Esteban Cuya*
Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna
El proceso de superación del pasado, en las sociedades en las que se establecieron regímenes totalitarios, comienza en algunos casos con el trabajo de las Comisiones de la Verdad, encargadas de investigar las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en el período reciente.
La superación del pasado supone para la sociedad nacional, el enfrentamiento crítico con los graves hechos de violencia en un período determinado, a fin de buscar formas de reparar los daños causados y procurar evitar su repetición en el futuro. Por eso el grito común en los países donde se han producido violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos es el de ¡Nunca Más!
Pero la superación del pasado no se agota con los esfuerzos de una Comisión de la Verdad, que trabaja durante un tiempo limitado y bajo un mandato específico, con campos de investigación limitados. La superación del pasado es un proceso que dura muchos años y que continúa más allá del periodo de los gobiernos de transición. En Argentina, 18 años después del fin de la dictadura militar, el tema de la superación del pasado sigue en el orden del día.
En Chile hubo una situación similar. En Junio del 2001 diversas organizaciones chilenas de Derechos Humanos, entre ellas la Comisión ética contra la Tortura y la Organización de Defensa Popular, exigieron a su gobierno la creación de una "Comisión Investigadora de Verdad, Justicia y Reparación para los sobrevivientes de la tortura en Chile", que afectó a unas 300,000 personas durante la dictadura de Pinochet. La ODEP señaló que "el reconocimiento por parte del Estado y la sociedad chilena de este crimen -de la tortura- es imprescindible para reparar los traumas físicos, mentales, morales y sociales que constituyen sus secuelas y lograr la verdad, aplicar la justicia y reparar a las víctimas de tortura". 1
Introducción: ¿Qué son las Comisiones de la Verdad?
Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano.
A través de las Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en conflicto, investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes.
El trabajo de la Comisión de la Verdad permite identificar las estructuras del terror, sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad (Fuerzas Armadas, Policía, Poder Judicial, Iglesia), entre otros factores inmersos en esta problemática. Esta investigación abre la posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas, proponer una política de reparación del daño, e impedir que aquellos que participaron en las violaciones de los derechos humanos, sigan cumpliendo con sus funciones públicas, burlándose del Estado de derecho.
Entre los aportes fundamentales de las Comisiones de la Verdad que han existido en América Latina podemos destacar:
1. El Auto-descubrimiento de una realidad "ignorada", semiocultada
Los graves hechos de violaciones a los Derechos Humanos, los secuestros, las torturas sistemáticas, las desapariciones forzadas, el genocidio, pese a su repetición por periodos prolongados, durante mucho tiempo no merecieron el reconocimiento, por parte del conjunto de la sociedad civil, como un problema de dimensión nacional.
Muchas veces por la censura de las informaciones, impulsada o impuesta por las autoridades gubernamentales, amplios sectores de la población vivían ignorando que a pocos kilómetros de distancia se estaban produciendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario.
Cuando los hechos de violencia empezaron a repetirse en una u otra región del país, como pasó en Chile, Perú, Argentina, El Salvador, Guatemala, amplios sectores de la población optaron por la indiferencia frente a los hechos, conducta mantenida a lo largo de los años, incluso durante y después de la transición a la democracia.
"Por algo será" era la reacción de algunas personas, ante las noticias de detención o desaparición de personas. "Algo habrá hecho" sostenían otros, ahorrándose el trabajo de analizar la situación política y el dominio militar impuesto.
Muy pronto se descubriría que también el miedo paralizaba a una buena parte de la sociedad, que silenciaba su voz. Ciertamente había razón para este miedo. Los jefes militares proclamaron abiertamente sus amenazas:
"Primero vamos a matar a todos los subversivos, después a sus colaboradores; después a los simpatizantes; después a los indiferentes, y por último, a los tímidos." 2
"Para que las Fuerzas policiales puedan tener éxito, tienen que comenzar a matar senderistas y no senderistas. Matan a 60 personas y a lo mejor entre ellos hay tres senderistas. Esta es la única forma de ganar a la subversión".
"Nosotros somos profesionales de la guerra y estamos preparados para matar. La guerra es así. Yo no le puedo decir a un soldado, al que se le ha preparado para matar: "ahora no mates", Y si mañana existe un problema, le vamos a decir, ahora si mata? " 3
El miedo también afectó a las autoridades judiciales, que argumentando posibles amenazas de elementos subversivos o terroristas, actuaron como "tribunales sin rostro". Ciertamente esta rara figura del "Juez sin rostro" se prestó para la masificación del abuso y las injusticias contra los acusados por cualquier mínima sospecha de participación en hechos de violencia.
En algunos casos, sentimientos fatalistas llevaron a algunos sectores de la población a aceptar como «normales» los hechos graves de violencia, torturas, desaparición forzada, masacres. Estos sentimientos anularon cualquier posibilidad de plantearse oportunamente formas de resistencia o solución política o jurídica a la problemática.
Los esfuerzos de investigación de la Comisión de la Verdad, la sistematización y consolidación global de los datos obtenidos, permiten valorar la real dimensión y gravedad de los hechos de violencia ocurridos, y pueden ayudar a la sociedad nacional a informarse adecuadamente y tomar conciencia de los graves casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el período reciente y reconocer sus traumáticos efectos para el sector de la población afectada.
• Perú 1980-2000: un estimado de 30,000 víctimas, entre ellos más de 4,000 personas detenidas-desaparecidas.
• Guatemala 1962-1994: 200,000 muertos y desaparecidos
• Argentina, 1976-1983: 30,000 muertos y desaparecidos
• El Salvador: 1980-1991, 75,000 muertos y desaparecidos
• Chile 1973-1990, mas de 3,197 muertos y detenidos desaparecidos.
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Tal como lo reconoció en Argentina la CONADEP en el prólogo de su informe: "…después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de crímenes de lesa humanidad". 4
En Chile, por su parte, el ex Presidente Patricio Aylwin señaló que « La publicación del Informe, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (que su gobierno creó en 1990) tuvo gran trascendencia en el país y aún en el exterior. La opinión pública tomó conciencia de lo ocurrido y valoró su gravedad. Quienes no creían hasta entonces que las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos y, especialmente sobre desaparecimientos de personas detenidas fueran fundadas, tuvieron que admitirlas." 5
Luego, la difusión de las informaciones sistematizadas por la Comisión de la Verdad ayuda al despertar de la sociedad a una atroz realidad que no se quiso ver o reconocer en su momento debido. Esta toma de conciencia acerca del pasado de violaciones a los derechos humanos es importante para avanzar en la reconstrucción de la democracia y del estado de derecho, que no se podrán alcanzar mientras persistan las heridas de los tiempos de violencia. Así pues, el reconocimiento de la verdad total, dura, compleja, libre de maquillajes, es la tarea fundamental de una Comisión de la Verdad.
2. La identificación de los sectores involucrados en el desarrollo de las violaciones a los derechos humanos
La verdad global que logra descubrir la Comisión de la Verdad, sobre las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, tiene que ir acompañada de verdades concretas, específicas, detalladas, que identifiquen a las personas, grupos y organizaciones involucradas en los graves hechos de violencia. Así se evita que las sospechas y acusaciones de graves hechos de violencia se atribuyan a la totalidad de los miembros de las organizaciones militares, policiales, paramilitares o guerrilleras. La culpa individual no debe diluirse en la culpa colectiva. Los inocentes no deben pagar por los culpables.
A partir de esta identificación de los diferentes actores en la violencia, en Guatemala y El Salvador se logró reconstruir el perfil de formación de los agentes militares y policiales, en los que se constató la predominancia de cursos de entrenamiento orientados a perfeccionar las técnicas de tortura, secuestros, fingimiento de hechos para atribuírselo a los "enemigos". etc. Más tarde se propuso la depuración de los "elementos podridos" de las Fuerzas militares y policiales, y la creación de nuevos cuerpos de la policía civil.
También se logró establecer las diferencias existentes entre las organizaciones subversivas, sus conflictos internos, y las violaciones a los derechos humanos que se cometían en su interior, contra sus propios militantes o simpatizantes.
En el Perú se han conocido también diversos grupos que adoptaron los métodos de los escuadrones de la muerte, como el autodenominando "Comando Rodrigo Franco", el "Grupo Colina", etc.
Entre otros ejemplos de grupos paramilitares o de escuadrones de la muerte se pueden mencionar: El G2 y "los Kaibiles" en Guatemala, los "Novios de la muerte en Bolivia", La Triple "A" y el "Batallon 601" en Argentina.
Igualmente hay otros sectores involucrados en delitos de derechos humanos. Los jueces que no aplicaron el derecho, rechazando los recursos jurídicos o «habeas corpus», los funcionarios universitarios que facilitaron informaciones sobre "estudiantes sospechosos", los responsables de los medios de comunicación, los empresarios que financiaron a los grupos paramilitares, entre otros.
Con respecto a los agentes del estado involucrados en violaciones a los Derechos Humanos, la Comisión de la Verdad de El Salvador exigió "el retiro de la Fuerza Armada de aquellos oficiales en servicio activo que hubieran cometido o encubierto graves hechos de violencia." 6
La Comisión de El Salvador recomendó también "la destitución de aquellos funcionarios gubernamentales civiles y miembros del poder judicial que hubieran cometido, encubierto, o dejado de investigar graves hechos de violencia como los que la Comisión ha investigado".
La Comisión recomendó la promulgación de leyes apropiadas que garantizaran que todas las personas implicadas por la Comisión en graves hechos de violencia, sea oficiales militares en servicio activo o en retiro, funcionarios civiles, miembros o comandantes militares del FMLN, jueces o civiles, quedaran inhabilitadas para el ejercicio de cualquier cargo o función pública por un lapso no menor de diez años".
La misma Comisión agregó que esas personas también "...deberían quedar inhabilitadas....para siempre de toda actividad vinculada con la seguridad pública o la defensa nacional". Esto es algo sumamente importante para evitar mantener situaciones que sigan agrediendo y ofendiendo a los familiares de las víctimas.
Lamentablemente esto solo se ha podido aplicar muy parcialmente en El Salvador.
En Argentina, muchos criminales de la dictadura militar siguen en el servicio activo, y hasta ocupan cargos políticos.
3. La Personalización y Humanización de las víctimas
Otra función importante desempeñada en cierta medida por las Comisiones de la Verdad en América Latina, es ponerle rostro a las víctimas, devolverles sus nombres y apellidos, y así superar la etapa de recordarlos en la sociedad como números del horror o datos estadísticos.
Las falsas e injustas acusaciones de "terroristas", o "subversivos", o "comunistas", lanzadas por agentes del estado contra muchas de las víctimas de la violencia, agregaron más dolor a las familias que perdieron al ser querido.
En Chile la Comisión de la Verdad describió brevemente las historias personales de las víctimas de la dictadura de Pinochet. Igual se hizo en Argentina con las víctimas de la dictadura militar de 1976 a 1983. En la mayoría de los casos se pudo comprobar que las acusaciones oficiales eran falsas.
La investigación de la Comisión de la Verdad, como entidad neutral, ha permitido esclarecer el verdadero rol de muchas de las víctimas durante los años de violencia, o las circunstancias precisas de sus desapariciones o muertes, muchas veces totalmente contrarias al discurso oficial con el que se justificaban las ejecuciones sumarias.
Esta reconstrucción y reivindicación de la memoria personal de las víctimas es una parte importante de la verdad que esperaban los familiares de las víctimas. Aquí han ayudado mucho las entrevistas de campo, los testimonios grabados en cintas de sonido. (Defensoría Maya en Guatemala, Madres alemanas en Argentina)
Así se da un paso más para la restauración de la dignidad humana de las víctimas.
Este gesto significa también una reparación moral tanto de las víctimas como de los familiares que lucharon por tanto tiempo para lograr la verdad.
4. La Reparación parcial del daño causado
Las Comisiones de la Verdad han considerado conveniente formular una serie de recomendaciones al Estado, en materia de políticas sociales y económicas, orientadas a reparar en los familiares de las víctimas, en cierta medida, los daños causados por las violaciones a los derechos humanos. La reparación del daño es parcial, debido a que las víctimas se mantienen desaparecidas o muertas.
También se ha propuesto en muchos casos, la rehabilitación del honor de las víctimas, y la construcción de parques, museos, o monumentos conmemorativos (Argentina "Parque de la Memoria" y Chile "Villa Grimaldi") donde los familiares o amigos puedan ir a recordarlos, llevarles flores, mensajes escritos, etc.
En base a su experiencia en Chile, el médico psiquiatra Carlos Madariaga afirma que existe un confusionismo conceptual respecto a lo que se entiende por reparación. 7
Aclara que generalmente "las instancias gubernamentales han entendido la reparación de manera reduccionista, privilegiando las soluciones pecuniarias, en desmedro de los aspectos jurídicos, éticos, sociopolíticos y psicosociales, hecho que ha generado en las víctimas fuertes sentimientos de frustración y desencanto, estados psicoemocionales que han hecho abortar en gran medida los esfuerzos de reparación en curso".
En Chile: Recogiendo las sugerencias del Informe se aprobó en el Congreso la Ley 19.123, (8.02.92) de Reparaciones a las víctimas, con la que se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Dicha ley estableció una pensión mensual en beneficio de los familiares directos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos o de violencia política (cónyuge sobreviviente, madre o padre, hijos menores de 25 años) como también el derecho a algunas prestaciones de salud por los servicios públicos respectivos, y a becas de estudio en la enseñanza media y superior para los hijos.
La Corporación también declaró víctimas de violaciones a los DDHH a otras 899 personas, de ellas 776 muertas y 123 desaparecidas. Así el total de víctimas directas reconocidas oficialmente por el estado chileno se levó a 3,197, personas, de las cuales 1102 fueron detenidos-desaparecidos y 2,095 asesinados. 8
En Argentina: Se han aplicado programas de reparación económica con pagos equivalentes a una jubilación mínima, a los familiares de los desaparecidos. También se ha logrado la promulgación de leyes que eximen del Servicio Militar Obligatorio a los hijos y hermanos de desaparecidos.
Un aspecto sumamente importante para los familiares de los desaparecidos es la ley 24.321 de Ausencia por Desaparición forzada, que da legalidad jurídica al desaparecido y soluciona las complejas situaciones legales generadas por la desaparición física. Así, ahora en Argentina existe en los registros civiles, además del registro de Nacimientos y de Fallecimientos, el de ausentes por desaparición forzada. 9
En El Salvador: Una reciente evaluación acerca de la ejecución de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de El Salvador, elaborada por Luis E. Salazar precisa que "Las recomendaciones no se ejecutaron, fueron truncadas en el marco de la Ley General de Amnistía,...y lo que se ha realizado es muy poco, y se ha tratado de medidas inmediatas que no han facilitado la sanidad de las heridas causadas durante el conflicto, en la medida que en muchos casos no se ha conocido la verdad, no se ha hecho justicia, y peor aún no se han reparado los daños." 10
A continuación Salazar reconoce que "en El Salvador se creó el Fondo de protección para lisiados de guerra, pero su efectividad circundó a menos del 50% de los afectados".
En Guatemala, la Comisión de Esclarecimiento Histórico recomendó como medida de reparación "que: cree y ponga en marcha con carácter de urgencia un Programa Nacional de Reparación a las víctimas de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento armado y sus familiares." Recomendó también que "el Programa Nacional de Reparación comprenda medidas individuales y colectivas inspiradas en principios de equidad, participación social y respeto de la identidad cultural, entre las cuales necesariamente han de figurar:
1. Medidas de restitución material para restablecer, en lo posible, la situación existente antes de la violación, particularmente en el caso de la tierra.
2. Medidas de indemnización o compensación económica de los más graves daños y perjuicios como consecuencia directa de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario.
3. Medidas de rehabilitación y reparación psicosocial que incluyan, entre otros, la atención médica y de salud mental comunitaria, así como la prestación de servicios jurídicos y sociales.
4. Medidas de satisfacción y dignificación individual que incluyan acciones de reparación moral y simbólica." 11
5.
En algunos contados casos las medidas de reparación han incluido en Argentina, Chile y Guatemala, la entrega de los restos de las víctimas de la violencia a sus familiares, para que les den la sepultura de acuerdo a sus creencias y costumbres.
Este paso ha sido muy importante para poder desarrollar, aunque tardíamente, el proceso del duelo y la toma de conciencia de la pérdida del ser querido. Así los familiares podían empezar con la recuperación psico-terapéutica.
En el Perú las medidas de reparación tendrían que abarcar a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre 1980 y el año 2000, es decir, familiares directos de desaparecidos, torturados, asesinados, así como a los presos inocentes, los emigrantes forzados, entre otros.
5. Aportes para la Prevención de sucesivas violaciones a los derechos humanos
La mayoría de las Comisiones de Verdad en América Latina han recomendado reformas en la legislación penal anti subversiva, la penalización del hecho de ocultar información sobre personas detenidas o desaparecidas, la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos, así como la incorporación de estudios de los derechos humanos en todos los niveles educativos, desde la escuela primaria hasta la universidad.
Cambios en las concepciones de seguridad: Después de comprobar las distorsiones o perversiones de la actividad policial, las Comisiones de la Verdad han propuesto la creación de fuerzas policiales de carácter civil y no militar, democráticas y no autoritarias, respetuosas de los derechos humanos, abiertas a la fiscalización y el control ciudadano.
También se recomienda:
• Reorientación de la función militar, en base a su sometimiento al poder civil y a los planes de desarrollo nacional. Revisión de las teorías dominantes en el período de la "guerra fría".
• Programas de educación para la solidaridad y los derechos humanos. Actividades en favor de la memoria de las víctimas de la violencia.
• La utilización de libros de registros uniformes de la actividad policial. (p.ej. Libros de detenidos).
• Representación pluralista de los miembros de la policía, a fin de que se reduzcan las posibilidades de agresiones y abusos por motivos raciales.
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En uno de sus recientes documentos amnistía internacional señaló que "En muchos países en los que se produjeron las desapariciones, la mayoría del pueblo ni siquiera era consciente de que desaparecían personas. Fue sólo durante el periodo de transición cuando se enteraron más sobre la otra cara de la historia. Por eso es muy importante contar la otra parte de la historia también, para que todo el pueblo se dé cuenta de que ellos también podrían haber desaparecido."
La difusión masiva de los informes y las conclusiones elaboradas por las Comisiones de Verdad constituye una valiosa posibilidad de trabajo pedagógico en diversos sectores de la sociedad, en la búsqueda de prevenir la repetición de los graves hechos de violencia.
6. Aportes a la Reconciliación a través de la Verdad y la Justicia
Los responsables de las violaciones a los derechos humanos, las autoridades gubernamentales, así como ciertos sectores no golpeados por la violencia oficial, proponen llegar pronto a la reconciliación de la sociedad, el perdón a los culpables, "para reconciliar al país" y asegurar la continuidad del sistema democrático. La reconciliación basada en la impunidad y el perdón atenta contra todos los principios del derecho.
La verdad y la Justicia son pasos sumamente necesarios antes de la Posible Reconciliación. Ninguna sociedad que se niegue a enfrentar críticamente su pasado de violaciones a los derechos humanos podrá garantizar también en el futuro la aplicación correcta de la justicia. La impunidad de las violaciones a los derechos humanos constituye una permanente victimización tanto de los que sufrieron la violencia como de sus familiares que reclaman justicia.
La reconciliación implica el restablecimiento de relaciones óptimas o "normales" entre las personas, en este caso, entre las víctimas o sus familiares, y los violadores de los derechos humanos. Hay que preguntarse si antes de los hechos de violencia existían relaciones «adecuadas», de respeto y aceptación mutua entre las dos partes, entre los civiles y los militares o policías. En cualquier caso, estas "relaciones" de respeto mutuo fueron dañadas por la comisión de delitos de derechos humanos.
El delito cometido genera el rechazo mutuo o el odio (comprensible como reacción humana natural) hacia los perpetradores de violaciones a los derechos humanos. Sólo la culminación del delito, (Tortura, prisión injusta, desaparición forzada) o la reparación del daño causado ofrecen la posibilidad de terminar con ese rechazo u odio y plantearse la reconciliación como una alternativa para la superación del pasado.
La reconciliación no se puede lograr por decreto. La reconciliación es un acto personal entre dos partes enfrentadas o separadas. Implica decisiones personales, que significan por parte del represor, la confesión de la Verdad, el arrepentimiento, el reconocimiento de sus delitos, así como la promesa de no volver a cometerlos y la aceptación de la correspondiente sanción penal.
No es correcto forzar a los familiares de las víctimas a reconciliarse con los culpables de la desaparición de sus seres queridos, antes de que éstos hayan confesado sus delitos y cumplido con las sanciones penales correspondientes. Es natural que los familiares de las víctimas se aferren a la memoria de sus seres queridos desaparecidos o asesinados, y se mantengan leales a ellos. El dejar de luchar por la verdad y la justicia en sus casos, el perdonar a los culpables en nombre de una pretendida reconciliación, es para ellos como un acto de traición al ser querido desaparecido.
El jurista peruano Carlos Chipoco, indica que el derecho a la verdad tiene fundamentos doctrinarios jurídicos y prácticos; y que la verdad debe ser completa, oficial, pública e imparcial. Agrega que la búsqueda de la verdad es importante, por un deber moral hacia las víctimas, los familiares y los deudos, para descubrir y sancionar a los culpables, para afirmar la democracia y el control ciudadano de las instituciones públicas y para evitar que las violaciones se repitan. Finalmente, Chipoco sostiene que el respeto del derecho a la verdad es importante para abrir la posibilidad del perdón y la reconciliación, y para cumplir con el Derecho Internacional. 12
Sin verdad ni justicia no pueden abrirse caminos para la reconciliación entre los violadores de los derechos humanos y las víctimas sobrevivientes, o los familiares de los desaparecidos o asesinados.
Propuestas para mejorar el aporte de las Comisiones de la verdad.
Actualmente las críticas a las Comisiones de la verdad creadas en América Latina se resumen en:
1. La reserva en la identificación y difusión de informaciones acerca de los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos. Esto favorece la impunidad para los violadores de los derechos humanos.
2. Incapacidad de reconstruir, en lo posible, la historia global de las violaciones a los derechos humanos, abarcando, además de las violaciones a los derechos humanos básicos, los cometidos en contra de los derechos económicos, sociales y culturales. A veces las Comisiones se han limitado a investigar casos "simbólicos" dejando fuera muchos otros casos que también constituyeron violaciones a los derechos humanos.
3.-Impotencia para lograr la restitución a sus legítimos dueños del "Botín de guerra", robado a los desaparecidos o asesinados en el período de violencia.
No se ha logrado que los represores devuelvan a los familiares de sus víctimas los bienes que les robaron. En Argentina, por ejemplo, algunos represores viven en las propiedades de sus víctimas y administran las empresas que les robaron.
4. Ineficacia en las acciones de retroalimentación, de la información obtenida, a la población afectada por la violencia, en lenguaje sencillo, claro, y a través de los métodos modernos de comunicación.
5. Imposibilidad de controlar la ejecución cabal de sus recomendaciones en los diversos campos, -para la superación de la impunidad, la prevención de nuevas violaciones a los derechos humanos, y las acciones de reparación a las víctimas o a sus familiares- después del final de su mandato. Riesgos de instrumentalización política de sus conclusiones.
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Notas
Fragmento de la ponencia originalmente presentada en el Encuentro Internacional organizado en Lima por la Asociación Paz y Esperanza, en octubre del 2001. "Sociedad Civil y Comisiones de la Verdad en América Latina".
[1]. Derechos Humanos Hoy, Informativo CODEPU, N° 34, Santiago de Chile, Marzo-abril del 2001. Pág. 2
[2]. General de Brigada Iberico Manuel Saint Jean, Gobernador de Buenos Aires. (Argentina, proceso al genocidio, CADHU, 1977, Pág. 12.)
[3]. General E.P. Luis Cisneros Vizquerra, Presidente del Comando Conjunto de las FFAA. Lima, en: Quehacer 24, Octubre de 1983.
[4]. Nunca Más. Pág. 7 CONADEP 1987. El subrayado es mio.
[5]. IIDH, Estudios Básicos de Derechos Humanos Tomo VII, Costa Rica 1996 Pág. 45
[6]. Informe de la Comisión de la Verdad: "De la Locura a La Esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador". 1993.
[7]. "La reparación por parte del Estado hacia las víctimas de la Tortura". Carlos Madariaga, en Reflexión, Cintras, a o 7, N 22, diciembre de 1994, págs. 9 al 11.
[8]. Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política, Corporacion Nacional de Reparación y Reconciliación, Santiago, 1996, Pág. 576
[9]. Folleto acerca de la Ley 24.411 de los Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Argentina, diciembre 1998.
[10]. Luis Enrique Salazar Flores, FESPAD, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, San Salvador 2000, pág.9.
[11]. Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico: "Guatemala: Memoria del Silencio", Guatemala, febrero de 1999.
[12]. Carlos Chipoco, "El derecho a la verdad". En Paz, N 28. Págs. 83 al 106, Lima, marzo de 1994. Chipoco comenta el desarrollo de esta teoría en los casos de Argentina, Chile y El Salvador.
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* Esteban Cuya, es un periodista peruano. Investigador del Centro de Derechos Humanos de Núremberg. Colabora con la Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación.
Esteban Cuya fue amenazado y atacado mientras realizaba diversas investigaciones sobre abusos de derechos humanos cuando fue el Coordinador de la Coalición contra la Impunidad, para los desaparecidos alemanes en Argentina
Actualmente reside en Núremberg.
Este artículo está publicado en
Revista Futuros No 10. 2005 Vol. III
Fuente: defensoresenlinea.com
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