Bajo Aguán y se detectaron múltiples violaciones del derecho a la integridad de la persona, entre otros.
Ante esta grave situación, la Misión elaboró un Informe que el pasado 25 de marzo fue entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
"Después de dos meses -explica Salva la Selva- el gobierno aún no ha desautorizado el proyecto, y al acercarse la fecha límite, cada vez hay más posibilidades de que el Exportadora del Atlántico/Grupo Dinant reciba la financiación.
El gobierno británico, que por cierto suscribe el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podría aun detener ambos proyectos retirando su autorización. En caso contrario se convierte en cómplice de los abusos de Exportadora del Atlántico/Grupo Dinant".
Ante esta situación, Salva la Selva hace un llamado urgente a enviar al gobierno británico un mensaje para que retire la autorización a estos dos proyectos que beneficiarían directamente a Miguel Facussé Barjum, repetidamente señalado por las organizaciones campesinas como el principal responsable de la violencia y violación de los derechos humanos en el Bajo Aguán.
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