Dina Meza
La represión directa inició desde el 28 de junio en que se perpetró el golpe de Estado
Más de 100 personas están siendo perseguidas políticamente en Honduras, desde el 28 de junio pasado, la policía, fiscales del Ministerio Público y jueces, son utilizados para que emprendan acciones judiciales contra hombres, mujeres, menores de edad, con la intención de generar terror legal y desmovilizar a un pueblo que se resiste a la dictadura.
La represión directa inició desde el 28 de junio en que se perpetró el golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. Bala viva, de madera y de goma; gases lacrimógenos; toletazos, patadas, seguimiento, amenazas, vigilancia y hostigamiento, son entre otras las acciones contra la vida y la integridad física de las personas que han dicho no a los golpistas.
Este 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, 61 años en que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en una Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1948, para sentar las bases de un compromiso ético y obligar a todos los Estados a cumplir y hacer cumplir una serie de normas orientadas al respeto de los derechos humanos, sin embargo desde el golpe de Estado en Honduras hay una sistemática violación de los derechos fundamentales.
Más de 20 muertos, centenares de heridos, decenas de exiliados políticos, así como el establecimiento de la vigilancia, allanamientos y robo de información a organizaciones y medios de comunicación que se oponen a la dictadura, el seguimiento y las amenazas a muerte, se han implementado desde el gobierno de facto para sostenerse en el poder .
Inicia la persecución judicial
A menos de dos meses del golpe de Estado, el 11 de agosto de este año en que una masiva movilización con personas de todo el país llegó a la capital, movió una nueva tecla de represión para desarticular la protesta popular. Ese día decenas de personas fueron detenidas, de éstas a tres se les inició un proceso judicial por sedición e incendio, Dagoberto Andrade, José Antonio Torres y Juan Antonio Flores tienen un sobreseimiento provisional.
Más de cien personas han sido llevadas a los juzgados acusadas de sedición
El 12 de agosto fueron detenidas, golpeadas y acusadas de Sedición, manifestaciones ilícitas y Daños, 24 personas. Ellas se manifestaban pacíficamente en el centro de la capital cuando la protesta fue militarizada. Decenas de policías y militares cercaron a los manifestantes y los llevaron a los bajos del Congreso Nacional donde fueron objeto de torturas y posteriormente llevados a celdas del Comando Especial COBRAS, donde desde su llevada los uniformados les gritaban que eran comunistas y que no saldrían con vida de allí, aparte de ser un lugar de detención ilegal, permanecieron varias horas siendo víctimas de malos tratos y amenazas constantes por parte de los COBRAS.
Aunque llegó al lugar ilegal de detención la Fiscal de los Derechos Humanos, no hizo nada lograr la libertad de los y las detenidas, el solo hecho de haber sido llevados a ese sector, era contundente para sacarlos, pero no fue así. Dos mujeres y 22 varones fueron los afectados, entre estos últimos se encontraba un extranjero, quien relató que los agentes pretendían incriminarlo de delitos que no cometió. Cuando fue pasado a la Policía Metropolitana número Uno, los policías trataron de esconderlo de una abogada del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, ésta última obligó a que lo pusieran con los demás detenidos a quienes ella estaba tomando los datos de su detención.
El 22 de agosto 17 personas fueron detenidas entre ellas dos menores de edad y tres mujeres fueron apresados por policías que los persiguieron después de desalojarlos violentamente del frente de la Embajada de Brasil donde miles de persona permanecían apoyando al presidente Manuel Zelaya Rosales que llegó clandestinamente al país el 21 de septiembre y se alojó en esa sede diplomática.
El 30 de Octubre 55 campesinos, incluidos dos menores de edad y seis mujeres, fueron desalojados del Instituto Nacional Agrario, INA, donde permanecían desde el 28 de junio, custodiando expedientes contemplados en el Decreto 18-2008, que contempla la expropiación forzosa de tierras, los campeños señalaron que habían terratenientes poderosos que estaban moviendo sus influencias en el gobierno usurpador para que les favorecieran, incluso dijeron que el día del desalojo vieron que en unos carros subieron documentos que podrían ser de los incluidos en dicho decreto.
Mientras habían órdenes de captura después del desalojo contra los líderes y liderezas del movimiento campesino, Daysi Ibarra, Concepción Betanco y Santos Cornelio Chirinos.
Militares y policías se han confabulado con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público
Mientras en Choluteca, jueces y fiscales enviaron a prisión a cuatro personas a quienes acusaron de participación en manifestaciones ilícitas y sedición, por el solo hecho de haber repudiado la presencia del ex candidato presidencial Elvin Santos, que llegó a la zona Sur con la intención de hacer proselitismo político, pero era repudiado por los pobladores por estar involucrado en el golpe de Estado.
En La Ceiba la persecución política se emprendió contra tres maestros que tienen juicios pendientes.
Igual sucede en La Esperanza, donde dos miembros de la Resistencia se les inició acciones judiciales.
Pero la dictadura no llegó hasta allí, enfiló baterías hacia los jueces aglutinados en la Asociación de Jueces para la democracia, AJD, contra quienes desde la Corte Suprema de Justicia, inició audiencias de descargo, para hostigarlos, pues han repudiado el golpe de Estado.
Mientras poblaciones como las ubicadas en el departamento de Intibucá han denunciado la activación del orejismo en la zona, “nos tienen en una lista a todos los miembros de la resistencia y nos llegan a amenazar a las casas”, dijo un denunciante que llamó al COFADEH para informar que sus vidas corren peligro, por la presencia de los reservistas del ejército que dan información sobre las actividades de la resistencia al Décimo Batallón, el cual está ubicado en el sector.
Los barrios y colonias de la capital, han sido objeto de hostigamiento por parte de la policía. Pero lo más grave es que ya no solo los chequean y amenazan sino que familiares de víctimas que han sido ejecutadas, han denunciado que hombres con pasamontañas y vestidos de militar acabaron con la vida de sus familiares.
Pero también han acciones pendientes de la Fiscalía que podrán llevar a más personas a enfrentar juicios políticos, como es el caso de Merly Eguigure, dirigenta del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, quien fue detenida ilegalmente por la policía junto a dos personas más, el pasado 26 de noviembre, ella permaneció detenida hasta el 27 de este mismo mes y su expediente fue pasado a la Fiscalía de Delitos Comunes.
El proceso está pendiente, la policía la acusa de haber dañado un rótulo del Escuadrón Cobras, pero ella y sus acompañantes fueron capturados cuando salían de cenar.
Responsables de la persecución política ya están denunciados ante la CPI
Esta situación ha llevado a que la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentaran el 23 de septiembre, una comunicación ante la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para que inicie una investigación de oficio encaminada a determinar la responsabilidad penal de los altos responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del golpe de Estado.
Se pide que se investigue por acción y por omisión deliberada a:
1. Roberto Micheletti, presidente de facto y demás miembros de su gobierno.
2. General Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto.
3. General Miguel Ángel García Padgett, Jefe del Ejército.
4. General Luis Javier Prince Suazo, Jefe de la Fuerza Área.
5. Contra Almirante Juan Pablo Rodríguez, Jefe de la Fuerza Naval.
6. Daniel López Carballo, Ex Jefe del Estado Mayor Conjunto.
7. Salomón de Jesús Escoto Salinas, Director General de la Policía y demás comandantes de la Policía.
8. Billy Joya Améndola, Asesor de seguridad del gobierno de facto.
9. Jorge Alberto Rivera Avilez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
10. Luis Alberto Rubí Avila, Fiscal General del Estado.
11. José Alfredo Saavedra Paz, Presidente del Congreso Nacional y demás diputados y diputadas que impulsaron el golpe de Estado.
12. Carlos Roberto Flores Facussé, propietario del diario La Tribuna.
13. Jorge Canahuati Larach, propietario de los Diarios El Heraldo y La Prensa.
14. José Rafael Ferrari, propietario de Emisoras Unidas y Televicentro
15. Como la oficina del Fiscal de la CPI debe individualizar a los más altos responsables de los crímenes que son de su competencia, se le pide que también individualice a otros magistrados o fiscales que han pretendido legitimar el golpe de Estado con acciones judiciales y/o faltando a sus obligaciones constitucionales o legales, haciéndose igualmente responsables; así como otros empresarios dueños de medios de comunicación radiales y/o televisivos, como altos responsables religiosos, que se habrían hecho corresponsables del crimen de persecución política.
La competencia de la CPI sobre estos delitos denunciados tienen sustento en que Honduras ratificó el Estatuto de Roma el 01 de julio de 2002 y fue ratificado por el Congreso Nacional el 30 de mayo del mismo año, lo cual implica que a partir de esa fecha, los graves crímenes internacionales cometidos por cualquier individuo en territorio hondureño pueden ser juzgados por esa Corte.
Según el Estatuto de Roma en su artículo 29 el crimen de lesa humanidad de persecución política es imprescriptible, lo que implica que los responsables del mismo pueden ser perseguidos en todo tiempo, sin importar los años que pasen desde la comisión de tal crimen.
Los denunciados pueden ser condenados según el artículo 77 de dicho Estatuto a penas que van desde los 30 años de reclusión a cadena perpetua, en virtud de la gravedad de los crímenes; además de una multa y el decomiso de las especies que sean propiedad de los condenados .
El siguiente es solo parte del gran listado de la persecución política en Honduras:
Detenidos el 11 de Agosto y acusados Sedición e Incendio
1. Dagoberto Andrade, Sobreseimiento provisional
2. José Antonio Torres, Sobreseimiento provisional
3. Juan Antonio Flores, Sobreseimiento provisional
Detenidos el 12 de Agosto y acusados Sedición, Manifestaciones Ilícitas y Daños
1. Allan Samael Cruz Hernández, Sobreseimiento provisional
2. Avilio Antonio Izaguirre, Sobreseimiento provisional
3. Daniel Ángel Cárcamo, Sobreseimiento provisional
4. Darwin Isaac Amaya Alvarado, Auto de prisión con medidas sustitutivas
5. Darwin Said Hernández Carbajal, Sobreseimiento provisional
6. Emerson Rosicler Barahona Nuila, Sobreseimiento provisional
7. Florentino Izaguirre Hernández, Sobreseimiento provisional
8. Gerardo Flores Bardales, Sobreseimiento provisional
9. Jose Lino Ávila Ávila, Sobreseimiento provisional
10. José Natividad Pérez Lorenzo, Sobreseimiento provisional
11. Justo Pastor Mondragón, Auto de prisión con medidas sustitutivas
12. Lisandro Gomez Martinez, Sobreseimiento provisional
13. Mabel Carolina Lopez, Auto de prisión con medidas sustitutivas
14. Magdaleno Lazo Pineda, Auto de prisión con medidas sustitutivas
15. Mario Rodrigo Ardon Betancourth, Sobreseimiento provisional
16. Milco Duran Céspedes, Auto de prisión con medidas sustitutivas
17. Nelson Gustavo Rivera, Auto de prisión con medidas sustitutivas
18. Oscar Manuel Murillo Murillo, Sobreseimiento provisional
19. Oslin Daniel George Cantillano, Sobreseimiento provisional
20. Rosario Vásquez Vásquez, Sobreseimiento provisional
21. Santos René Herrera Almendarez, Sobreseimiento provisional
22. Santos Ricardo Peña Pavón, Sobreseimiento provisional
23. Wilmer Orlando López Marroquín, Sobreseimiento provisional
24. Alba Leticia Ochoa, Sobreseimiento provisional
Detenidos el 22 de Septiembre y acusados de Sedición y Daños
25. Agustina Flores López (COPINH), presento caución
26. Mario Enrique Molina (Tegucigalpa) Sobreseimiento provisional
27. Santos Reynaldo García Moncada (El Paraíso) Medidas sustitutivas
28. Joe Orlando García Moncada (El Paraíso) Sobreseimiento provisional
29. María Antolina García Hernández (El Paraíso) Sobreseimiento provisional
30. Oscar Joaquín García Moncada (El Paraíso) Sobreseimiento provisional
31. Gladys Azucena Lagos (El Paraíso) Sobreseimiento provisional
32. Victor Adolfo Izaguirre Ramos (18 Años) (El Paraíso) Sobreseimiento provisional
33. Antonio Porta Álvarez (Español) Medidas sustitutivas
34. Milton Mateo Centeno Martínez (Tegucigalpa) Sobreseimiento provisional
35. Carlos Humberto Ávila Pavón (Tegucigalpa) Auto de prisión
36. Walter Joel Rodríguez Andino (Tegucigalpa), Sobreseimiento provisional
37. Elmer Joel Izaguirre Martínez (Tegucigalpa), Auto de prisión
38. German David Ávila Tegucigalpa), Auto de prisión
39. Marco Alejandro Gutiérrez Sosa Tegucigalpa), Auto de prisión
2 Menores de edad detenidos y golpeados, liberados con medidas cautelares
1. VICTOR IBRAHAM COREA MARTINEZ
2. FRANKLIN ARIEL OLIVA BAQUEDANO
55 DETENIDOS EL 30 DE OCTUBRE, DESALOJADOS DEL INA
4 EMPLEADOS DEL INA LIBERADOS
1. José Virgilio Amador Linares, 44, Col. Alemán de Tegucigalpa
2. Gonzalo Zelaya Ochoa, 45, Barrio Las Delicias
3. Hernán Arturo Raudales Andino, 50, Col. Germania
4. Juan Pablo Herrera Hernández, 52, Col. Israel Norte
DESALOJADOS DEL INA
2 MENORES, detenidos en un centro para menores, ya entregados a sus padres
3. Luis Alberto Alvarado Andino, 17, Santa Cruz de Guayape
4. Walter Estanislao Osorto Hernández, 13, El Remolino Colon
6 MUJERES, Auto de prisión y Medidas sustitutivas
40. María Sunilda Morales López, 42, Guaimaca, Francisco Morazán,
41. Juana Ferrufino Maradiaga, 42, El Chagüite, Maraita
42. Nicolasa López González, 29, Colonia 2 de Mayo, Comayagua
43. María Angelina Gutiérrez Hernández, 38, Aldea de San Nicolás, Villa de San Antonio
44. Tomasa Gómez, 38, Santa Ana Yuguarez
45. María Elizabeth Benítez Granados, 39, San Nicolás, Villa San Antonio
5 HOMBRES TERCERA EDAD, Auto de Prisión y Medidas sustitutivas
46. José Irene Murillo, 69, Río Bijao, Choloma Cortés
47. Jesús Ramos Cuevas, 72, Tocoa, Colón
48. Carlos Obdulio Portillo, 66, Tocoa, Colón
49. Aníbal Alvarado Alvarado,
50. Natividad Mejía Ventura
38 HOMBRES ADULTOS, Auto de Preventiva y Medidas sustitutivas
51. Roberto Reyes López, 59, Yoro
52. Ramón Gómez Núñez, 54, El Progreso, Yoro
53. Edmundo Flores, 58, Tocoa, Colón
54. José Modesto Bautista, 49, El Progreso, Yoro
55. Benedicto Emérito Flores Rodríguez, 48, Morocelí, El Paraíso
56. Santos Lemus, 39, Tocoa, Colón
57. José Antonio Fonseca Martínez, 29, Morocelí, El Paraíso
58. Nicolás García Martínez, 48, Villa de San Antonio
59. Adry Laínez Ramírez, 25, Potrerillos Cortés
60. Jesús Portillo Amaya, 46, Potrerillos Cortés
61. Juan Ernesto Cabrera Sarmiento, 18, Potrerillos Cortés
62. Carlos Roberto Santos López, 25, San Nicolás Santa Bárbara
63. Luis Gustavo López, 19, Comayagua
64. Pedro Alberto Serrano García, 20, Depto. De Atlántida
65. Fredy Adán Aguilar Hernández, 29, Potrerillos Cortés
66. Santos Israel Rodríguez, 39, Valle de San Francisco
67. Genaro Palma, 59, Tocoa, Colón
68. Jorge Luis Enamorado, 22, Tocoa, Colón
69. José Alejandro Benítez, 57, Las Flores de Comayagua
70. Justino Cruz García, 57, Tocoa, Colón
71. Fernando Magdiel García Moreno, 22, Col. Palermo El Progreso
72. Darwin Alexander Padilla Sánchez, 23, Col. Río de Piedras Cortés
73. Santanito Pérez Cárcamo, 50, Bonito Oriental, Colón
74. José Adaliel Colindres Rodríguez, 27, San Antonio de Oriente, Francisco Morazán
75. Venturas Santos Colindres Rodríguez, 28, Montes de Maraita
76. Justo Cruz Padilla, 41, Tocoa, Colón
77. Marcos Nicolás, 47, Comayagua
78. José Marcos López, 40, San Gerónimo Comayagua
79. Fausto René Matute Banegas, 49, El Progreso, Yoro
80. Ramón Alberto Díaz, 43, Barrio La Concordia
81. Osman Aveniel Díaz Mejía, 29, Lomas del Carmen, San Pedro Sula Cortés
82. Wilfredo Padilla Santos, 47, Tocoa, Colón
83. Demetrio Martínez Ávila, 59, El Chaguite, San Antonio de Oriente Francisco Morazán
84. Gustavo Adolfo Matamoros Ruiz, 39, Santa Rita de Yoro
85. Gerson Adolfo Fajardo Chavarría , 24, San Manuel Cortés
86. Leocadio Aguilar Hernández, 56, Comayagua
87. Carlos Humberto Rodríguez Andino, 50, El Zamorano
88. Pedro Cárcamo, 52, Tocoa, Colón
Choluteca, sobreseimiento provisional
89. Elmer Nahúm Del cid
90. Wilson Machado
91. Marlon Noel Hernández
92. Rommel Geovanny Amaya
93. …
94. …
Maestros LA CEIBA Medidas Sustitutivas
95. Franklin Rafael Padilla
96. Evis Edilberto Bonilla
97. Alba Luz Cárcamo
TEGUCIGALPA, INA Órdenes de Captura con Sobreseimiento Definitivo
98. Daysi Felipe Ibarra
deysao@yahoo.es
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99. Santos Cornelio Chirinos
100. María Concepción Betanco
La lista puede continuar con las disposiciones últimas de la Corte Suprema de Justicia que revoca un Auto Acordado donde se establecen que pueden aplicarse las medidas sustitutivas a la prisión preventiva. O sea que de ahora en adelante las personas que sean detenidas pueden ser enviadas directamente a la cárcel, según sea la estrategia golpista contra el pueblo hondureño.
Fuente: Defensores en línea
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