Así se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa preocupación por violaciones de derechos humanos en Honduras, después de la visita que realizaron las máximas autoridades de ese organismo en el periodo 15 al 18 de Mayo de 2010.
“La impunidad generalizada por violaciones a los derechos humanos se encuentra facilitada por decisiones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que debilitan el Estado de Derecho”.
“Además del cuestionado rol de la CSJ durante el golpe de Estado, con posterioridad ha decidido, por un lado, sobreseer a los militares acusados de participar en el golpe y por otro, despedir a jueces y magistrados que buscaron evitarlo por vías democráticas”, señala el informe preliminar de la CIDH.
19 de mayo de 2010
Tegucigalpa, - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Honduras del 15 al 18 de mayo de 2010, con el objeto de hacer un seguimiento a la visita efectuada en agosto de 2009 y al Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado. La delegación estuvo compuesta por el Presidente de la CIDH, Felipe González; el Primer Vicepresidente, Paulo Sergio Piñeiro; el Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton; la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero; y personal de la Secretaria Ejecutiva.
La CIDH tuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, defensores y defensoras de derechos humanos, comunicadores sociales, representantes de la sociedad civil y miembros de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Además, se reunió con representantes del sistema de Naciones Unidas en Honduras y con embajadores del Grupo de Seguimiento a la Declaración de Estocolmo (G 16). En plazo breve, la Comisión hará público el Informe sobre la visita.
Al finalizar la visita, la Comisión expresa su profunda preocupación porque continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009. Sin perjuicio de los avances realizados para el retorno a la institucionalidad democrática, la CIDH y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión han recibido información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.
La CIDH y la Relatora Especial han manifestado su profunda preocupación por la ausencia de investigaciones efectivas que conduzcan al esclarecimiento de estos hechos. Sin perjuicio de la alta tasa de criminalidad que en general existe en Honduras, la CIDH considera que las denuncias recibidas podrán responder al mismo patrón de violencia que la CIDH denunció en el Informe Honduras: derechos humanos y golpe de Estado, publicado el 20 de enero de 2010.
La CIDH también recibió información sobre las amenazas y hostigamientos que han recibido defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros de la Resistencia. Varios docentes han sido amenazados y hostigados por su actividad en contra del golpe de Estado. Asimismo, se recibió información sobre amenazas y agresiones contra comunicadores para impedir que sigan cumpliendo con su labor.
Desde el golpe de Estado, la CIDH ha otorgado medidas cautelares para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo. Durante la visita, la CIDH recibió información que indica que el mecanismo de coordinación interinstitucional para la implementación de las medidas cautelares es inefectivo. Es fundamental que se provea a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos del personal idóneo y recursos suficientes para que pueda responder de manera eficiente a las medidas cautelares de la CIDH.
De especial preocupación son los actos de hostigamiento contra jueces y juezas que participaron en actividades contra el golpe de Estado. La Comisión se reunió con miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, quienes fueron despedidos de sus cargos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin perjuicio de las motivaciones formales que pueda argumentar la CSJ, las causas que motivaron el proceso y la decisión final están vinculadas indudablemente a la participación en manifestaciones contra el golpe de Estado, o haber expresado su opinión contra el mismo.
El sistema interamericano de derechos humanos ha expresado reiteradamente el rol central del Poder Judicial en el funcionamiento del sistema democrático. Es inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia que se opusieron al quiebre democrático, están siendo acusadas y despedidas por la defensa de la democracia. La CIDH hace un llamado urgente a que se revierta esta situación que afecta seriamente el Estado de Derecho.
La Comisión pudo constatar que continúa la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, tanto las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, como las que continúan ocurriendo. La Comisión fue informada que sólo una persona está privada de libertad por violaciones a los derechos humanos, sólo 12 han sido imputadas y los procesos no avanzan, entre otros factores, por la falta de investigación de los distintos órganos del Estado, en particular, las fuerzas de seguridad encargadas de realizar las investigaciones. La impunidad generalizada por violaciones a los derechos humanos se encuentra facilitada por decisiones de la CSJ que debilitan el estado de Derecho. Además del cuestionado rol de la CSJ durante el golpe de Estado, con posterioridad ha decidido, por un lado, sobreseer a los militares acusados de participar en el golpe y por otro, despedir a jueces y magistrados que buscaron evitarlo por vías democráticas.
En relación con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) es importante destacar la importancia que estas instituciones han tenido en numerosos pases de la región. La Comisión ha expresado que el derecho a conocer la verdad con respecto a graves violaciones de los derechos humanos así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que todo Estado parte en la Convencón Americana debe satisfacer, tanto respecto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en general.
La CVR ha iniciado sus funciones hace sólo 14 días. Actualmente se encuentra en el proceso de emitir su propio reglamento interno, plan de trabajo y metodología. Es fundamental que la CVR cuente con recursos, personal e independencia suficiente para realizar su trabajo de manera efectiva. Asimismo, es necesario que en la definiciíó de su reglamento, plan de trabajo y metodología se incorpore como eje central de su trabajo la investigación de las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del golpe de Estado. La CIDH seguirá ¡de cerca el trabajo de la CVR.
Sin perjuicio de las acciones que en definitiva realice la CVR, ellas no eximen al Estado de su obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar por vía judicial a los agentes estatales que hayan cometido violaciones a los derechos humanos.
La Comisión valora el nombramiento de la Ministra asesora en materia de derechos humanos. Sin embargo, observa que a la fecha no ha recibido los recursos, mandato y estructura que permitan realizar un trabajo efectivo y de transformación del Estado hacia una cultura de respeto a los derechos humanos. Con la estructura actual, es prácticamente imposible que la Ministra pueda tener un impacto significativo sobre la vigencia de los derechos humanos.
Finalmente, la CIDH desea expresar que las violaciones a los derechos humanos afectan de forma especial a aquellos sectores de la población históricamente marginados y de mayor vulnerabilidad, como las niñas y los niños, la comunidad LGTB, las mujeres y los pueblos indígenas y garífuna.
La visita de la CIDH contó con todas las facilidades necesarias para llevar a cabo su misión. La CIDH manifiesta su agradecimiento a los representantes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales por la información y la colaboración proporcionadas. La Comisión recuerda que de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en su Reglamento, no se deben tomar represalias de ningún orden en contra de las personas o entidades que hayan cooperado con la CIDH mediante informaciones o testimonios.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que deriva su mandato de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está ¡conformada por siete miembros independientes que actúan a título personal, sin representar a ningún país y son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Fuente: ellibertador.hn
