La iniciativa Mérida contra Centroamérica

Manuel E. Yepe, Rebelión

Centoamérica está hoy a la cabeza de las subregiones más violentas de América Latina y del Mundo.

La violencia generada por la delincuencia común y el crimen organizado deja cada año en Centroamérica casi 14.000 asesinatos y pérdidas económicas superiores a los 6.500 millones de dólares, equivalentes al 7,7% del PIB de la región, según estudio elaborado por expertos para el Consejo Nacional de Seguridad Pública de El Salvador con datos aportados por autoridades de policía y fiscalías de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

La tasa media anual de homicidios es superior a 36 por cada 100.000 habitantes con elevados índices de otras expresiones de violencia tales como lesiones, robos, hurtos, extorsiones y violencia de género e intrafamiliar, subraya el estudio.

Recientemente, David Johnson, Secretario de Estado Adjunto a la cargo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Justicia de Estados Unidos, visitó Tegucigalpa para tratar con el presidente Porfirio Lobo y su ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, asuntos relativos a la ayuda militar y policial que presta Washington al régimen de facto de Honduras.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Estado, Johnston, Lobo y Álvarez habían convenido en convocar al Grupo de Trabajo para la implementación de la Iniciativa Mérida, que es el mecanismo creado por Estados Unidos para financiar, equipar y entrenar a las fuerzas policiales y militares en México, América Central, la República Dominicana y Haití para el combate contra el tráfico de drogas.

El hecho de que el Departamento de Estado hubiera escogido a Honduras para anunciar desde allí su intención de promover las primeras estructuras institucionalizadas de apoyo a la Iniciativa Mérida, causó grave preocupación en las organizaciones que se proclaman defensoras de los derechos humanos de ese país, dada la intensidad que ha alcanzado allí la represión política tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, el exagerado papel que desempeñan los militares en el gobierno civil de facto y el control que ejerce actualmente el crimen organizado sobre de las fuerzas de seguridad del Estado en Honduras.

Según el discurso público estadounidense, la Iniciativa Mérida promueve la coordinación interinstitucional y acciones conjuntas de seguridad nacional, particularmente entre la policía y los militares.

La Iniciativa Mérida surgió en 2008, siendo John Negroponte Secretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental. Poco después de su inicio, en junio de ese año, se agregaron al proyecto El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Dominicana y Haití, aunque posteriormente se desgajaron del programa conjunto la Iniciativa Regional de Seguridad de Centro América (CARSI) y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), quedando la Iniciativa Mérida solo para México aunque se sigue hablando de ella como un programa imperialista único para toda el área.

Los presupuestos asignados por el Congreso de EE.UU. para 2008, 2009 y 2010, eran de 258 millones de dólares para América Central, 1.322 millones para México y 32 millones para el Caribe.

Los niveles de violencia en Guatemala, Honduras y El Salvador han crecido en los últimos diez años a tal punto que las estadísticas de las Naciones Unidas muestran que, en la región, el número de asesinatos es más elevado que en los años 1970 y 1980, décadas de caracterizadas por violentos conflictos armados internos con tasas de homicidios consideradas entre las más altas del mundo.

A raíz de los actos de genocidio y violatorios de los derechos humanos por los militares centroamericanos asesorados por el Pentágono, tan extendidos en la década de los años 80 del pasado siglo, los movimientos populares de América Central han incluido entre sus objetivos más importantes el de lograr que se excluya a los militares de las funciones relativas a la seguridad interna.

Es notable que, luego de desmantelar el gobierno sandinista durante la década de los 1980 a las corruptas fuerzas de seguridad, la tasa de homicidios en Nicaragua ha descendido tanto que es hoy la más baja en la región. En otros países de América Central, donde esto no ha ocurrido, los índices de violencia se mantienen o crecen. En El Salvador y Guatemala se crearon nuevas fuerzas de policía civil después de los procesos de paz pero, al no ser desmanteladas estructuras paralelas como las de los escuadrones de la muerte y ser incorporados en los cuerpos policiales recién constituidos muchos soldados y corruptos policías, el efecto ha sido nulo.

Varias organizaciones pro derechos humanos hondureñas se hicieron representar en una delegación conjunta que recientemente viajó a Washington para recabar del Consejo Nacional de Seguridad y el Congreso de los EEUU el cese de la ayuda a la policía y de la asistencia militar a su país.

El reclamo se extiende a toda América Central: no más ayuda militar ni asesoramiento para la represión, porque terminan siendo agravantes de la inseguridad y propagantes de la violencia.

Esa no es la asistencia que los pueblos de los países pobres necesitan y exigen de los causantes de su subdesarrollo y sus miserias.

Fuente: rebelion.org