- Cuatro personas han sido asesinadas por la policía y el ejército hondureños desde que tuvo lugar el golpe de Estado en Honduras el 28 de junio, según los testimonios recogidos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
- El comité, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha presentado un informe preliminar en el que además denuncia el uso desproporcinado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y la restricción de la libertad de información.
Tres de las personas asesinadas murieron a causa de heridas de bala en la cabeza mientras participaban en diferentes manifestaciones contrarias al gobierno golpista. El cádaver de Pedro Magdiel Muñoz, el cuarto caso documentado en el informe, fue encontrado cerca de la frontera con Nicaragua. Su cuerpo “tenía señales de tortura que habían sido ocultas bajo una camisa limpia que se le había puesto luego de ser asesinado”. La CIDH recogió testimonios de dos personas que habían sido testigos de la detención por miembros del Ejército horas antes de que apareciera su cuerpo, cuando participaba en una manifestación frente a los retenes militares en la zona.
La Comisión, cuya función primordial es el fomento de los Derechos Humanos en los países miembros de la OEA pero que cuyas recomendaciones no son vinculantes, denuncia igualmente “la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones detención”.
- Estudiante golpeado por la policía el 30 de julio de 2009 durante una manifestación pacífica contra el golpe de Estado. © Amnistía Internacional
Asimismo, Amnistía Internacional (AI) ha denunciado el “brutal trato infligido por la policía y el ejército a manifestantes pacíficos en la capital, Tegucigalpa”. Y lo ha hecho a partir de la publicación de testimonios y fotografías en los que se ve los hematomas y heridas provocados por “los golpes propinados por la policía con porras, piedras y otros objetos que les arrojaron” durante una manifestación pacífica en la capital el 30 de julio. La mayoría de los 75 detenidos sufrían heridas , no fueron informados de a dónde los llevaban, por qué motivo los detenían o cuáles eran los cargos en su contra. Todos quedaron en libertad al cabo de unas horas.
Según Esther Major, investigadora de AI en Centroamérica, “Las detenciones y malos tratos de manifestantes se están empleando como forma de castigo contra quienes se oponen abiertamente al gobierno de facto, y son un elemento disuasorio para quienes contemplan la posibilidad de echarse a la calle para mostrar pacíficamente su descontento con la situación política que vive el país.”
Varias de las personas entrevistadas por AI dijeron que los policías no llevaban identificaciones visibles y que algunos llevaban el rostro tapado con un pañuelo. A Amnistía Internacional también le preocupa que la situación sea más grave fuera de la capital, puesto que los militares y las policías que vigilan los controles en las carreteras retrasan en impiden el acceso a las organizaciones a lugares en las que, según les consta, se están cometiendo violaciones de derechos humanos.
Restricciones a la libertad de expresión
Tanto el informe de la CIDH como de AI dedican especial atención a las amenazas y agresiones sufridas por los periodistas, la confiscación de equipos y materiales, el cierre de medios de comunicación y los cortes de energía eléctrica para impedir la emisión de información sobre el gobierno golpista.
Nuevo intento de la OEA de una solución diplomática
Una delegación compuesta por los ministros de exteriores de Canadá, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana y por el Secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, ha llegado hoy a Honduras para buscar una solución diplomática al conflicto basada en el Acuerdo de San José elaborado por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, y en el que la figura el regreso de Zelaya al gobierno hasta el final de su mandato, el 10 de enero de 2010. Sin embargo, ayer mismo, pocas horas antes de la llegada del comité, la Corte Suprema de Justica de Honduras rechazó varios puntos del plan de Arias, entre ellos, el referido a la vuelta de Zelaya. “Existen acciones penales presentadas (contra él) por la Fiscalía General de la República”, por lo que, “mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal”, señaló a través de un comunicado el Supremo hondureño. Mientras tanto, los partidarios del presidento depuesto, Zelaya, como del golpista Micheletti, están por fin de acuerdo en algo: en que esta visita de la OEA puede ser el último intento para resolver por la vía diplomática la crisis hondureña.
Fuente: www.pmasdh.com
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