El campesino Catalino López, 50 años, seis hijos
menores de edad, perteneciente al grupo campesino El Despertar, margen izquierda
del Río Aguán, fue asesinado alrededor de las 12:00 del día por guardias de
seguridad del empresario René Morales. De acuerdo a sus compañeros de
organización el dramático hecho se produjo cuando varios campesinos llegaban a
esa comunidad desde el cementerio donde se habían citado varias comunidades para
limpiarlo en ocasión del día de difuntos que se celebra mañana.
Entraban a esa comunidad en un camión pequeño propiedad de su empresa cuando guardias de seguridad que se conducían en dos vehículos, uno grande y otro pequeño, los detuvieron e inmediatamente, sin mediar palabra, dispararon contra ellos provocando sorpresa en los agredidos que se lanzaron del vehículo y echaron a correr en diferentes direcciones para ponerse a salvo.
Catalino López no pudo escapar y, como él, otros dos de sus compañeros sufrieron heridas de bala. José Luis Lemus (35 años) fue conducido en estado de gravedad al hospital Atlántida de La Ceiba; a Nilda Fúnez Nataren (18 años) una bala fracturó uno de sus brazos y arrancó parte de la piel de uno de sus pechos.
Inmediatamente de la agresión armada los guardias de seguridad se retiraron a las plantaciones de René Morales y, de acuerdo a las versiones de dirigentes campesinos, el ejército y la policía integrada a la operación Xatruch II, se movilizaron para esas plantaciones para acompañar a los guardias de seguridad, olvidando su obligación de proceder a la captura de los victimarios y socorrer a las víctimas.
Como hemos señalado en otras oportunidades cuando se han dado hechos de sangre, los convenios entre campesinos y terratenientes, aún mediando el Estado, no garantizan la no violación de derechos humanos. Las cuatro organizaciones campesinas afiliadas a MARCA fueron asentadas en la finca San Esteban con 471 hectáreas por el mismo INA, luego de llegar a un acuerdo con René Morales, según confirmó en aquella oportunidad el jefe regional de esa institución en Sinaloa.
Precisamente por ese estado caótico que se expresa con graves violaciones a los derechos humanos, las organizaciones que participaron en la audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 24 de octubre recién pasado, solicitaron a este organismo que emitiera recomendaciones al Estado de Honduras para que investigara y sancionará los crímenes y demás violaciones graves a los derechos humanos en el Bajo Aguán y que regulara debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, imponiéndoles el respeto pleno de los derechos humanos.
Tales recomendaciones se hicieron públicas por distintos medios de comunicación y, desde luego, fueron escuchadas por los representantes del régimen y la respuesta es contundente: no les importa la condena surgidas de amplios sectores del pueblo hondureño, la comunidad internacional y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Las expresiones de impotencia de altos funcionarios del régimen –civiles, de la policía y militares-por los altos grados de criminalidad en el país, seguidas de promesas reiterativas para superar este gravísimo estado de cosas suenan huecas, hipócritas y cínicas.
Sin otra alternativa FIAN Honduras sigue pidiendo expresiones del pueblo y organizaciones internacionales solidarias con el propósito de que concluyan en la eliminación de la violencia y la impunidad, y se devuelva al pueblo la paz que tanto añora, en especial a los campesinos que viven bajo la agresión permanente de militares, policías, guardias de seguridad privada y sicarios.
Tegucigalpa MDC 1 de noviembre de 2011
Gilberto Rios
Secretario Ejecutivo
FIAN Internacional
Seccción Honduras
Entraban a esa comunidad en un camión pequeño propiedad de su empresa cuando guardias de seguridad que se conducían en dos vehículos, uno grande y otro pequeño, los detuvieron e inmediatamente, sin mediar palabra, dispararon contra ellos provocando sorpresa en los agredidos que se lanzaron del vehículo y echaron a correr en diferentes direcciones para ponerse a salvo.
Catalino López no pudo escapar y, como él, otros dos de sus compañeros sufrieron heridas de bala. José Luis Lemus (35 años) fue conducido en estado de gravedad al hospital Atlántida de La Ceiba; a Nilda Fúnez Nataren (18 años) una bala fracturó uno de sus brazos y arrancó parte de la piel de uno de sus pechos.
Inmediatamente de la agresión armada los guardias de seguridad se retiraron a las plantaciones de René Morales y, de acuerdo a las versiones de dirigentes campesinos, el ejército y la policía integrada a la operación Xatruch II, se movilizaron para esas plantaciones para acompañar a los guardias de seguridad, olvidando su obligación de proceder a la captura de los victimarios y socorrer a las víctimas.
Como hemos señalado en otras oportunidades cuando se han dado hechos de sangre, los convenios entre campesinos y terratenientes, aún mediando el Estado, no garantizan la no violación de derechos humanos. Las cuatro organizaciones campesinas afiliadas a MARCA fueron asentadas en la finca San Esteban con 471 hectáreas por el mismo INA, luego de llegar a un acuerdo con René Morales, según confirmó en aquella oportunidad el jefe regional de esa institución en Sinaloa.
Precisamente por ese estado caótico que se expresa con graves violaciones a los derechos humanos, las organizaciones que participaron en la audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 24 de octubre recién pasado, solicitaron a este organismo que emitiera recomendaciones al Estado de Honduras para que investigara y sancionará los crímenes y demás violaciones graves a los derechos humanos en el Bajo Aguán y que regulara debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, imponiéndoles el respeto pleno de los derechos humanos.
Tales recomendaciones se hicieron públicas por distintos medios de comunicación y, desde luego, fueron escuchadas por los representantes del régimen y la respuesta es contundente: no les importa la condena surgidas de amplios sectores del pueblo hondureño, la comunidad internacional y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Las expresiones de impotencia de altos funcionarios del régimen –civiles, de la policía y militares-por los altos grados de criminalidad en el país, seguidas de promesas reiterativas para superar este gravísimo estado de cosas suenan huecas, hipócritas y cínicas.
Sin otra alternativa FIAN Honduras sigue pidiendo expresiones del pueblo y organizaciones internacionales solidarias con el propósito de que concluyan en la eliminación de la violencia y la impunidad, y se devuelva al pueblo la paz que tanto añora, en especial a los campesinos que viven bajo la agresión permanente de militares, policías, guardias de seguridad privada y sicarios.
Tegucigalpa MDC 1 de noviembre de 2011
Gilberto Rios
Secretario Ejecutivo
FIAN Internacional
Seccción Honduras
Y aqui seguimos idiotizados con bailes pendejos! ay Dios hasta cuando! que impotencia! :@
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