La radiografía a 18 meses del golpe de Estado en Honduras muestra que el país colapsa en la bancarrota económica, sin reconocimiento internacional y asediado por la violencia
Por Ollantay Itzamná
Honduras es el segundo país centroamericano más grande en territorio. Cuenta con las mayores reservas de agua dulce en la región. Tiene unas envidiables y paradisíacas playas e islas caribeñas. Sus bosques montañosos, productoras de madera y agua, son codiciados por propios y extraños. Sus manglares lo convierten en una potencia regional en la exportación de camarones. Durante la Colonia, aportó a la Corona española con cerca del 5% del total de las extracciones mineras del nuevo continente. Pero, casi dos siglos después de su “independencia”, esta tierra fértil y de gente querendona, se encuentra peor que cuando arribaron los españoles. Un país sin paz, ni pan, ni identidad. Un país en la bancarrota económica. ¿Qué pasó?
En Europa o Norteamérica, los juicios simplistas de las y los satisfechos con los camarones y el café hondureño, dicen: “Honduras es así porque su gente es ociosa y corrupta” ¡No! La hondureña de tierra adentro se levanta a las 4:00 am para preparar los alimentos para quienes marchan, machete en mano, a cultivar la tierra o cuidar los ganados. No hablamos de minorías. El 56% de la población nacional es rural. Es impresionante ver, en estos tiempos de corte (cosecha) de café, familias enteras, como hormigas, persiguiendo las hileras en los cafetales, incluso los domingos. Por lo general, el o la hondureña no roba, se deja robar.
Honduras, en buena medida, es la ceniza que ha dejado el desarrollismo de los países enriquecidos económicamente y empobrecidos moralmente, en complicidad con las apátridas élites del país. Honduras cumplió y cumple todos los servicios más sucios en la contienda económica y política de los países ricos.
A principios del siglo pasado EEUU lo convirtió en una república bananera. Luego sirvió y sirve de porta tropas gringas (actualmente existen tres bases militares extranjeras en Honduras), antes, para persuadir al fantasma del comunismo, ahora, para intimidar a la democracia participativa e insubordinada que emerge desde Sudamérica. Desde las últimas décadas del pasado siglo, las multinacionales hicieron de Honduras un país maquila (anularon así lo que de dignidad nacional quedaba, y sepultaron los derechos socio laborales) Y, como esta cenicienta aún servía, entonces, la convirtieron, sin más, en la mula del continente para cargar la droga que las y los frenéticos cocainómanos demandan desde el norte.
Pero, la peor desgracia le llegaría a Honduras el 28 de junio del 2009. No tanto porque se haya quebrado la casi inexistente democracia o paz social, sostenida por el formalismo político y jurídico, sino por las consecuencias nacionales e internacionales de esta pulseta de las élites rústicas. Élites ancladas en el bipartidismo político militar, y legitimadas por jerarcas católicos y evangélicos, prostituyeron prostituyen a Honduras hasta convertirla, ahora, en una paria internacional.
Mientras el resto de los países de Latinoamérica se entusiasman en celebrar su bicentenario, Honduras, recluida en la soledad internacional, no tiene nada que celebrar. Más por el contrario, su existencia como Estado y nación están en entredicho.
¿Cuáles son las consecuencias más crudas en el país, a 18 meses del golpe de Estado?
Un pueblo sin derechos, ni garantías
Todos los informes nacionales e internacionales coinciden que en Honduras la gente que está en contra del golpe de Estado y a favor de la democracia participativa sencillamente no tiene derecho a tener derechos. La UNAH, en el 2009, informaba 14 homicidios diarios (22 muertes violentas diarias). En el 2010 los asesinatos violentos registrados sobrepasaron 16 muertes diarios. ¡Ni en los países en guerra declarada se asesinan tantas vidas! Muchas de estas víctimas son dirigentes o integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), asesinados de forma selectiva.
Como en las épocas de la Colonia, 35 campesinos fueron asesinados por patrones terratenientes, a vista y paciencia de las autoridades. En San Pedro Sula, con intervalo de semanas, fueron masacrados 17 jóvenes en una zapatería y otros 14 en una cancha de fútbol con ametralladoras AK 34. Pero, como el negocio de las armas es monopolio legal de las FFAA., se espera que la amnesia colectiva y “la confianza en el juicio divino” tranquilicen la inexistente conciencia nacional.
Lo más indignante es que la Policía Nacional y la Fiscalía reducen sus hipótesis investigativas a simplismos de: “muertes causadas por arreglo de cuentas”. Así, nadie investiga nada. Nadie va a la cárcel. ¡Ningún implicado en el golpe de Estado ha sido procesado!
Si las almas del ejército creciente de asesinados/as, en estos 18 meses de golpe de Estado, deambulan por las calles y montes de Honduras clamando justicia, igual o peor suerte corren cercan de doscientos hondureños/as perseguidos/expatriados en tierras extranjeras.
Las organizaciones e instituciones que exigen el respeto mínimo a los derechos humanos son criminalizadas y hostigadas con la Ley Antiterrorista, aprobada hace unos meses atrás por el Congreso Nacional.
La onU, a finales del pasado año, en Suiza, entregó al gobierno hondureño 129 recomendaciones para el restablecimiento de los derechos humanos en el país. Pero, como no es el gobierno quien manda en Honduras, el capricho y la prepotencia continúan imponiéndose en estas tierras.
Un pueblo desamparado, sin Estado
En los primeros meses del 2010, en el norte atlántico del país, una parte de las propiedades agrarias de Miguel Facusse fueron ocupadas por campesinos sin tierras. El gobierno de Pepe Lobo postergó el diálogo con los campesinos. Pero, como en las mejores épocas del feudalismo medieval, el terrateniente empresario, Miguel Facusse, convocó, financió y movilizó a la Policía Nacional, a subalternos del Ejército y a elementos de la Fuerza Aérea hacia sus propiedades para expulsar a los ocupantes. Mejor caricaturización de quién tiene el monopolio de la fuerza en el país, ya no es posible.
Casi al finalizar 2010, la guardia de seguridad del mismo empresario mató a cinco campesinos desarmados. La reacción grotesca del empresario fue: “Para qué se acercan a mi propiedad sabiendo que mis hombres están armados”. Casi de este mismo nivel cultural son las otras 9 familias que controlan la banca, el comercio internacional, la agroindustria y cadenas de comercio nacional.
Honduras no ha podido consolidarse como nación, ni como Estado en estos 189 de su vida republicana. El Estado no sólo carece de un control total sobre su territorio, sino simplemente no ha logrado consolidar su autoridad en el país. Por ello, la ley del más fuerte ha sido y es una verdad recurrente. Bolsones completos de la Honduras profunda son excluidos y no se sienten parte del proyecto de nación, de la comunidad política. Por tanto, tampoco se puede afirmar que exista una nación hondureña.
Este Estado que subsistió con sus contradicciones internas, el 28 de junio del 2009, fue fulminado dejando a la población al imperio del caos y de la muerte. Con una Constitución Política rota, con un ordenamiento jurídico interno cuyos administrativos de justicia son los mismos que fulminaron al Estado de Derecho mediante el golpe. Entonces, es explicable, más nunca justificable, el por qué el sicariato, la impunidad y el narcotráfico reinan en Honduras. Después del golpe de Estando no es coherente hablar de crisis política, sino de una crisis terminal del Estado.
Con el golpe de Estado, el grado de participación ciudadana en asuntos públicos (fuera del rito de las urnas) prácticamente desapareció. Las autoridades gubernamentales ruegan a la ciudadanía a asistir a “diálogos”, a la socialización de leyes, etc., pero sencillamente la gente no asiste. No sólo porque desconfían del gobierno, sino porque el repudio hacia las autoridades se materializa en la indiferencia. Sin embargo, espacios de encuentros alternativos y espontáneos como los colectivos del FNRP son envidiablemente concurridos.
Esta nueva ciudadanía emergente, en 18 meses, ha logrado colocar la demanda de una Asamblea Constituyente para la refundación del país en la agenda nacional. Al ex Presidente Manuel Zelaya lo destituyeron y lo exiliaron por su determinación de consultar al pueblo sobre la convocatoria a una posible Asamblea Constituyente. Ahora, es el mismo Presidente Pepe Lobo, secundado por el Presidente del Congreso Nacional, quien convoca a diálogos políticos para consultar al pueblo sobre lo mismo, en el transcurso del presente año. ¿Cómo en tan solo 18 meses lo que fue un delito constitucional se convierte ahora en la única tabla de salvación para una élite ahogada en sus contradicciones internas?
Más empobrecidos que nunca y con una economía colapsada
Antes del golpe de Estado, mal que bien, con la ayuda internacional, el Estado podía pagar a sus empleados. Ahora, miles de profesores exigen sus salarios devengados desde el 2009. En 2010, el irrisorio aumento al salario mínimo se aprobó recién en octubre, pero pagaderos sólo desde septiembre y excluyendo al sector magisterial.
Los hospitales se encuentran sin medicamentos y las alcaldías sin presupuestos. El grifo de la ayuda internacional quizás ya no se abra más como antes del golpe, no sólo porque Honduras es la malcriada en la comunidad internacional, sino porque la crisis financiera mundial no tiene cuando acabar.
El 80% del presupuesto general del país son destinados para salarios de los empleados públicos aglutinados en Tegucigalpa. Prácticamente el presupuesto para la inversión pública es inexistente. De cada 100 lempiras que circula en el país, sólo 5 van para beneficiar a las aldeas y caseríos. En estas condiciones, el empobrecimiento carcome al 75% de la población nacional. Mientras, el 70% de la riqueza nacional está concentrada en manos del 5% de la población más opulenta. Según el Secretario de Hacienda, “existen 170 empresas lacras que no pagan impuestos”.
La inversión extranjera se encuentra en su mínima expresión porque el país se encuentra en el limbo político y jurídico nacional e internacionalmente. Sólo unas cuantas empresas se atreven a invertir, pero imponiendo sus caprichos como las exenciones tributarias, arancelarias, etc. De los 6 millones de hondureños/as en edad laboral, sólo 2.7 millones se encuentran ocupados, en su mayoría por el sector informal y las maquilas. ¡El desempleo alcanza a más del 50% de la población! Así, Honduras se ha convertido en el principal exportador de “mojados” (indocumentados). Aunque EEUU expulsa mensualmente 2,500 hondureños indocumentados, 1.2 millones de expatriados laborales cubre el 25% del PIB de Honduras con sus remesas.
Estos históricos problemas irresueltos recrudecieron con el golpe de Estado. Casi el triple de las reservas internacionales del país (cerca de mil millones de dólares) se esfumaron por la magia de la corrupción. De los dineros que llegaron de Petrocaribe y el ALBA, después del golpe, nunca más se supo. El déficit de la producción nacional para la alimentación es crónico. Un país, cuyos milenarios ancestros cultivaron y diversificaron frijoles, ahora, sencillamente carece de este grano básico. El precio de la canasta familiar no para de subir. El gobierno estabilizó, mediante Ley, los precios de dichos productos, pero como el Estado perdió control y poder en su territorio, los especuladores gobiernan en los mercados locales. Entre gasolinazos e impuestazos, definidos por el BM y FMI, Honduras es estrangulada.
Los periodistas andan con el testamento bajo el brazo
Uno de los principales instrumentos de dominación en Honduras (junto al sistema educativo, las iglesias, el bipartidismo y las FFAA) son los medios de información masiva. Sólo conociendo el entramado de relaciones existentes entre empresarios, terratenientes, propietarios de medios de información, dueños de universidades y escuelas privadas, líderes de iglesias, militares, dueños de partidos políticos, etc., uno puede comprender de cómo sistemáticamente se impusieron los pocos ricos sobre los muchos empobrecidos en Honduras.
Para esta dominación sistemática se recurrió y recurre a obreros periodistas serviles que, desde las cabinas radiales y televisivas, con sus alocuciones envenenan e hipnotizan al religioso y tradicional pueblo hondureño. Así, mientras las FFAA y la Policía Nacional masacran al pueblo movilizado, los medios desinforman y conminan a la resignación sepulcral a su audiencia devota.
Esta desvelada instrumentalización de los medios recrudeció con el golpe de Estado de 2009, y despertó la insubordinación de periodistas. Si bien el nefasto suceso del 28 de junio del 2009 persiguió, secuestró y censuró los medios de información masiva contrarios al golpe, sin embargo, dichos medios se fortalecieron y cobraron audiencia y legitimidad social. Pero el costo fue demasiado caro. En 2010 se asesinaron 11 periodistas. La gran mayoría de ellos verdaderos/as profetas, defensores/as de los derechos humanos en el país. Convirtieron de esta manera a Honduras, en 2010, en la subcampeona del continente americano en el asesinato de periodista, superado sólo por México.
Estos asesinatos continúan impunes. Ni la Policía, ni la Fiscalía hicieron el mínimo esfuerzo por investigar. Así, la intimidación, persecución y muerte de comunicadores sociales insubordinados es un desenlace inevitable en un país donde la pistola habla más fuerte que la razón.
De este modo, el derecho a la información y la libertad de expresión son casi inexistentes, como ocurre con el derecho a la vida de las y los comunicadores. ¿Por qué será que se ensañan tanto con las y los profetas de la palabra? ¿No será que estos tábanos benignos están despertando al dormido pueblo hondureño que ahora se desbanda rompiendo los establos en los que los patrones los tenían encerrados?
Un pueblo sin justicia
Antes del golpe de Estado, el pueblo sentía que la justicia hondureña era una serpiente que sólo mordía a los que andaban descalzos. Desde el 28 de junio del 2009, la confabulación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con la élite político militar es más que evidente. Los magistrados que judicializaron y defendieron el golpe de Estado desde la Corte Suprema, a 18 meses de aquel fatídico acto inconstitucional, continúan en sus cargos desafiando a los órganos Ejecutivo y Legislativo que discursivamente intentan cumplir con las recomendaciones de la onU sobre derechos humanos.
Esta misma Corte Suprema, ante el malestar creciente de la población en contra del Fiscal General de la República (autor intelectual del golpe), blindó a este funcionario, mediante sentencia judicial suprema, para que no proceda investigación o destitución de su cargo. La Constitución Política de Honduras faculta al Congreso Nacional nombrar y remover al Fiscal General. Por su parte, este funcionario solicitó al órgano Judicial el sobreseimiento definitivo del proceso judicial que se le seguía al Cardenal Oscar A. Rodríguez por haber recibido dinero del Estado en el gobierno del ex Presidente Manuel Zelaya.
Mientras en el órgano Judicial se atrincheran para defenderse mutuamente, los asesinatos selectivos de dirigentes, masacres grupales y asesinatos de periodistas continúan impunes. Ni qué decir de la corrupción que corroe la deficitaria finanza pública. El ex dictador Roberto Micheletti fue descubierto, hurtando energía eléctrica al Estado, para tres de sus propiedades, desde tiempos indefinidos, pero eso no pasó de ser noticia. En un aeropuerto del país, bajo vigilancia militar, se robaron una narco avioneta, pero a ningún oficial de alto rango se le juzgó por ello.
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Defensoría del Pueblo, en Sudamérica) continúa en manos de otro promotor del golpe de Estado, que en su momento negó internacionalmente la masacre y la represión militar que sufría el pueblo. La empresa pública de telecomunicaciones, Hondutel, se encuentra bajo la dirección de un militar, autor material del golpe de Estado. Del mismo modo migraciones, marina mercante y otros cargos.
Existe una Comisión Nacional contra la Corrupción bajo la dirección de upastor evangélico, pero la élite evangélica tampoco puede hacer mucho porque el Congreso Nacional le regaló una Ley Especial que promueve y beneficia la libre empresa evagelística en el país.
Esta cinematográfica situación del aparato judicial genera incertidumbre en la población hondureña, obligándola a asumir la justicia por mano propia.
A todo esto se agrega la violencia generada por el narco tráfico. Negocio que entró en Honduras en la década de los 80 del pasado siglo, y en estos tiempos se ha consolidado a tal grado que su poder permea casi todas las estructuras sociales. Se denuncia la existencia de narco municipios, narco diputados, narco Estado. Incluso ya asesinaron a un diputado. Pero, como si se tratase del accionar de las hermandades del Medioevo, todos guardan un temeroso silencio sepulcral.
Un pueblo sin sus últimos recursos naturales
Históricamente Honduras fue y es un Estado concesionario que ilusoriamente transfirió sus recursos, aunque sin ninguna capacidad para hacer cumplir los términos de los contratos. Transfirió sus minerales, maderas, tierras, bosques, manglares, etc. Pero preservaba sus ríos como una de sus últimas tablas de salvación en cuanto a recursos se refiere.
En los 18 meses que van del golpe de Estado, no sólo se han transferido los ríos a perpetuidad a empresas privadas para la generación de hidroeléctrica, sino que el país está siendo “pensado” según las cuencas hidrográficas. En estos 18 meses se han aprobado normas nacionales como la Ley General de Agua, Ley de Plan de Nación y Visión de País, siempre pensando desarrollar Honduras según las cuencas de los ríos. En ambas leyes, y según la Constitución Política, se prioriza la actividad económica privada. En ninguno de los 47 contratos de concesión de los ríos participan las comunidades afectadas ni como beneficiarias directas, ni, mucho menos, como cogestoras de los proyectos.
Además, bajo el argumento del mercado de carbono, muchos bosques nacionales se encuentran en la mira de inversionistas privados.
De este modo, el país se está quedando sin sus últimos recursos naturales. El tiempo dirá cuáles fueron los motivos por los que países como EEUU, los de la UE y otros países económicamente emergentes no fueron contundentes contra el golpe de Estado en Honduras. ¿Habrá sido sólo un ensayo fallido para aleccionar a los gobiernos insumisos de Sudamérica? ¿Habrá sido para entregar los últimos recursos del país a manos privadas?
Quizás simplemente fue una errática determinación irracional de una élite rústica nacional que intentó agradar a su envejecido patrón, defendiendo lo establecido, para preservar sus privilegios. Algún malpensado dijo que era para proteger y promover la actividad del narcotráfico, y así oxigenar a la crítica economía norteamericana con nuevos y frescos activos financieros.
Lo cierto es que EEUU, acompañado por otros países “democráticos”, invadió Irak y Afganistán, con mentiras veladas, en defensa de la democracia, y en el caso hondureño ninguno de estos países democráticos ha movido un solo dedo para reponer el orden constitucional resquebrajado.
Un país excluido de la comunidad internacional
Quienes promovieron el golpe confiaron en demasía en la hegemonía norteamericana y subestimaron la emergente configuración de la geopolítica continental. Realidad cuya magnitud sobrepasa la capacidad de comprensión de la élite hondureña.
El Presidente Pepe Lobo, prácticamente invirtió su primer año de gobierno implorando reconocimiento internacional. Pero sólo rechazos recibió. De manera vergonzosa fue expulsado el Ministro de Ambiente hondureño de una reunión iberoamericana en Madrid. Todos los jefes de Estado son invitados a reuniones regionales y continentales, pero al gobierno hondureño se le ignora casi por completo. Ni con todo el poder de persuasión norteamericano se le ha podido reincorporar a Honduras a la OEA. De manera inédita, el Estado ecuatoriano le negó la posibilidad de cruzar el espacio aéreo ecuatoriano al avión que transportaba al Presidente Lobo. Ningún Presidente extranjero enalteció a Honduras con su visita en este tiempo. Salvo la “honrosa” visita del ex presidente colombiano Álvaro Uribe quien entusiasmó con sus conferencias sobre seguridad e inversiones privadas a empresarios nacionales habitados por el desconocimiento y el miedo.
Las últimas definiciones de UNASUR contra los golpes de Estado anuncian que Honduras continuará en el limbo internacional, excluida como la niña malcriada de la región. Mientras eso sucede, los promotores del golpe de Estado, ya van restando 18 meses al tiempo que les queda fuera de las cárceles. Ellos saben cómo empezaron este agravio, y lo que por ley les corresponde por ello.
Así, a 18 meses del golpe de Estado Honduras se encuentra en peores condiciones que hace tres décadas atrás. Un país dividido, sin una comunidad política, sin pan, ni paz social. Un país sin un Estado legítimo. Sin democracia, ni derechos humanos, sin reconocimiento internacional y con una economía colapsada, el país va directo a su debacle final inevitable. De allí la urgente necesidad que el pueblo hondureño y la comunidad internacional, ambos responsables en diferentes grados, restablezcan las condiciones mínimas para un pacto social ampliado de abajo hacia arriba, en el marco de un proceso de transformaciones estructurales e integrales.
Estos son algunos de los costos evidentes del golpe de Estado en un rincón de Latinoamérica en pleno siglo XXI. Las rupturas de las familias, las tragedias de las y los huérfanos y sobrevivientes a las masacres y asesinatos son literalmente indescriptibles. Ésta es la lección hondureña que ningún pueblo debe olvidar porque estos tiempos ya no son del pasado.
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