En continuidad a las medidas del presidente hondureño depuesto en contra de los funcionarios que se han mostrado a favor del gobierno de facto liderado por Roberto Micheletti, Zelaya anunció nuevos ceses de funciones bajo el respaldo de los países involucrados.
La Cancillería legítima de Honduras anunció este viernes la separación de tres funcionarios diplomáticos de su gobierno que apoyaron el gobierno de facto surgido tras el golpe de Estado de junio pasado. Los diplomáticos cesados son: el embajador de Honduras en España, el agregado militar en Managua y la cónsul general de Chinandega en Nicaragua.
El cese de José Eduardo Martell como embajador de Honduras en España se conoció por una carta remitida a la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington por parte de la representación española de este organismo; la cual se hizo pública este mismo viernes.
En la carta, se explica que el embajador hondureño fue convocado el 19 de agosto por el Ministerio español de Exteriores, donde le fueron retiradas las credenciales, privilegios e inmunidad diplomática y se le comunicó que debía organizar su salida del país.
Dos semanas antes, el 5 de agosto, el Gobierno español había recibido la notificación del cese por parte del Gobierno del legítimo presidente hondureño, Manuel Zelaya.
Del mismo modo, se destituyó como agregado militar en Managua al coronel Wilfredo Calderón Canales; según informó este viernes un comunicado de la embajada hondureña en la capital nicaragüense, que también anunció el retiro de Martha Idalia Castillo como cónsul general de Chinandega, en el norte de Nicaragua, agrega la nota oficial.
La canciller hondureña, Patricia Isabel Rodas, por disposición del presidente constitucional de Honduras, adoptó esta medida contra Calderón el 20 de agosto.
Tras el golpe de Estado contra Zelaya encabezado por Roberto Micheletti el pasado 28 de junio, España fue uno de los primeros países en llamar a consultas a su embajador en Tegucigalpa, Ignacio Rupérez.
Las medidas conocidas este viernes, forman parte de la política asumida por el gobierno constitucional de Zelaya contra los funcionarios
que han mostrado simpatía por el gobierno de facto liderado por Roberto Micheletti.
El 13 de agosto pasado, el gobierno de Argentina ordenó la deshabilitación de la embajadora de Honduras en Buenos Aires, Carmen Ortez Williams, por expresar su apoyo al gobierno de facto instalado tras el golpe de Estado contra el presidente legítimo, Manuel Zelaya.
Por esta decisión, Micheletti anunció que rompía relaciones con el gobierno de Cristina Fernández, y ordenó la salida de todos los diplomáticos del país suramericano en los mismos términos impuestos por la Casa Rosada, apelando para ello al principio de la reciprocidad.
Sin embargo, ese mismo día, el canciller argentino, Jorge Taiana, declinó aceptar este ultimátum y aseguró que los argentinos radicados en Tegucigalpa seguirían en sus puestos, pues su desalojo había sido ordenado por un gobierno ilegal, al que Argentina no reconoce y por ende con el que no mantiene relaciones bilaterales.
Igualmente el pasado 7 de julio, el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, nombró a un nuevo embajador de su país ante Estados Unidos, luego de que quien cumplía esa función, Roberto Flores Bermúdez, se plegara a los golpistas. Desde entonces, el nuevo representante hondureño ante la Casa Blanca es Enrique Reina.
En tanto, el gobierno de Costa Rica anunció el pasado 18 de agosto que desconocerá a la embajadora de Honduras en ese país, Koritza Suazo, por estar a favor del golpe de Estado y para acatar una petición del mandatario legítimo, Manuel Zelaya.
Por este caso, Rodas, envió una carta al canciller costarricense, Bruno Stagno, en la que le solicitaba desconocer a Suazo como representante diplomática de Honduras en Costa Rica.
Zelaya fue detenido y expulsado del país por los militares el 28 de junio pasado, y ese mismo día el Parlamento designó en la presidencia a Micheletti, hasta entonces jefe del Legislativo.
La Cancillería legítima de Honduras anunció este viernes la separación de tres funcionarios diplomáticos de su gobierno que apoyaron el gobierno de facto surgido tras el golpe de Estado de junio pasado. Los diplomáticos cesados son: el embajador de Honduras en España, el agregado militar en Managua y la cónsul general de Chinandega en Nicaragua.
El cese de José Eduardo Martell como embajador de Honduras en España se conoció por una carta remitida a la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington por parte de la representación española de este organismo; la cual se hizo pública este mismo viernes.
En la carta, se explica que el embajador hondureño fue convocado el 19 de agosto por el Ministerio español de Exteriores, donde le fueron retiradas las credenciales, privilegios e inmunidad diplomática y se le comunicó que debía organizar su salida del país.
Dos semanas antes, el 5 de agosto, el Gobierno español había recibido la notificación del cese por parte del Gobierno del legítimo presidente hondureño, Manuel Zelaya.
Del mismo modo, se destituyó como agregado militar en Managua al coronel Wilfredo Calderón Canales; según informó este viernes un comunicado de la embajada hondureña en la capital nicaragüense, que también anunció el retiro de Martha Idalia Castillo como cónsul general de Chinandega, en el norte de Nicaragua, agrega la nota oficial.
La canciller hondureña, Patricia Isabel Rodas, por disposición del presidente constitucional de Honduras, adoptó esta medida contra Calderón el 20 de agosto.
Tras el golpe de Estado contra Zelaya encabezado por Roberto Micheletti el pasado 28 de junio, España fue uno de los primeros países en llamar a consultas a su embajador en Tegucigalpa, Ignacio Rupérez.
Las medidas conocidas este viernes, forman parte de la política asumida por el gobierno constitucional de Zelaya contra los funcionarios
que han mostrado simpatía por el gobierno de facto liderado por Roberto Micheletti.
El 13 de agosto pasado, el gobierno de Argentina ordenó la deshabilitación de la embajadora de Honduras en Buenos Aires, Carmen Ortez Williams, por expresar su apoyo al gobierno de facto instalado tras el golpe de Estado contra el presidente legítimo, Manuel Zelaya.
Por esta decisión, Micheletti anunció que rompía relaciones con el gobierno de Cristina Fernández, y ordenó la salida de todos los diplomáticos del país suramericano en los mismos términos impuestos por la Casa Rosada, apelando para ello al principio de la reciprocidad.
Sin embargo, ese mismo día, el canciller argentino, Jorge Taiana, declinó aceptar este ultimátum y aseguró que los argentinos radicados en Tegucigalpa seguirían en sus puestos, pues su desalojo había sido ordenado por un gobierno ilegal, al que Argentina no reconoce y por ende con el que no mantiene relaciones bilaterales.
Igualmente el pasado 7 de julio, el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, nombró a un nuevo embajador de su país ante Estados Unidos, luego de que quien cumplía esa función, Roberto Flores Bermúdez, se plegara a los golpistas. Desde entonces, el nuevo representante hondureño ante la Casa Blanca es Enrique Reina.
En tanto, el gobierno de Costa Rica anunció el pasado 18 de agosto que desconocerá a la embajadora de Honduras en ese país, Koritza Suazo, por estar a favor del golpe de Estado y para acatar una petición del mandatario legítimo, Manuel Zelaya.
Por este caso, Rodas, envió una carta al canciller costarricense, Bruno Stagno, en la que le solicitaba desconocer a Suazo como representante diplomática de Honduras en Costa Rica.
Zelaya fue detenido y expulsado del país por los militares el 28 de junio pasado, y ese mismo día el Parlamento designó en la presidencia a Micheletti, hasta entonces jefe del Legislativo.
Fuente: www.telesurtv.net
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